¡Es necesario impulsar el Consejo General de Huelga!

Martes negro

Finalmente, y tras 71 días de haber sido presentada como “iniciativa preferente” por Felipe Calderón, el pasado martes 13 de noviembre el Congreso de la Unión aprobó la contrarreforma laboral, hecho tras el cual las relaciones laborales se flexibilizarán más allá de la precarización ya existente de antemano, además de legalizarse el pago por hora y la facilidad el despido; también se ataca el derecho a huelga y se estruja a la conflictividad laboral (es decir a los miles de trabajadores en pleito legal con sus patrones por despido injustificado y otra clase de violaciones a los derechos laborales) al imponerse como un máximo de 100 días el pago de salarios caídos. El siguiente pazo es la publicación de estas nuevas leyes en el Diario Oficial de la Nación para que ya puedan ser puestas en marcha.

Paralelo a ello, ese mismo martes 13 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo a favor de que en adelante los patrones puedan solicitarle a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el que determine quién tiene la imputabilidad (la culpa) de una huelga. En los hechos esa determinación implica un duro revés al derecho a huelga pues cada que una empresa sea emplazada, ésta podrá esquivar la negociación colectiva y en caso de que la huelga estalle ante la falta de respuesta a las peticiones obreras, esta apelar a la JFCA solicitándole que declare imputable (culpable) al sindicato. Siendo así, en caso de que la JFCA falle a favor del patrón los obreros perderían toda facultad legal y el derecho al uso de la huelga para reclamarle a la empresa mejores condiciones de trabajo o aumento salarial, así como el reconocimiento de sus derechos sindicales según sean las razones que motivaron el conflicto. Con esa maniobra legal el Estado adquiere más facultades para intervenir contra los derechos de los trabajadores y a favor de la patronal.

Es evidente que la burguesía y sus lacayos del PRI y el PAN se sienten envalentonados para lanzar esta clase de ataques; confianza que les ha venido no de su fortaleza sino de la enrome debilidad demostrada por la capa dirigente del  movimiento obrero y de masas, los cuales han estado lejos de comportarse a la altura de los retos impuestos por la ofensiva capitalista.

Un factor de mucho peso y que le dio la confianza necesaria a la derecha para intentar hacer avanzar una contrarreforma laboral estancada por ya casi 12 años, fue la falta de determinación de López Obrador (AMLO) para luchar en serio contra el fraude electoral del pasado 1 de julio a favor de Peña Nieto (EPN) y el PRI, impulsando una campaña que se baso únicamente en la impugnación a través de los tribunales electorales y en la que no llamó a ninguna acción de fondo apoyándose en las movilización de las masas en las calles. La táctica de AMLO al depositar toda su apuesta en los tribunales, le dejó las manos libres al Estado al ser transformado este de esa manera en juez y parte, traduciéndose ello finalmente en la legitimación del fraude que llevará al poder a EPN el próximo 1 de diciembre si es que no se presenta algún cambio brusco en la situación.

El triunfo del fraude electoral a consecuencia de la incorrecta política de la dirección del movimiento de masas fue interpretado por la burguesía como un momento oportuno para lanzar un nuevo intento en pos de la contrarreforma laboral.

Limitaciones de la lucha legal

No obstante, y ante la amenaza inminente de la aprobación de la contrarreforma, esa actitud inconsecuente de los dirigentes no se modificó. Primero vimos a las fracciones parlamentarias del movimiento progresista (PRD, PT y MC) promoviendo inútiles alianzas con el PAN para tratar ingenuamente de apoyarse en ese partido patronal para frenar la contrarreforma, en vez de convocar a la clase obrera a movilizarse. Y ahora, tras el dictamen en el Senado, el PRD anuncia que pasará a la lucha legal promoviendo amparos y un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral.

Por su parte AMLO desde el 8 de noviembre ya había definido su postura sobre la clase de lucha que lanzaría en caso de que se aprobara la contrarreforma, declarando que promovería la interposición de amparos judiciales. Por su parte la UNT en el acto de conformación del Frente Amplio Social del 9 de noviembre e integrado por diferentes organizaciones campesinas, sociales y sindicales, ha anunciado que la táctica que adoptará será la interposición de amparos individuales y colectivos, además de la promoción de una acción de inconstitucionalidad.

