El 21 de abril del 2022 se encontró el cuerpo sin vida de Debanhi, estudiante de derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), quien había desaparecido el día 9 del mismo mes en el estado de Nuevo León. A pesar de que las autoridades ya habían revisado el edificio con anterioridad, el cuerpo fue hallado días después dentro de la cisterna del motel Nueva Castilla, ubicado sobre la transitada carretera Monterrey-Nuevo Laredo, también conocida como la “carretera de la muerte” ya que tan sólo en la primera mitad del año 2021 se contabilizaron oficialmente 49 desapariciones de personas.
En un primer momento, los familiares siguieron al pie de la letra las indicaciones de la fiscalía estatal, sin embargo, después de varias inconsistencias y opacidades, la investigación se vio envuelta en un manto turbio que alimentó la desconfianza por parte de la familia y de la sociedad hacia la fiscalía del estado de Nuevo León; el día que el cuerpo de Debanhi fue reconocido, su padre declaró: “me equivoqué por creer en la Fiscalía”.
Aquí es preciso subrayar que al contrario de lo que los medios de comunicación burgueses junto con el gobierno estatal, y en parte el federal, nos quieren hacer creer, la desaparición de Debanhi no es un caso aislado. Lamentablemente, esta desaparición que concluyó en feminicidio, se suma a tantas otras que ocurren en nuestro país, recordemos que, durante la búsqueda, las autoridades encontraron a una mujer sin vida y cinco con vida, también en el estado de Nuevo León, y que actualmente se estima que en México la cifra de feminicidios ronda los 11 por día.
Y es que las mujeres no sólo enfrentamos la violencia doméstica, la cual ascendió alarmantemente durante la pandemia al encontrarnos muchas encerradas junto con nuestros agresores, sino que también debemos hacer frente a la violencia estructural de las redes de trata.
Según reportajes de medios independientes, además de que Nuevo León forma parte de las cinco entidades con más feminicidios, este estado también es un punto medular de las redes de trata de explotación sexual más grandes del país, donde se encuentran coludidos el crimen organizado, autoridades de diversos niveles y personal de reconocidas empresas de medios de transporte como ADO, Estrella Blanca, etc. Es inconcebible que, pese a que dicha información se encuentra detallada en investigaciones académicas financiadas por el CONACYT, el Estado mexicano no haya implementado una estrategia para acabar con la situación, es más muchas veces la invisibiliza.
El 26 de abril la activista y ex secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Alicia Leal Puerta, indicó al diario El País que no existen cifras oficiales sobre la violencia hacia las mujeres, advirtiendo que la fiesta a la que asistió Debanhi podría haber estado organizada por tratantes, ya que es un método usual para reclutar a chicas.
El crimen de trata de personas es producto directo del sistema capitalista que mercantiliza con todo a su paso, incluyendo a los cuerpos de las mujeres. Este problema además de ser muy grave en México parece incrementarse desde la pandemia, conforme la crisis, la bancarrota y la degradación social avanzan, esta lacra también se reproduce incontrolablemente. Para detenerlo tendrían que removerse toda la red de corrupción y complicidad que le ha permitido extenderse tanto, desde los funcionarios e instituciones, incluyendo a las que se dicen procurar justicia, hasta las empresas de transporte, hostelería y los bancos que blanquean el dinero que se mueve por este crimen, todos estos son culpables de las alarmantes cifras de desapariciones y feminicidios.
El sistema capitalista ha llegado a tal crisis y decadencia que ya no puede disfrazar su verdadera cara, ya no puede encubrir a sus instituciones de justicia burguesa, cada vez más la clase trabajadora sabe que no se puede confiar en ellas y que en el único lugar donde se puede obtener justicia para el pueblo es en el pueblo mismo. Fueron las movilizaciones sociales a nivel nacional las que han impedido que la fiscalía dé carpetazo al caso, gracias a ellas la investigación se encuentra aún en proceso.
En el caso del estado de Nuevo León, la jornada de movilizaciones incluso pueden considerarse como históricas. Así mismo, el movimiento de madres de víctimas como las de las muertas de Ciudad Juárez, Araceli Osorio en la Ciudad de México, y Lidia e Irinea del Estado de México (entidades que encabezan las cifras de feminicidios a nivel nacional) han ejercido una presión social y política incansable hacia las instituciones del Estado. Es por toda esta fuerza del movimiento feminista que el día 26 de abril la Cámara de Diputados aprobó que el feminicidio en grado de tentativa se uniera a la lista de delitos que no alcanzan libertad bajo fianza, aun así, la lucha por una vida digna no parará ahí, pues sabemos muy bien que de lo que dice el papel a la realidad hay una gran diferencia.
Exigimos la destitución del fiscal general de Nuevo León Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez que replica el machismo institucional y la negligencia que corroe a las instituciones de justicia, desde todos los errores hasta las declaraciones abiertas en donde niega que tocar los senos de una mujer es delito a perseguir. Si la violencia contra la mujer ha escalado tanto es justo por el mensaje de impunidad que se manda desde estas instituciones.
El papel de los medios de comunicación, especialmente del grupo Milenio, no es menos indignante al enviar el mensaje revictimizante de que todo ocurrió por culpa de Debanhi, enfatizar ciertas actitudes a modo de crear una opinión pública para desacreditar la exigencia de justicia por su feminicidio.
Todos estos elementos sumados a las recientes amenazas contra su padre, nos permiten intuir que algo muy turbio se esconde detrás de este asesinato, las familias trabajadoras que somos las primeras víctimas de estas agresiones no somos tontas y sabemos que la gravedad del caso de Debanhi hace visible una monstruosa realidad para todas las mujeres de la clase trabajadora, por eso las movilizaciones no han parado desde el pasado 9 de abril pese a todos los esfuerzos que han hecho los gobiernos estatales y las autoridades de justicia ya sea por medio de las declaraciones para intentar dar calma como por medio de la represión.
A todo el discurso de miedo propagado por los medios de comunicación burgueses y el Estado, las mujeres les contestamos: No Más. Sabemos que el miedo no nos debe paralizar pues sólo la lucha organizada en las calles nos podrá salvar; pero para ser efectiva, la lucha no puede aislarse de otras demandas sociales ni de nuestros compañeros de la clase trabajadora, es preciso juntarnos para derrocar a nuestro enemigo en común: este sistema capitalista-patriarcal que nos está desapareciendo y asesinando, este sistema que mercantiliza nuestros cuerpos de formas aberrantes y se sostiene de negocios siniestros y repugnantes como la trata de personas, en donde los primeros coludidos son los grandes empresarios y políticos. Por todo esto es necesario levantar un feminismo revolucionario que ataque la raíz del problema, nos queremos combativas, libres y vivas.
