El 10 de marzo de 2021 la Cámara de Diputados aprobó la regulación para cultivar, producir y distribuir la marihuana en México. Con la nueva regulación, se permite utilizar la marihuana no únicamente con fines lúdicos, sino también como materia de comercialización industrial y de investigación libre. Ante esta situación, resulta necesario establecer un análisis crítico que vea más allá de la bandera progresista que se pretende enarbolar desde la Cámara.
Los discursos que defienden su regulación, bajo argumentos falaces y estrechos, esgrimen su uso como una decisión libre y personal, y deciden ignorar que no puede existir un consumo “libre” bajo el sistema de producción imperante. En realidad, el peso de esta reforma no recae en el consumo individual de las personas, sino en quién produce y distribuye la sustancia.
El negocio de las drogas es uno de los más prolíficos en el mundo. Se estima que sólo en México el narcotráfico genera unos ingresos brutos de 600 mil mdp al año; según el Sistema Nacional de Adicciones, en 2011 existían 5.7 millones de consumidores en el país. La regulación de la marihuana nada tiene que ver con la libertad individual, ni con el derecho a su uso recreativo, como la burguesía promulga en su propaganda. Se trata, de hecho, de un problema con intereses políticos y económicos enormes; es una disputa por el control de una fracción de ese gran negocio. La “regulación” del Estado se limitará a la concesión de permisos a la inversión privada para su cultivo y distribución, como ha pasado desde su legalización para fines medicinales; desde 2017, las empresas extranjeras han acaparado el mercado.
Algunas corporaciones como Coca Cola o Phillip Morris ya tienen productos planeados a partir del CBD, uno de los componentes de la marihuana. Esto responde a la lógica mercantilista del capitalismo, bajo la cual esta planta es tan sólo una materia prima más para explotar. Por otro lado, los vínculos entre el narcotráfico y el Estado son tan fuertes que actualmente resulta ingenuo pensar que este sector quedará fuera de los intereses en su regulación. Por el contrario, esta reforma permite que se continúe financiando a los grandes cárteles bajo nuevos aparatos burocráticos, totalmente legales.
Las dinámicas del narcotráfico no distan mucho de la violencia ejercida legalmente desde las grandes industrias: bajo la promesa de desarrollo, las transnacionales han arrebatado por décadas el territorio para monocultivos, y han sometido a jornadas brutales a sus trabajadores sin ninguna garantía laboral. Ante todo, la marihuana es una mercancía, y como tal será tratada bajo la legalidad del capitalismo. La industria abraza la nueva sustancia como una veta millonaria que seguirá reproduciendo sus riquezas, sin importar las consecuencias hacia sus trabajadores y el campo mexicano. Resulta desproporcionado pensar en una regulación efectiva cuando en el mercado actual hay cientos de drogas legales de fácil acceso que conducen a la farmacodependencia; una vez más se evidencia que la legalización obedece a intereses puramente capitalistas.
Dentro de un sistema desolador que favorece únicamente a una mínima parte de la población, y que se basa en la explotación y la voracidad para subsistir, resulta necesario un catalizador que provea una falsa sensación de libertad y evasión a sus habitantes. Las drogas son un problema social y de clase porque la clase trabajadora es quien resiente en sus condiciones materiales la falta de mejores alternativas. Se debe enfatizar que las adicciones no responden a un uso meramente “recreativo” incitado por la curiosidad; son resultado de diversos factores sociales alimentados por el yugo capitalista: pobreza, desempleo, violencia generalizada. Si bien con la legalización de la marihuana se ha aprobado también la elaboración de un programa nacional de prevención y tratamiento de adicciones, su impacto será mínimo si no se mejoran sustancialmente los entornos que propician este problema.
Por otro lado, históricamente las drogas han servido como arma de desarticulación política, específicamente sobre la juventud, uno de los sectores con mayor propensión para organizarse. Se estima que el 80% de las y los jóvenes con adicciones son menores de 18 años, y que desde 2009, cuando se aumentó la cantidad de marihuana permitida para portación a 5 gr. durante el sexenio de Felipe Calderón, esta cifra se ha incrementado un 8.2%. Esto deja claro que sin un enfoque de clase que vea por los intereses de las y los trabajadores, legalizar la marihuana equivale a redirigirlos alevosamente a una total desarticulación bajo un falso discurso liberador.
No es una cuestión de identidad y libre esparcimiento, ni tampoco una forma de recuperar el control sobre las drogas y disminuir la violencia; se trata de un asunto político y económico. Las empresas aprovecharán este nuevo material para enriquecerse, sus intereses son millonarios y verán por sus privilegios de clase, aún si eso implica mermar la calidad de vida de los trabajadores. Por eso, la organización y lucha de la clase trabajadora es fundamental para garantizar una vida digna libre realmente de todas estas lacras como es la drogadicción y la violencia, con un plan integral de rescate y planificación económica del campo mexicano, bajo un gobierno de las y los trabajadores que permita el desarrollo de la vida en todos sus aspectos, que no perpetúe las dinámicas violentas de la voracidad capitalista.
