Desde el pasado mes de febrero de 2020, cuando Emilio Lozoya fue detenido en España, se ha suscitado una creciente expectativa sobre las implicaciones de su juicio. Como parte del proceso legal en su contra, el exdirector de Petróleos Mexicanos ha redactado un documento de 63 folios donde expone los sobornos que la constructora multinacional Odebrecht ofreció a diversos políticos y, con ello, deja al descubierto la completa degradación de la democracia burguesa.

Entre los acusados se encuentran los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, y los gobernadores Francisco Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez y Miguel Barbosa. Lozoya ha destapado una auténtica alcantarilla que, si bien no sorprende, sí realza la indignación en un país cuyos índices de pobreza alcanzan el 41.9% de la población. Resulta intolerable que el financiamiento ilícito proveniente del caso Odebrecht haya facilitado la aprobación de la Reforma Energética durante la presidencia de Peña Nieto, por ejemplo, o que los recursos del país se hayan vulnerado en gravísima medida por contratos irregulares que favorecieron los intereses personales de la élite política.

En todo caso, después de dar a conocer los dieciséis nombres implicados en esta acusación, se expone de forma evidente el estado irremediable de putrefacción en el que se encuentra el sistema político mexicano. El discurso anticorrupción ha sido la principal estrategia del actual gobierno; sin embargo, el trato deferente que se ha tenido hacia Lozoya (quien, en calidad de “testigo colaborador”, no ha pisado la cárcel) es sólo otra muestra de la peligrosa flexibilidad de Andrés Manuel López Obrador para negociar con los mismos delincuentes que han socavado al pueblo durante décadas. Asimismo, el escudarse en la comodidad de una consulta ciudadana que decida sobre el juicio hacia Calderón y Peña Nieto, que él mismo propuso, enfatiza la ausencia de un gobierno eficaz y revolucionario que tome decisiones consecuentes con la búsqueda de una auténtica democracia y justicia. “Y ya conocen mi postura: si se llegara a la consulta, yo votaría en contra de que se les juzgue, pero al mismo tiempo respetaría la decisión mayoritaria de la gente”, dijo al respecto.

 El debilitamiento de la autoridad política de AMLO responde a las profundas contradicciones internas que se manifiestan en su gobierno, así como a la sombra del viejo régimen que aún se cierne sobre él. La justicia y el resarcimiento de daños no pueden provenir de la negociación con representantes acérrimos de la misma corrupción que condena la 4T; estas figuras deben comparecer y pagar las consecuencias de sus actos, los cuales han afectado a millones de trabajadoras y trabajadores que cotidianamente viven bajo los efectos voraces de un sistema que beneficia sólo a la clase privilegiada. Por otra parte, no se debe quitar el dedo del renglón sobre las más de 60 mil muertes asociadas a la guerra contra el narcotráfico que impulsó el sexenio de Felipe Calderón o las múltiples violaciones a derechos humanos que se llevaron a cabo bajo el resguardo de Peña Nieto y que hasta la fecha han quedado impunes, como los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, Palmarito, entre otros. De no exigirse un proceso en forma hacia Lozoya, se abre la posibilidad de que estos delitos, como muchos otros, se pierdan en la burocracia corrupta que permea la justicia decadente que caracteriza a la democracia burguesa, independientemente de quién esté al frente.

Queda claro que las declaraciones de Lozoya sirven perfectamente para los fines políticos de López Obrador rumbo a las elecciones intermedias de 2021, donde se disputarán más de 21 mil cargos políticos y la hegemonía de Morena podría verse afectada. La mediatización del caso resulta previsible ante el cuestionado manejo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 en el país, el recrudecimiento de las desigualdades socioeconómicas, un sistema educativo inoperante y la continua escalada de feminicidios y crímenes de odio, entre otras problemáticas urgentes que han ocasionado un descenso en el índice de aprobación de la 4T respecto al de enero de este año. Indudablemente la herramienta mediática servirá a Morena en tanto el exdirector de Pemex confirma la existencia de un grupo de poder que regula ilícitamente los recursos nacionales; pero esto responde a un intento por conservar su presencia mayoritaria en la Cámara de Diputados y proseguir con las prácticas reformistas que intentan paliar un sistema estructuralmente pútrido.

Es por eso que se debe alzar la voz por una transformación realmente radical donde la clase trabajadora se reconozca como la verdadera fuerza de cambio; el capitalismo en decadencia no puede ofrecer una forma de gobierno que no se preste a la corrupción ni ofrezca negociaciones con el antiguo régimen en favor de tratos preferenciales. La transformación de la sociedad resulta, hoy más que nunca, necesaria y urgente, para realmente obtener justicia.  

¡Basta ya de impunidad!

¡Juicio y castigo para los crimines de la derecha!