El crimen que asola a la población del Estado de México ha llegado a un punto insoportable, por lo que miles de transportistas, trabajadores y trabajadoras, comerciantes, jóvenes y personas mayores se han organizado en autodefensas en diversos municipios como Coacalco, Ecatepec, Tlalnepantla, etcétera.  

El martes 1 de agosto una unidad de la ruta 44-06, fue quemada en la base de Villa de las Flores, después de que los miembros de la ruta se negaran a pagar derecho de piso a una banda criminal que irrumpió en sus oficinas. Por su parte los trabajadores del volante respondieron con el llamado a un posible paro de no haber detención de los responsables por parte de las autoridades y la conformación de autodefensas.

Crimen insoportable

Este evento ha sido la gota que derramó el vaso, pero no ha sido el único. Existen aproximadamente 600 denuncias de extorsiones a choferes. En lo que va del año en Jilotepec ha habido tres asesinatos a choferes. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo en transporte público creció 93.3% entre mayo y junio de este año y las extorsiones 500%, tan sólo en el municipio de Coacalco; y el promedio de asaltos en el Edomex y la CDMX es de 30 al día, en combis, microbuses y camiones.

No sólo los choferes son víctimas mortales de este delito, en marzo de 2022 tres hombres que intentaron asaltar una combi en la México-Puebla, asesinaron a un joven de apenas 18 años e hirieron a otro más, el chofer de la unidad no se detuvo para evitar que escaparan, pero aun así uno logró escapar, él mismo llevó al joven al hospital, sin embargo, no se pudo evitar su muerte. En junio pasado otro joven de 20 años fue asesinado de un tiro en la cabeza por asaltantes que abordaron un camión en la Vía Morelos.

El Estado de México es el que reporta mayor cantidad de denuncias de asalto a transporte público, sin embargo, la mayoría de los usuarios y operadores no acuden a denunciar, los altos índices de impunidad y la corrupción generan desconfianza para hacerlo. Aun así, la tasa de incidencia en el Valle de México por delitos como robo a transeúnte y a transporte público es de más de 15 mil por cada 100 mil habitantes, más del doble del promedio nacional que es de 6 mil por cada 100 mil habitantes, y mayor a Ciudades como la CDMX, Puebla, San Luis Potosí y Cuernavaca. Todos estos datos explican el hartazgo de la población frente al crimen organizado, pero también la creciente desconfianza en que las instituciones pueden resolverlo. La conclusión es clara: hay que hacerlo nosotros mismos.

Policías, jueces y gobiernos también son culpables

Entre la población está claro que la policía es parte del problema, muchas veces ellos mismos son extorsionadores. Un ejemplo de ello es el comandante Archundia, recién cesado de su puesto en la Secretaría de Seguridad del municipio de Coacalco a consecuencia de la presión ejercida por la movilización de las autodefensas. Exigimos castigo ejemplar y depuración inmediata, y a todos los niveles de las fuerzas armadas.

Pero el crimen no es lo único que enfrenta la población mexiquense, también deben lidiar con el encarecimiento del transporte, -uno de los más caros del país- en buena medida producto de la dinámica de extorsiones. La falta de infraestructura adecuada, regulación del parque vehicular, centralización y privatización del servicio, son otros elementos importantes que se suman a un sistema de transporte poco digno, caótico, insuficiente e inseguro.

Frente a esta situación no se ha dejado más camino a la población trabajadora del transporte y usuaria que autoorganizarse y llevar a cabo manifestaciones.

Tan sólo siete días después del ataque a la unidad en Villa de las Flores, las autodefensas salieron a las calles organizadas en comboys de decenas de camionetas, con palos y piedras, uniformados y organizados por zonas, demostrando que cuando se realiza un llamado serio la respuesta puede ser inmediata y masiva, en especial cuando se cuenta con organizaciones ya estructuradas previamente, como sindicatos o colectivos.

Sí tocan a uno, respondemos todos

Las simpatías que ha levantado el movimiento son inocultables. Usuarios, vecinos, comerciantes, etcétera, se están sumando al llamado y aplauden la iniciativa. En contraste, organizaciones charras y priistas como el líder sindical de la Federación de Organizaciones Sindicales de Trabajadores de México (FOSTEM), legisladores como el diputado morenista Maurilio Hernández, los alcaldes morenistas de Valle de Chalco Armando García Méndez y de Chicoloapan Nancy Gómez, y medios de comunicación se oponen a la medida, tachándola de violenta y llamando a dejar nuevamente la problemática en las manos de quienes estaban: la corrupta legalidad estatal.

Como siempre señalamos cuando se tacha de violenta a la protesta o la autoorganización: no hay nada más violento que ser extorsionado por los mismos policías que deberían protegernos, no hay nada más violento que salir a la calle con miedo de no regresar a casa con la familia, no hay nada más violento que te arrebaten la vida por unos pesos o te arrebaten lo que cuesta tanto ganar con el trabajo diario. Los violentos, son los criminales y el Estado incapaz, indiferente y cómplice.

Cada vez suenan más los gritos de histeria ante esta medida por el ejemplo de lucha que representa, que si bien no es la primera y no será la última, es un ejemplo urbano en el que convergen diferentes sectores de trabajadores y que puede inspirar a otros a autoorganizarse, es por ello que cunde el miedo. Los intentos de desarticularlas no se harán esperar, es importante tomar medidas organizativas que permitan hacerlas una medida permanente.

