Militante se ha esmerado en explicar que mientras exista el capitalismo existirán la mayoría de los problemas que ahora nos aquejan, entre ellos, la represión al movimiento social. Cuando ésto se comprende, el panorama se clarifica y se abren posibilidades para trazar un plan que combata este problema.
La represión que ejerce el Estado hacia los trabajadores es la evidencia de que el régimen es bastante débil, aunque a primera vista pareciera que es todo lo contrario. Cuando un régimen tiene fuerza, es cuando la situación económica se lo permite; pues es capaz de llegar a acuerdos e incluso de conceder algunas demandas de los trabajadores y así evitar que el movimiento se torne en líneas revolucionarias.
Lo que vemos ahora no es nada parecido a un panorama donde exista un equilibrio entre la situación económica y la política adoptada por el Estado hacia el movimiento. La crisis económica que impactó en 2009 en nuestro país no ha desaparecido y las perspectivas son claras: se prolongará por bastante tiempo y es muy probable que la situación tanto económica como política, se agrave.
Sabiendo que la política defendida por los gobiernos responde directamente a las condiciones económicas existentes, es más fácil explicarnos las políticas represivas, que no sólo el gobierno poblano de Rafael Moreno Valle (RMV) está aplicando, sino que también a nivel federal se hace de manera parecida: recordemos el 13 de septiembre, al gobierno de Mancera desalojando a la CNTE; el 1-DMX en San Lázaro; recientemente la represión contra los pobladores de San Bartolo Ameyalco, entre otro ejemplos.
Es claro lo que está pasando en buena parte del territorio mexicano: la lucha por los recursos naturales, en específico el agua. Esto, ligado con proyectos como la minería a cielo abierto, el gasoducto Morelos y la construcción de autopistas privadas, han hecho que campesinos, estudiantes, académicos y militantes de muchas organizaciones sociales levanten la voz contra estos llamados “mega-proyectos”.
Los casos más recientes, en Puebla, son los de la comisariada ejidal Enedina Rosas, a quien acusan de impedir la realización del gasoducto Morelos en la región de Atlixco, y del supuesto robo de dos celulares a empleados de la constructora italiana Bonatti; el activista Juan Carlos Flores, quien fue detenido al salir de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuesta “extorsión, motín, despojo y ataque a la infraestructura hidráulica durante una manifestación en la comunidad de Cuexcomac, en 2012”1; y Abraham Cordero líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada2.
También está el caso de la intimidación contra el académico de la BUAP Ricardo Pérez Avilés3 a cuyo domicilio entraron hombres armados, amenazando a su familia para que deje de apoyar la lucha en contra de los mega-proyectos.
Todo esto ha tenido repercusiones internacionales pues el caso ha llegado ante el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon; quien ha enviado una comisión para investigar el asunto4. Además la CNDH ha quedado en entredicho pues el dirigente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla, Adolfo López Badillo, trabaja en complicidad con el gobierno de RMV para minimizar las agresiones a los activistas5.
Tampoco se puede dejar de lado la polémica “ley bala” impulsada por RMV, que en el mes de mayo fue aprobada por el congreso poblano, la cual legaliza el uso de armas de fuego por parte de la policía para dispersar manifestaciones sociales. Sin embargo, ésta fue cambiada por la cantidad de críticas recibidas6.
Es muy sintomático que este tipo de leyes se empiecen a proponer, pues habla de que la burguesía está consciente que un auge en la lucha de clases es inminente debido a la política que están aplicando y también debido a que la economía no apunta a una pronta recuperación7. Es decir que, saben que las movilizaciones sociales en un futuro no muy lejano serán de mayor alcance debido a la carestía de vida que existe entre la población y que la única forma de contenerlas es mediante la represión armada.
Para defender nuestros derechos democráticos y nuestros recursos naturales, confiar en instituciones burguesas como la ONU o la CNDH es un camino poco fructífero. ¡Ni un gramo de confianza en la burguesía ni sus instituciones; el único camino es la lucha en la calles!
Lo anterior ratifica que la lucha de clases está más viva que nunca y que las tesis marxistas son más viables que nunca: es necesario que los trabajadores organizados luchemos por transformar la sociedad, pues el capitalismo sólo nos ofrece violencia, miseria, hambre y explotación.
¡Adelante por el socialismo!
¡Defendamos nuestros derechos de libre expresión!
¡Por la liberación de los presos políticos!
1) http://www.proceso.com.mx/?p=370425
4) http://www.proceso.com.mx/?p=370425
