La tragedia de Iguala, la cual ha dejado muy clara la fuerte vinculación del Estado y sus fuerzas represivas con el narco, generó una enorme rabia entre enormes capas de la clase trabajadora, del campesinado pobre y del estudiantado de todo el país. To ello en el marco de la lucha estudiantil más importante de la última década, la del IPN, misma que generó significativas simpatías entre el pueblo trabajador y que además hizo más que nítida la enorme debilidad del Régimen encabezado por Peña Nieto y el PRI. La conjugación de ambos acontecimientos amaneaba con la generación de una espiral ascendente de crisis entre las clases sociales, peligrosa para el Estado y para la propia burguesía.
Lucha en ascenso
Una primera manifestación ya especialmente importante de repudio a la masacre en Iguala y en exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas, se desarrolló el jueves 9 de octubre cuando de manera multitudinaria cientos de miles de trabajadores, estudiantes, indígenas y campesinos, se movilizaron en 28 de las 32 entidades del país. En la Ciudad de México la movilización fue masiva y en Guerrero los miles de manifestantes se expresaron de forma especialmente combativa.
Después, el 13 de octubre, la rabia se desbordaría de manera totalmente justificada ante los pobres avances de las investigaciones para localizar con vida a los 43 estudiantes y castigar a los culpables; ese día en Chilpancingo, la capital de Guerrero, los normalistas de Ayotzinapa y los profesores agrupados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) se amotinarían enfrentado a las fuerzas del Estado, derivando en escenas no vistas en décadas en nuestro país, tales como las del palacio de gobierno de Guerrero ardiendo en llamas. Ese mismo día estudiante de la Universidad de Chapingo en el Edomex, normalistas de Michoacán, estudiantes de la UPN en su sede de Oaxaca y estudiantes de la Universidad de Tamaulipas, desarrollarían pos su cuenta enérgicas acciones de protesta en solidaridad con Ayotzinapa.
Continuado con el recuento, a todas esas acciones se les uniría el llamado a paralizar las universidades los días 14 y 15 de octubre. Ayer, 14 de octubre, un recuento de esta acción de lucha cuando menos ya abarcaría a las siguientes instituciones: Universidad de Chapingo, FES Cuatitlan, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias, Escuela de Trabajo Social, FES Zaragoza, FES Acatlán, Facultad de Economía, UPN, UAM Xochimilco, UAM Iztapalapa, Facultad de Arquitectura, La Esmeralda, Facultad de Psicología, FES Aragón, UACM Tezonco, UACM Cuautepec, UACM del Valle, UACM Centro, Prepa 3, Prepa 5, CCH Azcapotzalco, Facultad de artes y diseño antes (ENAP), UAM Azcapotzalco, Prepa 2, CCH Naucalpan, Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Escuela Normal Veracruzana y más de 300 escuelas de Córdoba y Orizaba.
A escena los trabajadores de la ciudad y del campo
Además, otro par de elementos a tener en cuenta para dibujar el panorama de la crisis actual que se vive en Guerrero son, por un lado, el anuncio del 7 de octubre pasado de parte de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de destinar a 300 de sus elementos a la búsqueda en la ciudad de Iguala de los 43 normalistas; la UPOEG señaló que sus 300 hombres irían desarmados pero destacó que si eran atacados con armas de fuego, movilizarían a todas sus fuerzas para tomar por medios armados a ésta que es la tercera ciudad más importante de la entidad. Y por otro lado, éste 15 de octubre salió desde la ciudad de Oaxaca un convoy de más de 200 autobuses y otra clase de vehículos en dirección a Guerreo con cientos de maestros de la sección 22 del CNTE; los profesores de la sección 22 se trasladan con varias toneladas de víveres y otra clase de enseres para apoyar a los normalistas de Ayotzinapa y para unirse a los reclamos de justicia, pero también se trasladan llevando con ellos toda su enorme experticia de lucha y de determinación forjada en la insurrección revolucionaria de Oaxaca del 2006 y en la tenaz resistencia en las calles contra a la ACE de Calderón y contra la falsa reforma educativa de Peña Nieto.
Además las presiones para que Aguirre, gobernador del Guerrero, dimita son cada vez más intensas.
El peligro de la manipulación de las investigaciones
Por otro lado es necesario señalar que se ven más que lejanos los visos de solución conforme las demandas de los estudiantes de Ayotzinapa y las familias de los 43 normalistas desaparecidos, ello a pesar de que ya hay 46 responsables detenidos (22 policías municipales de Iguala, otros 14 elementos de la municipal de Cocula y 10 civiles) pues el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, junto con el titular de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, continúan prófugos. Todos ellos son claves para las averiguaciones y para dar con el paradero de los normalistas desaparecidos.
Así, en medio de todo éste torbellino, la PGR el 14 de octubre señalaría que los cuerpos encontrados en las primeras fosas clandestinas no pertenecen a los normalistas desaparecidos. Ojalá así sea y ojalá pronto se les localice a todos sanos y salvos. Sin embargo otro hecho a señalar es el de que ese mismo 14 de octubre, pero en la madrugada, caería muerto Benjamín Mondragón Pereda, el “Benjamón”, en Jiutepec, Morelos; el “Benjamon” era principal líder del cartel Guerreros Unidos. De acuerdo al parte oficial, el “Benjamón” se suicidó en pleno enfrentamiento a tiros con policías federales al momento de intentar ser capturado. El hecho es que, suicidio o no, la muerte del “Benjamón” resulta muy oportuna para el Régimen pues no debemos olvidar que tras las primeras detenciones por los hechos del 26 de septiembre en Iguala, por medio de “narcomantas”, Guerreros Unidos exigió la libertad de los policías municipales arrestados y de no ser así dicho cartel amenazó con hacer públicos todos sus vínculos y puntos de apoyo al interior del gobierno. No debemos descartar que esos vínculos no sólo sean con el gobierno estatal y con administraciones municipales, sino que incluso escalé hasta las esferas más altas del gobierno federal. Al igual que el alcalde de Iguala, el “Benjamón” era una pieza fundamental para localizar a los normalistas desaparecidos.
