El pasado 12 de agosto fue publicada la “Convocatoria para el nombramiento de Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2013-2017”. Así que luego de la campaña electoral legal (del 29 de agosto al 7 de septiembre), el 11 de septiembre se realizara la farsa jornada electoral, misma que será calificada el día 13 en sesión extraordinaria del Consejo Universitario (supuesta “máxima autoridad” de la institución), quien volverá a nombrar al candidato y actual rector interino, y le tomará protesta el 4 de octubre próximo.
Con la renuncia al cargo del rector anterior, Enrique Agüera Ibáñez, y su derrota en el pasado proceso electoral a la presidencia municipal de Puebla como candidato del PRI, hay quienes suponen que se dará un cambio en la política que se ha venido implementando en los últimos 22 años dentro de la BUAP. Sin embargo, no se puede ser ingenuo en pensar que las prácticas antidemocráticas, la violación a los derechos estudiantiles y laborales, así como la tendencia hacia la privatización de la universidad, vayan a terminarse con el nombramiento de una persona que ha sido partícipe de la misma política. El cargo de rector podrá cambiar de rostro y estilo de administrar, pero la misma política neoliberal-capitalista continuará aplicándose en la institución, en tanto los estudiantes y trabajadores sigamos careciendo de organización y una dirección combativa que luche decididamente por defender nuestros derechos y la universidad pública.
Elecciones antidemocráticas
José Doger Corte fue el último de los rectores elegidos en su primera gestión (1990-1993) mediante voto universal, directo y secreto de trabajadores y estudiantes. Pero, ya para su segunda gestión (1993-1997), fue nombrado mediante el voto ponderado, impuesto bajo su administración en la nueva Ley Orgánica de la BUAP promulgada en 1991 y reformada en 1998. Bajo esta legislación, en cada Unidad Académica todos los alumnos sufragan en una urna y el candidato ganador tendrá dos votos de ese sector; todos los trabajadores académicos sufragan en otra urna y el ganador tendrá dos votos de dicho sector; y el director de esa Unidad Académica tiene un voto no mandatado ni vinculado a ningún sector. Esto significa que en total hay cinco votos por cada Unidad Académica, independientemente de su matrícula escolar u oferta académica.
De acuerdo con ese nuevo “procedimiento para el nombramiento de rector”, se siguen dos etapas: la primera, “de auscultación para la nominación de candidaturas y la auscultación sectorial, a través de la votación sectorial respectiva”; y la segunda, de “la calificación del proceso de votación y el nombramiento del rector por parte del Consejo Universitario”. De manera tal que, los estudiantes y trabajadores universitarios no elegimos democráticamente, mediante voto universal, directo y secreto, al rector, sino que este es nombrado por los integrantes del CU, mayoritariamente cooptados por el mismo rector.
Como ha ocurrido en los procesos electorales universitarios de los últimos 20 años, en esta ocasión, supuestamente el aspirante nominado con más apoyo (de 42 mil 932 universitarios), fue el rector interino Alfonso Esparza Ortiz. Los otros dos aspirantes nominados fueron: Samuel Tovar Ruiz con el apoyo de 121 universitarios y Daniel Alcántara León con 117 firmas de catedráticos y estudiantes. El segundo, inexplicablemente, declinó a pocas horas de haber iniciado formalmente la campaña electoral, mientras que el tercero retiró su candidatura a cuatro días de finalizar la campaña.
¿Cómo fue nominado candidato el actual rector interino? La respuesta parece obvia, habiendo sido designado por el rector anterior para ocupar el cargo de interino. Pero veamos cómo Alfonso Esparza continúa con las mismas prácticas clientelares de sus tres antecesores, los cuales utilizaron a la universidad para promocionar su imagen y ser postulados a cargos de elección popular por parte del PRI. Ha chantajeado y prometido “la luna y las estrellas” a los profesores para que lo apoyen (definitividades y transformaciones de categoría). A los estudiantes, como buen priísta, nos envió una “carta” de bienvenida, un chaleco, un cuaderno y memoria USB, a cambio del voto.
