El viernes 7 de septiembre el primer ministro portugués, Passos Coelho, anunciaba por televisión y en horario de máxima audiencia las nuevas medidas adoptadas por su gobierno; el punto estrella era la reducción salarial del 7% a todos los trabajadores a partir de 2013, a través del aumento de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social (Taxa Social Única) del 11 al 18% (equivalente a la pérdida de un salario entero repartido en un año) y a la vez que se reducía la contribución de los empresarios del 23,75% al 18%, en un trasvase de más de 2.000 millones de euros desde los bolsillos de los trabajadores a los de los empresarios. Era la gota que colmaba el vaso de la ira y el descontento popular.
Este brutal ataque se enmarca dentro de la presentación de los Presupuestos Generales de 2013, que conllevan un ahorro de 4.900 millones de euros respecto a los de 2012 [1], y que incluye también la disminución del número de funcionarios y nuevos recortes a su salario [2], más privatizaciones, endurecimiento de los criterios para obtener subsidios sociales y de desempleo, etc. Coelho y su ministro de Finanzas, Vitor Gaspar, trataron de justificarlo con el cínico argumento de "crear empleo" y apelando al “esfuerzo de todos” para salir adelante. Ese descarado intento de engaño no hizo más que aumentar la indignación general desencadenando una respuesta inmediata de los trabajadores y la juventud portuguesa. Un estallido social que pilló por sorpresa al gobierno, que subestimó la capacidad de respuesta de las masas tras meses y meses soportando constantes recortes.
Tras casi año y medio desde el rescate de la economía portuguesa (78.000 millones de euros en 3 años) y de las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno de la derecha (PDS en coalición con el CDS-PP) los únicos resultados han sido una población cada vez más empobrecida y una economía en profunda depresión, , siguiendo la estela de Grecia. En este periodo se han destruido 300.000 puestos de trabajo, el salario medio se ha situado entre los 700 y 800 euros y el salario mínimo en 475 euros. A la vez, los impuestos no han dejado de aumentar, el IVA se colocaba en el 23%, el transporte público se ha disparado, ir al médico de cabecera cuesta 5 euros y 20 las urgencias. Los recortes en el gasto público han sido la tónica habitual así como las agresiones a las condiciones laborales: contrarreforma laboral, eliminación de festivos, aumento de la jornada laboral para los trabajadores del sector público, eliminación de pagas extras a los funcionarios y pensionistas, recortes en educación y sanidad públicas,... Y el futuro no es muy alentador. Según las previsiones del FMI, la economía portuguesa se contraerá un 3% en 2012 (otras fuentes hablan de al menos el 3,5%) y un 1% en 2013 (otros, de un mínimo del 1,5%), el paro rozará el 16% y, mientras, el consumo interno cae casi un 6% en lo que va de año y los ingresos el Estado están por los suelos. En este escenario, la decisión de la Troika tras su última visita al país ha sido, ante la evidencia de que era imposible llegar al objetivo de déficit del 3% en 2013, “suavizar” los plazos. En 2012 se permitirá un déficit del 5% del PIB (aunque se calcula en casi el 6% el déficit para este año), en 2013 del 4,5% y se dejará para 2014 el objetivo del 3%, ningún cambio en una política de recortes que pretende que la crisis de los capitalistas la paguemos los trabajadores.
La mayor manifestación desde el 1 de mayo de 1974
El sábado 15 de septiembre una marea humana de alrededor de un millón personas, según cifras de la propia prensa burguesa portuguesa, salía a la calle en 40 ciudades lusas en una convocatoria a través de las redes sociales, y a la que se sumaron los partidos de izquierda y los sindicatos, bajo el lema: “Al diablo con la troika. Queremos nuestras vidas”, y en la que los organizadores propusieron una huelga general popular que pare por completo Portugal. En Lisboa salieron a la calle 500.000 personas, que al llegar a la sede de la Asamblea de la República gritaban: “los ladrones están ahí dentro” y apelaban a la policía a detener a los diputados; en Oporto alrededor 150.000 manifestantes coreaban: “¡Gobierno, dimisión!” o “¡Las calles sin miedo!” a la vez que se pedía una "¡Huelga Ibérica ya!"; en Coimbra unas 20.000 personas, entre sus consignas: “España, Grecia, Irlanda y Portugal nuestra lucha es la misma", y así decenas de miles más se manifestaban en las calles de Viseu, Braga, Setúbal, Aveiro, Guimaraes, Bragança, Évora, Vila Real… en la movilización más importante desde el 1º de mayo de 1974, inmediatamente después de la caída de la dictadura y del triunfo de la Revolución de los Claveles, el 25 de abril del mismo año. Una manifestación histórica, tanto por su extensión y masividad como por sus consecuencias políticas, al obligar al gobierno a retroceder. Una primera e importantísima victoria del movimiento contra los planes de la burguesía, que pone de manifiesto la colosal fuerza de la clase obrera y la juventud cuando se pone en marcha.
Tras la fuerza demostrada el 15-S la siguiente cita para el movimiento fue el viernes 21 de septiembre a las 18 horas, esta vez frente al Palacio de Belém, sede del Consejo de Estado, convocado por el presidente Cavaco Silva para discutir las medidas anunciadas, y donde miles y miles de jóvenes y trabajadores exigieron la suspensión de las últimas medidas de austeridad y la destitución del gobierno, al grito de "Cavaco, escucha, el pueblo está en lucha" o "FMI fuera de aquí".