Además, siguiendo la misma tónica, la dirección del Movimiento #YoSoy132 anunció que desarrollaría una consulta popular entre el 25 y 29 de noviembre para que la ciudadanía exprese su opinión sobre la contrarreforma laboral y, acto seguido, lanzar una campaña que se extenderá hasta el 17 de diciembre para recabar 1.6 millones de firmas (2% del padrón electoral) para solicitarle al Congreso de la Unión una consulta constitucional.

Los marxistas no nos oponemos al empleo de toda clase de causes al alcance de las clase trabajadora para luchar por sus derecho, pero estamos convencidos de que sea el medio que sea el que se emplee, en este caso la vía legal y la lucha parlamentaria, si éste no es apoyado con una intensa actividad de la base de los sindicatos y de los partidos de izquierda movilizándose en las calles e incluso desarrollando huelgas y paros, el fracaso está asegurado.

Esa aseveración ha sido ratificada por la historia de manera reiterada y estos son algunos casos recientes: En 2007 los tribunales fueron abarrotados sin éxito por cientos de miles de amparos para intentar frenar la contrarreforma a la Ley del ISSSTE; también tras la extinción de Luz y Fuerza en octubre de 2009, los dirigentes del SME pusieron un especial empeño en los recursos legales delegando a un segundo término las movilizaciones y sin embargo los trabajadores de esa extinta empresa paraestatal aún no recuperan su empleo. Por su parte, en 2012, AMLO inútilmente le apostó todo al frente legal en su lucha contra la imposición de EPN.

Intereses de clase irreconciliables

Es mucho lo que se juegan los empresarios con la contrarreforma laboral pues su objetivo es transformarla en una importante palanca de apoyo para sortear la crisis de la economía mundial y salvar sus beneficios, al abaratar aún más el precio de la fuerza de trabajo. La disyuntiva que enfrentan amplias capas de la burguesía es la de apabullar a la clase trabajadora o resignarse y mirar como sus ganancias se deterioran, dirigiéndose hacia la ruina. La contrarreforma laboral es una cuestión de vida o muerte para una clase dominante cada vez más asfixiada, por lo tanto obligarla a retroceder exigirá de la clase trabajadora un nivel de lucha no visto en décadas en nuestro país.

Pero para los trabajadores el revertir este ataque también significa una cuestión de vida o muerte, pues su aplicación se traducirá en muchos casos en despidos masivos y en otros, también de forma masiva, en el sometimiento a condiciones de vida y de trabajo de pauperización y sobre explotación.

Por consecuencia el impedir que la medida impuesta por el PRI y el PAN derive en más miseria para los trabajadores y sus familias requiere de algo por mucho superior a los amparos y a los recursos constitucionales. Es necesario hacer sentir al Estado y a los empresarios el verdadero peso de la clase trabajadora y qué tan lejos puede ir esta en la defensa de sus derechos; ese objetivo sólo se puede lograr por medio de movilizaciones de masas unificadas entre los sindicatos, Morena y los partidos de izquierda, golpeando juntos el mismo día y a la misma hora, además de impulsar paros y huelgas. ¡Necesita una huelga general de 24 horas! ¿De qué otra forma hacer sentir que quien tiene verdaderamente la fuerza en ente país son los trabajadores?

Desde que fue presentada la iniciativa de Calderón hace mes y medio algunos sindicatos declararon públicamente la posibilidad de ir a la huelga general de ser necesario, entre ellos el Stunam; unas semanas después a iniciativa de la CTM, varios sindicatos, entre ellos la UNT, arroparon la convocatoria de esa central obrera la cual definió para el 20 de noviembre la fecha del paro de labores. Y sin embargo más allá del llamado, desde entonces no se tomó ninguna medida práctica para organizar la huelga. Una serie de acciones firmes en ese sentido y ante el peligro inminente, posiblemente el PRI y el PAN abrían retrocedido; de hecho unos cuantos días antes del 13 el noviembre el PRI ya había anunciado que la contrarreforma había perdido su carácter constitucional de “preferente” y que se postergaría para después de la asunción de EPN del 1 de diciembre, demostrando con ello su nerviosismo.

