Estamos a unos días de que se cumplan cuatro años del crimen de Estado ocurrido en Iguala, en el que participaron fuerzas policíacas, del ejército y hasta del crimen organizado, y que dejaron como saldo al menos a 9 personas asesinadas, 27 heridos y 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Cuatro años de rabia, de búsqueda incansable, de investigaciones oficiales y extraoficiales; pero, sobre todo, de lucha. De combatir la llamada “verdad histórica” del gobierno de Peña y por la aparición con vida de los 43; una lucha insaciable por el esclarecimiento de los hechos y por la justicia.
¿Por qué la ofensiva hacia las Normales Rurales?
No es gratuito el ataque a las escuelas rurales por parte del gobierno, este se ha sembrado desde hace tiempo y ha tenido grandes trasfondos políticos.
Históricamente, los magisterios y normalistas han tenido una tradición combativa y anti sistémica, convirtiéndose en uno de los sectores con militancias más activas. Por esto, el gobierno pretende eliminarlos desde la raíz, con la persecución, represión y asfixia economica.
Las Normales, que han sobrevivido a pesar de la falta de financiamiento, puramente por autogestión y apoyo de las comunidades que las albergan. Las Normales, a las que ingresan 120 mil estudiantes por generación, buscando la mejora de condiciones tanto personales como comunitarias. Las Normales, que inculcan un sentido de comunidad hacia sus estudiantes y docentes, que vinculan la formación política con la académica, que han realizado arduos esfuerzos por mantener sus escuelas abiertas, que mediante el vínculo generado con la población han sobrevivido, aún con las deficientes condiciones, los obstáculos y las agresiones.
Ni Verdad histórica, ni carpetazo, ¡Justicia!
Este caso se convirtió rápidamente en una protesta internacional, en el que a pesar de la cantidad de instituciones implicadas en las investigaciones, no se ha llegado al objetivo: encontrar a los estudiantes. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) acabó por sepultar la “verdad histórica” presentada por el exprocurador Jesús Murillo, según la cual los 43 estudiantes fueron quemados en un basurero de Cocula y las cenizas regadas en el Río San Juan por miembros del crimen organizado guerrerense. También integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense expresaron que los declarantes de dicha conclusión fueron torturados, las evidencias contaminadas, y alegaron que hubo siembra de pruebas en la misma. Además, la CIDH comentó que es clara la falta de interés de Peña en estos cuatro años por intentar indagar para conocer la verdad.
¿Qué podemos esperar de un gobierno que mata estudiantes, tergiversa hechos y exime a asesinos? Lamentablemente, la impunidad se ha vuelto una constante en este caso, por lo que la justicia ha dejado de ser una esperanza y se ha convertido en una exigencia.
La juventud es la llama de la revolución
Ayotzinapa, que ha sido un caso grave entre las miles de agresiones que ocurren bajo este régimen policial y despótico, fue la gota que derramo el vaso para muchos de nosotros. Evidenciando que la juventud no somos apáticos y que lo que pasa en nuestro entorno si nos importa, que la realidad de violencia y trato hacia la juventud nos da nausea y nos causa aberración; hemos acogido el dolor y la frustración sobre este suceso, y la hemos transportado a las calles en combatividad y lucha, donde año con año exigimos justicia, la caída de Peña y un alto a este estado de violencia.
Desde entonces miles hemos despertado nuestra conciencia y reforzando nuestra convicción por la justicia y transformación social, rescatamos la tradición de los comités de lucha y reagrupamos al movimiento en un paro histórico, en la que participamos estudiantes de todos los niveles y de instituciones tanto públicas como privadas, cosa que no se veía desde el año de 1968.
Esta semilla que sembramos en 2014 aun esta en desarrollo y hay que seguirla fortaleciendo. Con la coyuntura del cambio de gobierno a uno que se ha expresado mas afín a los trabajadores, seguiremos exigiendo en las calles un cumplimiento real de justicia, que no pare la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias que se deban hacer hasta determinar la verdad de lo realmente ocurrido con los normalistas de Iguala.
Sin embargo, reconocemos que no podemos dar por hecho el respaldo del Estado, ya que en incontables ocasiones nos ha demostrado su ineficacia y ausencia de principios como la justicia por su propia convicción y naturaleza. Siendo conscientes de ello, reafirmamos que es momento de pasar a la ofensiva: debemos de trabajar por el fortalecimiento de la organización estudiantil, por la defensa de nuestros derechos como es la educación y la justicia, a que este movimiento siga trascendiendo y con él conjuntar la lucha de la juventud y la clase trabajadora por mejores condiciones de vida, por las garantías de libertad y justicia; demandamos el castigo a los responsables, la aparición con vida de nuestros 43 compañeros, el fortalecimiento y la ampliación de las escuelas rurales y un alto al hostigamiento del que son víctimas, además de comisiones de verdad, que integren a las victimas y familiares, que se encarguen de llegar a resoluciones efectivas, no a dar carpetazos.
La juventud está despierta y dispuesta para volver a llenar las calles, toda la ira generada por la violencia del Estado hacia nosotros, la convertiremos en fuerza y en lucha; porque, al quitarnos todo, nos han privado también del miedo.
¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!
¡El dialogo de la represión jamas lo enteremos!