La radicalización política que se vive en Portugal ha tenido su expresión también en fuertes tensiones dentro del aparato del Estado. No es ningún detalle el comunicado hecho público tras el 15 de septiembre, de la Asociación de las Fuerzas Armadas portuguesas (AOFA), firmado por su presidente, el Coronel Manuel Martins Cárcel, en el que se afirma que “las tensiones sociales son muy graves y están causando protestas y manifestaciones” ante las que “las Fuerzas Armadas de la Asociación de Oficiales reitera su compromiso con los militares de que nunca aceptará el uso de la represión contra los ciudadanos”. Señala además, “Queremos extender nuestra más cordial solidaridad con todos los portugueses que sufren el peso de los terribles sacrificios que se están imponiendo (…) expresamos nuestra solidaridad con todas las iniciativas que sirven para poner fin a las prácticas abusivas” y rechazan que “debamos aceptar la imposición de sacrificios para conseguir una supuesta solución” que nunca llega y que siempre pagan los mismos “mientras que al mismo tiempo, ya sea en Portugal o en otro lugar, se acumulan riquezas sin límite, evitando que otros puedan obtener salarios justos”.
Hacia una situación revolucionaria
El temor a las consecuencias de una explosión social con un gobierno completamente deslegitimado, intervenido y con grandes tensiones internas (hay divisiones en el PSD, con miembros que se quisieron desmarcar de las últimas medidas, se está resquebrajando la coalición con sus socios de gobierno del CDS-PP y el PS ha retirado su apoyo, hasta ahora sin fisuras, a las políticas de austeridad y a los presupuestos de 2013) llevó a Cavaco Silva a maniobrar, convocando la reunión del Consejo de Estado. El objetivo: tratar de contener la situación, evitar que pudiera desembocar en una crisis política abierta con la caída del gobierno incluida, caos económico, el movimiento de masas en la calle y a la ofensiva y abriendo un escenario revolucionario con consecuencias dentro y fuera de las fronteras portuguesas, tanto en el terreno económico como en el de la lucha de clases. A la vez, trataba de preservar su propia autoridad de cara a acontecimientos futuros, apelando a que “hay que escuchar al pueblo”. Tras ocho largas horas de reunión, de madrugada, se hacía público un comunicado de la Jefatura del Gobierno en el que plantea “estar disponible para, en el marco de la concertación social, estudiar alternativas”. El gobierno tenía que ceder a la presión de la calle y el Consejo de Estado hacía un llamamiento al gobierno para realizar “esfuerzos para consolidar las finanzas públicas a fin de que se mejore el empleo preservando la cohesión social”, y recalcando que daban por “superadas las dificultades que podían afectar a la solidez” de la alianza de gobierno.
La burguesía portuguesa desea que con esta cesión pueda recomponerse un escenario de estabilidad política y paz social, e intentará basarse en los dirigentes de las organizaciones de la izquierda reformista y sindicales para ello. Muy sintomático, en este sentido, fue la reunión celebrada el 24 de septiembre de Passos Coelho a la que acudieron empresarios y sindicatos para tratar de volver a la normalidad y crear un clima de unidad nacional para tratar de aplacar el movimiento y continuar con la agenda de la burguesía. El primer ministro portugués anunció que habría medidas alternativas, entre ellas una nueva e importante subida de impuestos, en especial el de la renta, además de aumentar el de Patrimonio y el de transacciones financieras, en un intento de dar un toque igualitario. En cualquier caso, las dificultades para un gobierno herido de muerte están ahí. Tanto la CGTP como la UGT han rechazo el incremento de impuestos a los trabajadores, y el PS reitera su rechazo a apoyar los presupuestos de 2013. Las propias palabras de Coelho al término de la citada reunión muestran el límite que tienen: “La propuesta tiene que ser aceptada también por nuestros acreedores internacionales. Portugal se encuentra en una situación en la que ya no tiene autonomía financiera, por lo que es indispensable que estas medidas sean bien acogidas por la troika” (La Vanguardia, 24/09/12). El consejo de ministros extraordinario convocado el miércoles 26 para decidir las medidas se alargó durante más de siete horas, lo que demuestra las tensiones y la crisis política que vive, y no se ha querido hacer público nada más concreto, en un intento de evitar volver a echar más leña al fuego de la movilización. Y es que este mismo sábado 29 de septiembre está convocada por la CGTP una marcha a Lisboa contra los recortes, a la que llaman a participar todos los convocantes de las movilizaciones del 15 y 21 de septiembre, y a la que han anunciado su asistencia militares y policías.
Hay un choque de intereses brutal, entre una minoría de parásitos y la inmensa mayoría de la sociedad portuguesa. El 8 de octubre el Eurogrupo examinará las cuentas públicas portuguesas y en noviembre la troika regresará al país para determinar si continúan con el desembolso del siguiente tramo del rescate. Por otro lado la victoria conseguida por la lucha de masas ha sido una inyección de moral para los trabajadores y jóvenes de Portugal, que son plenamente conscientes de que los ataques van a continuar y que habrá que volver a responder. En este sentido, la manifestación del 29 de septiembre será no sólo un momento de celebración sino un paso más de una lucha que está totalmente abierta y que añadirá presión a los dirigentes sindicales y políticos de la izquierda para la convocatoria de una huelga general para echar abajo al gobierno.
Los efectos de la lucha en Portugal están teniendo un gran impacto en Grecia y en el Estado español, donde se está produciendo un claro repunte de la movilización contra la política de recortes. La lucha en el sur de Europa está cada vez más interconectada y sin duda tendrá un efecto expansivo en toda Europa. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Frente a la catástrofe social provocada por el capitalismo, ¡por una Federación Socialista Europea!
[1] Una cantidad equivalente a alrededor del 25% de la masa salarial de todos los funcionarios portugueses.
[2] Los intereses anuales que paga Portugal por su deuda pública llegan casi a los 9.000 millones de euros, casi la mitad de lo que cuesta pagar a los funcionarios, según el economista João Abel de Freitas.