Por esto último y dada la oportuna muerte para el Estado del “Benjamón”, y además de la muy bien ganada desconfianza sobre todos los niveles de gobierno junto a su aparato judicial, no debemos descartar la posibilidad de que las investigaciones sobre la tragedia de Iguala estén siendo manipuladas para alcanzar una solución negociada que asegure impunidad para la estructura de jefes de Guerreros Unidos a cambio de silencio sobre sus cómplices más prominentes al interior del Estado.
Pero más aún, tampoco es descartable que las investigaciones también estén siendo conducidas por el Peña Nieto y la PGR manipulándolas y maquillándolas, tratando de alargar las cosas tanto como puedan, apostándole al desgaste de las protestas y a que las tensiones disminuyan, pues son conscientes que la confirmación oficial de que los 43 normalistas desaparecidos finalmente fueron hallados en una de las cientos de fosas clandestinas que existen en Guerrero o en algún otro punto del país, temen que dicha confirmación se podría transformar en la gota que derrame el vaso que empuje a los acontecimientos en Guerrero a un nivel de lucha insospechado que ponga en peligro la extremadamente frágil estabilidad entre las clases sociales en dicha entidad, derivando ello en importantes implicaciones para la lucha de clases en todo el país. El recuerdo de la insurrección de Oaxaca en 2006 está presente en la atmosfera de la lucha de clases en Guerrero; eso lo sabe Peña Nieto y a toda costa tratará de evitar un desenlace en las pesquisas sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa que comprometa la estabilidad de su gobierno.
Seguir luchando
En realidad a Peña Nieto ni a la PGR les interesa la verdad, ni localizar a los 43 normalistas desaparecidos. Para ellos el destino de los normalistas desaparecidos y el dolor de las familias representan aspectos secundarios. Al Estado lo único que les interesa es salvar el pellejo y sus privilegios como representante de clase dominante, por ello dolosamente conducirá una investigación sobre el caso tratando a toda costa de que los resultados no se transformen en catalizador para una escalada de lucha mayor a la actual que ponga en peligro ya no sólo al gobierno de Aguirre, sino incluso al del propio Peña Nieto; pero también conducirá una investigación que borre toda huya de los nexos de varios prominentes hombres del gobierno con los carteles de la droga.
Incluso, considerando todo ello, no resulta descabellada la hipótesis de que las vidas de los 43 normalistas estén siendo usadas como prenda de cambio por Guerreros Unidos para tratar de llegar a un arreglo con los operadores políticos de Peña Nieto. De ser así, dado el salvajismo de los narcos y el hecho de que el Estado subordinará a sus intereses una eventual salida a la crisis en Guerrero, además de las repetidas torpezas de gobierno de Peña Nieto, nos atrevemos a decir que ambos bandos representan un verdadero peligro para la vida de los normalistas desaparecidos.
Las investigaciones oficiales sobre los hechos del 26 de septiembre y respecto a la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa no son limpias y están subordinadas a las conveniencias y complicidades del Estado. Po esos no se puede tener ni un gramo de confianza en la PGR ni en Peña Nieto. El tiempo apremia y dada la manipulación del Estado sobre las indagatorias, cada día que pase sin avances serios se transformará en complicaciones aún más serias para localizar a los 43 normalistas.
¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!, es por eso que tenemos que intensificar la presión a través de niveles de lucha que hagan que Peña Nieto sienta verdaderamente miedo de que si no da una respuesta satisfactoria a las demandas de los estudiantes de Ayotzinapa y a las familias de los normalistas desaparecidos, entonces sí el Estado tendrá que probar toda la furia revolucionaria del pueblo trabajadores de Guerrero y de todo México. En ese mismo contexto debemos presionar más aún para forzar la dimisión de Aguirre, que se le finquen responsabilidades legales y para evitar que las palancas de poder de Guerrero que todavía están bajo su mando obstaculicen las investigaciones para localizar a los 43 normalistas. Pero además debemos exigir que las investigaciones de la PGR sean supervisadas directamente por una comisión reconocida oficialmente e integrada por estudiantes de Ayotzinapa, familiares de los normalistas desaparecidos, profesores de la Ceteg y miembros de las policías comunitarias de autodefensa. Esta comisión debe no sólo supervisar sino además tener la capacidad de tomar decisiones sobre el rumbo de las investigaciones.
Si Peña rechaza esta clase de medidas, entonces debemos transformar el ejemplo de los estudiantes del IPN y el del paro universitario del 14 y 15 de octubre, en el camino a seguir en todo el país impulsando un paro nacional de labores y de todas las universidades de 24 horas para obligar a el Estado a aceptar nuestras demandas y para forzar la aparición en con vida breve y de los 43 normalistas, para obligar la dimisión de Aguirre y para encarcelar a todos los culpables de los hechos.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Investigaciones transparentes y fiscalizadas por el pueblo organizado!
¡Fuera Aguirre, ya!
¡Cárcel para todos los culpables!
¡Confiscación de los bienes de los narcos y de sus cómplices políticos y empresarios para ponerlos bajo el control democrático de los trabajadores de la ciudad y del campo!
