La entrada de las políticas neoliberales impulsadas por Carlos Salinas de Gortari en 1992 a la Ley Minera, Ley Agraria, Ley de Aguas Nacionales, abrieron las puertas a la rectoría de la iniciativa y el capital privado sobre los recursos naturales, lo que significó el desmantelamiento de los derechos políticos y sociales constitucionales logrados por la lucha revolucionaria, enmarcados en el artículo 27 en la Constitución de 1917.

Como resultado se tendría concesiones mineras desde 1992 al 2018 para exploración y explotación por 117 millones de hectáreas representando el 60% del territorio nacional, es decir, 65 mil 534 concesiones otorgadas a empresas privadas, sobresaliendo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón con el mayor número de otorgamientos.

Esto ha generando el despojo y apropiación de los territorios, ocasionando el desplazamiento forzado de las comunidades originarias, la explotación de los recursos naturales, contaminación del subsuelo y ríos, la mercantilización del agua, la ausencia de medidas de seguridad para la clase trabajadora dentro de las minas, así como la persecución, desaparición forzada y asesinatos de activistas defensorxs ambientales, 147 asesinatos en 5 sexenios, Zedillo con 23, Calderón con 35 y Peña con 65 asesinatos (Velázquez, 2020). Durante los primeros cuatro años de la actual administración, se han documentado 82 asesinatos en contra de quienes defienden la naturaleza y el territorio, y el 20 % del total relacionados con los conflictos ambientales desatados por actividades mineras. ^[1]

Una Ley necesaria pero insuficiente

Ante esta panorama, la iniciativa con proyecto de decreto en donde se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en Materia de Concesiones para Minería y Agua, propuestas por AMLO, se consideran como una de las reformas más importantes de su sexenio, dado que pretende recuperar y regular por parte de la rectoría y dominio directo del Estado sobre los recursos minerales e hídricos; preservando los recursos naturales, regulando el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones minerales y de agua, garantizando los derechos de los pueblos originarios sobre la preservación de los territorios.

El extractivismo minero se ha apropiado de los territorios, poniendo en desventaja a los pueblos y comunidades indígenas, dado que las empresas nacionales y trasnacionales tienen una posición dominante por el apoyo que le brindaba la normatividad y legislación, otorgándoles privilegios para la explotación de los recursos minerales y el agua, ahora con la reforma a la Ley Minera de 2023, se establecen mecanismos participativos de consulta pública a las comunidades otorgándole voz y voto sobre la toma de decisiones en su territorio, sobre la exploración y explotación, el Estado recupera cierta parte del control y la regulación de esta actividad, estableciendo algunos límites a las empresas mineras.

Es importante resaltar, que la iniciativa de Ley esta integrada por 31 puntos de reformas, adicciones y derogaciones, que anteponen el interés nacional público, sobre el interés privado, resaltando la eliminación de la preferencia , prohibiendo la minería en zonas sin agua y donde se ponga en peligro a la población, haciendo que la consulta indígena sea obligatoria para poder otorgar alguna concesión, que presenten estudios de impacto social, suscriban convenios con las comunidades y los pueblos cuando los terrenos estén habitados por las comunidades para obtener el permiso, así como una contraprestación que considere el 10% de las utilidades obtenidas, se elimina el terreno libre que se le otorgaba antes a las empresas mineras, no se pueden concesionar terrenos y minerales considerados como estratégicos por el Estado así como de áreas naturales protegidas , o zonas en las que la actividad minera ponga en riesgo a la población.

Los títulos de las concesiones tendrán una vigencia inicial por 30 años, cuando anteriormente se les otorgaba por 50 años. Al respecto de esto cabe señalar que la iniciativa presentada inicialmente por AMLO planeaba una concesión por 15 años, sin embargo, Morena en contubernio con Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, tendieron la mano al lobby minero y modificaron la Ley para elevarla a 30 años. Por supuesto para ellos esos años son suficientes para saquear las zonas y obtener beneficios multimillonarios.

Por otro lado, reforma también platea que sólo se podrán realizar obras y trabajos de explotación por sustancias específicas, anteriormente se extraían todos los minerales que había en los lotes sin dar aviso a las autoridades competentes.

Elimina de la Ley en su artículo 19 la expropiación de los recursos y ahora solo otorga la solicitud de ocupación temporal, se deroga el aprovechamiento del agua, así como la concesión preferente sobre el agua; obliga a que den aviso sobre si encuentran la presencia de otras sustancias minerales que no estén en la concesión.

