Uno de los efectos más lamentables de vivir en una sociedad con tan profunda desigualdad social como la nuestra, es que cuando vivimos situaciones extraordinarias o de emergencia, como en este caso con el covid-19, los sectores que más sufrimos las consecuencias somos los trabajadores del campo y la ciudad.
Según datos de la CEPAL, la pobreza en México ronda el 40% de la población, pero no nos podemos fiar de sus parámetros de medición. Lo que bien sabemos los mexicanos es que somos el 90% de la población los que menos tenemos, mientras que un porcentaje muy pequeño es el que concentra la mayor parte de la riqueza que generamos los trabajadores, y que finalmente están en mejores condiciones de enfrentar este tipo de emergencias.
La creación de instituciones como el IMSS o el ISSSTE, surgen en México bajo la lógica de un Estado de Bienestar, producto también de la revolución mexicana. Sin embargo, durante los últimos 40 años, éste Estado Benefactor se ha ido eliminando, a partir de una serie de medidas neoliberales que han desmantelado dichos servicios de salud, privilegiando las privatizaciones.
Es terrible ver que, en zonas rurales o comunidades indígenas, no existe ni el más básico servicio de salud, generando que niños mueran de enfermedades totalmente curables. O en las ciudades, tener que esperar muchas horas para ser atendido, recibir citas con meses de distancia mientras la enfermedad va avanzando, o que no tengan abastecimiento de los medicamentos que requiere el tratamiento.
Todo lo anterior refleja un servicio de salud totalmente precario e insuficiente para atender la demanda de la población más necesitada, dentro de una situación “normal”. Frente a un escenario de contagio masivo de coronavirus se agravará aún más la situación del sector salud, generando que como siempre, la clase trabajadora seamos los que pongamos los muertos.
Según datos de la OCDE, en México existen 1.5 camas hospitalarias por cada mil habitantes, cuando la recomendación del organismo es de 4.7. Del mismo modo el número de médicos en nuestro país es de 2.4 por cada mil personas cuando la recomendación es de 3.4 como mínimo. Esto refleja el tremendo rezago que existe, y demuestra como al capitalismo no le importa la salud de las personas, ya que históricamente se destinan más recursos a rescates bancarios que a servicios de salud, educación o vivienda.
Ante la emergencia que estamos viviendo el Gobierno de México ha anunciado un plan en el que la Marina, la Sedena, el Insabi y los demás servicios de salud se están preparando para enfrentar una muy posible situación de contagios masivos, pero esto resulta totalmente insuficiente. Los hospitales no están libres para recibir a pacientes enfermos de coronavirus, están saturados por muchos derechohabientes que tienen distintas enfermedades resultado de la precariedad laboral o de vivienda.
Por otro lado, la crisis del coronavirus, no es sólo un problema de salud pública, esta situación está generando más y nuevos problemas por las condiciones en las que viven la mayoría de la población en México, resultado de políticas neoliberales que han golpeado a los sectores más desprotegidos (reformas laborales, tercerización, privatización de la salud y la educación, encarecimiento de la vivienda en beneficio de constructoras e inmobiliarias, etc.).
Durante estos días hemos escuchado comentarios como “yo no puedo cerrar mi negocio, porque es de donde como, vivo al día”, “hoy no hay pasaje, no saque ni lo de la cuenta, menos para comer” o “si no saco mi puestito no como”, etc. Estos comentarios son del de la papelería, del taxista, del de los tamales, la tiendita, la señora de las quesadillas, el puestecito afuera de la escuela, el músico que toca en eventos sociales, etc. Es decir, todo lo que es el trabajo informal está preocupado no sólo por no contagiarse, sino por cómo sobrevivir en estos días de cuarentena. O las personas que están siendo despedidas sin goce de sueldo a pesar de lo que ha dicho López Obrador.
Es por ello, que no es suficiente con llamados a la buena voluntad de los empresarios, ellos sólo piensan en sus ganancias. Algunos se disfrazan de filantropía, como Carlos Slim, cuando toda su riqueza ha sido generada por años de explotación de la clase trabajadora, él nos la ha arrebatado. Toda esa riqueza debe ser expropiada y puesta al servicio del pueblo porque nos pertenece.
Hay elementos de este gobierno que marcan una diferencia con respecto a los gobiernos anteriores. Su discurso de apoyar primero a los más necesitados, los llamados a los empresarios a no especular, decir que no se va a rescatar a bancos o empresas, o no endeudarse con el FMI, todo esto refleja una visión distinta a los gobiernos anteriores. Sin embargo, si esto no va acompañado de medidas serias, contundentes y revolucionarias, de nada servirán las buenas intenciones.
El gobierno federal ha anunciado el adelanto de los apoyos a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, así mismo una inversión de 25 mil millones de pesos para otorgar créditos de palabra, 500 mil créditos a la economía formal y la misma cantidad a la economía informal. Incluso algunos créditos exentos de impuestos para los sectores más pobres. Pero esto no alcanzará, de concretarse es sólo un paliativo que no resolverá nada de fondo.
La realidad es que se siguen despidiendo trabajadores o se mandan a descansar sin goce de sueldo, a pesar de los llamados del presidente de no hacerlo. Es por ello que esto no se debe quedar en palabras, sino en medidas reales y concretas que obliguen a los empresarios a, en primera instancia no obligar a los trabajadores a asistir a sus centros laborales para no arriesgarlos, y en segundo lugar pagar los sueldos completos y con prestaciones. El canciller Marcelo Ebrard, anuncio que habrá sanciones para las empresas que no cumplan con estos llamados, pero todo queda en el aire y no se asienta de manera firme.
Por todo ello debemos levantar un programa revolucionaria ante esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero que no se quede sólo en resolver la coyuntura, sino que vaya más allá; un programa que acabe con la lógica capitalista de privatizaciones y despojo y que se base en el beneficio al pueblo, por lo tanto demandamos:
-Destinar el 10 % del PIB al sector salud
-Expropiación y nacionalización de toda la industria farmacéutica y hospitalaria, para abastecer al 100% y de forma gratuita a toda la población.
-Combatir la especulación en los alimentos con la expropiación de la industria alimentaria, bajo la administración de los trabajadores para abastecer a toda la población de los productos de la canasta básica.
-Expropiación y nacionalización de la banca, y de las grandes empresas para que todos esos recursos sean puestos al servicio del pueblo mediante la administración de los mismos por parte de los propios trabajadores.
-Seguro de desempleo con todas las prestaciones para el total de los trabajadores del sector informal o que sean despedidos sin goce de sueldo.
-Eliminar cualquier tipo de pago de servicio durante la cuarentena, garantizando que toda la población cuente con dichos servicios, como luz, agua, internet, etc.
-Eliminar el pago de la deuda pública y poner todos esos recursos al servicio de los trabajadores.
-Instalar centros de salud dignos y en buenas condiciones, con medicamentos, médicos, enfermeros y equipos necesarios en comunidades indígenas y en general en todas las zonas rurales de nuestro país.
-Impulsar y enviar mayor presupuesto a la investigación científica y médica a través de las principales Universidades de nuestro país.
-Impulsar un programa de vivienda digna y con créditos baratos, eliminando a las constructoras e inmobiliarias.