¿En qué momento el número de personas desaparecidas en México se volvió un pozo sin fondo? Hace unos días, la Comisión Nacional de Búsqueda abrió su informe de Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para ser consultado públicamente, en él se detalla que desde marzo de 1964 al día vigente, más de 100 mil personas en México se encuentran en calidad de desaparecidas y no localizadas; si las cifras nos parecen sobrecogedoras, el panorama se ensombrece aún más cuando revisamos el informe expuesto en abril de este mismo año por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas, este organismo independiente vinculado a la ONU, evidenció que al 26 de noviembre del 2021, 95 mil 121 personas han sido víctimas de desaparición forzada, dándose un crecimiento exponencial del 98% durante el periodo: 2006 al 2021. Sabemos que esto no es casualidad.

La desaparición de personas en nuestro país es sistemática y estructural, responde a una práctica de control y dominación política, social y económica ejercida por lo menos desde la mitad de siglo XX hasta nuestros días por medio de toda la maquinaria estatal construida por el régimen del PRI y el Estado capitalista. Así, el registro de personas desaparecidas abarca diversos momentos históricos como el de la guerra sucia y la guerra contra el narcotráfico del periodo calderonista. Para las organizaciones de familiares y de investigadores de organismos nacionales e internacionales  de derechos humanos, la impunidad descarada de estos crímenes permiten que se sigan llevando a la práctica sin que los culpables sean castigados; las redes de secrecía, simulación, omisión, solapamiento y culpables va desde agentes policiales, del ejercito, ministerios públicos, fiscales, jueces y autoridades públicas, lamentablemente no existen cifras oficiales del número de funcionarios involucrados.

Es ante este desolado escenario que la clase trabajadora ha tomado lo poco que tiene a la mano, y se ha lanzado a una cruenta batalla para encontrar a sus seres queridos. Uno de los pioneros de este movimiento fue el Comité Eureka dirigido por Rosario Ibarra quien falleció en abril de este año sin haber dado con su hijo; las madres buscadoras del norte del país también han sido un referente de lucha en las últimas décadas, cada día, más madres en toda la república  toman el papel de investigadoras criminales y de forenses, poniendo muchas veces su vida por delante al ser amenazadas o asesinadas. Cabe resaltar al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que desde el 2015 alberga a 35 organizaciones de familiares de personas desaparecidas y más de 40 organizaciones de la sociedad civil.

Desde el 2011, se retoma a nivel nacional el día de las madres para recordar a las personas desaparecidas y exigir a las autoridades acciones concretas para la resolución del problema. En las movilizaciones se convocan a marchas, mitines y concentraciones en espacios que han sido apropiados y resignificados por los familiares de desaparecidos, como la puerta principal del palacio de gobierno en el estado de Morelos o la Glorieta de la Palma, ahora de Ahuehuete, en la Ciudad de México; la mayoría de las ciudades en nuestro país cuentan con un espacio para recordar a las víctimas. Las exigencias del movimiento son concretas: mayor presupuesto y políticas públicas para investigar a los desaparecidos, para los mecanismos forenses de identificación y para la atención a las víctimas.

De acuerdo con cifras oficiales, los hombres conforman el 58% de las victimas de desaparición, pero según al Comité contra las Desapariciones Forzadas, en los últimos años ha habido una creciente tendencia de mujeres, niños y adolescentes entre los desaparecidos, cabe mencionar que el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda muestra que el rango de edad con más desaparecidas es de 9 a 24 años. Y es que en la trama de esta problemática atañen tanto los crímenes efectuados por el crimen organizado, grandes empresarios y autoridades públicas, como crímenes de la violencia patriarca y la falta de infraestructura estatal para llevar un registro ordenado de los cuerpos sin vida y sin identificación; para el sistema capitalista la vida de las personas no importa. Del 2006 al 2017 se tiene el registro de 1,608 fosas clandestinas distribuidas por todo el país pero la realidad rebasa por mucho esta cifra; también se encuentran las fosas negligentes de las Fiscalías, como es el caso de las de los poblados de Tetelcingo y Jojutla en el estado de Morelos, en donde se apilan cuerpos dentro de la tierra, dejándolos a que se pudran.

El informe dado a conocer por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda sí bien modifica el discurso que hasta ahora sostenía el Estado mexicano para invisibilizar el delito de la desaparición, las cifras aún están muy lejos de las estimaciones más reales y el gobierno de la 4t aun carece de un programa presupuestal para  esta titánica tarea. Debemos subrayar que los pocos pasos avances, han sido gracias a la lucha incansable de los familiares de las víctimas y la sociedad en su conjunto que los apoya, son ellos quienes han tenido que enfrentar a todo tipo de adversarios que si bien se presentan con varias caretas, todos tienen un mismo origen: un sistema que sólo depreda y explota a la clase trabajadora para seguir enriqueciendo a los grandes empresarios. La única salida a este infierno es seguirnos organizando, levantando un programa anticapitalista y socialista que abogue por la vida y de castigos ejemplares a los criminales.