¡Luchar por los derechos humanos, defender el territorio y ser mujer activista, no es un delito, privatizar el libre tránsito, sí!
A más de 16 meses del injusto encarcelamiento de Kenia Inés Hernández Montalván, está en riesgo de ser condenada culpable y vivir una sentencia por 10 años 6 meses de prisión, una vez que ha salido un primer dictamen en Almoloya de Juárez, Estado de México. Los artífices de esta privación de la libertad – lo que es realmente- son los dueños de Autovías Concesionadas Mexiquenses del Valle de Toluca, vinculados a la empresa OHL y al grupo Atlacomulco; el gobierno del Estado de México y todo con la complicidad de la Fiscalía General de la República.
A Kenia se le condena por luchar
La fabricación de delitos contra Kenia, como el robo calificado de 7 mil pesos, es la forma en la que quieren contener y criminalizar las protestas de tomas de casetas, un método que afecta las estratosféricas ganancias de los grupos empresariales concesionarios de las autopistas del país. La misma represión han sufrido los normalistas en diferentes Estados.
Otro objetivo es reprimir la lucha y descabezar colectivos como el de Kenia, el colectivo libertario Zapata Vive, quienes se han organizado para resistir la embestida del crimen organizado en Guerrero, la defensa del territorio del despojo transnacional e incluso la defensa de los derechos humanos de las mujeres presas, muchas de ellas inocentes pero sometidas a procesos interminables o sentencias injustas por falta de recursos.
En este mismo sentido se dio la detención en Michoacán del dirigente magisterial Gamaliel Guzmán y otros profesores de la Sección 18 de la CNTE, quienes se manifestaban por la falta de pago de sus salarios, problemática que lleva meses, ¡Con el pan de la casa, no se juega!
Lo ilegal es privatizar el libre tránsito
Mientras se reprime la toma de casetas como forma de manifestación, los empresarios dueños de las concesionarias de autopistas y caminos, se hacen ricos a costa de los altos costos de peaje, para las familias trabajadoras transitar por nuestro propio país muchas veces es imposible o tiene un alto precio.
La paraestatal Capufe, reportó un incremento de 121 millones de pesos en sus ingresos por cobro de casetas durante 2020, con relación al año anterior, es decir, ni siquiera la pandemia provocó una reducción en los ingresos de este negocio multimillonario. La empresa demandante de Kenia, tiene ingresos anuales por 900 mil millones de pesos solamente de la caseta que fue tomada para dar paso libre en las protestas donde Kenia participó, de ello sólo el 1% se va al Estado, según los datos recuperados por Pie de página.
La justicia capitalista, como era de esperar, dio parte a las empresas, incluso cayendo en contradicciones, mientras los delitos levantados en el Estado de México afirman que no hubo obstrucción del paso sino robo, las demandas del fuero federal afirman que sí, la razón de estas maniobras, era mantener recluida a Kenia sí o sí, para enviar un mensaje al resto de movimiento social.
El proceso de represión con saña no se ha limitado al fuero local, una vez que fue trasladada al Cefereso 16 femenil, en Morelos, se le asignó la zona de máxima seguridad, colocada con presas condenadas por delitos graves y en condiciones de total precariedad, sin un médico para atención en fines de semana, sin agua potable y sin la posibilidad de salir siquiera al patio del penal.
Patriarcado y capital, alianza criminal
A Kenia no sólo se la ha condenado por ser una luchadora social aguerrida, además se le ha reprimido duramente por ser mujer. Esta justicia machista, clasista y patriarcal, se ha negado atender el proceso con perspectiva de género con argumentos del tipo “a ella no aplica la perspectiva de género porque no es una mujer sumisa”, también se la ha negado la consideración de indígena, con la excusa de que tiene estudios de licenciatura – Kenia, además de ser activista, es abogada- una actitud franca de discriminación y racismo. Por si fuera poco, esta justicia criminal se aprovecha de su carácter de madre para castigarla aún más negándole ver a sus hijos, pequeños aún, durante meses.
No podemos permitir que este sistema de justicia siga operando como hasta ahora, llenando las cárceles de pobres, indígenas, mujeres, comunidad sexodiversa y luchadoras y luchadores sociales, mientras los verdaderos criminales siguen en total libertad disfrutando con los que nos expropian ya sea nuestro territorio, nuestra fuerza de trabajo, nuestros recursos y hasta nuestros cuerpos. ¡Ellos son los criminales y los jueces y fiscales sus lacayos!
La responsabilidad de la detención tortuosa de Kenia, no sólo queda en los empresarios, el sistema de justicia estatal del EdoMex y del Federal, también ha sido responsabilidad del Gobierno Federal, encabezado por AMLO que ha desoído los llamados. Desde el primer minuto de la detención de Kenia, la campaña por su liberación se inició, llamando a Derechos Humanos a atender la denuncia por la violación de varios derechos de Kenia, así como a la Secretaria de Gobernación y al Gobierno Federal, todos prefirieron voltear a ver a otro lado.
En palabras del abogado de Kenia, Antonio Lara: “Solamente se han encargado de que no se muera”, únicamente han proporcionado una enfermera en la huelga de hambre que sostuvo durante 61 días, que la dejó en una situación de salud delicada. También aseguraron el acceso al agua potable, ya que las presas del Cefereso 16 se ven obligadas a comprar si no quieren adquirir una infección renal.
Esto no es una política de izquierda, esto no es gobernar para el pueblo, ni para los más pobres, tampoco corresponde con el discurso y autodenominación de un gobierno “humanista”. Sí realmente se quiere gobernar para el pueblo trabajador, para sus hombres y mujeres más humildes, habrá que dar un giro de 180 grados, detener inmediatamente el despojo del territorio, respaldar a las autodefensas comunitarias legítimas para echar al narco de sus comunidades, habrá que depurar de machistas, clasistas y racistas todo el aparato de justicia y expropiar a los que nos han arrebatado nuestro derecho a un paso libre en las carreteras.
Legislar, como se ha hecho recientemente, reformando la Ley de Vías Federales de Comunicación para sancionar con hasta 7 años la toma de carreteras, va en un sentido totalmente contrario. La misma Kenia en entrevista para pie de página lo ha dicho así: “ellos prometieron un cambio… han dado la espalda y se han puesto del lado de las empresas privadas, es doloroso”.
¡Exigimos la libertad inmediata de Kenia Hernández y todas las presas políticas!
Participa en la marcha que se realizará el 8 de marzo de 2022 a las 2pm de la SEGOB a la Fiscalía General de la República.
