I. Introducción

En México la barbarie capitalista actualmente se expresa a través de lo que podría ser calificada como una de las peores carnicerías humanas que se están desarrollando en el mundo entero. La aventura lanzada por el Estado, desde 2006, a través de la supuesta “guerra contra el narco” y el accionar de los propios cárteles de la droga han dejado como saldo aproximadamente 150 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos. En medio de todo ello, entre fuego cruzado, han quedado amplios sectores del pueblo trabajador; víctimas de extorsiones, asesinatos, desapariciones, secuestros, robo de hijas y esposas, entre muchas otras calamidades más.

Los capos mexicanos son ahora los más poderosos del planeta por su determinación para aprovechar exitosamente las condiciones que permitieron un cambio profundo en la división del trabajo en el mercado mundial de drogas; dejando el trasiego en segundo plano para transformase principalmente en productores. Junto con ello, han monopolizado las actividades criminales más rentables además del tráfico de drogas: el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, la trata de blancas, la piratería, el tráfico de inmigrantes ilegales, el contrabando, etcétera. Pero sobre todo, ha sido su capacidad para apoyarse en el capital financiero lo que los ha fortalecido; de esta manera han multiplicado sus ganancias en diez, veinte o hasta más veces. Uno de los cálculos más conservadores sobre el poder económico del narcotráfico señala que éste genera ingresos anuales por 40 mil millones de dólares, únicamente por la venta de enervantes. Aunado a ello, el lavado de dinero les ha permitido penetrar en el 78% de los sectores económicos del país (especialmente el minero, agropecuario, farmacéutico, químico y el área de fideicomisos) de acuerdo con Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia. Lo anterior sin olvidar sus negocios legales en aproximadamente 50 países además de México.

Para llegar tan lejos, la mafia del narco necesitó, entre otras, de tres condiciones básicas. La primera, contar con la complicidad del Estado. La segunda, contar con el apoyo del capital financiero. Por último, explotar y oprimir a vastos sectores de la población a través del terror sistemático. El narco mexicano se encumbró al amparo del Estado y del sistema capitalista en su conjunto.

León Trotsky explicó que entre los oprimidos existe un límite moral para tolerar los abusos y la explotación, pero también señaló que en muchas ocasiones, ya que la paciencia se ha agotado, la respuesta de los explotados contra sus opresores incluso va acompañada de la pérdida del miedo a perder la vida. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en algunos puntos del país, lacerados por la lacra del narcotráfico y toda clase de abusos por parte del ejército y los diferentes grupos policíacos. La conformación de grupos de autodefensa armados, integrados por miles de hombres y mujeres, ha sido la respuesta ante la amarga realidad que desangra a México.

En estados como Michoacán y Guerrero, con añejas tradiciones revolucionarias, el fenómeno de los Grupos de Autodefensa y las Policías Comunitarias ha adquirido un excepcional desarrollo. En ambos estados, con fusil en mano, estos grupos han logrado replegar a los cárteles de la droga a un grado tal que ya se contabilizan por algunos cientos el número de comunidades e incluso pequeñas ciudades que les han sido arrebatadas a las bandas criminales. En apenas unos meses, a partir su aparición a principios del 2012, los Grupos de Autodefensa lograron importantes éxitos militares, mismos que no había tenido el Estado en años de “guerra contra el narco”, a pesar de su poder de fuego por medio del Ejército y la Policía Federal (militarizada).

Además del problema de la violencia, el movimiento de los Grupos de Autodefensa y Policías Comunitarias también surge como una expresión del descontento del campesinado ante la política estatal de socavar el agro mexicano. Son ya más de tres décadas en las que se ha llevado a la ruina entera al campo por diferentes medios, incluidos el despojo de miles de hectáreas a miles de familias campesinas. En los últimos años se ha producido un proceso de concentración de tierras propio del Porfiriato y gracias al cual, por ejemplo, la industria minera se ha apropiado de una cuarta parte del territorio nacional.

