El negocio mundial del agua deja al desnudo la manera en que el capitalismo se apropia y mercantiliza las necesidades vitales de las personas. Por décadas, el despojo y contaminación de este recurso, incentivado por gobiernos locales, empresas y organismos internacionales como el FMI y el BM, ha ocasionado que los pueblos del mundo no tengan otra opción que levantarse y luchar por su derecho al vital líquido, derecho que fue reconocido tardíamente por la ONU a penas en el 2010.
El agua en el capitalismo
El capitalismo sólo reconoce tres usos del agua: doméstico, industrial y agrícola. Para el 2015, en México se contabilizó un 14.5% de uso doméstico, 9.13% de uso industrial y 76.3% de uso agrícola. Si se toma en cuenta que del 2002 al 2015 hubo un incremento de más del 10% en la extracción de agua quedándose en un 85.66%, se concluye que el 14.34% de agua aun no extraída será fuente de una depredación incansable para su acaparamiento. En un escenario ideal, el uso doméstico del agua, considerando su uso higiénico y alimentario, debería de cubrir por lo menos 15 L de agua potable al día por cada uno de los 127.09 millones de habitantes estimados para este año en México. Con respecto a la agricultura, generalmente se utiliza agua tratada que puede o no, tener contaminantes; por último, el porcentaje estimado para el uso industrial no toma en cuenta el agua contaminada generada por este sector.
En México el 70% de los ríos está contaminados lo cual provoca 95 mil muertes de niños al año. Grupo México ha lanzado incontables veces ácido sulfúrico al Río Sonora; en el 2009 más del 40% de los niños de comunidades aledañas al río Santiago en Jalisco, presentaron cáncer, daño neurológico, entre otras afectaciones por industrias relacionadas con la Presa Arcediano. En el país, sólo el 21% de las aguas industriales residuales son tratadas.
Mexicali y la defensa del agua
En julio del 2018, el gobierno peñista autorizó por decreto presidencial, modificaciones a las concesiones del 55% de las aguas superficiales, dejando la puerta abierta a la privatización de estas por parte de empresas mineras, de hidrocarburos, turísticas, inmobiliarias, entre otras. Es sobre esta ley y otros acuerdos corruptos anteriores, que la empresa estadounidense Constellation Brands fijó su objetivo en la ciudad de Mexicali en el 2015. A pesar de ser una zona desértica, la cervecera utilizaba el agua concesionada exclusivamente de uso de riego y doméstico, para construir su planta. En el 2017, se dio a conocer la lucha que los pobladores junto con otras organizaciones, llevaban a cabo contra la empresa; y en el mismo año, el Tribunal Federal aceptó un amparo para la suspensión de dicha planta, aun así, ejidatarios, agricultores y ciudadanos de Mexicali tuvieron que estar al pie del cañón, recibiendo represión por parte del gobierno. En el 2019, Obrador criticó la construcción de la planta en Mexicali, sin embargo a principios de marzo la SEMARNAT concluyó que el destino de la salud de la gente se decidiría por medio de una consulta pública. Una consulta no puede decidir el derecho a la vida digna de las comunidades, de por si el 90% del agua de la región es utilizada ilegalmente para la industria. Constellation Brands acapararía de 15 a 20 millones m3 anuales, agudizando el actual desabasto que existe en la región y contaminando los mantos acuíferos. Pese a protestas de pobladores, la consulta se llevó a cabo el 21 y 22 de marzo de este año. La organización del pueblo fue impresionante, hubo movilizaciones en las 27 casillas repartidas por todo el municipio, desafiaron acarreos, compra de votos y boletas tendenciosas. Al final, el resultado fue aplastante: 73.59% en contra de la cervecera.
¿Cómo enfrentaremos al coronavirus sin agua?
A esta crisis del abastecimiento y contaminación del agua, se suma la pandemia del coronavirus. Como prevención, el gobierno pide seguir “sencillas” medidas de higiene como lavarse las manos 20 veces al día, cuando en México sólo el 52% de la población recibe agua diariamente. Hasta ahora, gobiernos como el de la Ciudad de México no han dicho como solucionarán este problema en los sectores marginales, como el caso de los migrante indígenas. La población otomí en la CDMX tiene más de 50 años, su marginación es un producto de las políticas neoliberales del gobierno; y ahora ante sus exigencias, el Estado evade la responsabilidad de garantizarles viviendas dignas, negándoles el agua potable. Son más de 60 familias hacinadas en dos predios y un campamento sobre una banqueta en la colonia Roma, en cada sitio hay dos baños con mal drenaje que ocasiona encharcamientos de aguas negras, el agua la obtienen por una sola llave que gotea a ratos, o en fuentes y tomas de parques públicos, bajo el riesgo de que los vecinos llamen a la policía.
La responsabilidad del cuidado del agua es del Estado, y el pueblo debe de recordárselo. Mientras el gobierno de AMLO siga con posicionamientos ambiguos y no ataque al verdadero enemigo, el pueblo no podrá estar en paz. Las victorias de Mexicali, y otras partes de la república como con la termoeléctrica en Morelos y la Presa Boquilla en Chihuahua, nos enseñan que el derecho al agua sólo puede ser alcanzado con la organización de trabajadores y campesinos, y que mientras los grandes capitalistas no sean destruidos, siempre estará latente la amenaza de un revés.
