El pasado 28 de diciembre de 2020 se produjo un apagón de electricidad en varios Estados de la República que perjudicó a más de 10 millones de habitantes por alrededor de dos horas. Poco después, Manuel Bartlett, director general de la CFE, declaró que se debió a un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional, y posteriormente informó que el problema había comenzado en Tamaulipas a causa de un incendio en unos pastizales, lo cual activó el sistema de protección, redujo el suministro de forma parcial y de esta forma se evitó un apagón general en todo el país. Sin embargo, detrás de este aparente hecho aislado y de "pronta solución" se presentan varios cuestionamientos.

Tras las declaraciones oficiales de CFE, Protección Civil de Tamaulipas desconoció los documentos presentados, lo cual dio inicio a una serie de desacreditaciones entre la Comisión y el gobierno de Tamaulipas. Bartlett ha defendido la versión del incendio, a pesar de que ya se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General contra la CFE y la CENACE (Comisión Nacional de Control de Energía) por la presentación de documentos falsos sobre el caso. Esto, además de alimentar una profunda desconfianza hacia ambas instituciones, deja al descubierto las artimañas políticas que se entretejen en ellas, y pone en tela de juicio la capacidad de la CFE para suministrar energía y su transparencia en el proceso.

La oposición al gobierno de la 4T no ha tardado en señalar estas contradicciones, y ya pide la renuncia del director general. Por su parte, AMLO ha lanzado la acusación, no desatinadamente, de que esto sirve a los opositores como excusa a favor de la privatización de la electricidad en México. Es cierto que este incidente se produce en el contexto de una pandemia que ha rebasado la capacidad de respuesta nacional, y que abre las puertas a la especulación sobre la eficiencia de la CFE. Pero también es verdad que desde el inicio del gobierno de López Obrador se ha suscitado mucha tensión alrededor de las inversiones privadas en la institución que dirige Bartlett, y que no se puede descartar fácilmente la idea de un boicot por parte del viejo régimen.

 Lo que resulta innegable es que el directivo de CFE inspira una honda desconfianza, más que merecida, dentro del gabinete de AMLO. No se debe quitar el dedo del renglón: Bartlett, cómo muchos otros, se establecieron en sus puestos tras saltar de la podredumbre del PRI. MORENA ha permitido la entrada a estos parásitos, y esto resulta en una franca descomposición y en un reformismo que simplemente no da el ancho a las necesidades de la clase obrera, la base social que colocó al presidente. No se debe olvidar tampoco que en junio del año pasado el director general de la CFE declaró que no habría aplazamientos ni condonaciones para los pagos de electricidad en México, a pesar de que los recibos de luz duplicaron (e incluso triplicaron) su cuota debido al inevitable incremento del consumo de energía eléctrica en los hogares como consecuencia de la pandemia. CFE cortó la electricidad a más de 500 mil usuarios tan sólo en el bimestre de abril y mayo del año pasado por falta de pago, con lo que dejó muy clara la indolencia hacia las necesidades de las y los trabajadores que viven bajo la precarización, misma que ha aumentado significativamente desde que comenzó la contingencia sanitaria.

La energía eléctrica es un servicio esencial proporcionado por el Estado, sostenido por los impuestos del pueblo. Mientras miles de familias han padecido los cortes, la Comisión continúa en contubernio con las grandes empresas, prometiendo no encarecer los costos energéticos y de producción. Este conflicto no es nuevo; se deriva desde la Reforma Energética que el gobierno de Peña Nieto impulsó en 2013, y que Bartlett prácticamente ha seguido sin alteraciones, mediante negociaciones y tensiones con empresas extranjeras para proveer energía de forma conjunta. La presión viene de todos los frentes; la promesa de la 4T por echar atrás la reforma energética, la inversión privada luchando con garras y dientes para mantener los privilegios otorgados durante el periodo anterior, y la CFE como inestable mediadora entre sus intereses. La energía eléctrica, entonces, se ha convertido en el terreno de juego y la moneda de cambio de los grandes empresarios, a costa de la estabilidad y el acceso a un servicio básico al que tiene derecho la clase trabajadora.

En medio de las tensiones entre la alta burguesía, los inversionistas extranjeros y una reforma turbia, acontece el apagón de diciembre, y cabe preguntarse si efectivamente no sirve como detonante para que se intenten abrir de nuevo las puertas a la inversión privada. Una vez más, el gobierno de la 4T, con figuras en las que únicamente se puede depositar desconfianza, hace a un lado las promesas hechas a la clase obrera, y prioriza sus propios intereses políticos y económicos. Aquí se pone nuevamente sobre la mesa la necesidad urgente – aún más en medio de la crisis económica y la pandemia - de la nacionalización de la industria, pero nosotros añadimos clara y fuertemente ¡Bajo control democrático de la clase trabajadora y el pueblo pobre!


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