Así, esa doble depredación, la provocada por el capitalismo a través de fenómenos extraordinariamente decadentes como es el narcotráfico y la generada por las propias políticas del Estado para apalancar la concentración del capital, es la que subyace y explica la determinación de un sector, no marginal, del campesinado pobre para organizarse por medio de la vía armada. Las Policías Comunitarias y los Grupos de Autodefensa son un hecho muy positivo y progresista, que está marcando un punto de inflexión -¡Y de qué manera!- en la lucha de clases. Su contenido revolucionario no sólo radica en que es un movimiento de campesinos armados, sino sobre todo en que es un movimiento de masas. No se trata de una expresión guerrillera; aislada de las comunidades, por el contrario es un movimiento surgido de éstas y que ha contado con la capacidad para arrinconar al Estado, con relativa facilidad, creando abiertos embriones de doble poder en la mayor parte de aquellos lugares donde tienen presencia. Su esencia revolucionaria también radica en que son un ejemplo para el resto de la clase trabajadora y del campesinado pobre sobre el camino a seguir en la lucha contra los explotadores. El auge durante el último año del movimiento de las Autodefensas demuestra que las tradiciones de la Revolución Mexicana de 1910, forjadas por los ejércitos de Villa y Zapata, están vivas y pueden resurgir entre una capa aún mayor de campesinos pobres, jornaleros agrícolas y dentro del proletariado urbano.

De ahí la insistencia del Estado para tratar de copar a los Grupos de Autodefensa, dividirlos, desorganizarlos y desarmarlos. La burguesía está muy interesada en frenar a estos grupos antes de que su ejemplo conecte con el descontento que generan los ataques contra el conjunto de la clase trabajadora. Sin embargo, esa misma razón es la que ha hecho temblar a algunos dirigentes e intelectuales de izquierda que acusan a los Grupos de Autodefensa de ser paramilitares y obra del Estado burgués: Ese es un análisis totalmente erróneo, que le es útil a la derecha en sus objetivos de desprestigiar a los campesinos y trabajadores alzados en armas en Michoacán y Guerrero para tratar de aislarlos y crear condiciones para su derrota, incluso de forma sangrienta. Esos mismos intelectuales son los que, con temblor en las rodillas, en 1994 acusaron al EZLN de ser “obra de Salinas”.

Rechazamos categóricamente toda esa clase de argumentos y por el contrario saludamos el auge del movimiento de las Autodefensas y Comunitarias. Nuestra posición no la establecemos con base en el entusiasmo revolucionario -¡Pero vaya que anima la lucha heroica del campesinado!- sino en el análisis científico de la realidad, asumiendo el punto de vista de los explotados, es decir a través del cristal del materialismo dialéctico de Marx y Engels. A lo largo del presente texto, Militante analiza las causas que han dado origen al movimiento de los Grupos de Autodefensas y Policías Comunitarias. Estudiamos su desarrollo durante el último año de su existencia así como también señalamos el programa, los métodos y el camino que deben seguir para extender y reforzar su lucha en otras latitudes del país.

Consideramos necesario que los trabajadores de las ciudades tengan un concepto adecuado de la lucha del campesinado pobre para así vincularse a ella, fortaleciéndola e integrando sus propias demandas.

Los Grupos de Autodefensa y las Policías Comunitarias pueden vencer, a estas alturas ya han dado sobradas muestras de ello. La condición para que la victoria contra sus enemigos no sea temporal ni efímera, asimismo para que este heroico movimiento no sea aplastado por el Estado; es que deben enarbolar un programa político en el que además de la problemática del narco, se planteen la lucha abierta contra el capitalismo; acompañado sus acciones con una táctica de lucha que los organice a nivel nacional y que los vincule con la lucha de los trabajadores de las ciudades.

El auge de los Grupos de Autodefensa y Policías Comunitarias representa un gigantesco paso al frente de los oprimidos en su lucha contra los opresores, por lo tanto, la clase trabajadora de todo México debe brindarles su apoyo. Con el presente análisis, Militante contribuye con éste último objetivo.

México D.F., marzo del 2014

II. Los orígenes de la guerra… ¿contra el narco?

El narcotráfico antes del 2006

El narcotráfico en México ha sido un fenómeno económico, político y hasta cultural que adquirió cierta importancia en los años cuarenta del siglo pasado, cuando en el contexto de la Segunda Guerra Mundial quedaron rotas las redes entre los productores asiáticos y los consumidores norteamericanos. A partir de ese momento, la clase dominante en proceso de caótica reorganización tras las últimas embestidas de la Revolución Mexicana, se vio atraída a éste negocio, animados por “emprendedores” norteamericanos. Cada eslabón del negocio surgió como parte de una misma cadena: terratenientes, empresarios, políticos priistas, instituciones del Estado y del Ejército, cada uno de ellos ocupaba más de una posición, era imposible separarlos en cada una de sus funciones, formaban un todo.

