El aumento a la tarifa del transporte público no perjudica a nadie más que a la clase obrera, a la base trabajadora que sobrevive día a día con el salario mínimo, atado a las pésimas condiciones laborales que los dueños de los medios de producción nos otorgan y sin embargo, representa uno de los gasto más importantes e imprescindibles, pues es con este pago con el que se transportan diariamente durante dos o tres horas a su lugar de trabajo.
Los liberales dirán que es una decisión justa, que, si el obrero desea trabajar debe buscar los medios para hacerlo y en una ciudad con múltiples opciones de traslado, elegirán el más conveniente: metro, metrobús, RTP, trolebús, taxi, microbús, combi, etc. Sin embargo, olvidan que la Ciudad de México alberga a personas migrantes, a mujeres indígenas, a estudiantes que viven en otros estados en los que el pago del transporte es lo doble que aquí, a miles de personas con alguna discapacidad, que frente a la falta de empatía del gobierno, son los principales afectados incluso cuando no existe ni siquiera una política ambiental y de movilidad que los favorezca.
El transporte público en la Ciudad ha estado viciado por grupos de organización que buscan solo beneficios personales a costa de sus agremiados: acarreos, liderazgos perversos, pago de cuotas exorbitantes para sacar permisos de vialidad. Esto ha provocado que quien termine pagando más por menos, seamos los usuarios, pues el transporte público se ha caracterizado por ser deficiente, indigno y no contar con rampas para las personas con discapacidad motriz o con debilidad visual. Pero el gobierno también ha sido omiso, ha otorgado concesiones y ha provocado que día a día haya más renuencia hacia los reglamentos de tránsito que no son respetados por los conductores. Se ha permitido desde bases de transporte no autorizadas, hasta acoso sexual y violencia dentro de las unidades. Con todo esto, nos parece una total muestra de desinterés y de traición hacia el pueblo que votó por ellos, que se haya incrementado el pasaje en una de las Ciudades donde el traslado de extremo a extremo, llega a ser de hasta 3 o 4 horas y que además no se determinen políticas públicas compensatorias hacia quienes se trasladan a sus trabajos o a sus escuelas, sobre todo si son parte de los sectores con una o más carencia social.
El impacto económico para las familias es importante, ya que el incremento no solo afecta a quien labora, sino a todos y cada uno de los miembros que, además, usan el transporte público en más de una ocasión al día, y que a esto se le suma la tarifa nocturna que es un peso más pasando las 9 o 10 de la noche, dependiendo de cada ruta y los acuerdos con sus dirigentes.
Pero también sabemos que los operadores son parte de la clase obrera, y que en muchas ocasiones además de ser explotados al pagar cuentas altísimas a los dueños de los microbuses o combis, son un instrumento de presión política de sus líderes para obtener dádivas o permisos institucionales. Es por ello, que le exigimos al gobierno que atienda también esta demanda, sin trasladar al pueblo la responsabilidad de tener un transporte que esté a la altura de las necesidades de todas y todos los que lo utilizamos.
A esto le suma el alza a la gasolina, al crecimiento desmedido y sin regulación alguna de las aplicaciones de transporte privado, que no representan parte de una competencia leal en un país donde, también, la forma de traslado responde a las condiciones materiales de los usuarios.
Por eso es importante protestar en contra de quienes no están a favor de que el pueblo y los ciudadanos, tengan las condiciones necesarias para poder optar por beneficios más accesibles para llevar a cabo las labores del día a día, porque el trabajo no es un privilegio de clase, ni el transporte debería serlo. En una Ciudad tan contaminada, el no circula doble es la constante, sin embargo no es la solución para los 20 millones de habitantes que no encontramos ejes de gobierno que resulten un beneficio para nosotros, ni en términos de salud pública, pues a muchos que también padecieron secuelas al contagiarse por el COVID-19, su salud se ve afectada en tanto existe un gran índice de contaminación.
Toda la recaudación fiscal en términos de impuestos y pago de servicios como el agua, el predial, la licencia, etc., debe invertirse y verse reflejada en un sistema de transporte eficiente, que no resulte un gasto extra para los usuarios que se encuentran dentro de los sectores con menor índice de desarrollo social del país.
El gobierno tiene que echar para atrás el alza al transporte público y encargarse de un subsidio temporal, mientras avanza en acabar con la mafia del transporte tomándolo bajo control estatal y democrático de los trabajadores y la comunidad. Sólo la nacionalización y la transición de choferes y demás trabajadores contratados por el estado con condiciones laborales dignas y prestaciones, pueden solucionar el problema de fondo, eliminar la contradicción que existe actualmente entre población y transportistas y mejorar el parque vehicular para asegurar un buen servicio.
La clase trabajadora que no cuenta con derechos laborales, sin embargo, diario hacen uso del transporte público para su traslado. Nos reusamos a pagar la carestía de la vida por negligencia de los gobiernos y la burguesía que son los que hasta el momento controlan la economía. Esta es la única manera de evitar que la crisis económica la sigamos pagando el pueblo trabajador y los más oprimidos.