Sin embargo esa clase de titubeos no fue interpretada como un signo de debilidad del Régimen ni por los dirigentes sindicales, ni por los de Morena y los de los partidos de izquierda, quienes se quedaron cruzados de brazos en lugar de llamar a una acción decidida para darle el golpe definitivo a ese entonces nuevo intento por imponer la contrarreforma laboral. Pero quienes si hizo la interpretación correcta fueron los estrategas de la burguesía, los cuales vieron en la parálisis de las direcciones obreras y de la izquierda una oportunidad para ir a fondo en sus objetivos; estos estrategas, entre ellos Carlos Salinas, inmediatamente y de forma ágil le demandaron a Peña Nieto su intervención para disciplinar al PRI en una sola línea: llegar a los acuerdos necesarios con el PAN y aprobar a la voz de ya la contrarreforma laboral. Resultado que se logró finalmente el martes 13 de noviembre.

Consejo General de Huelga

A pesar del avance logrado por la burguesía, la contrarreforma laboral aún pude ser revertida. La condición es pasar de las palabras a los hechos en lo relacionado a la huelga general. Es necesario unificar criterios y tener en cuenta que el reto ahora impuesto por la lucha de clases demanda medida a la altura de éste. En la asamblea del Frente Amplio Social del 9 de noviembre, Agustín Rodríguez del Stunam nuevamente insistió en necesidad de pasar a la huelga general para frenar la inminencia del ataque pues de acuerdo a él, como lo relata La Jornada del día 10, “no es con mítines, marchas y pancartas como lo lograremos”.

Sin embargo ese argumento fue inmediatamente respondido por José Olvera, integrante de la Comisión Política de la UNT, quien “aseguró que habrá una campaña nacional de amparos contra de la reforma y buscarán que los diputados de izquierda promuevan una acción de inconstitucionalidad” (La Jornada10112012)

Si bien la postura de Olvera refleja la inmovilidad que ha caracterizado a la dirección de esta central obrera durante los últimos años, por otro lado la posición del dirigente del Stunam expresa las presiones desde abajo y la voluntad de lucha entre la base sindical.

Es precisamente en esa voluntad en la que se tienen que basar los sindicatos, Morena y la izquierda partidaria para llamar a formar un Frente Único para revertir la contrarreforma laboral y basarse en esa agrupación de fuerzas para impulsar Consejo General de Huelga (CGH). A diferencia de la convocatoria del 20 de noviembre en la que no se hizo nada para organizar y preparar el paro de labores, esta vez necesitamos además de una fecha y una verdadera convocatoria a la huelga general, la creación de una instancia que aglutine y coordine todos los esfuerzos para la implementación de medidas concretas para el impulso del paro; esa instancia sería el CGH el cual impulsaría asambleas en todos los centros de trabajo, en los barrios obreros y en la universidades para discutir las medidas a tomar para asegurar el que la fecha acordada las fábricas, los servicios, el transporte y las escuelas se paralicen; también el CGH tendría que organizar una intensa labor de propaganda y agitación explicando la necesidad de la huelga para impedir los ataques y tras ello crear comités en apoyo a la huelga general en todo los sitios. Además el día de la huelga general se tiene que organizar las movilizaciones más masivas posibles en las principales ciudades de todo el país.

Los sindicatos, Morena y el PRD tienen la capacidad de lograr ese despliegue de fuerzas y no hay razón alguna que justifique el que no lo hagan; en todo caso el freno es el estrecho horizonte de los dirigentes guiado por su política reformista, la cual parte del falso supuesto de que los intereses de los empresarios pueden ser congeniados con los de los trabajadores. La conciliación de clases sociales antagónicas como la trabajadora y la burguesa, es imposible. Es por ello que los marxistas defendemos una política no de conciliación de clases, sino de independencia de clase; es decir de ruptura con el capitalismo por medio de la expropiación de los banqueros y empresarios para poner los bancos, las fábricas, la tierra y demás medios de vida bajo el control democrático de los trabajadores.

La limitación del reformismo (de ahí su incapacidad de jugar en estos momentos el papel que exige el estar a la cabeza del movimiento obrero) consiste en su política de tratar inútilmente de humanizar al capitalismo; y precisamente la superioridad del marxismo (de ahí su capacidad de ser la alternativa más viable para movimiento obrero) consiste en lo contrario: en su política para exterminar la barbarie capitalista. Dicho ello, en esa misma medida, la única oposición firme para la clase obrera ante el callejón sin salida que significa el capitalismo, es la de adoptar un programa socialista.

Camarada trabajador únete a Militante y lucha por estas ideas para tu sindicato u organización de lucha.