El régimen priista se caracterizó por la centralización del poder en la figura del presidente. Éste era el encargado de dirimir las desavenencias entre la clase dominante. Durante sus inicios, el negocio de las drogas estuvo fuertemente controlado, las disputas regionales y estatales eran acotadas por la fuerza del poder ejecutivo y los altos mandos del Ejército. Sin embargo, los cambios económicos a nivel mundial, la entrada del llamado “neoliberalismo” dio al traste con este sistema político que culminó con la salida del PRI de la presidencia, en el año 2000, después de haberla ejercido durante 71 años. Paralelamente al declive del priismo, durante las décadas de los ochenta y noventa, la presión sobre los cárteles de la droga en Colombia colocó a los cárteles mexicanos como los líderes del negocio.

El primer gobierno del PAN, encabezado por Vicente Fox (2000-2006), culminó envuelto en todo tipo de escándalos de corrupción, algunos de ellos relacionados con el narcotráfico. En esa época se fugó “El Chapo” Guzmán de un penal de máxima seguridad y los asesinatos alcanzaron una cifra alarmante: 74 mil homicidios al finalizar el sexenio. Ese sería el preludio para en el sexenio siguiente llegar a los más de 101 mil homicidios durante el sexenio de Calderón. Al respecto, la ONU determinó que entre 2007 y 2010 México ocupó el primer lugar mundial en el incremento en la tasa de homicidios, esta creció 29.3% (1).

Lucha de clases y ruptura del equilibrio capitalista

La clase dominante en México se encontraba aterrorizada, las elecciones presidenciales del año 2006 generaron un ambiente de movilización sin precedentes. La clase trabajadora mexicana se sumaba a la oleada revolucionaria que había llevado al poder a gobiernos de izquierda en Venezuela (1999), Brasil (2003), Argentina (2003), Bolivia (2006) y Chile (2006).

La clase trabajadora se encontraba en un estado de especial agitación en todos los frentes. A principios del año el sindicato minero, afiliado al PRI, rompió por primera vez, en casi un siglo de historia, con la disciplina del partido y encabezó una lucha donde convocó a dos paros nacionales de todo el sector minero-metalúrgico. En ese momento la confrontación ya era abierta, así que el gobierno decidió reprimir la huelga de los mineros del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, semanas antes del Día del Trabajo. Las consecuencias fueron la derrota aplastante de la policía militarizada y la creación de un frente que agrupó a las centrales sindicales corporativas: CROC y CROM y la central sindical independiente UNT, ligada al partido del candidato de la izquierda. El régimen estaba carente de alternativas por lo que repitió la receta de la represión semanas más tarde.

En Oaxaca, los profesores que se encontraban en plantón por aumento salarial fueron cruelmente reprimidos a finales de mayo, lo que dio pie a un levantamiento en todo el estado. Para principios de junio, a menos de un mes de las elecciones, el gobierno había huido de la capital del estado, quedando el control en manos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La situación era de una dualidad de poderes. Hasta dónde había escalado la lucha, que el frente común de sindicatos afiliados al PRI y la UNT se vieron presionados y amagaron con realizar una huelga general contra el gobierno ¡una semana antes de las elecciones!

Pero eso no era todo. La agitación política seguía su curso de sur a norte: en Estados Unidos, entre abril y mayo del 2006, se vivieron las manifestaciones más numerosas y desafiantes que nunca antes hayan protagonizado los trabajadores inmigrantes, la mayoría latinoamericanos. El punto culminante se alcanzó el 1 de mayo, con un paro general donde se calcula que participaron un millón de trabajadores, realizándose movilizaciones multitudinarias en las ciudades más importantes de la Unión Americana. Todo era un claro reflejo del acenso de la lucha de clases en el continente que ahora incluso tocaba las puertas de EUA. El imperialismo tenía totalmente claro que bajo ningún concepto permitiría la llegada de un “nuevo Hugo Chávez” junto a su frontera.

El fraude electoral que le dio el “triunfo” a Calderón, una vez más empujaba la lucha al punto del desbordamiento. En los dos meses posteriores a las elecciones del 6 de julio se produjeron las movilizaciones más concurridas en la historia del país; la primera con más de un millón de personas, seguida de otra de más de dos millones, alcanzándose el punto culminante en el mes de agosto con más de tres millones al grito de: “¡Si no hay solución, habrá revolución!” La situación para la burguesía, el gobierno mexicano y norteamericano, era casi desesperada, pero no tenían más remedio que seguir adelante.

