En abril de 2022 comenzó el debate sobre la reforma electoral. AMLO envió una primera iniciativa, llamado “Plan A” que contemplaba entre otras cosas:

• Cambiar el modelo para elegir legisladores.
• El voto electrónico.
• Reducir a los integrantes de Congresos locales.
• Bajar el umbral para validar la revocación de mandato.
• Ampliar las excepciones para difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.^[1]
• Cambios constitucionales.
• Sustitución del INE y consideración de consultas en sus responsabilidades.

Pero esta iniciativa fue rechazada, algo ya esperado pues Morena no cuenta con mayoría calificada para hacer pasar reformas constitucionales como lo era esta.

Meses más tarde, se presentó un “Plan B” que fue aprobado con modificaciones por las cámaras, para después ser impugnado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Actualmente, López Obrador habla de un “Plan C”, lo que habla de la impotencia del gobierno si se limita a los márgenes de la institucionalidad.

El objetivo fundamental de las reformas al Instituto Nacional Electoral (INE) es asegurar una mayor centralización de las elecciones que permitan obtener una mayoría calificada en el siguiente periodo electoral para Morena y así pueda tener la hegemonía del Congreso y pasar sus iniciativas libremente, especialmente las constitucionales. Además, AMLO pretende restar poder al INE que se ha convertido en el caballo de Troya de la derecha, así como obligarlo a reducir los recursos que recibe, ante su sistemática negativa de hacerlo.

El 22 de febrero de 2023, fue aprobada la primera parte del “Plan B” y publicada dos días después. Mientras que la segunda parte que planteaba la eliminación de juntas distritales, reestructurar las oficinas centrales y despido masivo de personal del INE, entre otras cosas, fue publicada hasta el 2 de marzo. Sin embargo, el 8 de mayo, una vez más la SCJN frenó la iniciativa presidencial.

Todos los planes de reformas presentados están muy lejos de lo que necesitamos para garantizar la democracia, lo que sí propone es reducir el despilfarro y la consolidación de una cúpula en el seno del INE, totalmente alejada del pueblo con salarios millonarios. Los vocales electorales que tienen sueldos de 80 a 100 mil pesos mensuales, los magistrados del Tribunal Federal Electoral que ganan 294 mil 407 pesos, los consejeros 261 mil 634 pesos, mientras que Lorenzo Córdova tenía un sueldo de 234 mil 519.51 pesos mensuales.

La austeridad en gastos que traería la reforma electoral van desde reducir las oficinas del INE y promover el uso de locales gubernamentales para ahorrar en los 700 mil pesos que se pagan en rentas al año y la reducción de diputados y senadores a ⅔ de los actuales, en general la reducción y el tope salarial permitiría el ahorro de hasta 3,500 millones de pesos al año.

Este es el lado positivo de la reforma. Sin embargo, como lo hemos visto con otras animadas por la austeridad republicana, una reducción del presupuesto será efectivo para los puestos más bajos de esas instituciones, mientras que los que controlan ese presupuesto, las cúpulas, seguirán asegurándose sus privilegios, esto es lo que ha ocurrido en las universidades y en un sin número de instituciones gubernamentales llevadas a las asfixia económica y a la parálisis por este modus operandi de la burocracia en el manejo antidemocrático del presupuesto.

La aprobación popular destaca en los aspectos de disminución del presupuesto a partidos políticos y la elección mediante voto popular de los magistrados y consejeros del INE, con más del 80%. Reducir recursos al INE alcanza el 76% de la aprobación (Parametría, 2023).

Es claro que la SCJN no trabaja en interés de las familias trabajadoras, en realidad teme ser la siguiente institución en ser auditada políticamente y puesta bajo escrutinio democrático. Esta es la verdadera razón de su oposición a las reformas y no el riesgo que puedan o no correr las elecciones.

Aunque la estructura del INE se debilita a causa de los recortes y esto podría afectar la efectividad de los procesos electorales, el verdadero riesgo, es en qué manos están estos institutos. Cómo se ha demostrado, la independencia política de estas instituciones no existe, trabajan para que el poder lo siga teniendo la misma oligarquía de siempre. Este es el verdadero significado de su coreada consigna ¡El INE no se toca! Por otro lado, un INE más centralizado, una vuelta al presidencialismo, en manos equivocadas, podría tener un gran costo para el movimiento social, los sindicatos y la clase trabajadora, en general.

Ahora el gobierno de AMLO, renunciando una vez más a la movilización, se contenta con hacer el llamado al voto parejo, sin importar quién o qué partido esté en la boleta de votación, siempre y cuando sea parte de la alianza del presidente. Se está llevando al extremo la política de negociaciones en las cúpulas y el llamado a la confianza ciega de la población, este es el peor fin que puede tener la reforma.

La verdadera democracia

La verdadera democracia debería comenzar con la participación activa de la militancia de Morena y no en un sentido proselitista, de hecho, la política de inamovilidad salvo coyunturas electorales, asfixia la iniciativa y el dinamismo del partido, por lo tanto, la democracia interna. Igual de grave es la política de alianzas sin principios de la dirección de Morena, en los hechos estás sustituyen la participación activa de las bases por arreglos en las cúpulas y políticos de “carrera” que no son más que arribistas que portan el chaleco guinda para las fotos y luego hacen lo que quieren.

Sí Morena defiende la democracia, debe comenzar por sus filas, esto significa que la dirección debe reflejar directa e inmediatamente la voluntad de los movimientos en lucha y especialmente de su vanguardia más activa.

^[1] https://politica.expansion.mx/mexico/2023/05/13/las-claves-de-los-planes-a-b-y-c-de-amlo-a-favor-de-una-reforma-electoral