México como cualquier país del mundo no puede escapar de la crisis económica mundial. Los últimos meses hemos experimentado una inflación histórica, llegando en noviembre a superar el 7% anual, la cifra más alta en 20 años, según el INEGI.

Esto ha tenido repercusiones muy drásticas en el consumo de la canasta básica para las familias trabajadoras, por ejemplo, un estudio reciente expone que 7 de cada 10 trabajadores destinará su aguinaldo en los gastos corrientes del mes de diciembre, en pocas palabras, no hay posibilidad de ahorro o cubrir algún otro gasto extraordinario como salud.  

No alcanza

Los productos alimenticios han sufrido aumentos significados, entre septiembre y octubre la cebolla tuvo un alza del 59.09%; la papa, del 40%; el jitomate, 33.33%; el arroz, 18.75%; el frijol, 16.67%; el aguacate, 16%; el limón, 14.29%; el azúcar, del 12%; el aceite, 8.11%; el café soluble, 8.25%. Entre los productos que más aumento han tenido anualmente está el tomate verde con 148% y los chiles un 137%.

El precio de la tortilla se ha disparado un 30%, perfilando llegar al cierre del año a $23 el kilo en varias partes del país. Esto debido al encarecimiento de los insumos: maíz, harina, electricidad y gas. Los alimentos se encarecieron 7.9% anual, una de las tasas más altas dentro de la OCDE, sólo rebasada por el 11.5% de Colombia y 10.6% de Australia.[1]

No es nuestra intensión abrumar a nuestros lectores con datos, pero demuestran en cifras lo que día con día atravesamos millones de trabajadores, en el que se supone tenemos un aumento de salario histórico, pero trabajamos más y nuestro poder adquisitivo se reduce a la mitad.

El gran negocio de los alimentos

Que en países productores de materias primas pasemos hambre ¡es incomprensible! Pero bajo el capitalismo que nos impone una política imperialista de exportación e importación, de subordinación y devastación de nuestros territorios con “beneficiosos” acuerdos como el T-MEC todo tiene sentido.  

Entre enero y julio de 2021 México gastó 4 mil 317 millones de dólares en la compra de granos básicos a otros países. Dicho monto, según datos oficiales, es el más alto desde que hay registro para un lapso similar y representa 90 por ciento de los 4 mil 862 millones de dólares que se erogaron durante todo el año pasado en el mismo rubro.[2]

El valor de las importaciones de maíz aumentó 70 por ciento en el último año al pasar de mil 753 millones de dólares entre enero y julio de 2020 a 2 mil 962 millones en el mismo periodo de este año. Mientras esto sucede nuestro campo, que es productor de maíz, está en total abandono y los campesinos e indígenas sufriendo la embestida del crimen organizado.  

Mientras nuestro poder adquisitivo se ve mermado y muchos padecemos hambre, monstruos trasnacionales de alimentos como GRUMA tuvieron un crecimiento de sus ventas del 9% con respecto al tercer trimestre de 2020.

En el caso de ventas en México, reportó un aumento de 13% en cifras anuales, con un total de 6 mil 379 millones de pesos y mantiene una expectativa de crecimiento “debido a su estrategia de negocios” (¡), porque para ellos la habilidad de hacer negocios es la especulación, el acaparamiento y las ganancias a costa de la necesidad de millones de trabajadores.

Donde nosotros vemos como un derecho y una necesidad básica acceder a una alimentación digna, los grandes capitalistas de alimentos no sólo devastan el medio ambiente con sus granjas, pesticidas y formas agresivas de producción, sino que ven un negocio muy lucrativo con el pan de nuestra mesa.

Rescatemos el campo con un programa revolucionario  

Por eso es totalmente contradictorio que desde el gobierno federal nos propongamos acabar con el hambre, controlar los precios y rescatar el campo sino rompemos tratados imperialistas como el T-MEC que sólo explotan nuestro territorio para beneficio de unos cuantos.

Todo lo anterior demuestra que no podemos tan solo apoyar con pequeños créditos y en zonas mínimas del país, necesitamos una reforma de fondo en el campo que expropie todas las tierras y ranchos de las trasnacionales de alimentos, ponerlas bajo el control de los obreros agrícolas y que se planifique la producción no para la ganancia de unos cuantos sino para las necesidades de la población.