La guerra contra la clase trabajadora

Años más tarde se supo que Calderón, ya como presidente electo , solicitó al ejército que reprimiera las manifestaciones contra el fraude. A un sector de la clase dominante no le bastaban las intenciones de Obrador para que el movimiento “no se desbordara”, necesitaban garantizarlo por su propia mano. El ejército se negó, comprendían que lo ocurrido en Michoacán, pero sobre todo en Oaxaca, se podía repetir a escala nacional volviendo la situación incontrolable. Además del fracaso de los anteriores intentos de represión, otro poderoso argumento de los generales era que el más del 70% de la tropa había votado por López Obrador. Todo apuntaba a que la represión abierta generaría más problemas que soluciones.

Finalmente, Obrador logró que el movimiento no escalara en líneas revolucionarias, el argumento: quería evitar un baño de sangre. Pero la clase dominante no estaba conforme, tenía claro que los millones que se habían movilizado ejercerían una presión enorme sobre el nuevo gobierno. La burguesía necesitaba crear una situación de terror que le permitiera implementar toda una serie de medidas para inhibir la lucha y la organización de la clase trabajadora. En ese marco se declara la llamada “guerra contra el narco”. Diez días después de asumir la presidencia, Calderón anunció la militarización del país: ordenó la movilización de la mitad del ejército, entre 60 mil y 70 mil soldados fueron enviados a diferentes puntos del país además de un número similar de policías federales. Con la llamada “guerra contra el narco” Calderón pretendía ganar la legitimidad que no logró a través de las elecciones y de paso poner al servicio del Chapo Guzmán el aparato del Estado en la disputa por el mercado y las rutas de la droga entre los diferentes cárteles. En resumen, desde su punto de vista, conseguía la excusa adecuada para militarizar el país y de paso criminalizar al movimiento obrero, todo ello quedó reflejado en la llamada “ley antiterrorista” (Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública) aprobada en diciembre del 2008.

Confrontar superficialmente el negocio del narcotráfico, parecía ser un asunto del cual el gobierno podría sacar provecho en varios sentidos. Urgido de legitimidad, Calderón esperaba movilizar a la “opinión pública”, a la pequeña burguesía e incluso a sectores de la clase trabajadora en rededor suyo, so pretexto de que por fin, alguien pondría orden a los violentos delincuentes. La movilización del Ejército también tenía el objetivo de reforzar el prejuicio de los dirigentes de izquierda, los cuales insistían una y otra vez que era mejor limitar las manifestaciones de lucha, ante el peligro de la represión por parte del Estado. Por último, era una realidad que el negocio del narcotráfico se encontraba en expansión, sentía cada vez más confianza y se movía de forma más independiente a la voluntad centralizada del Estado. La “guerra contra el narco” le debería devolver a Calderón las riendas del negocio, meter en cintura a los políticos de cualquier signo; utilizando sus vínculos con el narcotráfico para quitarlos del camino y hacer avanzar a su fracción dentro de su partido.

Como no podía ser de otra manera, el imperialismo norteamericano era un orquestador clave de esta campaña. Definitivamente compartían el afán de sosegar a la clase trabajadora, no obstante su posición era bastante distinta a la del gobierno mexicano. La alianza que establecieron no era un pacto entre iguales. El gobierno norteamericano estaba dispuesto a obtener el máximo provecho de la fragilidad del gobierno de Calderón en favor de sus propios intereses.

Los objetivos de EUA en la “guerra contra el narco”

La “diplomacia” norteamericana encontró en los turbulentos acontecimientos del 2006 el último impulso que necesitaba para imponer su política. Así lo describe el periodista Carlos Faszio:

“En mayo de 2005, dos meses después de la creación de la Aspan (extensión del TLC), se divulgó el informe Construcción de una comunidad de América del Norte, en cuya elaboración participaron un grupo de mercaderes comisionistas locales, como el embajador Andrés Rozental, el salinista Pedro Aspe y el ex subsecretario de Comercio, Luis de la Calle. Pero el embate final del complejo militar industrial estadounidense comenzó inmediatamente después del fraude electoral de julio de 2006, cuando en plena transición y bajo la batuta del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; Mouriño, Sarukhán y Cordero asistieron en el hotel Fairmont Banff Springs, de Alberta, Canadá, a un cónclave secreto con ministros, altos ejecutivos –entre ellos los de la petrolera Chevron, Bechtel y Lockhedd Martin, la mayor contratista de armas del mundo– y militares cinco estrellas, incluido el almirante Tim Keating, jefe del Comando Norte.

