La expropiación de 1938
El porfiriano promulgó una serie de leyes que convirtieron a los consorcios extranjeros en propietarios de enormes extensiones territoriales del suelo nacional y en prácticamente dueños únicos de la riqueza mineral del país: por medio de la Ley de Colonización de 1883 serían expropiadas en los hechos cientos de miles de hectáreas de tierras indígenas, traduciéndose ello, ya en 1892, en la venta del 18% del territorio nacional a las multinacionales, siendo los empresarios petroleros los más beneficiados, principalmente el británico Weetman Dikinson Pearsons y el estadunidense Edward L. Doheny; en el caso de éste último sus propiedades territoriales en México posteriormente pasarían a manos de la Standard Oil Company.
Después, la Ley Petrolera de 1901 facultaría al Estado para otorgar concesiones petroleras en territorios nacionales y zonas federales, es decir permitir la explotación del hidrocarburo más allá de las posesiones territoriales de las empresas petroleras y además se reconocería el privilegio de los dueños de la propiedad para explotar el petróleo. Otro caso es el de la Ley Minera de 1909 en la que se declara “propiedad del dueño del subsuelo los criaderos o depósitos de materias bituminosas”, es decir de hidrocarburos naturales.
Con el Estado y las leyes a su servicio, los dueños de las industrias petroleras adquirieron un poder que aparentaba ser amo y soberano de todo México. Solamente bajo la condición de la Revolución de 1910 se crearon las condiciones para enfrentar a ese poder, hasta darle un golpe mortal el 18 de marzo de 1938: en 1917 el Constituyente reivindicaría en la nueva Carta Magna la propiedad original del subsuelo para México. Y después otro obstáculo para las trasnacionales del petróleo se presentaría con la reglamentación de 1926 del artículo 27 constitucional.
No obstante las limitaciones impuestas tras la revolución de 1910, ello no impidió que para 1937 el 95% de la industria petrolera estuviera bajo el control de los monopolios multinacionales. En ese marco, y ante la férrea resistencia de los trabajadores petroleros ante los abusos laborales, es que se daría el paso más radical a través del decreto de expropiación del 18 de marzo de 1938. Tras ese hecho histórico, un nuevo avance de especial relevancia se presentó con la reforma al artículo 27 constitucional promulgada en 1940, en la que se definen términos precisos respecto a las facultades de la nación sobre la explotación del petróleo, estableciéndose que: el Gobierno Federal no puede otorgar concesión alguna para la exploración, extracción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo, sus productos y el gas; además de que sólo la nación está facultada para llevar a cabo los trabajos de exploración, extracción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo, sus productos y el gas.
Sólo con esa clase de medidas se le pudo arrebatar el poder que tenían las trasnacionales petroleras sobre nuestro país, el cual era tan desmedido que en 1919 tuvieron la arrogancia de exigirle al gobierno surgido de la revolución la eliminación de los artículos 3°, 27, 33 y 130 constitucionales, ello a través de la Comisión Fall (por el apellido del senador yanqui que la encabezaba) la cual le propuso al gobierno de los Estados Unidos intervenir militarmente contra México en caso de que las exigencias no fueran aceptadas. Pero más aún, de forma paralela a esas presiones los trasnacionales petroleras estaban conspirando para tratar de desmembrar el territorio nacional y construir una nueva “República independiente”, con los territorios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz, del mismo modo que lo hizo el imperialismo yanqui en 1835-1836 con la “independencia” de Texas.
Reformas privatizadoras
Lo anterior describe el enorme poder que tenían los monopolios multinacionales sobre el destino de México y a la vez nos permite pensar qué tan lejos podrían haber llegado en caso de que no se les cercenaran las alas. Sin embargo, ahora priistas y panistas trabajan fuerte desde hace dos décadas y media por devolverle ese poder al gran capital sobre el petróleo.
Con ese objetivo desde Salinas hasta Calderón, todos los gobiernos han contribuido con creces imponiendo contrarreformas que de manera gradual, pero a paso firme, le han abierto terreno a los capitalistas extranjeros y sus socios nacionales para beneficiarse del petróleo mexicano a manos llenas e ir privatizando diferentes actividades que antes eran de dominio exclusivo de PEMEX.