Las autodefensas ahí donde surgen son un abierto desafío al Estado, echan abajo el teatro de la justicia burguesa y la desnudan tal cual es: un organismo corrompido, totalmente infiltrado por el crimen, machista, patriarcal y clasista. Además, implica una lucha por el poder, en muchas de las regiones en donde han surgido autodefensas estás son lo único que ha podido replegar al crimen, así ocurrió con el consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán en 2013. Tras dos años de lucha armada y organizada en 34 municipios y con la participación de más de 15 mil integrantes, consiguieron desarticular a los Caballeros Templarios, las autodefensas en Chenaló son otro ejemplo, con resultados positivos en tan sólo un año, algo que el gobierno con sus fuerzas armadas no ha podido llevar a cabo. Los grupos de autodefensa no dejan de surgir, no es una casualidad que hoy han llegado a la zona metropolitana de la capital, a los municipios más golpeados por el crimen en el Edomex. En 2021 se contabilizaban 50 grupos de autodefensa en municipios de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Las autodefensas del transporte en el Estado de México son parte de la respuesta que se ha venido dando durante años a la incapacidad, desinterés y corrupción del Estado, especialmente tras el crecimiento del crimen organizado con la Guerra contra las drogas en el sexenio de Calderón. Decenas de comunidades y municipios se han visto obligados a construirlas, cómo ellos mismos lo señalan, han sido obligados, no hubieran querido tener que hacerlo, niños e incluso mujeres con niños en brazos y embarazadas se han visto en la obligación de participar en ellas como una medida desesperada para conservar sus hogares y evitar ser desplazados. En última instancia esta ha sido la alternativa revolucionaria para hacer frente a la violencia capitalista.

Cómo fortalecer el movimiento

La experiencia en otros estados demuestra cómo las autodefensas han sido capaces de contener al crimen organizado, sin embargo, también han mostrado los riesgos de estas medidas y las amenazas que las circundan, desde la traición a los objetivos que les dieron vida, convirtiéndose ellas mismas mecanismos de control y represión o vendiéndose al narco o cayendo víctimas del mismo crimen con la complicidad del gobierno.

Estas dolorosas experiencias reafirman la importancia de que estas autodefensas en todo momento se mantengan bajo control democrático, tanto de sus miembros como de la comunidad a la que pertenecen, mediante asambleas democráticas en donde la participación de todos tenga el mismo peso y las autodefensas se mantengan al servicio de las comunidades de esos municipios, de igual forma integrarlos a las tareas.

La única opción posible y efectiva es crear un nuevo sistema de justicia definido y controlado democráticamente por el pueblo alzado en autodefensas y las comunidades.

Otra clave para fortalecer este movimiento es su extensión a otros sectores y a otras regiones, con la conformación de comités regionales y elección de representantes de las diferentes regiones para una coordinación amplia que impida el aislamiento y el agotamiento.

Además es muy importante la independencia y claridad política del movimiento, si bien el origen de la lucha puede ser muy específica, por ejemplo, detener a los delincuentes que quemaron la unidad el 1 de agosto pasado, la realidad es que si se les detiene a estos otros pueden llegar en cuanto se baje la guardia, y la corrupción puede volver a ganar terreno, es decir, combatir de verdad y a fondo al crimen requerirá medidas permanentes así como confrontar al gobierno a distintos niveles pues las autodefensas son formas de organización totalmente opuestas a las que existe en este momento. Habrá que debatir y tener muy claro que los aliados son la comunidad, los demás movimientos sociales y la clase trabajadora mientras que el gobierno, el crimen y la burguesía intentan recuperar el control cuanto antes.

Las autodefensas deben hacer eco de las demandas más sentidas de los trabajadores y campesinos pobres, sólo así podrán atraer y mantener el respaldo masivo y reducir el riesgo de infiltraciones y degeneración política.

Por su parte el movimiento social tenemos la tarea de respaldar la autoorganización, solidarizarnos en los hechos con las autodefensas y fortalecer nuestros vínculos con ellas, participar en las movilizaciones e impulsar sus elementos más progresistas y revolucionarios.

También es importante señalar que la problemática general del transporte solo se puede resolver poniéndola bajo control democrático de los trabajadores y de la comunidad, un verdadero transporte público implicaría una gestión y financiación del Estado a su vez controlado por los trabajadores. La nacionalización del transporte y su ordenamiento permitiría crear una estructura más organizada en donde los trabajadores podrían controlar y ponerse al servicio de las necesidades de la población y no de los intereses de uno u otro grupo.

El único camino para destruir al crimen organizado y garantizarnos una vida digna en donde podamos salir a trabajar sin miedo, es acabar con el sistema que lo solapa y lo alimenta, no sólo es un problema de corrupción, el problema es el sistema judicial mismo que está al servicio de una clase social, la capitalista, en donde la justicia es para quien puede pagarla. Mientras las cárceles se llenan de inocentes y pobres, los verdaderos criminales siguen en las calles haciéndose millonarios a costa de la salud y la vida de millones y pagando con ello su impunidad. Para acabar con el crimen, hay que acabar con esta justicia de paripé y con este sistema.