Para discutir el papel de las Fuerzas Armadas durante el sexenio que apenas acaba, es importante resaltar que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, AMLO se pronunciaba como un firme opositor a su política de militarización, llegando a prometer durante su campaña que el Ejército regresaría en breve a los cuarteles, sin embargo, no fue así.
La lógica de la militarización en la política de seguridad no se ha revertido, sino que ha dado un salto cualitativo. Esto es visible no sólo en que se ha entregado la seguridad pública con la reciente reforma constitucional a la Guardia Nacional, sino también en el papel del Ejército en la administración pública con la gestión de aduanas, puertos, aeropuertos, el control de zonas estratégicas, o con la construcción de megaproyectos, como es el caso del AIFA, el Tren Maya, etc.; y donde, por cierto, se aprovechó cada conferencia de prensa para reconocer la labor de las Fuerzas Armadas. Todo esto deja claro que el Ejército se refuerza como un poderoso agente político y económico al servicio de los intereses de la burguesía.
La reforma constitucional a la Guardia Nacional, vigente desde el mes de octubre, transfiere el control de esta institución a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta medida, que asevera el establecimiento de un enfoque militarizado de la seguridad pública, establece a grandes rasgos cambios constitucionales entre los que se destacan el reconocimiento de la Guarda Nacional como Fuerza Armada Permanente; la facultad del representante del Ejecutivo para disponer de manera ordinaria del Ejército, Armada de México, Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública; la facultad de la GN para para realizar investigaciones bajo la conducción del Ministerio Público; fuero militar a las y los guardias nacionales, etcétera.
Siguiendo lo anterior, es importante destacar que la política militar del obradorismo no sólo buscó fortalecer al Ejército como agente político y económico, sino que insistió en reivindicarlo, en lavarle la cara para presentarle como “pueblo armado", el “ejército del pueblo". Ayotzinapa es un claro ejemplo. Y es que López Obrador, además de haber concluido su gobierno sin cumplir con su promesa de campaña de esclarecer el caso, ha defendido a los militares cayendo en lo infame, afirmando que no existen pruebas de la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas -esto, durante su “mañanera” del día 25 de septiembre de 2024, tan solo un día antes de cumplirse diez años sin justicia.
Todo lo descrito significa un golpe contundente contra la clase trabajadora, además, queda claro que con toda esta ampliación del poder otorgado a las Fuerzas Armadas, AMLO confía más en la burocracia que en las masas. El ex presidente apostó por ampliar la presencia del Ejército en las calles con el pretexto de que no se corrompieran, pero sabemos que tanto poder económico, político y administrativo asegura su corrupción, porque la cúpula del Ejército se identifica y ha estado al servicio de los intereses de la burguesía, nunca de los nuestros. El ejemplo más claro lo tenemos con sus vínculos con el crimen organizado.
Es necesario decir que a pesar de que es verdad que AMLO no ha instaurado una militarización dictatorial como algunos sectores tanto de izquierda como de derecha lo han sugerido, sí es importante tomar en consideración que todo esto puede traer grandes problemas para la lucha revolucionaria y la clase trabajadora en general, pues no se está cambiando la base económica de la sociedad, todo lo contrario, la derechización de Morena se seguirá acentuando durante el próximo gobierno y Claudia Sheinbaum ha prometido dar continuidad a la política de seguridad obradorista con la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional como parte de la SEDENA y el fortalecimiento de inteligencia e investigación, destacando la incorporación de personajes como Omar García Harfuch. Todo lo que sí es un antecedente sobre el cual podrían desarrollarse tendencias golpistas.
Nosotrxs, como marxistas revolucionarixs, sabemos que una alternativa radica en que las tareas de seguridad sean gestionadas por lxs trabajadores, las comunidades y los pueblos organizados, no por el Estado. En México tenemos ejemplos como los de las policías comunitarias y las autodefensas, como el caso de Michoacán con su Consejo General de Autodefensas, que llegó a contar con más de 20 mil mujeres y hombres organizados. La historia ha mostrado que cuando lxs proletarixs nos organizamos podemos asumir esta responsabilidad.