Uno de los más importantes impulsos y que creó una estrategia general de largo plazo que se extiende hasta nuestros días sobre la privatización del petróleo, es la reforma del año de 1992 impulsada por Salinas y que transformó a PEMEX en un corporativo y cuatro filiales (Exploración y Producción; Refinamiento; Gas y Petroquímica de base; Petroquímica) y en la que se abrió paso a la inversión privada por medio del esquema de franquicias.
Después, bajo el gobierno de Zedillo, tras los estragos de la crisis económica derivada de los llamados “errores de diciembre” de 1994 y con el objetivo de atraer inversión foránea, se implementaron los Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto (PIDIREGAS) a finales del 1995, consistentes en deuda adquirida de capitales privados para la inversión en infraestructura para PEMEX y CFE; además durante ese sexenio se ratificó el Tratado de Marcos Regulatorios de América del Norte (North American Framework Agreement, NAFA) con Estados Unidos, bajo el cual el gobierno zedillista abrió las puertas a la generación privada de electricidad y permitió la apertura a los capitalistas en la distribución y el trasporte del gas natural.
Siguiendo la misma tónica, en 2003, el primer gobierno del PAN encabezado por Fox, introdujo los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) para toda clase de obras y servicios para PEMEX, viéndose inmediatamente beneficiadas las petroleras trasnacionales; Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum, las cuales ampliaron drásticamente su rango de control sobre la paraestatal y el petróleo mexicano.
Y el más reciente capitulo, trascendente respecto a los que muchos han dado en llamar la “privatización silenciosa” de PEMEX es el caso de los “contratos incentivados” impulsado por la reforma de Calderón en 2008, por medio de los cuales empresas privadas pueden lograr asociaciones con la paraestatal para exploración y producción de crudo.
Los resultados
Desde que inició el esquema de privatización de las reformas son tres los argumentos que han empelado sistemáticamente la burguesía y sus partidos, el PRI y el PAN, cada que se impulsa alguna nueva medida: uno, que PEMEX resultará fortalecido; dos, que ello acarreará beneficios importantes para los trabajadores y campesinos del país y, tres, que se hará respetando la soberanía nacional y la rectoría del Estado sobre el petróleo y que, por consecuencia, las contrarreformas no son privatizadoras. Pero si revisamos los resultados en detalle no hace falta gran esfuerzo para señalar que estos han sido lo contrario de lo prometido.
Sobre el supuesto fortalecimiento de PEMEX la caída de la producción a lo largo de la administración de Calderón contradice ese argumento, pues de 2007 a junio de 2012 la producción diaria bajó de los 3.7 millones de barriles diarios a los 2.5 millones de barriles al día; además la perspectiva indica que de mantenerse esa tendencia en 2015 México tendrá que empezar a importar petróleo pues se calcula que en ese año la demanda interna (2.5 millones de barriles) superará el nivel diario de producción (2.3 millones de barriles).
Además “de enero a agosto del 2011, las compras foráneas de gasolina promediaron 399,000 barriles diarios, casi el doble (94.9%) frente a la media de 204,700 barriles registrada en el 2006” (El Economista 13-10-2011). En la actualidad el 49% de la demanda nacional de gasolina es cubierta por importaciones. El anterior es el resultado de la banca rota provocada por las contrarreformas petroleras sobre el Sistema Nacional de Refinación (SNR) lo cual ha significado que las importaciones de gasolinas “se dispararon durante el periodo del 2000 a noviembre del 2010, mismas que pasaron de 1,298 millones de dólares a 10,535 millones”. (El Economista 17012011)
En ese contexto es como PEMEX reportó pérdidas sistemáticamente durante los últimos años, salvo 2012. De acuerdo con El Economista, del pasado 23 de febrero, dichas pérdidas se comportaron de la siguiente manera: pasaron de “18,307 millones (de pesos) en el 2007 a 112,000 millones en el 2008, luego a 94,662 millones en el 2009, a 47,462 millones en el 2010 y a 91,483 millones en el 2011, según los reportes anuales consolidados de Pemex”. En 2012 el saldo fue positivo en unos 4,977 millones de pesos, cantidad más que insuficiente para resarcir siquiera modestamente el descalabro del año anterior.
