AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS: JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHICOMUSELO:

A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN.

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES.

A LOS GRUPOS RELIGIOSOS.

Todas y todos nosotros como Pueblos Creyentes y Comunidades Eclesiales de Bases de diferentes comunidades y municipios de Chiapas. El día domingo 10 de Octubre de 2010 estaremos peregrinando para celebrar nuestra fe comunitaria. Tomando en cuenta el evangelio que nos indica anunciar la buena nueva de Dios y denunciar las injusticias. Por tal razón, queremos compartir con ustedes nuestros análisis sobre las diferentes situaciones de violencia que estamos viviendo y el despojo de nuestra madre tierra y territorio como pueblos indígenas y campesinos en nuestra identidad Chiapaneca. Esta es nuestra manera de mostrar que mantenemos vivas nuestras demandas como pueblos.

Por este medio queremos denunciar públicamente los siguientes acontecimientos. Desde la llegada de la empresa minera canadiense Blackfire al municipio de Chicomuselo, "se han presentado distintos problemas, producto de sus acciones depredadoras y de menosprecio tanto a las leyes de protección del medio ambiente, como a la población en su conjunto. Esto, con la mirada complaciente de las autoridades de los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal".

Durante tres años, Blackfire operó en el municipio de Chicomuselo y hasta principios del año 2008 se inicia la resistencia a la explotación minera de habitantes de los ejidos y la cabecera municipal de Chicomuselo. Y no es sino hasta que es asesinado Mariano Abarca Roblero que decide el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (Semavihn), 'actuar' contra Blackfire.

El 7 de diciembre de 2009, resuelve la clausura temporal de las operaciones de la minera canadiense, La Semavihn aplicó una verificación del cumplimiento de la Ley Ambiental para el estado de Chiapas; es decir, verificar si la minera Blackfire estaba causando impactos ambientales adversos por la construcción, ampliación y modernización de 7 kilómetros de camino y si contaba con la Licencia de Funcionamiento de Fuentes Fijas de Emisiones Atmosféricas (LFFFEA).

Ante esto, la minera Blackfire promueve el 15 de diciembre de 2009 un amparo de la justicia federal, a través del Amparo   1493/2009, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez.

El 30 de abril de 2010, el mismo Juzgado resuelve el amparar y proteger a Blackfire contra los actos de la Secretaría del Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural, y los verificadores adscritos ante dicha Secretaría, Explicó que "los términos del considerando último que forma parte de esta sentencia de amparo significa sólo "verificar posibles impactos ambientales del camino construido por la minera y si contaba o no con la Licencia de Funcionamiento de Fuentes Fijas de Emisiones Atmosféricas (LFFFEA)".

El Juzgado afirma que las actuaciones que hizo la Semavihn son atribuciones que de acuerdo con el Artículo 27 Constitucional, Ley Minera y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, le corresponden exclusivamente a las autoridades federales y por lo tanto no le corresponde a los gobiernos estatales.

Con tal amparo otorgado a la Blackfire contra el gobierno estatal, aunada a la Resolución de la PROFEPA contra la misma empresa, se demuestra la complicidad, omisión y simulación de los tres niveles de gobierno a favor de la minera canadiense y, ahora sí, facilitan estos gobiernos el camino a la transnacional para que regrese 'limpia' de cualquier violación al medio ambiente, y seguir contaminando a la población de Chicomuselo y de todas las comunidades la región Sierra de Chiapas. Asimismo la Red de Afectados por la Minería (REMA) denuncia que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa/Delegación Chiapas) encubrió las ilegalidades de la minera.

Casi nueve meses después de presentada la denuncia popular por violaciones a la normatividad ambiental, en relación al cambio de uso del suelo de terrenos forestales dada la explotación minera de la Blackfire presentada por el encargado de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Chiapas y el deceso de Mariano Abarca tuvieron que pasar para que la Delegación de la PROFEPA actuará, la PROFEPA integró el expediente PFPA/14.7/2C.28.2 /0017-09 y en los primeros días de diciembre de 2009, envió inspectores y dictaminó la clausura temporal total de la mina, por las graves irregularidades encontradas.

A pesar de que los inspectores verificaron irregularidades que constan en el expediente PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09, lo más inaudito fue que PROFEPA emite un acuerdo declarando que no existe irregularidad alguna por parte de la compañía Blackfire; es decir, que toda la afectación encontrada y documentada por los propios inspectores de la PROFEPA a través de actas, existentes en el expediente, la misma dependencia las ignoró por decir lo menos. Pero la PROFEPA se cuidó de sancionar a la Blackfire. Así, en el punto sexto del mismo acuerdo, imponen una multa de 261 mil 443 pesos por el derribo de árboles en el camino de colindancia entre los ejidos Grecia y Nueva Morelia, cantidad que seguramente no representó ningún menoscabo al enorme patrimonio en dólares de la empresa.

También tenemos conocimiento que hay amenazas contra Nuestro Sacerdote Eleazar Juárez Flores, Párroco de la parroquia de Chicomucelo, solo por ser coherente en su predicar conforme al evangelio de decir la verdad y denunciar las injusticias y caminar al lado del pueblo de Dios oprimido, marginado, engañado, saqueado, despojado y amenazado. Él ha sido ubicado como un actor visible en la defensa de la Tierra y Territorio en la región de Chicomuselo a través de la evangelización, por eso es víctima de amenazas de muerte y de Tortura psicológica por personas interesadas en el tema de los recursos naturales y minerales. Las amenazas que ha sufrido forma parte de una guerra de baja intensidad a manos de actores que tienen interés en los recursos minerales en la región que es el mismo Gobierno federal, Estatal y Municipal y las empresas canadienses. Al ser parte de un actor permanente en la región de exploración y explotación minera es un obstáculo para la minera BlackFire.

Éste es el tipo de conflictos que siguen vigente en los pueblos indígenas y campesinos de Chicomuselo, no descartamos que en cualquier momento empiece nuevamente una escalada de violencia, si acaso le llegara a pasar algo a cualquiera de nosotros, hacemos responsables a las autoridades federales, estatales, municipales y las empresas canadienses minera Black Fire.

EXIGIMOS LO SIGUIENTE.

1.- Respeto a nuestros derechos de la libre determinación y la defensa de nuestras tierras y territorios como pueblos indígenas y campesinos.

2.- La cancelación definitiva de la exploración y explotación minera dentro de nuestro territorio.

3.- Se ejercite la acción penal contra los responsables materiales e intelectuales de la muerte de nuestro hermano y compañero Mariano Abarca.

4.- Se respete nuestro derecho de la libre expresión y organización.

5.- Se respete nuestro derecho como pueblos a ser consultados.

6.- Alto a la represión contra los pueblos organizados, no queremos que se repita otro Acteal, no más muertos ni más heridos.

ATENTAMENTE:

Los y las coordinadoras de las Comunidades Eclesiales de Bases de la

Diócesis de san Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

8 de Octubre del 2010.