Necesitamos industrializar el campo para dotar de las mejores y más modernas herramientas de cultivo y de siembra a los campesinos, siendo amables con las tierras, las zonas de cultivo y las comunidades; demandamos créditos baratos, suficientes y para todos. Requerimos armar las autodefensas en las comunidades para expulsar y defenderse del crimen organizado, expropiando sus tierras y ponerlas al cultivo de alimentos y no para el veneno de nuestros pueblos.

El gobierno debe poner en marcha un plan junto con Diconsa para la compra a precio digno de todos los productos agrícolas y distribuirlos a través de las tiendas de abastecimiento a costo accesible para la población. Donde no las haya hay que crearlas y estas deben de estar bajo control de las comunidades y no de la burocracia estatal.       

 Llevar acabo el aumento salarial, una batalla política

El poder adquisitivo está ligado tanto al salario como a la inflación. Si bien el pasado 1ro de diciembre, AMLO anunciaba un aumento al salario mínimo de 22% para el 2022, el cuarto incremento en lo que va del sexenio, significando que el salario mínimo será de $260.34 pesos en el norte y $172.87 pesos en el resto del país, lamentablemente sólo beneficiará a 6.3 millones de trabajadores, el 30.5% de los registrados en el IMSS.

Esto básicamente por la precariedad laboral que se mantiene en el grueso de la clase trabajadora del país, por la que muchos ni siquiera gozan de contratos, así como por los topes salariales en los contratos colectivos acordados por el charrismo sindical.

Se difunde con bombo y platillo la recuperación del empleo, pero en qué condiciones. En abril de 2021, tras los meses más duros de la pandemia, se reincorporaron 12.7 millones de mexicanos a la Población Económicamente Activa respecto al mismo mes del 2020, para sumar un total de 57.5 millones.[3] Sin embargo, estas cifras ocultan la precariedad laboral con que se han abierto estos empleos.

La población que labora en la informalidad, rebasa los 30.5 millones de mexicanos en abril, representando una tasa de 55.6% de la población ocupada.

Estos datos reflejan la necesidad que tenemos los trabajadores de mantener la movilización no sólo para hacer cumplir los aumentos salariales sino para dar una batalla frontal contra la precariedad laboral. Los aumentos salariales son una batalla política que los trabajadores tenemos que dar a través de la organización y la lucha, así como arrebatar un base permanente en cada puesto de trabajo ¡Basta de eventualidad! Exigimos sindicalización democrática y un contrato colectivo de trabajo que adecue el salario para equipararlo a lo necesario para adquirir la canasta básica real y e pagar otras necesidades como vacaciones y servicios médicos no urgentes. Demandamos prestaciones de ley como: seguridad social, prima vacacional, aguinaldo, permisos de maternidad y paternidad, incapacidades por accidentes laborales, etc.

La lucha por mejoras salariales esta intimidante ligada contra el charrismo sindical y todas las organizaciones propatronales que no hacen valer nuestros derechos, sino que los cercenan, no hacen los ajustes al salario y lo dan vía bonos u otras compensaciones que no tienen repercusiones en nuestras prestaciones o pensiones.   

Necesitamos un programa revolucionario

Las condiciones materiales del conjunto de la clase trabajadora tras el triunfo de AMLO en 2018 no han variado sustancialmente, por más que Andrés trate de surfear la crisis económica, sino aplica medidas de fondo la realidad tarde o temprano terminara estallando. Los apoyos sociales en el campo como en la ciudad han amortiguado un poco lo que hemos descrito arriba y han generado una cierta estabilidad en algunos sectores, sobre todo en aquellos donde la situación es un más dramática y estos paliativos se perciben como grandes bocanadas de aire ante una situación desesperada.

Pero conforme la crisis avance, que lo hará, los apoyos sociales y los aumentos salariales serán aún más insuficientes. Necesitamos un programa verdaderamente de transformación que plantee la confiscación de la banca, la tierra y las grandes empresas bajo gestión obrera, para planificar democráticamente la economía y dar respuesta a las necesidades del pueblo, donde las direcciones o cargos sean de elegibilidad y revocabilidad inmediata, sometidos a rendir cuentas periódicamente y sus salarios sean iguales al de un trabajador calificado.

 

[1] https://www.jornada.com.mx/2021/10/06/economia/022n3eco

[2] https://www.jornada.com.mx/2021/10/07/economia/024n1eco

[3] https://www.proceso.com.mx/economia/2021/5/27/en-abril-127-millones-de-personas-se-incorporaron-al-mercado-laboral-inegi-264730.html


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