Poco tiempo después de tomar posesión del cargo, el Ejecutivo Federal declaró: "nos dejaron el país hecho un cochinero", declaración en consonancia con la campaña electoral contra la corrupción, así las recientes acciones judiciales contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex se encuadra en esta línea.

Durante su gestión en Pemex, el ahora prófugo, montó una operación fraudulenta para adquirir con fondos de la paraestatal una empresa de fertilizantes abandonada y con equipo en calidad de chatarra a un precio exorbitante. Este fraude, el enésimo de los realizados durante los gobiernos priistas y panistas fue ocultado por la red de intereses que ha permitido el escandaloso enriquecimiento de burgueses, políticos y empresarios que han saqueado la riqueza producida por el resto de la población.

El espectáculo mediático producido ha servido para reforzar la imagen anticorrupción que el actual gobierno de Morena está empeñado en presentar y al mismo tiempo ha mostrado las limitaciones de los mecanismos utilizados.

Lozoya es una figura secundaria en la trama de la corrupción, dentro de ella el actor principal es el sistema creado por la burguesía local y las empresas transnacionales a las que sirven, refundir a Emilio Lozoya en la cárcel es deseable pero no suficiente para acabar con la corrupción. Es completamente insuficiente actuar de manera individual contra los responsables del saqueo y además concederles ventajas para aprovechar el sistema legal creado por ellos mismos para ocultar, justificar y protegerse en caso de ser acusados.

Los casos de los denunciados por fraudes multimillonarios son legión y la acción legal no sólo los exonera al cabo de algún tiempo sino por añadidura les regresa los bienes que en algún momento les fueron retenidos, bienes de acuerdo a la legalidad actual son su "legítimo patrimonio".

Si el gobierno de López Obrador quiere avanzar en acabar con la corrupción debe actuar de manera decidida, contrario a lo ha hecho hasta hoy, de manera diferente a cómo ha actuado en el caso del huachicoleo, donde después de tronantes denuncias los acusados siguen tan campantes en libertad y gastando a manos llenas "su dinero".

Avanzar de manera decidida contra la corrupción requiere no sólo denunciar y encarcelar a los malhechores sino también confiscar las riquezas mal habidas sin indemnización. El gobierno actual cuenta con la información necesaria para hacerlo. ¿Porqué hay una ley de extinción de dominio en el caso de los narcotraficantes medianos y pequeños y no la hay en el caso de estos saqueadores de los bienes nacionales?  

El gobierno de Morena no puede cumplir las expectativas de los millones que votaron por él sí actúa cómo los gobiernos precedentes, si al igual de panistas y priistas, arma grandes montajes mediáticos para terminar sin tocar el sistema corrupto, sólo encarcelando temporalmente a algunos, lo cual por cierto aún no ha pasado y antes al contrario ha asumido las consecuencias del sistema legal creado para proteger a los miembros de la trama saqueadora como en el caso de Elba Esther Gordillo.

El apoyo al gobierno de Morena se mantiene, sus votantes están a la expectativa esperando ver realizados sus anhelos de vivir sin esa pesada losa heredada del pasado contra el cual votaron. Esos millones no sólo quieren ver como López Obrador cumple sus promesas de campaña y más aún están dispuestos a apoyar las medidas necesarias, a poner su esfuerzo para verlas cumplidas. Esa es la fuerza en la cual el gobierno de Morena se debe de apoyar, ese es el destacamento qué le dará legitimidad a las medidas anticorrupción de López Obrador ¿Qué espera para usar esa fuerza a su disposición?

¡Pemex del y para el pueblo!