El pasado 30 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  (TEPJF) finalmente declaró vencedor de las elecciones a Enrique Peña Nieto (EPN), quien al día siguiente recibió la constancia que lo acredita como presidente electo.

Así el TEPJF avalaría el fraude electoral demostrando a la vez que dicha instancia, al igual que el IFE, es un  instrumento al servicio de los poderosos y que por consecuencia era insuficiente apostarle a la vía legal como único recurso para impugnar las elecciones.

Estado mafioso

El 31 de agosto Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitiría un comunicado al pueblo de México en el que rechazó aceptar el fallo del TEPJF pues para él “las elecciones no fueron, ni limpias ni auténticas”, al mismo tiempo que acusó a las instituciones  de estar “secuestradas por la delincuencia de cuello blanco”. Finalmente AMLO remataría suscribiendo que el Estado mexicano es un “Estado de mafiosos”. Todos los hechos le dan la razón a AMLO pues, no obstante las cuantiosas pruebas que demuestran que el 1° de julio hubo un monstruoso fraude electoral, para el TEPJF estas no fueron suficientes para comprobar la cínica compra y coacción del voto; tampoco le bastaron las evidencias que demuestran que el tope de campaña impuesto por las leyes electorales fue rebasado con creces por EPN (el PRI gastó 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos contra los 336 millones 112 mil 084 establecidos por el IFE); igualmente sucedió con las evidencias  sobre el empleo de dinero sucio por el PRI y con las que demostraban el faccioso papel de las televisoras, la radio, y las empresas encuestadoras. Para los magistrados del TEPJF y su salario que en todo 2011 fue de 5 millones 892 mil 778 pesos, las elecciones fueron pulcras: en palabras del magistrado Salvador Nava Gomar, “México tuvo una elección que no tiene por qué invalidarse; tuvo elecciones libres y auténticas.”

El resultado era esperado pues el TEPJF y el IFE; el PAN y el PRI; Peña Nieto y Calderón son sólo la cara pública de un entramado más complejo que hunde sus raíces en los intereses de la burguesía y del imperialismo. A propósito de esto basta recordar la llamada telefónica de Obama del 2 de julio felicitando a EPN por su triunfo en lo que el mandatario yanqui calificó como elecciones “libres, justas y transparentes”; o el caso de la editorial del diario español El País del 15 de julio titulada “Obrador es un lastre”. Por su parte los sectores empresariales jamás dejaron de presionar para apresurar el dictamen: “es tiempo de que el TEPJF designe ya a Enrique Peña Nieto presidente electo…”, declararía el pasado 9 de agosto Alberto Espinosa, presidente de la Coparmex.

El Estado mexicano es un estado dirigido por mafiosos, pero no puede ser otra manera bajo la democracia burguesa en la cual el gobierno, las leyes y las instituciones, no tienen otro objetivo que el de asegurar la imposición de los intereses económicos de los empresarios y banqueros sobre los de los trabajadores. Bajo ese principio es perfectamente legal empobrecer a las masas desheredadas, de ello habla la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, cuya existencia está sustentada en la Fracción VI del artículo 123 de la Constitución y debido a la cual los sueldos de los trabajadores han perdido su valor en un 80% aproximadamente en los últimos 30 años; así las ganancias empresariales en su participación en la renta nacional pasó del 56.3% en 1980 al 61.9% en 2006, periodo en el que el valor de la masa salarial decreció del 36% al 28.6%.

Se puede decir lo mismo de la reforma al Artículo 27 Constitucional durante el mandato de Salinas y que abrió paso a un enérgico proceso de concentración de la tierra (los grandes consorcios mineros tienen bajo su control el 16.58 % de la superficie del país) o de la imposición en 1980 del IVA y posterior incremento del 10 al 15% en 1995 y también del rescate bancario (desde 1995 a la fecha se han destinado a este rubro 513 mil 234 millones de pesos del gasto público) y de todas la modificaciones legales para facilitar la participación de los capitalistas en la explotación del petróleo y la electricidad.

Todo se ha hecho al amparo de leyes impuestas por el Estado burgués, arrojando como saldo más de 58 millones de mexicanos en la pobreza extrema al lado de 100 multimillonarios que en 2010 ya poseían una fortuna que en conjunto sumaba 1.7 billones de dólares, cantidad 60% superior a la riqueza de los hombres más acaudalados de los EEUU.

Abolir el Régimen de corrupción

Un elemento a destacar del comunicado de AMLO es donde señala que mientras la mafia del poder defiende al “Régimen de corrupción”, él y el movimiento que encabeza están sinceramente “empeñados en abolirlo”. En definitiva, sin ese objetivo de por medio es imposible hacer cambios de fondo para el bien de los pobres. Pero para lograrlo es necesario ir a la raíz del problema, pues la asociación entre la política del Estado y los intereses económicos de los capitalistas es bastante estrecha.