Se exige una comprobación contable y financiera de la explotación, establece los motivos de cancelación de las concesiones por no pagar contribuciones , no presentar el plan de cierre de minas, por no contar con concesión de agua , asimismo establece los motivos de suspensión y cancelación de las obras y trabajos mineros que pongan en peligro la vida, causen daño al interés público, y no permitan el ingreso del personal de la Secretaria para realizar visitas de verificación, así como los delitos que serán sancionados con penas de 5 a 15 años de prisión por enajenación y traslado de minerales sin autorización, así como presentar documentos falsos.

Ni una concesión más, exigimos expropiación y planificación de la exploración

La iniciativa aún presenta vacíos, como el especificar la situación laboral de la clase trabajadora minera, dado que no menciona las obligaciones que tendría que cumplir las empresas para brindar mayor seguridad a las y los trabajadores, el contrato colectivo, las condiciones laborales dignas, un salario digno por la actividad que realizan.

La Ley Minera de AMLO, se convierte en un aporte relevante, pero insuficiente ante la destrucción ambiental irreversible, y al reparo y justicia necesaria ante las personas desplazadas y asesinadas.

Germán Larrea dueño de Grupo México y Alejandro Baillères dueño del Grupo Peñoles y Fresnillo son de los cinco hombres más ricos de México, fortuna que han conseguido a base de sobre explotación en las minas, despojo, contaminación y asesinato. La Ley minera actual queda corta para el castigo de estos criminales de cuello blanco, exigimos que se abra un proceso penal contra estos asesinos y castigo a sus crímenes ambientales y genocidas.

Estos burgueses se escudan que sus empresas aportan al desarrollo y crecimiento económico, esto es totalmente falso, por cada mil dólares que generan sólo dejan en el territorio ¡8 centavos! Significando que sus actividades por exploración y explotación contribuyan sólo con el 0.9% del PIB cuando sus ganancias son obscenamente millonarias, esto sólo demuestra que estos magantes no sólo roban nuestros recursos naturales, sino que además acaparan codiciosamente todos los rendimientos y utilidades de la industria a costa también de los obreros, ya que el 0.66% de los empleos formales del país provienen de esta rama, la mayoría labora bajo el es quema de outsourcing.^[2]

Desde estas páginas hemos defendido reiteradamente la necesidad de reivindicar la expropiación de las empresas claves, en este caso las mineras, su incorporación a una gran empresa pública bajo control democrático de los trabajadores como la única manera de cambiar las terribles condiciones laborales que sufren los mineros, pero también como única forma para establecer una industria ecológica, que planifique y organice la producción de manera racional, armónica con la tierra y la naturaleza y para beneficio de la sociedad y no como un negocio redondo para unos cuantos.

Por tanto, demandamos cerrar todas las minas a cielo abierto e industrias contaminantes que no tengan beneficios sociales sino únicamente el lucro privado. Exigimos el retiro de todas las concesiones sobre territorios que no están siendo productivos y que se especula con ellos, no más propiedad privada de la tierra.

No más concesiones a las empresas mineras, exigimos que se cumpla con la normatividad en materia de consulta e impacto social, otorgamiento de utilidades a las comunidades, que se aplique la ley ante los delitos, la protección a la clase trabajadora minera, que pare la explotación y apropiación de los territorios en donde hasta ahora se siguen manteniendo los desplazamientos forzados por despojos, y se dejen de asesinar a las y los activistas defensorxs del ambiente y del territorio.

Esta Ley es corta, sin embargo, permite a las comunidades reforzar la ofensiva contra las mineras, organicemos la arremetida. Exigimos al gobierno ser congruente y escuchar a las comunidades y no al lobby minero, y pasar a la acción, tomando medidas contra todas las mineras, criminales que matan tanto a la tierra como a nuestro pueblo, para nosotros este tema es urgente por eso exigimos acciones, no solo discursos y leyes. Desde las comunidades sabemos que estos avances en la Ley sólo los haremos cumplir con la lucha organizada ¡Ni un paso atrás! ¡No más minas, ni megaproyectos de muerte! ¡Ni un defensor más asesinadx! ¡Justicia!

Referencias

Velázquez, L. (2020) La defensa del ambiente en México ¿cuestión de vida o muerte?

^[1] https://es.mongabay.com/2023/04/asesinatos-violencia-contra-defensores-del-ambiente-mexico/

^[2] La mentira de la minería como motor del desarrollo, Rodolfo García Zamora y Selene Gaspar Olvera, UAED-UAZ; Los escasos aportes de la minería al desarrollo del país, Beatriz Olivera, FUNDAR; Impactos negativos de la minería en México, Sol Pérez Jiménez, UNAM.