Y sobre los beneficios para la clase trabajadora ¿en dónde están todos esos cientos e incluso miles de empleos ofrecidos y argumentados a favor de cada una de las contrarreformas petroleras? Al igual que en caso anterior los resultados desmienten a los reformadores pues desde la tasa media de desempleo del 2000, cuando se ubicó en 2.5%, de 2009 a la fecha los índices acostumbrados van del 5.5, 5.6 en 2010, 5.2 en 2011 y 5% en 2012. De hecho, según datos oficiales, Calderón terminó su sexenio con 876 mil desempleados más que en 2006.
Y las cosas en ese terreno irán empeorando aún más pues como lo divulgó la revista Contralínea el 13 de noviembre de 2011, entre los planes de la nueva generación de contrarreformas petroleras se encuentra el despido de 5 mil técnicos y profesionistas de PEMEX.
Por lo demás ¿qué no han sido ya privatizadoras las reformas? Veamos los datos concretos: tan solo por medio de los Contratos de Servicios Múltiples entre 2003 y 2008, PEMEX estableció compromisos con diferentes empresas trasnacionales con un valor de 88 mil millones de dólares, cantidad con la que se podrían construir 8 refinerías de acuerdo al monto estimado por la propia paraestatal para este tipo de infraestructura (expansion.com 20-01-2009). De esa celebre el de las PIDEREGAS, las cuales en 1998 ya cubrían el 63% de las necesidades financieras de la paraestatal, porcentaje que escalaría en 2008 hasta el 443%, con esta dinámica la empresa más favorecida ha sido la trasnacional yanqui Haliburton, la cual para 2008 ya tenía 160 contratos con valor de 2 mil millones de dólares. En 2011 se otorgaron los primeros contratos privados para operar campos petroleros a Petrofac (Británica) y Dewell Schlumberg (USA); otro contrato de esa naturaleza se le otorgaría en 2012 a esta última empresa con un valor de 38.5 millones de dólares para la perforación de pozos en la Sonda de Campeche. Y a finales de ese año, por un monto de mil millones de dólares, Pemex firmó contratos para la renovación de la flota naval petrolera, la adquisición de tres plataformas, la exploración y producción de campos maduros y la tardía construcción de la Refinería Bicentenario en Hidalgo, la cual se calcula estará concluida hasta 2017.
De este modo es que hoy día empresas privadas son dueñas de 47 plataformas petroleras que operan en las costas de Campeche y Tabasco; también lo son de 155 de los 257 equipos de perforación que operan en yacimientos petrolíferos mexicanos; lo mismo sucede con los 66 ductos que operan en Veracruz y Tabasco.
La táctica de ese proceso de privatización, además de las contrarreformas, se ha apoyado en un sistemático y sostenido abandono presupuestario del Estado hacia PEMEX, pues la inversión pública, por mencionar un ejemplo, paso del 2.9% en proporción al PIB destinado en 1983 al 0.5% de 2007. Además mientras que los ingresos de PEMEX entre 2007 y 2011 fueron en promedio anual de un billón 439 mil 470 millones de pesos, la inversión pública apenas alcanzo en promedio cada año los 188 mil 242 millones; es decir aproximadamente el 10% de lo recaudado por la paraestatal.
De ese modo los diferentes gobiernos priistas y panistas han justificado la inversión privada sobre actividades petroleras originalmente reservadas para el Estado a través de PEMEX y consagradas por la reforma al artículo 27 constitucional de 1940.
