Durante septiembre y octubre de este 2024 se han presentado una serie de reformas por parte de la presidencia y Morena para cimentar la cuarta transformación. Estas reformas han sido muy transparentes en las aspiraciones del nuevo gobierno de intentar cumplir con su base social sin transgredir los límites del sistema capitalista, la cuestión es si estas reformas, tal cual están planteadas, son posibles sin tocar los intereses de la burguesía.

Energéticos para el pueblo o para los empresarios

Las reformas planteadas por el gobierno saliente de AMLO y durante el primer mes de Claudia, representan una amenaza para la clase dominante aunque sin arrebatarles todo su poder y privilegios, todas sin excepción, están orientadas a incrementar el control del Estado en el manejo de los aspectos económicos y políticos más importantes. 

La reforma energética, plantea un cambio en la concepción de las empresas del Estado, pero es tramposo plantear la idea de la “estatización” como si se tratara de una nacionalización, porque no es así, en realidad, se plantea solo pasarla de “empresa productiva del Estado” a “una empresa pública del Estado” orientada a proveer de energía a la mayor parte de la población, con una gestión mayoritariamente gubernamental pero sin cerrar el paso a la inversión privada. 

A partir de la contrarreforma peñista de 2014 y hasta ahora, PEMEX ha tenido una carga fiscal muy fuerte al mismo tiempo que se comenzó un intenso proceso de privatización a través de inversiones y financiamiento de grandes empresas privadas, especialmente estadounidenses. El caso de CFE es el mismo, en 2018 ya eran 16 empresas privadas que aportaron el 38% de la capacidad instalada de energía eléctrica. El objetivo inicial del gobierno era que la capacidad sobre la energía total utilizada llegará al 65% por parte de CFE, pero la reforma lo ha reducido a 54%. 

Las principales beneficiadas de la reforma peñista fueron alrededor de 100 empresas petroleras de 20 países diferentes y más de 50 marcas de gasolinas como Repsol, Mobil, Shell, BP, el desarrollo de megaproyectos de infraestructura pasaron a manos de empresas como IEnova y TransCanada, como el gasoducto submarino que conectaría Texas con el sureste de México. En cuanto a la Electricidad fueron 42 empresas al menos quienes desarrollaron 70 nuevas centrales eléctricas, incrementando así el control de la electricidad por el imperialismo. 

La creación de CFE internacional, con la gestión de Guillermo Turrent, solo sirvió para abrir la puerta a empresas estadounidenses como Whitewater y Midstream con contratos multimillonarios para subministrar entre el 15 y el 20% de gas al territorio mexicano, un volumen inédito para solo dos empresas.

Esta venta de garage le permitió a fondos como Blackrock y First Reserve adquirir la construcción de Los Ramones II, un gasoducto que va de Nuevo León a San Luis Potosí. Actualmente Blackrock se ha hecho socio mayoritario en el negocio de los hidrocarburos con el 45% del total, PEMEX conserva el 30% y Sempa-IEnova el 25%. Durante las últimas décadas ha habido en la práctica un proceso de reversión de la nacionalización de 1938. 

Las empresas estadounidenses han hecho millones explotando el petróleo mexicano y vendiendonos gasolina, es por ello que tienen las narices tan metidas en el proceso de discusión de las últimas reformas. No es casual la intromisión del embajador de EEUU, Ken Salazar para posicionarse del lado del Poder Judicial oponiéndose a la reforma.

Aún que esta reforma no plantea un cambio radical, pues deja abierta la puerta a la inversión privada como lo ha aclarado muy enfáticamente Sheinbaum, aún así, la oligarquía no ha dejado de revolcarse frente a ellas, especialmente en el caso de la reforma judicial que es la que pretende quitar el gran obstáculo que ha representado esta institución para cualquier planteamiento progresista por mínimo que sea.

Un cambio conceptual no asegura que en la realidad vaya a ser diferente, para que realmente sea un cambio de fondo se tendría que plantear la TOTAL expropiación y nacionalización del sector energético y que este sea puesto en manos de las y los trabajadores honestos que saben muy bien cómo gestionarlas y en función de las necesidades energéticas de la población y no de las empresas privadas.

Además, cualquier reforma que se pretenda progresista no puede serlo sin poner sobre la mesa la desarticulación de los grupos charriles dentro de los sindicatos que se han convertido en una mafia machista, narcotraficante y represora que chupa recursos y hace negocios propios a cambio de mantener a raya a las y los trabajadore del sector. Poner al servicio del pueblo el sector energético requiere el total involucramiento de los y las trabajadores de esos sectores en la elaboración de las reformas y cambios necesarios y en la lucha por sindicatos combativos, asamblearios e independientes y libres de la lacra charril.  

Permitir que las manos de las empresas transnacionales esten metidas ya sea 40% o 5% en los hidrocarburos, sólo servirá para importar la crisis cuando los altos precios de los hidrocarburos conforme la guerra en medio oriente se agudice, y a impedir que las prioridades de la generación de energía pasen de surtir a los países imperialistas a asegurar el acceso asequible en todos los rincones del país.

