Desde finales del año pasado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ha sido protagonista de una polémica sobre cambios en su estructura interna y vinculación con empresas de cobranza, esta situación ha generado preocupación e incertidumbre entre los beneficiarios de sus créditos de viviendas sociales, que principalmente son familias de trabajadores.

Antecedentes

Todo inició en el mes de octubre de 2005, cuando el consejo administrativo del INFONAVIT emitió una resolución acerca de "castigos" a deudores. Bajo este argumento se autorizó la venta de la cartera vencida de los deudores del Instituto, que según cifras oficiales de la época eran 56 mil 491 créditos.

La venta de carteras vencidas consiste en traspasar todo lo referente a los créditos con adeudos al INFONAVIT a otras empresas especializadas en cobros de adeudos inmobiliarios, que bajo sus propias reglas reestructuran los créditos y crean planes para que los deudores se pongan al corriente y de no ser así, las propiedades les son embargadas y revendidas.

Para lograr esta venta de carteras vencidas se realizaron subastas públicas en las cuales resultaron beneficiadas las empresas Capmark, Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP), todas de capital estadunidense.

Para estas empresas ha resultado un jugoso negocio la compra de las carteras vencidas, ya que compran los créditos al INFONAVIT a precios verdaderamente ridículos en relación al costo comercial ofrecido por el Instituto originalmente y de estas empresas para la reestructuración. Por ejemplo, la empresa Capmark obtiene ganancias de hasta mil por ciento, ya que compró las viviendas al INFONAVIT en 22 mil pesos y las reestructura por un valor mínimo de 700 mil pesos, sin importar que se trate de vivienda social para población de bajos recursos.

En periodo de crisis económica, esta situación empeora aún más

A inicios de este año, se notificó la venta de 110 mil créditos del INFONAVIT en todo el país a las empresas de cobranza antes mencionadas. Estas empresas, compran los créditos con adeudos con sólo una décima parte de su valor y sus ganancias resultan hasta por el noventa por ciento del valor restante.

El mecanismo mediante el cual operan estas empresas es el siguiente: reestructuran el adeudo de la vivienda en base a un avaluó que realiza la empresa de cobranza y el descuento de los pagos realizados al INFONAVIT, de esto resulta la deuda actual que se divide en mensualidades. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre el avaluó original del INFONAVIT que generalmente fue hace varios años e incluso décadas, así como en los pagos realizados en esa época y el avaluó actual y las mensualidades que se proponen a las familias trabajadoras.

Es por ello, que para que las familias deudoras puedan conservar sus viviendas deben pagar deudas sumamente altas en mensualidades que difícilmente puede cubrir una familia trabajadora en periodo de crisis económica. Esta situación es un verdadero martirio, ya que si no se cubren las mensualidades a tiempo, de inmediato se mandan los créditos a “juicios especiales hipotecarios” que generalmente concluyen en embargos de las viviendas.

En el noroccidente del país, miles de familias han manifestado el riesgo que tienen de perder sus viviendas que en muchos casos son su único patrimonio familiar y el resultado de una vida de trabajo. Es por ello, que han creado el Frente en Defensa de la Vivienda de Sinaloa, el Colectivo Ciudadano por la Defensa del Patrimonio Familiar de Mazatlán y el Frente Estatal en Defensa de la Vivienda de Sonora.

Sólo una prueba más de que la única alternativa es la lucha por el Socialismo

La venta de las carteras vencidas del INFONAVIT no es un accidente de la institución, sino una política consciente que busca beneficiar a círculos ligados al poder. Por ejemplo, el consejo de administración de las empresas señaladas es presidido por Roberto Enrique Colliard López que fue el coordinador general de recursos corporativos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y la empresa Capmark está vinculada con la empresa Construcciones Prácticas, propiedad de los hermanos Bribiesca Sahagún.

El INFONAVIT y las empresas de cobranza o despachos de cobranza parten del hecho de que los atrasos en el pago de las viviendas son reflejo de la “irresponsabilidad” o una “cultura del no pago” de los deudores, sin tomar en cuenta que en muchos casos esto obedece a factores como el desempleo, los bajos salarios, el encarecimiento de los productos básicos y los servicios y la reducción del poder adquisitivo y la capacidad de pago de la clase trabajadora.

Ante este desolador escenario para las familias deudoras, el “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador promueve amparos contra el INFONAVIT por otorgar a las empresas de cobranza las deudas de sus créditos. Sin embargo, esto no es una solución real, pues está enmarcada en los límites del capitalismo y pretende que los mismos que ocasionaron el problema sean quienes la solucionen.

La única alternativa es luchar por el Socialismo y expropiar a todas las empresas que ahora se benefician de las deudas por vivienda de trabajadores: constructoras, banca, empresas de cobranza etc.,  que se han convertido en dueños de nuestro patrimonio y de nuestro destino, con el cual puede hacer lo que mejor le convenga. Sólo así se pueda otorgar vivienda digna a toda la sociedad y resarcir las deudas de las familias deudoras. Pongamos los recursos materiales y económicos bajo administración y control obrero.