A casi un mes del fraude electoral del pasado 1° de julio la burguesía ya ha dado muestras de su sobrada intención de imponer a Enrique Peña Nieto (EPN) en el poder; así lo demuestran las declaraciones de Pedro Penagos, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hechas el pasado 23 de julio en el sentido de que "no influirán las marchas ni las manifestaciones" en las determinaciones que tome dicha instancia legal en los juicios de inconformidad contra la elección presidencial. Ya antes, el día 17, el IFE señalaría que el juicio de inconformidad promovido por López Obrador (AMLO) no reunía ni acreditaba los elementos necesarios para la invalidez de la elección, ello a pesar de que todas las irregularidades y artimañas empleadas por el PRI han sido ampliamente documentadas y demostradas por el Movimiento Progresista. En la tarea de legitimar a toda costa el fraudulento triunfo de EPN el imperialismo yanqui también está jugando su papel, de ello habla la llamada telefónica que inmediatamente le hizo Obama al candidato del PRI para felicitarlo por los resultados de las elecciones tras los primeros recuentos preliminares. En esa llamada el presidente de los EEUU calificaría a las elecciones como “libres, justas y transparentes”. Lo mismo haría hace un par de días, el 25 de julio, Hillary Clinton, Secretaria de Estado de EEUU, felicitando telefónicamente a EPN por un triunfo que además de impugnado, aún no ha sido calificado por las instancias correspondientes.
La historia del capitalismo mexicano es en excelencia la historia de la explotación de la fuerza de trabajo, pero también es la historia de los fraudes electorales. A lo largo de toda esa época en nuestro país ha habido todo tipo de fraudes electorales, siendo algunos de ellos históricos por diferentes motivos. Ente ellos, tan solo por referirnos al México emanado de la Revolución, podríamos mencionar el de 1910 del dictador Díaz contra Madero o el de 1928 contra José Vasconcelos; también la lista entre los fraudes más trascendentes en nuestra historia la engrosan el de 1940 contra Juan Almazán, el de 1952 contra Jorge Henríquez Guzmán, el de 1988 contra Cárdenas y el de 2006 contra AMLO. Por diferentes razones todos esos fraudes han tenido una especial relevancia para nuestro país, sin embargo el fraude desarrollado el pasado 1° de julio es histórico por su forma y contenido.
Es histórico porque fue un fraude para el cual adjetivos como el de “descarado” o el de “cínico” son insuficientes. Se trató, en lo que a la forma corresponde, de un fraude alevoso, premeditado y a plena luz del día. Pero también es histórico por su contenido, pues la desfachatez con que actuaron al servicio del fraude el Estado y demás instrumentos de la burguesía (IFE, los tribunales electorales, las televisoras, la radio y la prensa, Monex, Soriana, el PRI, Calderón y el PAN, etcétera) demuestran que el capitalismo ha llegado a un punto en el que, bajo el marco de la actual crisis económica mundial, es incapaz de ceder un solo milímetro en su estrategia de defensa de sus beneficios.
El Estado burgués, es decir el gobierno al servicio de los empresarios y banqueros, es el garante político y de fuerza de la opresión del capital sobre el trabajo. Este es un principio que norma la vida del capitalismo de principio a fin, sin embargo en el marco de una etapa declinante del capitalismo, y más aún en el contexto de una aguda crisis económica como la que se padece hoy en día, esa realidad es doblemente relevante para la burguesía.
Para los empresarios mexicanos el Estado ha significado la garantía para seguir imponiendo su voluntad a la clase trabajadora para la extracción de la plusvalía, pero también para, a través de los impuestos y el gasto público, transferir millonarias sumas de los bolsillos de los trabajadores hacia las arcas de los empresarios. Por ejemplo, mientras el salario ha perdido el 75% de su valor gracias a la política de choque impuesta por el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), la fortuna de Carlos Slim pasó de los 7,900 millones que poseía en el año 2000 a los 69,000 millones de pesos en 2011. Ello por citar tan solo un ejemplo de entre los 30 barones del dinero y las 150 familias que controlan la economía nacional, todos ellos beneficiados por la concentración capitalista.
Esa misma capa de parásitos son los que se han beneficiado del rescate bancario por medio de las finanzas del Estado, el cual ha tenido un costo de 889 mil 403 millones de pesos en los últimos 15 años o también de los privilegios fiscales que significarán para ellos este año 769 mil 448 millones de pesos en evasión legal o devolución de impuestos; ello al mismo tiempo que los trabajadores tienen que pagar el 16% de IVA o asumir los costos del “gasolinazo”.
Dado lo anterior la burguesía no podía tomarse ninguna clase de riesgo el pasado 1° de julio y tenía que asegurar que las elecciones fueran ganadas por un partido y un elemento, el PRI y EPN, totalmente incondicional y a su servicio, ello sin importar qué tan descarado tuviera que ser el fraude y qué tan cínicamente tuvieran que actuar el IFE y la justicia electoral para legitimarlo.
