Después de que la SEP haya pasado por una larga experiencia de un ciclo escolar con las clases en línea, el programa “Aprende en Casa I y II”, “Sigamos aprendiendo” del ciclo 2021- 2022 y el regreso paralelo a clases presenciales, demostrando las graves carencias que padecemos en las escuelas y en la enseñanza tras años de recortar el presupuesto educativo, sigue sin haber un plan adecuado y eficaz para garantizar la enseñanza digna.

Como ocurre en el sector salud, las políticas de la derecha han sumido a la educación pública en una situación de emergencia, y han hecho explícita la necesidad de rescatarla a través de diversas medidas que atiendan los problemas de manera integral. Pese al método de educación presencial digna que debería aplicarse, las y los maestros hemos continuado trabajando bajo condiciones adversas y los estudiantes siguen afectados en todos los niveles educativos, psicológicos, socio- afectivos y físicos.  

Alrededor de las escuelas orbitan un número importante de servicios (tiendas de conveniencia, mercados, tianguis, papelerías, cibercafés, farmacias, negocios de comida y todo tipo de negocio informal y transporte público), por eso también son marcados focos de contagio. Las escuelas o el transporte público no cuentan con espacios suficientemente amplios para conservar la “sana distancia”, y en las escuelas no puedes mantener al mínimo las interacciones como hablar, cantar, hacer deporte o realizar actividades académicas dentro de las aulas. A pesar de la vacunación, no se puede hablar de la imposibilidad de nuevos contagios o recaídas ante las nuevas variantes del virus.

Desde noviembre de 2021 se observó un incremento en el número de contagios principalmente entre el personal educativo y estudiantes de la educación básica. Posterior al periodo vacacional de invierno, algunos Estados de la República retrasaron el regreso a clases debido a los contagios de COVID-19 y la presencia de la variante Ómicron en México. Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes, Hidalgo, Durango y Quintana Roo, informaron el aplazamiento de las clases presenciales hasta finales de enero y aunque otras como Jalisco no se atrevió a cerrar escuelas por completo, el gobierno del Estado sí informó que se mantendrían con clases a distancia, contrastando con lo que la SEP comunica sobre tener controlados los contagios en las escuelas.

Por su parte en la Ciudad de México existe un alto índice de contagios entre estudiantes de 3 a 14 años; donde los contagios se dan por una mayor concentración poblacional de todos los sectores debido a la actividad económica. Es evidente que el derecho a la educación de cada estudiante en la Ciudad no está siendo garantizado. Las escuelas reportan graves ausencias, tanto de personal educativo como de estudiantes, que presentan sus justificantes de inasistencia en la mayoría por Covid-19 y unos cuantos más que se suman por dificultades personales y económicas para poder asistir de forma presencial.

Los desplazamientos y traslados ya implican un grave riesgo para niños y adolescentes. Las escuelas han reportado atender al 50%, al 30% y hay cifras menores en muchos otros planteles de la ciudad: “En mi escuela de la tarde a los que van [estudiantes] los ponen en un grupo por grado. Van en promedio como 15 por grado” - Comenta un profesor de secundaria. “Los poquitos niños que asisten están mezclados en grupos multigrado otra vez porque somos muy pocos maestros y niños los que estamos asistiendo, los demás están enfermos o no pueden venir” – comenta profesora de primaria.

Así mismo padres y madres de familia se han visto obligados a no enviar a sus niños a las escuelas arriesgándose a perder un seguimiento académico y conocimientos con tal de reducir los contagios al interior de sus familias. Lo anterior demuestra que, ante las pretensiones de funcionar normalmente, las escuelas no cuentan con lo necesario tanto material como físicamente para atender a la enseñanza bajo estas circunstancias históricas.

La SEP mantiene estrictamente el calendario escolar de 200 días en vanos esfuerzos por hacer que se recuperen los contenidos de los programas de estudios aún con dinámicas irregulares, distintas entre planteles y tomas de decisiones apresuradas de las escuelas bajo la presión que las autoridades ejercen. La medida de alargar el ciclo escolar no está demostrando que pueda compensar todas las carencias materiales, de infraestructura, de docencia, personal de apoyo como trabajador@s sociales, servicio médico, psicología, etcétera y menos aún asegura la adquisición de los aprendizajes mínimos. 

La Secretaría, sigue dejando fuera las circunstancias complicadas y complejas a la que se enfrentan todos los días familias, docentes y estudiantes. Aunado a ello, las escuelas se enfrentan a la enfermedad, la incerteza y la mala gestión de las autoridades de todos los niveles: escolares, institucionales y gubernamentales pero no sólo recientemente sino como consecuencia de décadas de políticas de abandono a la educación.

Bajo este sistema, no parece haber más alternativas, pero se ha demostrado históricamente que las demandas sociales se consiguen con la fuerza de masas y la movilización social. La cuarta ola nos exige implementar un plan de rescate a la educación, no sólo destinando una mayor partida presupuestal (10% PIB), sino haciendo una real reforma educativa que priorice la educación de la infancia y la juventud de las clases populares que son las que se encuentran llevando la peor parte no sólo abandonando los estudios sino un suplicio total en la vida cotidiana.  

Así como también la transformación de los planes y programas de estudios con contenidos científicos, humanísticos, históricos e inclusivos para una formación integral a través de métodos de aprendizaje en colectividad y de fomento al juicio crítico del estudiantado. Deberán eliminarse los exámenes de selección que se tornan excluyentes y atentan contra el derecho a la educación, pues si continúa la tendencia como hasta ahora, la incertidumbre ante el futuro adverso, condena desde ahora a nuestros niños y jóvenes al fracaso escolar y el abandono de sus estudios eliminando la posibilidad de mejores oportunidades o una mejor calidad de vida.

Esto no se consigue pidiéndolo de por favor a la SEP, ni al gobierno federal, se requiere de la movilización del magisterio democrático, así como de la participación activa del conjunto de las y los trabajadores de la educación, junto con la presión social y las fuerzas de los padres, las madres de familia así como de las y los estudiantes, con el objetivo primordial de salvaguardar nuestros derechos a la salud y la educación públicas, defenderlos frente a quienes no les importan nuestras vidas y no se preocupan por nuestra salud, como lo demostraron ya las arbitrarias y fallidas decisiones por parte de la burocracia en materia educativa. No permitamos que sean otros quienes decidan nuestro futuro, organicemos una alternativa para la educación desde las bases sociales.