Pero también bajo el argumento de la necesidad de financiar PEMEX esta ha sido endeudada a tope, siendo una muestra de ello la decisión tomada en octubre del año pasado, al mismo tiempo que se aprobaba la contrarreforma petrolera de ese año y ante el peso asfixiante de esa clase de deuda sobre PEMEX, Calderón emitió un decreto que trasformó a las PIDIREGAS en deuda federal, sin embargo, esta solución no mitigó en anda la pesada carga sobre PEMEX, cuya deuda total se abultó de los 569 mil millones de pesos de 2006 a los 772 millones de pesos de junio de 2012. Durante la administración de Calderón se pagaron solo en intereses 233 mil 796 millones de pesos derivados de la deuda de PEMEX.
Siendo así, ya sea a través de múltiples contratos con empresarios o por medio de su deuda, PEMEX y el petróleo mexicano ha sido puesto al servició del gran capital tanto nacional como extranjero.
La reforma de Peña
El petróleo mexicano representa un negocio bastante jugoso para la burguesía, tan sólo para hacernos una idea de su potencial basta recordar que las exportaciones se tradujeron en ingresos de divisas para el país por un monto de 213,976 ,247 millones de dólares entre 2006 y 2011. Además el ranking mundial de empresas, petroleras y no petroleras, ubican a PEMEX como la número 13 entre las más rentables del planeta sólo después de Exxon Mobil, Wal Mart, Chevron, Conoco Phillips, General Motors, Petrobras, General Electric, Berkshire Hathaway, Fannie Mae, Ford Motors, Hewlett-Packard y AT&T. Está claro que los capitalistas no están dispuestos a perder las oportunidades de negocios que significa PEMEX y se preparan para una nueva ofensiva, esta vez con Peña Nieto al frente.
Si bien en el Pacto por México firmado por Peña y los dirigentes nacionales de los tres principales partido políticos, el PRI, el PAN y el PRD, se señala que PEMEX continuará siendo de propiedad pública, los focos rojos se prendieron al momento de convocarse la 21 Asamblea Nacional del PRI, el pasado 23 de febrero, para eliminar de su Programas de Acción, sus Estatutos y de su Declaración de Principios toda clase de impedimento para adoptar sin el menor empacho propuestas de Peña como avanzar en la privatización de PEMEX e imponerle IVA a alimentos y medicamentos. Por ejemplo de la Declaración de Principios del PRI fue eliminado la parte que dice: “Ratificamos el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos y los demás recursos naturales del subsuelo”.
Otra forma de darnos una idea respecto al carácter de la reforma peñista del petróleo son las propuestas priistas en 2008 frente al planteamiento de Calderón. Por ejemplo, mientras que el expresidente proponía una privatización de lo más cínica al asegurar según él la rectoría del Estado, los priístas proponían lo mismo pero de manera más matizada. Por su lado Calderón proponía contratos con la IP para la construcción y operación de refinerías, así como el transporte y almacenaje de hidrocarburos, con remuneraciones en efectivo, sin compartir porcentajes del producto o la renta petrolera, ni transmitir la propiedad del petróleo, por su parte, el PRI pugnaban por la creación de organismos descentralizados de carácter estratégico, filiales a Pemex y de propiedad 100% estatal, para desarrollar todas esas actividades pero facultando a esos organismos para celebrar con inversionistas privados los contratos de obras y prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiera. De ese modo lo que la iniciativa de Calderón proponía en un solo paso, la del PRI lo proponía en dos. Sin embargo en ambas iniciativas en esencia se trasformaba a PEMEX una simple oficina de administración, dejando bajo el control del gran capital las actividades sustanciales de la actividad petrolera.
El tipo de reforma que requieren los grandes consorcios petroleros ha quedado en claro por medio de la declaraciones de la representación en México de la Royal Dutch Shell en las que esta empresa literalmente dice que “El Gobierno mexicano quiere atraer a grandes jugadores internacionales a su rico sector petrolero, pero sólo podrá hacerlo si corona una reforma energética que permita la entrada al capital privado a todas las áreas del sector y garantice reglas del juego claras” Es decir, lo que Shell exige es lo mismo que demandan el resto de grandes consorcios petroleros: contar con las manos libres para actuar sobre el petróleo mexicano para beneficiarse a manos llenas como lo hicieron por décadas antes de la Revolución de 1910 y la expropiación de 1938 y sin que ello significara ninguna clase de beneficio para el pueblo trabajador sino todo lo contrario.
