La reforma hacia el Poder Judicial (PJ) presentada por AMLO desde febrero de este año ha sido de las que ha tenido más revuelo, y no es para menos. Esta modificación significa un cisma en uno de los terrenos más álgidos dentro de la estructura del sistema capitalista. Es una sacudida inconmensurable al grupo de poder que ahora defiende con garras y dientes su medio para obtener privilegios. ¿Qué se espera de esta reforma? ¿Qué se necesita para accionar y asegurarnos de que realmente esté al servicio de las y los trabajadores?
La clase dominante se defiende con uñas y dientes
El punto neurálgico de la propuesta reside en la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Actualmente, el Poder Judicial de la Federación cobija puestos vitalicios, procesos cerrados, sueldos por encima del salario presidencial y pensiones vitalicias para ministros, así como fideicomisos sin transparencia. A la derecha le parece totalmente inadmisible y reprobable la participación popular, haciendo gala de su clasismo más despreciable.
Asimismo, la reforma ha tocado las fibras más sensibles y podridas de su actual estructura, y ha evidenciado las profundas conexiones entre la alta burguesía y el sistema judicial que sirve a sus intereses. No es fortuita la vehemencia con que el empresariado se ha lanzado a la defensa del Poder Judicial, con cuyos miembros han podido contar como aliados en la protección de sus privilegios durante décadas. Y es que, ilustrativamente, en el marco de este debate se encuentran casos como el recurso fiscal de Salinas Pliego para evitar pagar su deuda millonaria con el SAT, cuya admisión por parte de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, implica un alargamiento del proceso y amortigua el terreno para sujetos semejantes[1].
Para la clase trabajadora, el poder judicial siempre ha sido un fiel defensor de los intereses de la clase dominante y también ha defendido los del imperialismo y del crimen organizado. Una muestra de ello fueron las declaraciones de Ken Salazar, embajador de EEUU en México, que afirmó que de aprobarse la reforma se pondría en riesgo la democracia y las relaciones entre ambos países ¿A qué se refirió con esto? La preocupación es clara, se obstaculizará una de las puertas grandes que el imperialismo y las transnacionales han usado históricamente para despojarnos de nuestros territorios y recursos en total impunidad. Por otro lado, no se podría entender la extensión nacional y transnacional del crimen organizado si no fuera por la connivencia de las grandes instituciones bancarias norteamericanas y las agencias de inteligencia como el FBI y la DEA.
Es escandalosa la cantidad de amparos aceptados por la Suprema Corte contra la Reforma Energética y en temas de minería, el despojo del agua, etc.. Actualmente, el PJ es uno de los centros de contención de la aplicación de una serie de reformas venidas de la 4T, solamente en el pasado sexenio han anulado setenta y cuatro, en el caso de la reforma energética, los procesos que ponen límites a los privados han sido detenidos bajo el pretexto de la libre competencia y la promoción de las energías verdes, cuando esto es totalmente falso. Los lobbies empresariales tienen un gran aliado en todo esto, y son los jueces de la SCJN.Les preocupa también las reformas venideras como la de pueblos indígenas, la de pensiones, la prohibición del fracking, las minas a cielo abierto, el maíz transgénico y todo lo que afecte sus intereses.
Mentiras sin tapujos
Por otro lado, uno de los argumentos más escuchados para oponerse a la Reforma ha sido la supuesta búsqueda de protección hacia los derechos laborales de sus trabajadores, y la preocupación sobre el presunto despido de miles de empleados. No se puede sino reaccionar con ironía e indignación ante estas afirmaciones, pues son prueba de la hipocresía que impera en la derecha y sus medios de comunicación, que nunca han velado por la seguridad laboral de la clase trabajadora; muy al contrario, históricamente han servido para lavar la cara a las arbitrariedades e injusticias cometidas para salvaguardar sus intereses (sírvase recordar el cierre de Luz y Fuerza en 2009 por decreto presidencial y la campaña mediática que criminalizó las protestas subsecuentes).
La élite del Poder Judicial ha echado mano de todas las herramientas a su disposición para frenar la iniciativa de reforma. Una herramienta legítima de protesta, como es el paro de labores, se deforma cínicamente al servir como protección de privilegios particulares. Sobra decir que las condiciones en que las y los funcionarios en huelga sobrellevan la protesta dista mucho de las luchas de la clase trabajadora; la quincena (que no es poca) sigue llegando —más un bono de recompensa—, mientras los casos en espera de justicia se acumulan y se alargan aún más procesos de por sí interminables y tortuosos para las víctimas.
Al observar la composición actual de los tribunales y juzgados federales, donde se encontraron poco menos de siete mil redes familiares[2], no cabe duda del nivel de corrupción que la SCJN se esfuerza por negar. La cuestión es muy clara: las inquietudes y miedos de quienes se verían desprotegidos con la reforma representan la realidad dura y cotidiana de aquellos que sufrimos las injusticias de un sistema de justicia burgués, clasista y patriarcal.
Es interminable el número de sentencias injustas que el PJ ha dado a los luchadores sociales, o hacia trabajadores y jóvenes que su único delito ha sido ser pobres y que no pueden comprar la justicia, o la impunidad en crímenes hacia el pueblo como el caso de la guardería ABC, Atenco, el caso de Luis Echeverría y todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra sucia en nuestro país; mientras a sus amigos y compadres a algunos los dejan libres u otros en prisión domiciliaria, por ejemplo los colaboradores de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Jannet Miriam Martínez Sánchez; el exprocurador Jesús Murillo Karam,; el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin; el abogado de Carlos Salinas y amigo, Juan Collado; la exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles; los exgobernadores César Horacio Duarte, Roberto Borge Angulo y Francisco Javier Cabeza de Vaca; etcétera.”[3]
A la derecha no se le discute, se le combate con la lucha en las calles y no en los parlamentos
La batalla contra la derecha no debe darse únicamente en las cámaras, sino principalmente en las calles. Este gobierno ganó con una aprobación de 36 millones de votos, usemos esa fuerza movilizada y convoquemos ampliamente para plantarles cara a los reaccionarios.