La enorme presencia de capital privado y de empresas sionistas como Blackrock en los asunto energeticos del país, cuando estas son las mismas empresas que tienen intereses y financian la guerra en Ucrania o el genocidio en Palestina, es de gran preocupación política también. Es necesario romper todo tipo de vínculo, los mismos vínculos que han llevado a este gobierno y al anterior a voltear hacia otro lado sumando a México a la lista de paises complices del asesinato de más de 42 mil palestinos, la mayoria niñxs.

Si bien la reforma energética es de las más importantes, no es la única de relevancia. Este gobierno ha reformado la ley sobre las pensiones, en la que también vemos trazas de progresismo, pero no deja de haber intervención privada que significa poner una parte de nuestros fondos económicos, de los que dependeremos en el futuro, en manos de la volatilidad del capital financiero, pues con esta reforma no se vuelve al régimen del 73, sino que es un planteamiento que admite un régimen mixto. Tampoco plantea ser de cobertura universal.  

Reforma indigena 

Las reformas, para reflejar las necesidades de la población trabajadora, de los sectores más oprimidos y vulnerados, tienen que pasar por involucrarles activamente en su discusión, y aunque se han establecido espacios para ello, son escasos y fuera del alcance real de muchos de estos sectores, un ejemplo de ello es la reforma a la ley indigena que cae nuevamente en el paternalismo al no incluir activamente a la población aludida. Esta reforma no puede ser vista como un favor a los pueblos indígenas, sino como un reconocimiento a los derechos más básicos, que ni siquiera deberían ser puestos en tela de juicio, como reconocer y respetar los idiomas, usos y costumbres, el derecho a la autodeterminación, etc. 

¿Acaso se ha preguntado a las comunidades que es lo que realmente necesita que haga el Estado para reconocer sus derechos? ¿Si eso es un Tren Maya, o un programa como sembrando vida o si lo más necesario e indispensable es el desarrollo del turismo que tiende a la depredación de los recursos y la destrucción del tejido social? Lo que sin duda es una necesidad para las poblaciones indígenas, especialmente para las del campo pero también para las de las ciudades, es resolver el problema del narcotráfico que amenaza y oprime a los sectores más vulnerables con especial saña y les arrebata a mano armada sus medios de vida. El problema de la vivienda es otro tema común para la clase trabajadora, pero es aún peor para las y los trabajadores indígenas migrantes. 

Por lo tanto, no se pueden resolver las necesidades más acuciantes de las comunidades indígenas, si no es a partir de asegurar viviendas dignas y asequibles combatiendo al cartel inmobiliario, si no es enfrentando a los carteles del narcotráfico y sus padrinos, los bancos transnacionales que les blanquean las ganancias; sin un sistema de salud universal que llegue a todos los rincones o sin una educación integral, incluyente y diversa. Pero ante todo lo que se requiere es un presupuesto suficiente para que esto sea una realidad y no reducirlo a programas sociales para que cada quien se las arregle como pueda. 

Guardia Nacional, una navaja de doble filo

La reforma a la Guardia Nacional para incorporar de lleno a la SEDENA es algo que hemos criticado desde la izquierda con severidad y desde el primer momento, pues es un riesgo que no podemos tomar en un país con un legado de crímenes de Estado realizados a manos de la policía y de las Fuerzas Armadas.

Episodios como la guerra sucia, la masacre del 2 de octubre, el halconazo o la desaparición de los 43 de Ayotzinapa no deben ser borrados de la memoria histórica a costa de lavarle la cara a las Fuerzas Armadas para presentarse ahora como los amigos del pueblo, que aplican vacunas, ayudan en desastres o construyen aeropuertos. 

Las Fuerzas Armadas, comandadas por elites que ahora están enriqueciéndose con los megaproyectos y las gestiones de servicios públicos o empoderandose con el control de aduanas, deben desaparecer antes de que su asimilación a la burguesía les siga empujando a convertirse en aliados de esta, eso es lo que se está consiguiendo con la estrategia trazada por el gobierno de AMLO y recrudecida por Sheinbaum y no su acercamiento al pueblo como pretenden. 

Otra cosa sería que el control de estas estuviera en manos del mismo pueblo, auditadas y vigiladas por órganos democráticos, pero la reforma va en el camino opuesto, dando cada vez más autonomía y poder a estos tradicionales defensores de las clases dominantes y del imperialismo. Hay mucho que aprender de la experiencia boliviana en este aspecto.

En suma las reformas plantean un paso al frente, contienen elementos positivos que debemos defender mediante la movilización en las calles, pero no solo para respaldarlas tal cual están, sino para desarrollarlas más, para llevar hasta el final la idea de transformar de fondo el funcionamiento del país, acabar con el neoliberalismo pero también con el sistema que le da vida que es el capitalismo y para combatir de verdad al imperialismo y su opresión. No hay posibilidad de reformas a medias, o tiramos por completo este sistema o sus restos cobrarán fuerza y vida tarde o temprano para hacernos retroceder todo lo conquistado.