En 2018,  las cifras de asesinatos a defensoras y defensores de la tierra aumentaron en un 400% con respecto al año anterior, el último año del régimen de Peña fue el más sangriento para las y los activistas y miembros de organizaciones que le hacen frente a las multinacionales que pretenden explotar los, mal nombrados por el capitalismo, recursos naturales.

México encabeza la lista de producción de plata a nivel mundial, que ésta a su vez representa el 4% del PIB nacional. Recordemos las condiciones en que mineras trasnacionales obligan a sus trabajadores a laborar en condiciones inseguras e insalubres, como en Pasta de Conchos y San Juan Sabino, así como las prácticas extractivas ecocidas, como las de cielo abierto y el fracking. La agroindustria, la tala clandestina y los sembradíos de transgénicos por poner ejemplos, han superado a la minería como el sector más violento. Cada semana mueren por causas violentas, una media de cuatro activistas, guardias forestales y dirigentes indígenas, según cifras oficiales. Claro que sabemos que estas cifras han sido denunciadas por la presión de familiares y compañeras y compañeros de lucha de todas las y los caídos. Sin embargo, ningún empresario ha sido responsabilizado, así como ninguno ha comparecido por los asesinatos de las y los defensores que antes de ultimarles, en la mayoría de los casos acosó, persiguió, desplazó y con la plena complicidad del Estado, encarceló. Como el caso de Tlanixco.

Ellos explotan a muerte y nosotros defenderemos la vida, siempre

La lucha es muy dura en las comunidades, pero ningún asesinato es un incidente aislado. Son síntomas de un ataque sistemático de empresas y agentes del Estado contra las comunidades indígenas, que aprovechan lo remoto de sus territorios para aislar estos frentes de resistencia. No es casualidad que no se informen de estos hechos en la mayoría de los medios, el aislamiento también es utilizado para desinformar y desarticular las luchas que se dan en latitudes distintas, denunciamos también que no es casualidad la cantidad de periodistas que sufren acoso, censura y asesinato, por ser consecuentes con su profesión.

¿Qué tiene que decir el portavoz de la 4ª Transformación al respecto?

La tragedia que puso en evidencia la insostenibilidad de un gobierno reformista, fue el caso de Samir, defensor y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), que en voz de sus compañeros denuncian lo siguiente: “hoy están los resultados de los oídos sordos de (Andrés Manuel López Obrador), hoy acaban de asesinar a nuestro compañero y amigo, a nuestro ejemplo de lucha en Amilcingo y toda la región. Responsabilizamos al Gobierno Federal de este asesinato, pues Samir no tenía más enemigos que la gente vendida que ha estado históricamente apoyada por el gobierno y la CFE en Amilcingo”.

No basta con repudiar los hechos, sino cancelar las concesiones que se han dado a estos megaproyectos de muerte y encarcelar tanto empresarios como autoridades corruptas que sin importar ni sufrir ninguna consecuencia quieren materializar estos proyectos. La Secretaría de Economía declaró que “sólo el 27 % del territorio mexicano ha sido explorado para la minería”. ¿Sólo? Ha dado concesiones para la exploración de recursos minerales por 32 millones de hectáreas, es decir cerca de la tercera parte de las tierras ejidales y comunidades agrarias. Más de 140 mil hectáreas de la Sierra Norte de Puebla ya han sido concesionadas para megaproyectos de muerte y tienen el respaldo de la Semarnat. Esto aunado a los proyectos que están en puerta como el corredor Transístmico, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, esto representa un jugoso negocio para los que siempre salen ganando, como lo es Carlos Slim. Pero, ¿cuánta muerte nos va a costar a nosotros?

La tierra y la sangre no se venden. López Obrador tiene una decisión urgente, o gobierna para los pocos que impunemente califican la defensa de la vida como antidesarrollo, o gobierna para la mayoría.


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