Las petroleras, Peña, el PRI y el PAN pretenden regresar la rueda de la historia a tiempos de “Don Porfirio” para asegurar un control desmedido sobre la riqueza mineral del país y para expoliar con más energía al pueblo trabajador.
La defensa de PEMEX
Para el gran capital el estatus ideal respecto al petróleo es que ellos posean un dominio total sobre el mismo y ven en la reforma de Peña una oportunidad de oro para aproximarse esta vez muchos más que en el pasado a su sueño dorado, e intentarán ir con todo para que así sea. De lograrlo, los capitalistas estarían usufructuando una cantidad de dinero por mucho mayor a la actual, dada su relación parasitaria con PEMEX, medrando la contribución de la paraestatal en las finanzas del Estado, la cual equivale aproximadamente al 40% de los ingresos de las finanzas públicas, viéndose afectadas las de por si golpeadas partidas presupuestales para educación, salud y toda clase de políticas y programas para el beneficio de las familias trabajadoras.
Ante el peligro los trabajadores debemos responder organizando comités en defensa de PEMEX en cada barrio y poblado, así como en cada centro de trabajo y escuela para que se coordinen a nivel regional, estatal y nacional por medio de delegados democráticamente electos lanzando toda clase de iniciativas de lucha que permitan explotar toda la fuerza del movimiento obrero y del campesinado pobre.
También debemos sacar todas las lecciones del pasado, en particular de la lucha del 2008: el 8 de abril de ese año Calderón presentó su contrarreforma con la intención de que fuera aprobada fugazmente, sin embargo, la presión en las calles y la toma de la tribuna parlamentaria por parte de los diputados del llamado Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) frenaron la maniobra forzando un periodo de debate que se extendió hasta octubre. En todo ese tiempo, dado el temor a un movimiento que demostraba mucha fuerza en las calles, Calderón se vio obligado a eliminar parte de sus planes privatizadores de su reforma; en esos momentos había una situación de fuerza favorable para los trabajadores y bastaba una acción de mucho peso para derrotar en su totalidad a la contrarreforma; esa acción era el llamado al paro nacional acordado entre AMLO y los cientos de miles que abarrotaron el Zócalo capitalino el 18 de marzo en un multitudinario mitin en defensa del petróleo. Sin embargo AMLO no convocó al paro y en ello encontró Calderón una oportunidad para filtrar en la contrarreforma los “contratos incentivados” que tanto han perjudicado a PEMEX en tanto importante palanca de la privatización silenciosa del petróleo.
Dada esa experiencia, esta vez frente a Peña no puede haber cabida para los titubeos. Por ello AMLO y Morena, el ala de izquierda del PRD y los sindicatos deben llamar a un frente único de lucha en defensa de PEMEX, impulsando los comités de acción y llamando a organizar una huelga general contra la política antiobrera de Peña y en defensa del petróleo. Los burgueses, su gobierno y sus partidos van con todo por el petróleo y lo han demostrado a tal grado de que han logrado hacer del bombazo en las oficinas centrales del PEMEX el 2 de enero pasado, que dejó media centena de trabajadores de muertos, en un elemento de distracción para sus planes; por ello el movimiento obrero, y en especial sus dirigentes, tienen que actuar con toda firmeza frente a las pretensiones de los empresarios, pasando también al terreno de las expropiaciones bajo control obrero para dar el golpe definitivo que termine con la explotación capitalista.
Luchemos por:
- Cancelación inmediata de la deuda de PEMEX.
- Desconocimiento sin indemnización de los contratos parasitarios con PEMEX.
- Expropiación sin indemnización de la maquinaria, edificios e infraestructura de las empresas contratistas de PEMEX y la contratación de base de sus empleados por la paraestatal.
- Ni un solo despido más en PEMEX.
- Por la democratización e independencia respecto del gobierno del sindicato de PEMEX
- Por una PEMEX bajo el control directo y democrático de los trabajadores.
Únete a Militante y lucha por estas ideas y por el socialismo.
