El pasado 11 de septiembre, diez rectores de universidades públicas demandaron con urgencia presupuesto de 19 mil millones de pesos para evitar la parálisis financiera de las Universidades estatales de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Las cuales declararon estar en crisis presupuestal para el cierre del año. Según los rectores esta situación ha sido producto de la plantilla laboral no reconocida por la SEP y la SHCP, así como haber convenido prestaciones con los sindicatos no contempladas en el modelo de financiación de dichas Secretarias. Así como la inexistencia o ineficacia financiera de los sistemas de pensión y jubilación. En pocas palabras, los rectores pretenden sin decirlo claramente responsabilizar a los trabajadores por la crisis financiera de las instituciones de las que son responsables. Según su lógica las pensiones y las prestaciones obtenidas por las organizaciones de los trabajadores son la causa de la crisis por las que atraviesan las universidades.
Sin embargo, tres de estas Universidades están involucradas en la llamada Estada Maestra, esquema por medio del cual fueron desviados por lo menos 7 mil millones de pesos. Fraude en que el Gobierno Federal entrego recursos a ocho Universidades entre las que están las del Estado de México, Morelos, Tabasco. Quienes a su vez contrataron empresas fantasmas mediante convenios, en los que establecía que dichas Universidades no podían cumplir con determinadas actividades para las que adquirían dichos convenios. De ese modo, estas tres Universidades y sus máximas autoridades fueron cómplices del robo millonario hasta ahora más importante. En una situación similar esta la Universidad Veracruzana, que en 2016 vio grandes movilizaciones en demanda del pago de 2 mil 76 millones de pesos que en ese entonces adeudaba el gobierno del ahora preso por peculado Javier Duarte, que como se sabe y razón por la que está preso desvió miles de millones del gobierno de Veracruz por medio de empresas fantasmas. En estos cuatro casos es claro que las Universidades no sólo han recibido recursos, razón por la que la crisis no tendría sentido, sino que han sido saqueadas en complicidad con los gobiernos estatales y federal. En estos casos nada tienen que ver las pensiones, ni las prestaciones de los trabajadores, con la bancarrota financiera de estas instituciones sino los manejos turbios de las administraciones para su propio enriquecimiento.
El 29 de octubre trabajadores, profesores y alumnos de las Universidades de Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Morelos se sumaron a la movilización convocada por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios exigiendo al gobierno federal su intervención para solucionar la crisis financiera de las diez universidades en bancarrota. Con estas también pararon labores trabajadoras de la Universidad Autónoma de Guerrero en solidaridad con la lucha de los trabajadores de las universidades en crisis. Siendo por la vía de los hechos la huelga de trabajadores universitarios más importante desde los intentos de formar el Sindicato Único de Trabajadores Universitarios en 1979.
En ese contexto el periódico Reforma publicó el 19 de noviembre una nota en donde anunciaba el supuesto recorte en 32% del presupuesto de las universidades en el Presupuesto de Egresos del 2019. Aunque el periódico afirmo tratarse de información obtenida a partir de los documentos elaborados por el Equipo de Transición, esta parece ser parte de la estrategia de golpeteo de la línea editorial del periódico al gobierno entrante como hiciera con la supuesta encuesta realizada en febrero del año en curso en que se señalaba la supuesta simpatía de los universitarios por el ahora oculto, Ricardo Anaya. Al respecto el entonces propuesto subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda y ahora propuesto como subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, señaló que dicha información era falsa. Sin dar más información, remarcó que el Proyecto de Presupuesto sería dado a conocer en tiempo y forma.
El incremento del Presupuesto en educación y la creación de 100 nuevas universidades, fue una de los planteamientos más reiterados por Andrés Manuel en la campaña electoral. Pero las declaraciones del 16 de septiembre pasado donde declaro que “por la situación de bancarrota en que se encuentra el país que no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero que quede claro: sí vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña”, generan mucha incertidumbre sobre la situación a la que se enfrentaran las universidades en el próximo periodo. Ciertamente es poco probable que se impulse el recorte anunciado por reforma, y aunque se está discutiendo un plan de rescate de las 10 Universidades en bancarrota, tampoco es claro el impulso de un proyecto de aumento del presupuesto en educación. Para ello es necesario incrementar la recaudación de recursos públicos, por medio de incrementar y cobrar los miles de millones de pesos en impuestos que las empresas evaden legalmente e ilegalmente. Es decir, es necesario romper la política de conciliación entre clases pues no se puede tener dos amos, o se defienden los intereses del pueblo trabajador, y con ello las universidades públicas, los hospitales y todo el programa social planteado por Andrés Manuel o se defienden los intereses de la burguesía rapaz.