Por consecuencia no se trata de un problema moral, es decir de la desfachatez con la que se implementó el fraude, sino de un problema material en el que la burguesía no tiene otro remedio más que el de actuar de esa forma, aferrándose a la imposición de EPN para asegurar que sus privilegios no se vean afectados en un milímetro de cara a una posible nueva recaída económica similar o peor aún a la de 2009, cuando el descalabro fue más grande que el de la crisis de 1995.
Es por ello que en estos momentos hay mucho de por medio en el fraude electoral en ambos bandos, en el que pretende imponer a EPN en el poder y en el que necesita evitar que el fraude se conculque.
Es por ello que la vía legal es insuficiente para revertir el fraude electoral pues el IFE, los tribunales electorales y las cámaras de diputados y senadores, instancias todas ellas que tienen como tarea calificar las elecciones, así como el PRI, el PAN, Calderón y los empresarios, son juez y parte. Depender únicamente de esas instancias para defender el voto es como pedirle a un tigre que deje de comer carne y en adelante sólo consuma lechuga.
Si la vía legal, misma por la que AMLO ha optado como principal recurso de lucha contra el fraude, no es acompañada de iniciativas que movilicen a las masas y que hagan sentir verdaderamente el enorme peso de estas en los destinos de la sociedad, el resultado será el de que finalmente el 1° de diciembre EPN sea nombrado presidente de la República.
La respuesta de AMLO hacia el fraude no sólo ha sido tardía sino insuficiente, pues tuvieron que pasar tres semanas tras las elecciones antes de que éste convocara a alguna clase de movilización. El Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México anunciado por AMLO el viernes 21 de julio no sólo no plantea ninguna iniciativa de peso para frenar el fraude, sino que además llama a una serie de iniciativas que lo único que lograrán será dispersar el movimiento, evitando que éste haga sentir su fuerza y la concentre en el blanco de ataque de aquellos puntos donde se pueda golpear al corazón político y económico del capitalismo. En lugar de ello AMLO ha convocado a asambleas informativas en 142 plazas públicas el 29 de julio y en otras 32 en las diferentes capitales de los diferentes Estados de la República el 5 de agosto.
Sin embargo lo que necesita la lucha contra el fraude es hacer sentir todo su peso en la sede política de las instituciones al servicio del fraude, es decir en la residencia del IFE, del Tribunal Electoral, de las Cámaras, de la Presidencia de la República, de las organizaciones empresariales, etcétera; y esa sede política se encuentra en el DF. También es necesario que los trabajadores se hagan sentir con contundencia ahí donde radica su mayor y verdadero peso social, es decir, en el terreno de la producción. De ahí la necesidad de que un plan de fondo para revertir el fraude electoral contemple también el llamado a la huelga general.
La burguesía habla en serio y no está dispuesta a retroceder en el fraude, pero por su parte los trabajadores y la juventud han demostrado que tampoco están dispuestos a aceptar una nueva imposición y esto último ha quedado demostrado con creces en un significativo número de movilizaciones y muestras de repudio contra el PRI y EPN desarrolladas en muchos puntos de país desde el el mismo 1° de julio por la noche hasta el día de hoy. El principal aval de la lucha anti EPN dado a AMLO fue en el cierre de campaña de éste del 27 de junio al que asistieron un millón 400 mil personas.
AMLO debe basarse en ese ambiente y tiene que llamar a la unidad de todo el movimiento (Morena, Morenaje, el Movimiento #YoSoy132, los partidos de izquierda, los sindicatos y demás organizaciones en lucha) para marchar unidos para derrotar el intento de imposición de EPN. Debe convocar a la huelga general además de retomar iniciativas como la acordada por la Convención Nacional desarrollada en San Salvador Atenco el 14 y 15 de julio y en la que participó el Movimiento #YoSoy132 consistente en impulsar un paro nacional de universidades el 2 de octubre próximo.
Sólo con medidas de esta naturaleza, concentrando la fuerza de la clase trabajadora en el punto de ataque adecuado, será posible hacer temblar a la burguesía y a sus agencias electorales para obligarlas a renunciar en sus planes de imponer a EPN y al PRI en el poder. Urge actuar de forma decidida, pues entre más tiempo pase y las acciones de fondo contra el fraude no lleguen, la posibilidad de que EPN termine en la silla presidencial se incrementarán. Es ahora o nunca, y AMLO debe ser consecuente con las aspiraciones de justicia y democracia de los millones de trabajadores y jóvenes que han depositado su confianza en él durante los últimos seis años. Las masas oprimidas han demostrado que es posible derrotar al fraude electoral, pero ahora se necesita que los dirigentes del movimiento, en especial AMLO, jueguen su papel haciendo llamados a la acción y a la altura de los retos que impone el momento actual de la lucha de clases en México.