Sobre todo, tomando en cuenta la respuesta de la oposición, que sí ha hecho un llamado y ha desplegado todo su aparato para la defensa de sus intereses. En cambio, por parte de Morena se intenta encauzar la decisión por la vía meramente institucional. Los días pasados hemos tenido un llamado de atención muy serio para Morena, es incorrecto desdeñar la conglomeración de la derecha, que, además, cuenta con el respaldo de la clase dominante internacional. Si abandonamos la calle, la derecha la ocupará y se envalentonará como lo hizo con la toma del Senado, dispuesta a todo.
Miles de activistas y militantes de la izquierda combativa estamos dispuestos a salir y llenar las calles las veces que sea necesario, incluso ese mismo día de la toma del senado, si se hubiese hecho un llamado, la respuesta habría sido contundente, para frenar a esta panda de reaccionarios y clasistas.
Pero la dirección de Morena no va a hacer este llamado, desde la base social, tenemos que autoorganizarse y retomar la lucha y la movilización siguiendo las mejores tradiciones y métodos del movimiento, empleando los comités y las asambleas barriales, las movilizaciones locales, etc para mandar el mensaje a la derecha que aquí estamos y también para decirle al gobierno que no permitiremos ninguna traición o retroceso, todo lo contrario.
Bajo el sistema capitalista el PJ jamás podrá ser justo
En un país con más del 90% de impunidad, cuyo aparato judicial actualmente está ligado a los intereses de la clase dominante y está atravesado por el nepotismo y la corrupción, y las cárceles están llenas de pobres inocentes, AMLO ha intentando responder a una vieja aspiración popular, y por eso la clase trabajadora ha mostrado su disposición a apoyar la reforma de manera contundente y luchar por una transformación revolucionaria que acabe con esta justicia burguesa clasista, machista, racista y patriarcal. Pero la reforma finalmente aprobada, aunque limita los ingresos de los jueces a un máximo que no puede superar el del jefe del estado, plantea la elección por voto popular y establece algunas otras obligaciones, no acaba con el carácter oligárquico de la justicia, no se solucionan los problemas como la corrupción, ni todo lo propuesto es incuestionable y certero como la problemática figura de jueces sin rostro, justificada según ante casos de crimen organizado.
Mientras no acabemos con el estado capitalista y construyamos mediante la acción revolucionaria de las masas un estado de la clase obrera es imposible una justicia independiente. Esta seguirá siendo un instrumento de los ricos y poderosos contra las y los oprimidos. El problema de la reforma es que se desarrolla en un estado capitalista, y democratizar la justicia dentro del capitalismo es imposible. Por eso la reforma no soluciona el problema de la injusticia, la impunidad y la corrupción, ya que estas son inherentes a este sistema.
Empujar consecuentemente la democracia en el PJ y en todo el Estado, significa luchar por la transformación radical de la sociedad, como diría Rosa Luxemburgo en Reforma o Revolución “...la democracia no adquiere mayores probabilidades de vida a medida que la clase trabajadora renuncia a la lucha por su emancipación… ” Es decir, mientras no transformemos este Estado, los intereses de los oprimidos chocarán una y otra vez con los intereses de la burguesía y la derecha, esta no será la última batalla. Entonces, tenemos que luchar por una nueva institucionalidad y un nuevo Estado que desde la raíz responda a nuestras necesidades como trabajadores del campo y la ciudad.
Las y los comunistas revolucionarios no despreciamos las reformas, pero entendemos que ninguna transformación social profunda vendrá de una cámara o de un gobierno que acepte las reglas capitalistas. Tal y como explicó Marx en el Manifiesto Comunista, “el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. Debemos de continuar la organización y la lucha, porque no queremos un capitalismo “humanista” , queremos un sistema económico sin explotación ni clases sociales.
Necesitamos un movimiento que cuestione el sistema capitalista. Y esto sólo es posible con un programa que abogue por el socialismo y que defienda sin complejos la necesidad de tocar la propiedad capitalista, de expropiar a los grandes monopolios y a la banca. Este es el único camino realista para movilizar los colosales recursos de la sociedad controlados ahora por una minoría, y dedicarlos a resolver los acuciantes problemas de la inmensa mayoría.
[1] Enya Contreras, “Norma Piña admite recurso de Grupo Elektra que le evitaría pagar créditos fiscales” en El imparcial, 23/08/24. https://www.elimparcial.com/mexico/2024/08/23/deuda-de-ricardo-salinas-pliego-al-sat-norma-pina-admite-recurso-de-grupo-elektra-que-le-evitaria-pagar-creditos-fiscales/
[2] Gustavo García, “Nepotismo en la Judicatura: hallan 6 mil redes familiares” en La Jornada, 19/08/24.
https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/08/19/politica/nepotismo-en-la-judicatura-hallan-6-mil-redes-familiares-9382
[3] https://contralinea.com.mx/interno/semana/garcia-luna-lozoya-murillo-karam-robles-entre-los-beneficiados-del-poder-judicial/