El Régimen de corrupción no puede ser explicado únicamente a partir de la incuestionable avaricia de los burgueses. El control de los empresarios sobre el Estado tiene como origen el monopolio de estos sobre las fábricas, la banca, la tierra y  el resto de palancas para la producción, asegurando así la explotación de millones de seres humanos que sólo poseen su fuerza de trabajo para venderla a cambio de un salario; en esa medida para asegurar su dominio sobre la clase obrera el capital se apoya en el Estado y sus leyes. El Estado es la principal herramienta de dominación política de la burguesía sobre el proletariado. Los capitalistas jamás aceptarán perder su control sobre el Estado y reaccionarán enérgicamente contra todo aquello que consideran una amenaza por pequeña que sea; esta es la razón que está detrás del fraude electoral, pues la tarea del PRI y EPN es la de proteger intereses capitalistas frente a las aspiraciones de cambio de los oprimidos de este país expresadas a través del voto masivo para AMLO.

Es por ello que en México y en cualquier otra nación dominada por los empresarios, la democracia burguesa no es otra cosa más que la dictadura del capital sobre los trabajadores, en esa medida la abolición del Régimen de corrupción inevitablemente exige la lucha por la eliminación de la propiedad privada capitalista para la instauración de una democracia obrera basada en una economía planificada socialista, en la que los principales medios de vida estén al servicio de las mayorías y no para engorar a un puñado de parásitos.

Desobediencia civil

También en su comunicado AMLO llama a la desobediencia civil y a que en la asamblea informativa del 9 de septiembre definamos medidas a seguir. Desde el día del dictamen del TEPJF y a lo largo del fin de semana siguiente se manifestaron una serie de importantes expresiones de repudio en las calles, tanto en el DF como en otros 9 estados de la República; desde marchas y plantones, hasta toma de casetas de peaje de los ingresos al DF desde Cuernavaca, Toluca, Querétaro y Puebla. También fueron tomadas las alcaldías del Puerto de Veracruz, de Xalapa y de Boca del Rio, y en Chipas fueron cerrados 16 tramos carreteros. En todos esos actos fueron protagonistas el Movimiento #YoSoy132, el SME, la CNTE, Tranviarios y miles de activistas de Morena y militantes de base del PRD y PT, además de diferentes organizaciones sociales de izquierda. Con esas acciones sectores importantes del movimiento de masas están dando serias demostraciones del camino a seguir. 

Por su parte el equipo de AMLO ya anunció su intención de apelar el veredicto del TEPJF ente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo no podemos cometer el mismo error: esa acción está condenada al fracaso si no va acompañada de medidas de fuerza. AMLO tiene que impulsar un plan de acción similar al que él mismo propuso ante miles de trabajadores congregados en el Zócalo capitalino el 18 de marzo de 2008 en un mitin en defensa de Pemex y en el que se acordó, tal como se relata en La Jornada, “cercos ciudadanos” encabezados por mujeres, en aeropuertos, carreteras, instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en las dos cámaras del Congreso de la Unión, e incluso “un paro nacional patriótico”.[i] Si ese plan efectivamente se hubiera llevado a la práctica la situación de Pemex sería por mucho mejor, pero incluso, dado ese precedente de lucha, la mafia en el poder probablemente no habría sentido la confianza necesaria para impulsar un nuevo fraude electoral.

Por una política revolucionaria

El fraude es un hecho consumado en tanto que las instituciones y las leyes lo han avalado; pero se trata de las instituciones y las leyes del Régimen de los capitalistas, en esa medida los trabajadores no estamos obligados a reconocer las determinaciones de las leyes y las instituciones al servicio de la mafia del poder.

En 1910 las leyes y las instituciones de aquel entonces legitimaron el fraude electoral que le dio a Porfirio Díaz el triunfo sobre Francisco I. Madero, sin embargo el proletariado y el campesinado pobre de la época rechazaron y rompieron con la legalidad del Régimen y se lanzaron a la lucha haciendo saltar en mil pedazos todo el orden existente, escribiendo así uno de los capítulos más profundos de la historia de América Latina: la revolución mexicana.

El intento por imponer a EPN en el poder aún puede ser derrotado, la condición es romper con toda clase de freno que inhiba el que se manifieste con todo su potencial el movimiento obrero. Tenemos que pasar a la ofensiva. ¡¡¡Basta de titubeos!!! AMLO y los dirigentes de la UNT tienen que convocar a la huelga general.