En los últimos 40 años la desigualdad social ha ido incrementándose a pasos descomunales, tanto así, que hasta las potencias económico-políticas poco a poco sufren más este proceso. El Estado de bienestar que décadas anteriores proporcionó a un sector una relativa estabilidad laboral con un sueldo aceptable, prestaciones, jubilaciones, etc., está en crisis en un mundo gobernado por los dueños del capital. Con la entrada del neoliberalismo, nueva fase del capitalismo, son las instituciones imperialistas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE quienes dictan a todos los países, políticas económicas, ambientales, laborales, de salubridad, de educación y de cultura; con el único propósito de privatizar los servicios y bienes públicos.
La consecuencia de esto es que, por un lado se formen países desarrolladores de nuevas tecnologías: las potencias políticas y económicas; y por el otro, países de mano de obra barata y dadores de recursos naturales para engrandecer a los grandes capitalistas. Lógica que al ser parte inherente del sistema se reproducirá, en diferente medida, al interior de las mismas potencias. La riqueza, siempre obtenida de la explotación, sólo será destinada a los grandes empresarios, dejando a la clase trabajadora en una precariedad cada día mayor. Para que el sistema sea funcional, se lucrará con todo lo que encuentre a su paso: las personas y sus productos serán manejados como objetos de consumo y mercancía, suprimiendo cualquier fuente de pensamiento reflexivo, crítico, imaginativo y creativo.
¿Cómo afecta esto en nuestro quehacer como trabajadores de las artes?
Del 2008 al 2018, la inversión del Estado mexicano al sector cultural fue de 0.2% del PIB, y a la par de ese mínimo porcentaje, del 2012 al 2018 hubo un recorte presupuestal a la Secretaria de Cultura del 60%. Pero el problema del presupuesto no sólo es el monto, sino también su repartición, para este año se designaron 13 mil millones de pesos de los cuales casi el 50% fue destinado a salarios de funcionarios intocables; si bien este presupuesto se complementa con estímulos fiscales de las universidades, de los estados y municipios; otro de los grandes problemas es que no se tiene un control de los gastos específicos por año ¿A quién beneficia el presupuesto? ¿A los artistas que no encuentran trabajo? ¿A los que deben aceptar situaciones precarias laborales para ir viviendo al día? ¿A los artistas que tuvieron que abandonar su profesión porque no encontraron oportunidades en ella?
Actualmente hay en México un 56% de trabajo informal, al que pertenecemos la mayoría de los trabajadores del sector cultural y artístico. Según cifras del portal oficial datamexico, para el 2019 el salario promedio de los artistas registrados en la ENOE fue de 5 mil pesos al mes; por otra parte, se contabilizó hasta un 80.4% de trabajo informal en artistas interpretativos, y un 41.6% para pintores, escultores y escenógrafos. Sin embargo, estas cifras son engañosas: de los 150 mil artistas interpretativos registrados, casi el 90% pertenece a alguna compañía o grupo artístico, son artistas independientes o gestores artísticos; y de los 98 mil pintores, escultores y escenógrafos registrados, más del 60% se dedican a la industria manufacturera y a servicios legales. Es decir, el trabajo informal es menor en los segundos porque éstos no ejercen en su campo.
Aunque no existen cifras oficiales, se sabe que sólo una ínfima parte de los artistas cuentan con plaza en alguna institución, proporcionándoles seguridad laboral y económica, otros pocos aun están contratados por nómina; otros tantos viven por honorarios o por “becas”, un campo laboral precarizado que en su mayoría es el ofrecido por los proyectos gubernamentales de desarrollo artístico y cultural como PILARES, Programa Fomento, etc., dichos proyectos no ofrecen prestaciones, sus becas-salario pueden estar condicionadas a favores políticos y algunos de sus espacios no cuentan con infraestructura habitable y segura. El resto de trabajadores de las artes vive al día, de lo que los dueños de los espacios, público y alumnos particulares quieran aportarles. Por otra parte, existe un grupo muy reducido de artistas que recibe apoyo del Estado para desenvolverse y desarrollarse artísticamente desde sus propios proyectos; sin embargo, muchas veces estas becas (FONCA e INBAL) se quedan en una cúpula, y corren el riesgo de convertirse en sueldos ad libitum para ciertos intocables.
El caso del proyecto de orquestas de Esperanza Azteca es un claro ejemplo de cómo el Estado mexicano invierte dinero público al sector privado. Dicho proyecto dirigido por Grupo Salinas y Fundación Azteca recibió del 2011 al 2018, 1,689 millones de pesos del sector público, mientras que miles de músicos pertenecientes a agrupaciones del sector público se quedaron sin sueldo, y varios festivales artísticos tuvieron que ser cancelados por falta de presupuesto.
¿Qué nos queda por hacer?
Esta situación precaria de los trabajadores de las artes se engloba dentro de la situación precaria de la clase trabajadora mexicana y mundial; y se recrudece ante crisis como la pandemia del coronavirus, con el cierre de los espacios en donde nos desenvolvíamos laboralmente. Pero reducir el problema al rescate gubernamental por la pandemia y a la exigencia de la continuación de los sistemas de becas y fondos, como ya lo hacen algunas organizaciones, son placebos, paliativos que no atacan el verdadero problema.
Es crucial la organización de los trabajadores de las artes por un trabajo digno, y sumarse a las demandas de otros gremios precarizados como el de los maestros.
Exigir salarios dignos con prestaciones, pensiones y con instancias oficiales que nos protejan laboralmente. No más regateo informal por nuestra paga.
Luchar por un arte al alcance del pueblo y en condiciones óptimas.
Los artistas no somos monos de feria para entretener momentáneamente a las personas, ni piezas decorativas para la sala de las élites, somos trabajadores que contribuyen a la construcción de una sociedad sana, digna, feliz, solidaria y liberada.