El Plan Nacional de Paz y Seguridad de la 4T, representa la perpetuación de la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y su continuidad en el periodo de Enrique Peña Nieto: el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la militarización del país. Implicando la pérdida de la memoria histórica colectiva del papel de la institución castrense como aparato represor del Estado.
Continuidad del Ejército
La conformación de la Guardia Nacional (GN) como instrumento del Ejecutivo, en la prevención al delito, la preservación de la seguridad pública y la recuperación de la paz; muestra la centralización y la autocracia, como mecanismos de control político, es decir, un retroceso a la democracia que tanto se enfatiza, al no escuchar las voces de inconformidad ante esta medida de organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales y de organizaciones sociales y políticas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende mostrar el rostro humano del Ejército, que ha sido utilizado históricamente para violentar los derechos democráticos y humanos, vinculado a desapariciones forzadas, violaciones de mujeres, ejecuciones extrajudiciales, lavado de dinero y crimen organizado. Bajo el supuesto de que será una policía civil, “el pueblo uniformado” con una estructura jerárquica y disciplina militar.
La gran contradicción es que dicha corporación está conformada en inicio por el 75% de militares activos, pertenecientes al antiguo régimen, los cuales tendrán funciones policiales y civiles públicas, posteriormente incorporarán civiles en un proceso de reclutamiento de 140 mil elementos que cubrirán 266 regiones en las 32 entidades federativas, con instalaciones y equipamiento.
El mando militar
En un inicio se anunció que el mando estaría a cargo de un civil titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, con atribuciones estratégicas, tácticas y de una Junta de Jefes del Estado Mayor de la Defensa Nacional y la Marina. Sin embargo, actualmente, la máxima autoridad dentro de las 32 entidades federativas son generales del Ejército en activo que ostentan la coordinación y control de la fuerza militar, así como el comandante y jefe de la GN es un militar, el General Luis Rodríguez Bucio, a quien se le vincula con grupos militares antiterroristas (GAT), comandados por Genaro García Luna en el gobierno de Felipe Calderón, además de haber ostentado cargos como Director del área de Operaciones Especiales de la Policía Federal y Coordinador de grupos interinstitucionales del CISEN.
Las implicaciones de la conformación de la GN ha sido la continuidad del actuar de estas fuerzas y su reforzamiento, existen 591 quejas por violación de derechos humanos de enero del 2019 a junio del 2021, que van desde asesinatos, tortura, desapariciones forzadas, trato cruel e inhumano, así como detenciones arbitrarias.
La expansión regional de las bases de la GN ha implicado mayor presupuesto asignado en esta estrategia de seguridad, traduciéndose en más recortes presupuestales en áreas fundamentales como la salud, la educación, la cultura y la ciencia. La militarización constitucional del país, utilizada para la contención, el control y la represión de la movilización política de la clase trabajadora, estudiantil, feminista, contra las comunidades que se oponen a los megaproyectos, la represión de la migración centroamericana en la frontera Sur, representa sin duda el mandato de un sector del Estado que pretende seguir gobernando como antes.
Aunque la justificación por parte de AMLO es que no es una militarización debido a que será una policía civil, sus prácticas continúan, ya que son características inherentes de las instituciones castrenses bajo este sistema.
AMLO frente a los militares
AMLO insiste en querer ganarse la lealtad de este sector, de ahí todas las concesiones económicas y políticas que está otorgando, quiere reformar y humanizar una institución irreformable y putrefacta hasta su médula. Los enemigos del pueblo, así como de la 4T están más que felices con ésto, ya que es una vía que están usando y utilizarán al máximo para defender y proteger sus intereses y su propiedad.
La GN es clave para los megaproyectos de muerte en el país, las concesiones económicas del nuevo aeropuerto en Santa Lucia, la administración de puertos y aduanas, así como la construcción del último tramo del Tren Maya demuestran el aumento claro del dominio de las fuerzas armadas en puntos estratégicos para la burguesía. "La militarización de esta última parte es sumamente grave", dice el escritor maya Pedro Uc Be, un ferviente opositor al proyecto ferroviario. "Nos parece que es un mensaje desde el Ejecutivo para inhibir cualquier crítica, cualquier acción de protesta", alerta Uc Be.[1]
Ésto es más que peligroso y será contraproducente para la lucha del pueblo contra este sistema, rechazamos darle más poder al Ejército, hacerlo en los hechos fortalece a un grupo de hombres armados en defensa de la propiedad privada y este sistema. Darle más dinero, instalaciones, infraestructura, control político y económico y lavarles la cara significa en los hechos reforzar a los enemigos del pueblo. Lo observamos ahora claramente con su actuar contra nuestros hermanos centroamericanos y caribeños.
Las tareas de desarticulación del crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico, el combate contra el robo de hidrocarburos, el apoyo en los desastres naturales, la vigilancia en el proceso de vacunación no son ni serán suficientes acciones para borrar la memoria histórica colectiva de los movimientos sociales, las muertes, desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa y más, las torturas y sin fin de agravios que ha sufrido la clase trabajadora y el pueblo oprimido a manos de los militares en el país.
¡Ni un peso, ni un humano más a la GN, exigimos su desaparición!
¡Queremos escuelas, queremos trabajo, no queremos militares!
¡Retiro de las concesiones económicas y políticas a la GN!