Teóricamente se habla de fomentar la “democracia”, el pensamiento “crítico” y valores positivos en los estudiantes, pero prácticamente se realiza todo lo contrario. En una Preparatoria, por ejemplo, a los estudiantes se nos pretendió engañar y obligó a firmar una hoja apoyando la nominación de Esparza, algunos grupos fueron “acarreados” al registro de su candidatura y a sus actos de campaña en cada escuela. En el caso de los profesores Consejeros de Unidad Académica (integrantes de la supuesta máxima autoridad en la escuela), también se les entregó una carta (para ser firmada junto con todos los integrantes de su respectiva Academia) dirigida a la Comisión de Auscultación, donde se pronunciaban a favor de Alfonso Esparza como el “candidato idóneo”, “preocupado por mantener la autonomía universitaria y la figura de universidad pública”. Además de esto, a los profesores se les pidió demostrar su apoyo incondicional, dando dinero para financiar la propaganda electoral del rector-candidato. ¡O sea que ahora, los profesores para conservar su empleo mal pagado, deben no sólo seguir compitiendo y acumulando “puntos” a toda costa, para mejorar sus reducidos ingresos; sino que además deben hacer más méritos corrompiéndose, cooperando, acarreando a estudiantes y aplaudiendo en los actos de campaña del rector-candidato que seguirá violando sus derechos laborales y democráticos!
Violación de los derechos laborales
Aunque el pasado mes de agosto, el rector-candidato se haya visto obligado a dar estabilidad laboral a 689 docentes y 57 trabajadores administrativos que después de varios años de trabajo obtuvieron su definitividad, y a pesar de que haya prometido que esto se repetirá “año con año” y será de manera “transparente”, el reciente proceso para el otorgamiento de definitivades estuvo empañado y plagado de infinidad de irregularidades por el proceso electoral. Aun así, esta promesa ha creado ilusiones entre algunos profesores que llevan años siendo hora-clase y que legítimamente aspiran a tener estabilidad laboral. Lo cierto es que no se debe confiar en quienes quieren terminar de privatizar la universidad pública, vendiendo los derechos laborales a cambio de sumisión incondicional a las autoridades.
Si un profesor cuestiona algo, habla con alguien que no está alineado con el grupo directivo, no acepta las prácticas antidemocráticas ni a seguir trasladando el gasto universitario a nuestras familias; se le empieza a descalificar para justificar su no recontratación por “negarse a trabajar”, aun a pesar de que sea parte de la supuesta “máxima autoridad” de la escuela (el Consejo de Unidad). Y es que, una forma de tener controlados a los profesores Consejeros de Unidad Académica, para que sólo asistan a las reuniones (cuando llegan a ser convocadas), reciban indicaciones, las instrumenten a través de sus Academias, y voten a favor de todas las iniciativas presentadas por los directivos; se impone en esa instancia a los profesores contratados por tiempo determinado (hora-clase). De manera tal que si estos desean ser recontratados un año más, se ven obligados a inclinar la cabeza y guardar silencio; quienes intentan emitir una opinión, son acallados, obligados a renunciar o bien despedidos por “incompetentes”, “desleales” y “traidores”, según las autoridades.
Privatización de la Universidad
“Los estudiantes serán el centro de la universidad y de mi rectorado”, declaró en campaña el rector-candidato; nos pidió, que creamos en su proyecto de gobierno universitario, el cual será “incluyente, en donde todos participemos”. ¡Vaya inclusión de los estudiantes, cuando en agosto pasado fueron rechazados cerca de 28 mil jóvenes que aspiraban ingresar a la universidad, junto con 20 mil 100 que lograron ser aceptados luego de presentar el “examen de exclusión” para licenciatura y preparatoria!
Obviamente que la participación de los estudiantes es entendida como que deberemos seguir pagando por nuestro derecho a la educación. Quieren que sigamos pagando por servicios escolares como cursos, seminarios, cuotas de inscripción y reinscripción, renovación de credencial, liberación de bibliotecas, constancias, certificados y titulación, entre otros servicios escolares. En las preparatorias, por ejemplo, los alumnos que lograron ingresar, luego de haber pagado el curso o seminario de preparación para presentar el “examen de exclusión”, el propio examen y la inscripción; así como comprado libros, también se nos pide que, junto con nuestros padres, seamos “copartícipes” y aportemos una cuota para comprar persianas para los salones, papel higiénico y jabón para los baños, además de comprar y vender boletos del Sorteo-BUAP.
