¡Basta de criminalizar la defensa del agua y el territorio!

Desde Izquierda Revolucionaria, Libres y Combativas mx y Sindicato de Estudiantes mx repudiamos los hechos ocurridos el pasado viernes 2 de noviembre contra los pobladores de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, por parte de la policía de la CDMX, grupo casi idéntico por su despliegue y la acción directa al recién extinto cuerpo de granaderos.

La violencia ejercida se efectuó desde el momento en que pasaron por encima de los derechos de los pueblos originarios al no ser informados, consultados e involucrados en los proyectos y toma de decisiones que se pretenden llevar a cabo en su territorio. Derecho conquistado con la lucha de cientos de años contra el saqueo de las políticas estatales, grandes inmobiliarias y trasnacionales.

Desde un inicio, el gobierno intentó confundir y confrontar a la población de San Gregorio. El día 23 de noviembre difundieron información sesgada y sólo a un sector, lo que creó un ambiente de desconcierto, preparando así desde una semana antes, el escenario para la imposición del proyecto.  Finalmente, el 1 y 2 de diciembre  las autoridades mandaron a más de 200 policías a encapsular e intentar desalojar el plantón de los pobladores, en su mayoría mujeres mayores, que se encontraban en una toma de agua, para protegerla de un posible saqueo.

Ante esto, el pueblo entero llegó en defensa de las compañeras, lo que desató la respuesta violenta de la policía; entre los golpeados se encontraron mujeres, embarazadas, personas de la 3ra edad así como  discapacitados, también se persiguió a personas hasta el interior de sus viviendas. Las cifras oficiales que indican a 24 personas heridas, y sólo 3 de ellas civiles, no concuerdan con los testimonios gráficos y orales que existen de lo ocurrido.

Si bien el hecho provocó la destitución de dos funcionarios de gobierno, exigimos que caiga hasta el primero en la cadena de mando, sabemos que estos cuerpos policiales no actúan de manera autónoma. De ahí que también exigimos que los protocolos de cadena de mando en los grupos de seguridad se expongan de manera pública y no bajo la secrecía, lo cual incita a la negligencia y acciones corruptas sin deslindar responsabilidades ante la sociedad. En primera instancia, el responsable de todo lo ocurrido no puede ser otro que el mismo alcalde José Carlos Acosta Ruíz, quien lleva toda su regiduría hostigando a estos pueblos.

El Gobierno de la CDMX sostiene que todo lo sucedido fue causado por una confusión de parte de los pobladores: “sólo son obras de drenaje y no de agua potable”; sin embargo, no acepta que las obras continuaron, aun cuando acordaron desde la semana anterior que las obras se desarrollarían  hasta después de haber informado a todo el pueblo.

Una vez más las autoridades de la Ciudad de México ningunean e invisibilizan los derechos políticos de los pueblos originarios: en su último comunicado, la Jefa de gobierno insta a que se inicie un “proceso más claro para definir la representación de los pueblos”, cuando esta representación ya existe, una de ellas es el tradicional sistema asambleario. Es imprescindible que el respeto a la autodeterminación de los pueblos sea un elemento vertebral en todo gobierno que pretenda ser de izquierda.

Así mismo, consideramos totalmente legítima la conclusión que los habitantes de diversos pueblos de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco han sacado de las numerosas asambleas comunitarias que se han organizado en los últimos días: no ver lo ocurrido en San Gregorio como un hecho aislado sino  como parte de un problema estructural más a fondo, estableciendo al Plan de Reordenamiento Territorial como una amenaza a la conservación del territorio y medio ambiente.

Suscribimos el llamado que hacen los pueblos a la organización articulada entre los afectados por el despojo del territorio y del agua, pero dicha convocatoria debe reunir también a toda la clase trabajadora en su conjunto, los asentamientos urbanos no pueden seguir basándose en el despojo de las zonas rurales, los planes de urbanización no pueden regirse bajo la privatización de las ciudades (como los convenios con Airbnb), poniendo a los habitantes en último lugar; no más ciudades mercancía, el reciente despojo del pueblo de Xoco, y de Santa Úrsula en Coyoacán, son focos rojos que deben dar pie a una movilización intensa por la defensa de los espacios públicos contra la gentrificación y  privatización.

Por todo esto, reiteramos que las “consultas”  elaboradas por el Estado para avalar o no proyectos como el PIM Morelos y en este caso el Plan de Reordenamiento del Territorio CDMX, son una simulación a conveniencia que viola los derechos políticos de los pueblos originarios, sus sistemas de representación y toma de decisiones, y vulnera las propiedades ejidales y comunales de los pueblos nahuas del sur de la Ciudad de México, tierras retomadas y conservadas gracias a la continua organización política y lucha social de la región.

Llamamos a la solidaridad de toda la clase trabajadora y la juventud con las luchas de defensa del territorio, sólo con las movilizaciones, plantones y cierres de vías de comunicación que hasta ahora han estado llevando a cabo los pueblos, podremos detener la lacra del despojo capitalista. Una vez más se deja en claro que la acaparación y privatización de bienes y la represión violenta, son inherentes a este sistema. Sólo la organización, lucha y solidaridad entre nuestra clase podrá parar la rapiña de este sistema asesino.

¡No a la represión hacia los defensores del territorio y el agua, por la defensa de la vida!

¡No es sequía, es saqueo!

¡El agua es vida y la vida se defiende!