En fechas recientes, Andrés Manuel López Obrador anunció que poco antes de terminar su mandato, específicamente en septiembre de 2024, enviará al Congreso de la Unión una reforma que busca eliminar alrededor de 40 fideicomisos que han sido utilizados durante décadas para financiar una serie de lujos y privilegios para los ministros y ministras de la SCJN además de un intento por democratizar al poder judicial estableciendo el voto popular como mecanismo para designar a quienes encabezarán la impartición institucional de justicia mexicana.

Y es que no se trata de una cuestión, como se ha tratado de presentar en algunos medios de comunicación, meramente populista. No se trata únicamente de “venganza política” como también lo han intentado presentar los actores políticos de la derecha, al contrario, se trata de la respuesta a la deuda histórica que tiene el Estado con el pueblo de México. Pero antes de explicar qué es lo que implica la propuesta y, en su caso, aprobación de la reforma, hablemos de manera breve sólo de algunos de los abundantes privilegios de los que goza hoy un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al llegar al cargo que, cabe mencionar, ostentará durante 15 años.

• Salario superior al del Presidente de la República, rozando los 300,000 pesos mensuales.
• Prima vacacional de 100,000 pesos.
• Comedor especial donde se pueden pedir bebidas alcohólicas.
• Dos vehículos tipo Suburban con un valor aproximado de 6 millones de pesos. Al concluir su periodo como ministros, ellos se quedan con esos vehículos.
• Apoyo para gasolina de 22,000 pesos anuales.
• Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.
• Al momento del retiro, reciben una pensión de por vida casi igual al salario que cobraron durante su periodo como ministros.
• Al final de su periodo en la corte, reciben un “seguro de separación individualizada” por 20 millones de pesos.

Por más grotesca y absurda que pueda parecer la opulencia en la que viven los ministros de la SCJN, es importante remarcar que es completamente real y que, los privilegios van todavía más allá de los puntos que se mencionan brevemente en este artículo.

¿Qué nivel de empatía y conocimiento de las diversas realidades sociales tendrá quien vive en una burbuja lejos de la clase trabajadora, de quienes se encuentran vulnerables frente a los abusos y la impunidad?, ¿Podemos confiar en un aparato de impartición de justicia que, por mucho que en el discurso se muestre como universal e imparcial, la realidad es que se comporta como los grandes oligarcas del país y mayoritariamente les sirve?

Esta es la clara muestra de las contradicciones de un gobierno popular como el actual, operando una maquinaria de estado capitalista representada en el Poder Judicial de la Federación, son los mercenarios del gran empresariado enquistados en el aparato del estado frente a medidas de austeridad que ponen a debate la calidad de vida que puede darse un burócrata en comparación a la clase trabajadora.

Desde el Izquiera Revolucionaria consideramos que estas medidas no deberían limitarse al modelo de democracia neoliberal donde el que puede pagar más es el que consigue candidaturas y triunfos electorales, sino un sistema de selección abierto y popular para que, por fin, la justicia sea para las clases oprimidas. Así como puede profundizarse la democracia en un órgano del aparato del estado, sabemos que puede incluso reducirse más el gasto operativo estatal. Salario popular para quienes pretenden representar al pueblo. Que los altos funcionarios públicos vivan como lo hacen las mayorías y volteen a ver la desigualdad y la explotación laboral.

No podemos permitir la presencia de representantes “populares” que no vengan de las clases populares, no podemos permitirle el control del aparato del estado a quienes se ponen al servicio del empresariado ni mucho menos al empresariado mismo. Basta de privilegios, lujos y desigualdades en el poder público.

Hoy más que nunca apostamos a un estado proletario, cercano a la clase trabajadora, que apueste por el bienestar de las mayorías priorizando la redistribución de la riqueza y que de manera urgente sea anticapitalista.