La política educativa es un eslabón de la política económica neoliberal que bajo la crisis capitalista se ha venido implementando en el mundo desde la década de los 70´s. En México, esta política neoliberal-capitalista ha sido aplicada por los gobiernos del PRI-AN desde hace 30 años. Ello ha significado una reducción en el gasto social, que incluye el financiamiento para la educación pública. Las autoridades universitarias, además del uso discrecional de los recursos para comprar conciencias y su enriquecimiento personal, con la necesidad de generar “recursos propios”, lo que han venido haciendo es trasladar el costo de la educación a nuestros padres trabajadores. En medio de la peor crisis económica capitalista mundial, que ya lleva cinco años y no tiene para cuándo recuperarse, a la clase trabajadora se le pide aceptar seguir siendo mayormente explotada: recibir salarios míseros, pagar más impuestos (no invertidos en gasto social) y, además, pagar por el derecho a la educación de sus hijos. Mientras tanto, los empresarios siguen incrementando sus ganancias, quieren la privatización de los energéticos (PEMEX y CFE) e imponer IVA a alimentos y medicinas.
El costo de la “excelencia”
Aunque demagógicamente Alfonso Esparza hable de inclusión de los estudiantes, no puede ni tiene la intención real de terminar con la tendencia hacia la privatización de la universidad pública. Por ejemplo, ante la petición de los alumnos de implementar un turno extra o construir más salones y así poder aceptar a más jóvenes, el rector-candidato declaró que no hay forma de tener más espacio y que no se puede “regresar al pasado donde los grupos estaban integrados por hasta 120 estudiantes, eso no es posible, además porque no abona a la calidad ni a la competitividad de los alumnos”. Por supuesto, es antipedagógico tener grupos académicos de tantos estudiantes, pero incluso actualmente hay escuelas de la BUAP donde los grupos están conformados hasta por ¡60 alumnos!. A pesar de eso, los recursos se invierten en salarios onerosos de los altos funcionarios y edificios espectaculares (como el Completo Universitario) para proyectar una supuesta imagen de excelencia; pero no se invierten en la construcción de más salones y plazas suficientes para maestros (con mejores condiciones laborales) que vayan reduciendo la masificación de los grupos, y se acepte a todos los jóvenes que aspiran ingresar a la universidad.
Efectivamente, en el pasado al que hace alusión y no pretende regresar Esparza, la universidad se había masificado. Lo que no explica, convenientemente a sus intereses de clase, es que eso se debía a la crisis por la que atravesaba la educación superior en México durante los años 60 y 70. Tal crisis, implicaba una marcada tendencia a favorecer el elitismo de la educación, restringiendo el financiamiento para las universidades públicas, así como su carácter crítico y popular (lo cual sigue ocurriendo). Esto contrastaba con un considerable incremento en la demanda de la juventud mexicana por acceder a la universidad, por lo que el proyecto alternativo que impulsó Luis Rivera Terrazas, como rector de la universidad (1970-1981), era lo que se llamó “Universidad Democrática, Crítica y Popular”. La democratización de la universidad significaba la libertad de discusión, crítica y organización de los estudiantes, maestros y trabajadores, así como la lucha contra toda forma de autoritarismo (dentro y fuera de la universidad). El carácter popular se manifestaba en mantener sus puertas abiertas y dar oportunidad de estudiar a decenas de miles de jóvenes que de otra manera se les negaría su derecho a la educación media superior y superior. También se expresaba en el apoyo a las luchas de la clase trabajadora por la transformación social.
