Después de un año del inicio de las clases en línea a causa de la pandemia, las consecuencias en el sector educativo son evidentes: el índice de deserción escolar ha alcanzado niveles altísimos (aproximadamente tres millones de estudiantes dejaron la escuela durante el ciclo escolar pasado), las cargas de trabajo para el profesorado se han incrementado al doble o triple y el rendimiento de las y los estudiantes ha disminuido. El regreso a clases presenciales refleja una necesidad ante la modalidad virtual que, a pesar de múltiples esfuerzos, ha aumentado significativamente la brecha educativa. Sin embargo, utilizar esta urgencia real como mero pretexto para echar a andar la maquinaria del sistema a costa de la seguridad y la salud de la clase trabajadora resulta inaceptable.
La necesidad de volver a las aulas es real: los salones son espacios propicios para el aprendizaje que no pueden ser sustituidos por los recursos virtuales, sobre todo en el nivel básico. Sin embargo, sabemos que la pandemia sólo ha recrudecido una problemática de décadas en el sistema de educación pública: grupos de 40 estudiantes o más, hacinamiento en los salones, insuficiencia en el personal educativo, precarización en los servicios de limpieza y comedor, falta de agua y jabón en los baños, etc. El regreso seguro a clases no involucra únicamente el acondicionamiento de medidas sanitarias para frenar los contagios, sino un reformulamiento completo de la estructura que mantiene la educación digna y de calidad como privilegio de unos cuantos.
La SEP ha planteado que el regreso sea “escalonado y voluntario” a partir del 7 de junio. Sin embargo, las alternativas que ofrecen a las familias que decidan aún no volver, son someras: un programa de renivelación, la suspensión de clases virtuales y la posterior reasignación al grupo correspondiente. Esto es un ejemplo de la problemática que implica pretender seguir con el programa educativo sin atender a las deficiencias de fondo: bajo otras circunstancias se contemplaría la contratación de más profesoras y profesores para atender tanto a quienes decidan volver como a los que continúen en línea, y de esa forma no responsabilizar a una única docente de la atención de ambas modalidades. Por otra parte, la libertad de decisión de los padres de familia es sólo aparente, en tanto está condicionada por los factores sociales de desigualdad que los rodea; se trata de la práctica recurrente que disfraza las fallas estructurales bajo una falsa libertad individual.
El posicionamiento de la CNTE hacia el regreso a clases deja ver que hay un entendimiento generalizado de la problemática, y demuestra que existen las condiciones combativas necesarias para una movilización contundente: las y los docentes no se niegan a volver, pero entienden que hacerlo bajo las condiciones previas o bajo una falsa “normalidad” conlleva la aceptación de nueva cuenta de un sistema al que no le importa disponer de sus vidas como moneda de cambio. Desde la Coordinadora se ha establecido que el regreso en el mes de junio resulta prematuro y se ha expuesto una lista de catorce condiciones necesarias, que resultan absolutamente necesarias; además de algunas otras como: la ventilación adecuada en salones, reducción del número de alumnos por clase, implementación de una pedagogía y contenidos adecuados a las condiciones, las familias tomen sus propias decisiones pues el regreso forzado implica responsabilidades sobre la vida de las y los estudiantes y sus familiares, responsabilizar a los directivos de la escuela si impone acciones coercitivas para que los padres envíen a los jóvenes a la escuela.. Sin embargo, enumerar las carencias y demandas puede no ser suficiente si no se ejecutan paralelamente acciones concretas que garanticen su cumplimiento. Resulta urgente que los sindicatos de trabajadores de la educación utilicen su poder de convocatoria para cerrar filas ante este problema. Se debe llamar a toda su base, de forma conjunta con estudiantes y padres de familia para exigir un retorno seguro a las escuelas en la lucha diaria, en las calles.
No, no se niega la necesidad de la vuelta a las escuelas, pero su cumplimiento debe garantizar las condiciones de seguridad para sus trabajadoras y trabajadores, no únicamente en la materia sanitaria. No es, como desde el charrismo del SNTE se ha dicho, una cuestión de “satisfacer una demanda generalizada” (es decir, de reactivar el sistema y los intereses económicos de la industria educativa privada); siete de cada diez docentes se sienten en riesgo de contagio ante la inminente vuelta a clases, según la Encuesta Nacional sobre el Regreso a Clases Presenciales y si a eso le sumamos, que la aplicación de las vacunas CanSino (cuya efectividad disminuye después de seis meses), poco sirve, y más aún si no se atienden el resto de las carencias del sistema educativo.
Lo decimos claramente: la normalidad a la que se pretende volver está estructurada sobre la explotación económica que se ejerce desde el capitalismo, y que mantiene a la educación pública relegada en su lista de intereses. Depende de la movilización de la masa trabajadora exigir mejoras sustanciales y concretas en los centros educativos, los planes de estudio y las condiciones laborales de sus docentes, para así arrebatar al sistema el derecho a una educación íntegra y digna. No se puede ceder ante los argumentos que esgrimen la falta de presupuesto como causa de estas problemáticas: claro que hay dinero, pero se concentra en manos de la burguesía. Por eso, reivindicamos de forma apremiante un plan de rescate que contemple una inversión del 10% del PIB a la educación pública. Que la vuelta a los salones represente un lugar seguro desde donde continuar la organización y la lucha, no un sacrificio involuntario en nombre del sistema.
