La crisis de acceso de la vivienda en México es un tema que lleva existiendo durante muchos años y que en la actualidad se ha ido intensificando en varias zonas principales del país, desde las zonas más pequeñas hasta en las grandes urbes donde es más notoria la situación como en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, la capital del país. Esta crisis continúa debido a varios factores como la gentrificación, la burbuja y especulación inmobiliaria, el cartel inmobiliario, la corrupción, entre otros factores que dificultan el acceso a la vivienda para la clase trabajadora.

Convenio Airbnb con el Gobierno de la Ciudad de México

El 25 de octubre del año 2022 el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum firmó un convenio con la plataforma digital de hospedaje Airbnb junto con la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia). Esto con el objetivo de hacer una colaboración a largo plazo para beneficiar a la empresa Airbnb, incrementar la derrama económica de la capital superior a los 3 mil millones de dólares, promocionar el “turismo creativo” y “convertir a la CDMX en el hogar de los nómadas digitales”.

Entre 2000 y 2020 el número de alojamientos pasó de 22,122 inmuebles a 71,780 inmuebles registrados según datos del Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la capital. Las zonas donde más se nota este modelo de negocio de las plataformas digitales de hospedaje dentro de la Ciudad de México son en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y la Benito Juárez en donde se ubican 13,937 inmuebles completos para alojamiento a través de la plataforma Airbnb (datos obtenidos de Inside Airbnb), y estos inmuebles se encuentran en zonas donde hay más acceso a mejores servicios y zonas de trabajo que están más cerca de la zona.

Crisis del derecho a la vivienda

El acceso a la vivienda cada día es más difícil principalmente para la clase trabajadora y para los jóvenes en la Ciudad de México y este convenio no ha sido muy bien visto por parte de la población capitalina. Como se comentó anteriormente, las zonas con mejores servicios (hospitales, escuelas, zonas de trabajo centros comerciales, parques, museos, etc.) están en zonas donde la renta es poco accesible para la clase trabajadora capitalina y más allá de las rentas, comprar un inmueble es aún más difícil y haciendo que tener una vivienda digna sea un privilegio que sólo beneficia a unos cuantos.

En colonias como Polanco, Centro, Roma y Condesa se han denunciado alza de precios, así como la expulsión de habitantes que alquilaban un inmueble para convertir los inmuebles en “zonas Airbnb” para los nómadas digitales que son fenómenos sin una regulación, las rentas se incrementan e incrementa la gentrificación. Esto ha sido un golpe a las clases populares capitalinas que no tienen el poder adquisitivo para enfrentar las tarifas de incrementos a la renta.

También los jóvenes capitalinos nos vemos afectados. Para la juventud cada vez es más difícil independizarnos debido a los salarios insuficientes para poder pagar la renta y los servicios. Una renta en Ciudad de México está aproximadamente en 5,300 pesos mensuales y muchos jóvenes no puedes costear esa renta en donde a veces no nos queda de otra que rentar un cuarto en condiciones cuestionables o seguir viviendo en casa de nuestros padres. Existimos 20 millones de jóvenes de entre 20 a 29 años, y solo el 52% están viviendo de manera independiente (datos del INEGI) y la edad promedio para independizarse en Ciudad de México está entre los 28 y 30 años. A la juventud cada vez nos dificultan más el acceso a una vivienda, es un reto el poder tener un espacio propio que nos genera varias inquietudes y existen dificultades.

Habitantes capitalinos y pueblos originarios rechazan las medidas

El convenio CDMX/UNESCO/Airbnb ha generado rechazo y reacciones negativas en varios sectores de la población, incluyendo a varios simpatizantes de la jefa de Gobierno y del partido Morena estando en contra de la medida porque la gentrificación seguirá aumentando y desplazando aún más a la población originaria capitalina y a la juventud.

“Viviendas para vivir, no para invertir” así se han pronunciado los jóvenes habitantes, pueblos originarios capitalinos y la clase trabajadora en contra de este convenio y manifestándose sobre la situación de la crisis inmobiliaria.

El 27 de noviembre de 2022 se convocó a una marcha enfrente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX (SEDUVI) por el derecho a la vivienda. Los manifestantes se pronunciaron y entre sus exigencias están que el gobierno capitalino elabore un plan estratégico que contemple el acceso a la vivienda digna, aprobar una Ley Inmobiliaria, publicar el acuerdo con Airbnb y UNESCO y frenar cualquier avance de este convenio.

Debido al rechazo que ocasionó este convenio, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció una regulación de Airbnb para el 2023 e incluso prohibir Airbnb en algunas zonas de la ciudad, esto con el fin de evitar el aumento de rentas y gentrificación en la ciudad; igualmente comentó que estaba en comunicación con la alcaldesa de Barcelona Ada Colau para conocer su experiencia en la regulación de plataformas digitales. Además, el gobierno capitalino anunció que estará realizando mesas de trabajos con empresarios hoteleros y restauranteros, así como con ciudadanos.

¡La vivienda es un derecho, no un privilegio!

El capitalismo en su lógica ve la vivienda como un negocio para beneficiar principalmente a empresas multinacionales a costa de excluir a la clase trabajadora de poder tener una vivienda digna. La especulación inmobiliaria ha incrementado los precios del sueño y de alquiler. El convenio del gobierno capitalino con Airbnb no es más que una política neoliberal para seguir beneficiando a estas empresas y aumentar la gentrificación.

Desde Izquierda Revolucionaria nos solidarizamos con la clase trabajadora y la juventud que han sido afectados por la crisis inmobiliaria tanto en Ciudad de México como en el resto del país y a nivel internacional.

Por más reformas que se apliquen o regulaciones, no serán suficientes para solucionar esta crisis. Un programa socialista y un movimiento obrero unido podrá garantizar el acceso a la vivienda digna como un derecho universal para todos y todas.

¡Por el acceso a la vivienda digna para la clase trabajadora!