Aprovechando el "ánimo reformista" de Felipe Calderón y su equipo de transición, se habló entonces de cómo "ceder soberanía nacional a favor de una Norteamérica más fuerte". La reunión se centró en la interrelación entre los sistemas de defensa, militarización, seguridad nacional, fronteras, migración, producción de equipo militar y control sobre los recursos energéticos de Norteamérica”.

Además del contenido, también se definió de forma explícita la forma en que serían presentados los acuerdos económicos, para darles una apariencia amistosa: “El resumen confidencial de Toronto lo dice con claridad, “los integrantes del GIT acordaron en general que [...sus] recomendaciones serán tomadas más en serio en tanto se pongan en un contexto de profundas preocupaciones sobre seguridad; por ejemplo, una mayor cooperación regional sobre energía podría presentarse como una respuesta a preocupaciones relacionadas con la seguridad” (2).

Al término del sexenio de Calderón, el gobierno norteamericano logró ejercer una influencia como nunca antes la había tenido sobre el aparato represivo del estado. Agencias como la DEA y el FBI lograron instalarse legalmente en el país, dándole al gobierno norteamericano la posibilidad de jugar un rol independiente en la administración del negocio del narcotráfico, al margen de su “aliado”. No en balde durante el sexenio pasado se acuño el término “afganización”, haciendo referencia a la enorme influencia y capacidad de operación independiente del Estado norteamericano en México.

Pero en última instancia, para los intereses imperialistas “el combate al narcotráfico” también era una simple fachada, sus objetivos eran mucho más ambiciosos y se cernían sobre el conjunto de la economía del país. En palabras de Rishchynski, un alto mando militar canadiense:

“La palabra que se escuchaba hace 15 años cuando entró en vigor el TLC, era ‘exportar’; ahora es la palabra ‘integración, porque ahora ya no se trata solo de vender de uno a otro, sino de producir de manera conjunta para mantener la competitividad mundial”, acotó.

Para Rishchynski, la clave del éxito en el futuro de la relación económica trilateral es pensar menos en lo nacional y más en lo regional para poder atacar mercados globales y aprovechar la plataforma norteamericana. Tenemos que entender que ésta es la nueva modalidad que no es simplemente el hecho de exportar y vender, sino cómo bajar las barreras para permitir este circuito integrado y poder mejorar aún más, reducir costos, ampliar la tecnología y tener acceso a la mano de obra calificada”(3).

La política del imperialismo yanqui quedó plasmada en la llamada Iniciativa Mérida, firmada por Bush y Calderón en junio del 2008, misma que hasta 2012 había significado la inversión del imperialismo en México de 2 mil 143.2 millones de dólares, siendo destinados el 88% de ellos al ejército, la policía y el aparato judicial.

Sí, la “guerra” en el fondo era para asegurar que México, lejos de abrirse a una situación revolucionaria como la de Venezuela o Bolivia, siguiera proveyendo de mano de obra barata, recursos naturales y energéticos al imperialismo norteamericano, pertrechándolo así en su guerra comercial contra China y otros países. En este contexto fue que en el 2009 lograron abatir los salarios industriales en México, los cuales llegaron a ser 19.6% más baratos que en China. Simultáneamente han incrementado la productividad de forma sostenida desde ese mismo año y hasta el 2013. ¡He aquí los éxitos de la “guerra contra el narco”! ¡Eh aquí por qué la guerra debe continuar, inhibiendo una respuesta de gran envergadura de la clase trabajadora contra los capitalistas!

Una guerra inter-burguesa

La política de Calderón estuvo muy lejos de ser idílica para la clase dominante. A lo largo de todo su sexenio la estabilidad capitalista se rompió por todos los frentes. La clase trabajadora de ninguna manera estaba aniquilada y seguía poniendo un obstáculo tras otro a los planes de la burguesía. En 2008 estalló la crisis económica mundial y un año después el PIB nacional calló un 6.5%, en ese año la economía mexicana fue la más golpeada de todo el continente. Los peces gordos de la economía nacional protagonizaban sendas batallas entre sí; los partidos de la burguesía –PRI y PAN- se atacaban sin recato. El imperialismo entraba con decisión para asegurarse sus propios beneficios, desplazando y pasando por encima de sus anfitriones. El negocio del narcotráfico crecía como la espuma, lavando miles de millones de dólares, aprovechando la urgencia de los bancos por capitalización. El Ejército, la Marina, la Policía Federal y las Policías Municipales actuaban cada una por su cuenta y cada una de estas instituciones estaba en sí misma fragmentada; cada pedazo inconexo de ellas obedecía a su propio “jefe”; ya fuera éste de uno u otro grupo del narcotráfico o del propio gobierno: ¿qué gobierno? Había quién sobre todo atendía al gobierno norteamericano y otros al mexicano. Todos estos factores interactuaban entre sí, era imposible controlarlos y todos tendían a socavar al Estado, el cual era como un animal débil, herido y acechado; que con todo y todo, atacaba para sobrevivir. El país estaba en una crisis perfecta.

