La verdadera “guerra” de Calderón

Las movilizaciones que se desarrollaron antes y después del fraude electoral en el 2006 pusieron a temblar a la clase dominante en México y Estados Unidos, ambos sectores se mostraron impotentes para frenar el auge revolucionario que se estaba desarrollando en el país; en Oaxaca el movimiento había adquirido un carácter insurreccional; la fallida represión a los mineros huelguistas de Michoacán  derivó  en una convocatoria a huelga general para siete días antes de las elecciones –que finalmente desconvocaron los dirigentes sindicales-; en el DF las movilizaciones alcanzaron su punto cumbre con más de tres millones de jóvenes y trabajadores al grito de ¡Si hay imposición, habrá revolución! y ¡Huelga general, huelga general! Era tal el peligro de que el movimiento adquiriera una madurez revolucionaria y surgieran otros epicentros de lucha que el mismo Calderón como “presidente electo” pidió al ejército reprimir  el plantón de Reforma para frenar definitivamente la radicalización. Los altos mandos del ejército se negaron, alegando que una acción de ese tipo terminaría por incendiar la pradera. La declaración de guerra de Calderón estaba lanzada, contra la clase trabajadora. Posteriormente, el 1 de diciembre del 2006, Calderón ordenó la movilización de 30 mil soldados por todo el país, “contra los narcotraficantes”.

Conforme ha pasado el tiempo se ha obtenido información documental que ratifica que la “guerra contra el narco” no era sino una forma indirecta de represión que buscaba inhibir la protesta social. Una de las más recientes fue la petición del periodista Daniel Lizárraga al IFAI sobre el “diagnóstico” y  la “estrategia”  de la que disponía Calderón al inicio del sexenio pasado para lanzar su seudo-persecución contra los cárteles de las drogas. La SEDENA respondió que no existían tales; respuestas similares recibió de la Presidencia de la República (Proceso 1871).

A finales del 2012 finalmente se logró documentar el infierno que ha padecido la clase trabajadora, los verdaderos destinatarios de la “guerra de Calderón”. Trabajadores despedidos de la PGR dieron a conocer a la prensa la base de datos sobre desapariciones que se conformó en los últimos meses del año pasado, en ella se indica que hay reportadas  21,581 personas como desaparecidas durante el sexenio de Calderón en todo el país, de ellos, se señala la ocupación de 4, 053. Si agrupásemos a los grupos que se desglosan; estudiantes, desempleados, amas de casa, campesinos y  maestros, es decir a las capas más bajas del proletariado, en su conjunto representarían el  ¡84.7% de los desaparecidos!

Los políticos y servidores públicos, más propensos a interponer una denuncia, representan apenas el 0.2%; policías y agentes ministeriales el 1.6%, militares el  0.8%,  comerciantes, empresarios y ganaderos 11.8%. Es decir, los elementos del Estado  que están “al frente de la guerra” sólo aportan el 2.6% de los desaparecidos, ya con los empresarios, podría pensarse “más propensos a las extorciones y el secuestro” en total sumarían apenas el 14.4% de los desaparecidos. Entonces ¿Quiénes son las verdaderas víctimas de esta guerra?

Sobre los más de 101 mil muertos, también producto de la “guerra contra el narcotráfico”, durante el sexenio pasado, la periodista Marcela Turati (Proceso 1887) basándose en la información de organizaciones que se han dedicado a reunir la información que el gobierno conscientemente se ha negado a recabar, realiza el perfil global tanto de las víctimas como de los victimarios: “Los muertos de la guerra (…) tienen rostro de joven de 24 a 35 años, de sexo masculino, habitante de la frontera norteña. Estaba casado, si no es que vivía en unión libre. Era padre. No tuvo más que la educación básica. Siempre fue pobre. Murió de forma violenta. Si tuviera que describirse en uno solo, este sería el perfil que compartirían la mayoría de los asesinados del sexenio. Un retrato idéntico al de su homicida, que sólo varía en la edad: era cinco años más joven. Víctima y victimario son reflejos del mismo espejo”.

Al mismo tiempo el balance global para el negocio del narcotráfico ha sido bastante positivo: Por un lado la influencia de los carteles mexicanos del narcotráfico no sólo no ha menguado, sino que se ha extendido a lo largo del continente Americano, de Europa y Oceanía. Así mismo, la revista Forbes incluyó en su lista de los hombres más poderosos del mundo por primera vez al Chapo Guzmán en 2009 en el lugar 40; para el 2012 éste ocupaba la posición número 63, sólo once peldaños debajo de Peña Nieto, ya como presidente electo. Como una muestra de hasta dónde el negocio del narco está fusionado con los sectores más decisivos de la economía y el Estado capitalistas, el banco HSBC (el más grande de Europa) aceptó, en diciembre pasado, pagar una multa de 1,900 millones de dólares por lavado de dinero del narco de diferentes países, incluidos México y Colombia,  por un monto total de 881 mil millones de dólares entre 2006 y 2010 (agora.com) Todos los analistas en la materia coinciden en que los carteles mexicanos de la droga tienen una perspectiva de desarrollo ambiciosa.

El fortalecimiento del narcotráfico y la persecución sangrienta contra los sectores más empobrecidos del proletariado, son los resultados de la “guerra de Calderón”.

