En los últimos meses hay una escalada de violencia por parte del crimen organizado en todo el país. Diferentes hechos, aparentemente sin conexión entre sí, están haciendo arder desde Sinaloa hasta Chiapas, recorriendo todo el occidente del país. Importantes áreas de la geografía nacional, por su economía, población y ubicación están siendo asoladas, pueblos vaciados, comunidades enteras desplazadas y provocando un caos que es sistemáticamente minimizado, ignorado y negado desde los gobiernos de los 3 niveles.

Una combinación explosiva de elementos distintos, algunos que parecieran casualidad, como la detención en Estados Unidos de Ismael Zambada, el juicio a García Luna, y otros que son fruto de un largo ocultar y dejar pasar el tema como la violencia en los Altos de Chiapas, los coches bomba en Guanajuato, el asesinato de más defensores del territorio y activistas sociales en Michoacán y Chiapas y los enfrentamientos en Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, etc. Además del cambio de administraciones en todos los niveles de gobierno en todo el país. Todo se junta en una de las coyunturas más difíciles de los recientes años, en los que son las familias humildes quienes nuevamente llevan la peor parte.

Algunos de los casos han develado nuevamente tramas de colusión entre el crimen organizado y todos los poderes del Estado, que hacen imposible taparlos con el discurso anticorrupción de la cuarta transformación¸ pues no hay diferencia alguna entre los elementos ilegales e institucionales, son las mismas caras colocada alternativamente en uno u otro lugar.

Tanto la red que conecta directamente a las policías municipales y estatales con el Cartel de Sinaloa, como la que permitió el ungimiento oficial de los Herrera y su conexión criminal como autoridades legales de Pantelóh y su financiamiento desde el poder estatal que facilitaron el asesinato del religioso Marcelo Pérez. Lo que tenemos es un Estado totalmente fusionado con el crimen organizado.

Queda otra vez meridianamente claro que la situación económica y política del crimen organizado (CO) sería imposible sin su integración profunda con el Estado burgués mexicano y el sistema financiero mundial. Cuestión que también adquiere relevancia en medio del cambio de poderes.

La existencia del narcoestado no acaba al llegar un nuevo gobierno al poder, sin una política revolucionaria, que sea consecuente al destruir el actual estado y levantar el poder popular, inevitablemente todas las lacras se reproducirán con diferente grado pero siempre en profundidad creciente. La lógica capitalista de acumulación de riquezas a cualquier precio, además a escala mundial, provee una base material mucho más poderosa que cualquier llamado moral a la reforma institucional de un país.

El gobierno de Sheinbaum hereda una pesada carga con el CO. El sexenio de AMLO terminó en las antípodas de su propuesta original, que era regresar al ejército a los cuarteles y 6 años después una nueva fuerza policial está en manos del Ejército. Y la Presidenta plantea continuar con ello. La política de AMLO tuvo luces, pero también sombras pronunciadas.

El enfoque de atacar las causas es correcto, pero la fuerza que tienen las políticas públicas al respecto se ve seriamente mermada porque la 4T ha sido sistemáticamente incapaz de cambiar sensiblemente las condiciones de vida de los sectores más golpeados del país. Regiones enteras de Chiapas, Guerrero o Zacatecas siguen en condiciones prácticamente iguales que hace 6 o más años.

Por otro lado los pactos regionales del CO con gobiernos estatales, la colocación de sus elementos en puestos públicos municipales y estatales, bajo cualquier sigla partidaria, etc. a lo que se suma la intervención gringa en el caso de Sinaloa, serán una gran obstáculo para la actual estrategia de seguridad que ha mostrado que va por la intervención directa y apuesta a la inteligencia y la investigación. En un país donde 9 de cada 10 casos quedan impunes, y eso sólo contando los que se denuncian.

Este cóctel incendiario es y será utilizado por diferentes fuerzas y por los grupos del CO en provecho propio para hacerse de más fuentes de dinero, legales, ilegales y en el límite de lo legal. Como lo ejemplifica el uso de sicarios como guardias blancas por parte de las multinacionales contra opositores a los megaproyectos de muerte, el encumbramiento de familias criminales en la política local, el despojo de tierras y propiedades por parte estos mismos grupos, la mano negra del imperialismo yankee para desestabilizar y justificar la intervención contra un gobierno que no les termina de acomodar y la emergencia de las drogas sintéticas y la trata de personas como alternativas de “baja inversión” y mayor rentabilidad.

En las actuales condiciones, la autodefensa armada es inevitable, no podemos dejar nuestra seguridad en manos de quienes han metódicamente fallado en tal fin por estar amarrados de mil lazos con las causas mismas de la violencia criminal y coludidos con el CO. Y esta tiene que ser una parte de un objetivo de transformación social revolucionario, expropiar las grandes fortunas y las palancas de la economía para poner los ingentes recursos que hoy terminan en los bolsillos de los políticos y los jefes de la economía ilegal, y la capacidad productiva al servicio de las necesidades económicas, sociales, de salud y culturales de la mayoría explotada.