Para la clase dominante, que quiere terminar de privatizar la universidad pública, y quienes en el discurso se autodenominan de izquierda, pero que han llegado a ocupar un cargo directivo en la universidad, aquellos años fueron de “descontrol”, “luchas callejeras” y “decadencia académica de la institución”. Ahora dicen que todo eso acabo. Que la universidad empezó a recuperar su prestigio con la llegada a la rectoría de los priístas: José Doger Corte (1990-1997), Enrique Doger Guerrero (1997-2005), Enrique Agüera Ibañez (2005-2013) y, actualmente, Alfonso Esparza Ortiz (2013-2017). Se enorgullecen de una “universidad de excelencia”, porque tiene una planta de maestros cuyo 80% está formada por profesionales con maestría o doctorado, instalaciones de primera tanto para la academia como para la práctica del deporte, bibliotecas, gimnasio, estadio, en fin, supuestamente cuenta con instalaciones propias de “una institución de educación superior de primera clase”.
Lo que no dicen, es que bajo la administración de estos nefastos personajes, la corrupción y el nepotismo son el pan nuestro de cada día; a los estudiantes se nos quitó nuestro derecho a elegir democráticamente (mediante voto universal, directo y secreto) a las autoridades universitarias; la libertad de expresión y organización se reprime permanentemente; y a los profesores se les niega su derecho a la estabilidad laboral, pues al menos el 50% (del total) de maestros, están contratados por tiempo determinado (hora-clase). Este ha sido el costo de la supuesta “universidad de excelencia”.
La represión hacia quienes intentan levantar la voz ha llegado incluso al asesinato de universitarios. El caso más reciente sucedió el pasado 2 de julio, cuando fue asesinado Oscar Samuel Malpica Uribe, quien fuera el último de los rectores democráticos de la Universidad (antes de ser tomada por los neoliberales priístas) y que estaba por revelar una red corrupción entre altos funcionarios de la institución. Sobre este crimen político, por alguna razón, Alfonso Esparza ha guardado absoluto silencio; sólo ha dicho que su prioridad es “la seguridad” y que se está esforzando por instalar (más) “cámaras de vigilancia” (para los universitarios).
El temor a la represión y la falta de organización entre los estudiantes, así como el riesgo de perder el empleo por parte de la mayoría de profesores críticos (no definitivos); la perdida de la memoria histórica y las tradiciones de lucha, junto con la falta de una dirección combativa al frente de las organizaciones de los trabajadores universitarios, han facilitado a la derecha en el poder, venir privatizando la universidad pública. La corrupción, el clientelismo, la antidemocracia, todos estos vicios y lacras del capitalismo reproducidas también en las universidades, se acabarán sólo si los estudiantes más conscientes recuperamos las tradiciones y métodos de lucha de la clase trabajadora, construyendo una organización permanente e independiente (económica y políticamente) de las mismas autoridades y el gobierno; si los trabajadores, también más conscientes, utilizan sus organizaciones sindicales para defender sus derechos laborales ante las autoridades; y si luchamos juntos (estudiantes y trabajadores) por la democratización de la universidad y la transformación social.
Los trabajadores que participan en los sindicatos “verdes” (SITBUAP y ASPABUAP) deben expulsar a los dirigentes charros que viven de sus cuotas sindicales y sólo organizan fiestas el día del maestro y cada fin de año. Quienes participan en el sindicato de izquierda (SUNTUAP) no reconocido por las autoridades, deben fortalecer su organización, ser los más consecuentes en la defensa de los derechos de todos los trabajadores universitarios y ganar la confianza de los trabajadores que aún no están sindicalizados para que se incorporen a la lucha.
Únete al Comité Estudiantil en Defensa de la Educación Pública (CEDEP) y luchemos junto con los trabajadores por:
¡Universidad Pública, Gratuita, Democrática, Científica, Crítica y Popular!
¡Eliminación de cuotas y pago de servicios escolares!
¡Eliminación del examen de exclusión y pase automático a la universidad!
¡Voto universal, directo y secreto para la elección de las autoridades universitarias!
¡Libertad de crítica y organización de los estudiantes, independientemente de las autoridades!
¡Ni un despido más, definitividad a los quince 15 días de trabajo!
¡Salario mínimo de 18 mil pesos al mes!
¡Mayor financiamiento público a las universidades!
¡Expropiación de los monopolios, transnacionales y bancos, sin indemnización y bajo control democrático de los trabajadores!