El PRI y el narco ante la clase trabajadora

Dos fueron las condicionantes de la clase dominante norteamericana para apoyar el regreso del PRI a la presidencia: que Peña Nieto se comprometiera a aprobar las mentadas “reformas estructurales” y a continuar con la “lucha contra el narcotráfico”, aferrándose a la táctica militarista de Calderón y prolongando la “colaboración” con los cuerpos de seguridad norteamericanos. La primera condición refleja el objetivo del imperialismo y la segunda la táctica para llegar a él. Un ejemplo que muy bien ilustra del uso político que para el imperialismo tiene la “lucha contra el narco” es que la condición para que EUA reanude relaciones diplomáticas con el gobierno Venezolano, es que éste acepte la operación de las agencias policiales y militares norteamericanas en su territorio “para combatir al narcotráfico”. Los fallidos golpes de estado militares, organizados por la oligarquía y el imperialismo, en Venezuela y Bolivia en la década pasada les han obligado a actuar represivamente so pretexto del combate al narco y no ya de forma tan directa. En Guatemala, por ejemplo, en enero del 2012 fueron movilizados 200 marines norteamericanos para combatir al cartel mexicano de Los Zetas, con ello “Es la primera vez después de 50 años que los marines operan directamente en ese país” (elsalvador.com).

La imposibilidad de que Peña cambie la táctica de la  seguridad interna del país no sólo radica en las presiones que ejerce el imperialismo, de hecho, tanto la oligarquía norteamericana como la mexicana, necesitan ante todo de la inmovilidad de la clase trabajadora para que su programa de contra-reformas pueda prosperar. El escenario de criminalidad en el que han sumido al país no ha sido un obstáculo para sus objetivos, de hecho ha contribuido para que la clase trabajadora no haya retomado la senda de movilizaciones con un carácter revolucionario como en el  2006. El factor fundamental que ha terminado de cerrar la pinza contra la clase obrera ha sido la política de los dirigentes de la izquierda y de las organizaciones de masas (partidos y sindicatos) que ante cada ataque severo contra las condiciones de vida de las masas, ya sea en el terreno económico, político o social, cómo lo es la criminalidad, no han convocado a la lucha, en lugar de ello dan un par de declaraciones monótonas “condenando” la violencia, o bien se quedan callados, pero aún, algunos han sido cómplices en el parlamento y en los gobiernos estatales donde han aprobado la política de la burguesía “para combatir al narco” sin rechistar. ¿Cuáles han sido las acciones de los partidos y organizaciones de izquierda más importantes; llámense PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, etcétera, para detener la masacre de trabajadores, campesinos, jóvenes y niños a manos del ejército y los narcotraficantes? ¡Ninguna!

Sólo la clase trabajadora puede acabar con la catástrofe

“Al menos en los últimos 15 años ´no habían estado los astros tan alineados como ahora´ para aprobar un buen número de reformas estructurales en México y eso hay que aprovecharlo” (La jornada, 14 enero 2012), dijo el priista de viejo cuño y secretario general de la OCDE,  Miguel Ángel Gurria, reflejando el análisis que del momento realizan los estrategas del capitalismo. ¿Qué problema representan cientos de miles de trabajadores asesinados si con ese nivel de represión y persecución se obstaculiza la participación política de millones de obreros y campesinos? ¿Qué importa si durante el sexenio de Calderón fueron lanzados como abono 15 millones de “nuevos pobres” al floreciente negocio del narcotráfico, si así, y sólo así, se logró ganar terreno a las manufacturas chinas en Estados Unidos? La clase dominante seguirá haciendo uso de la violencia contra la clase obrera en tanto este elemento le sea útil y necesario para realizar sus negocios.

 Peña Nieto prometió demagógicamente que reduciría el número de homicidios al 50% en su primer año de gobierno, es verdad que el negocio del narco podría seguir creciendo a raudales –como conviene a todos los políticos ligados al narco, muchos de ellos priistas- al mismo tiempo que disminuye la violencia, el problema es que la violencia contra los pobres no ha sido una consecuencia inevitable de la “lucha contra el narco” o del crecimiento económico del mismo, al menos no en los niveles en que se ha desarrollado; la violencia ha sido un objetivo consciente del Estado y de los capitalistas: ¡violencia contra la clase obrera hasta doblegarla! Una vez echado a andar el carro, este ha adquirido su propia dinámica, cómo otro negocio capitalista  ha crecido y por lo tanto ha atraído la participación de grandes capitalistas “legales”; bancos y empresas de todo tipo. Se disputan los mercados diferentes sectores del negocio, sus intereses se mezclan con los de la burocracia estatal y militar en México y en otros países, incluidos los EUA; todos quieren participar de una parte de las ganancias, más en un contexto de crisis mundial donde lo que urgen son ganancias y rápidas. Todo ello en su conjunto ha generado más violencia de la que podría “planificar” o “dosificar” el Estado, de ahí que influyentes elementos del Estado y algunos capitalistas terminen “victimas” de su propio negocio, de su propia estrategia, pero mientras la balanza de perdidas políticas y económicas sea menor a la de ganancias para el conjunto del sistema, todo este entramado seguirá adelante y esa es la perspectiva.

Las verdaderas víctimas de este devenir de intereses caóticos son las únicas que pueden acabar con la catástrofe. El creciente número de pueblos que han recurrido a la formación de grupos de autodefensa en Michoacán y Guerrero para repeler la violencia del Estado y de los narcotraficantes señala el rumbo: la auto-organización del pueblo trabajador, pero estas medidas tienen que profundizarse en un sentido económico y social, luchando por un empleo digno, un salario mínimo de 18 mil pesos, la nacionalización de las tierras y la inversión  productiva en las mismas, recuperando los derechos democráticos de reunión, tránsito, expresión y organización política. Arranquemos el problema de la violencia de raíz, luchemos por la expropiación de los capitalistas y terratenientes. ¡Organízate en Militante!


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