El objetivo de Calderón de ninguna manera era acabar con la economía del narcotráfico, le interesaba acotar sus manifestaciones más extremas, en aquella parte que tenía que ver con la creciente violencia e inseguridad pública. En el mejor de los casos, el grupo de panistas en la presidencia aspiraba a recuperar el papel rector del Estado y de la presidencia en el negocio de las drogas. Una prueba de ello, es que más allá de los enfrentamientos militares, las detenciones de capos, los decomisos de drogas y armas, la columna vertebral del negocio, su sector financiero, creció: un año antes de terminar el sexenio el lavado de dinero había aumentado en un 105% respecto a todo el sexenio anterior (4). Para cuando terminó el sexenio, un comparativo entre la información publicada por la PGR en México y el Departamento de Estado de EUA, revela que únicamente se decomisó el .09% de todo el dinero blanqueado proveniente del narcotráfico (5).

Algunos analistas que se precian de tener un conocimiento profundo del tema, han señalado el “error” de la estrategia gubernamental al no haberse concentrado en atacar las redes financieras del negocio del narco. Presentando la situación como un error de estrategia se niegan a reconocer la imposibilidad de que el gobierno impuesto por los empresarios del país, atacara los intereses vitales de este mismo grupo social. Por otro lado es imposible separar aquellos sectores de la economía influenciados por el dinero del narcotráfico de los que supuestamente están libres de esa influencia. Luis Astorga, en su libro “El Siglo de las Drogas”, plantea que las ganancias del narcotráfico están vinculadas con el 75% del conjunto de la economía. El vínculo tan estrecho entre los capitalistas que controlan la vida económica del país y el negocio multimillonario de las drogas, fue lo que llevó la estrategia de Calderón al atolladero. Ni los capitalistas ni los políticos burgueses, en la práctica, estaban dispuestos a perder sus ganancias, ni siquiera para darle un poco de legitimidad a su propio gobierno.

El hecho de que la presidencia se mostrara impotente para limitar las disputas de los grupos rivales del narcotráfico terminó por acentuar el carácter independiente del negocio, que además, se encontraba en plena expansión: mientras tenía acceso a mayores recursos económicos, más influencia podía comprar en el aparato del Estado. Por si fuera poco, el propio imperialismo también era consciente de que entre más débil era la cohesión interna del aparato del Estado mejores eran las concesiones que podía arrancarle. Así fue que la presidencia y las cámaras de diputados y senadores aceptaron sin rechistar la entrada al Acuerdo Transpacífico; que subordina, aún más, a Chile, Perú y México en la batalla de EUA contra China; aprobaron también la explotación de Estados Unidos de los yacimientos petroleros del Golfo de México; aceptaron la victoria completa de la agroindustria norteamericana y sus semillas transgénicas sobre los productores de maíz y como colofón, la privatización del petróleo en las mejores condiciones para las empresas norteamericanas. Así es como se explica el “error” de la agencia norteamericana ATF, donde en el operativo denominado “Rápido y Furioso” -que por cierto, no fue el único en su tipo-, entregó más de 1700 armas de alto poder a distintos grupos de narcotraficantes para “seguirles la pista”, sin el consentimiento y a espaladas de cualquier institución del gobierno mexicano. El objetivo era someter al Estado para seguir “negociando” con él.

El ejemplo más importante de cómo las divisiones y enfrentamientos a escala mundial de los intereses imperialistas son los que han dominado la situación caótica del país, lo representa el juicio que en 2011 perdió el banco HSBC, el más importante de Europa, en una corte estadounidense, por lavado de dinero. HSBC aceptó pagar una multa de 1,900 millones de dólares por lavado de dinero de diferentes países, incluidos México y Colombia, por un monto total de 881 mil millones de dólares entre 2006 y 2010. La multa representó menos del .5% del total de dinero involucrado (6). Estas ganancias colosales se produjeron a costa de la sangre de cientos de miles de pobres en nuestro país.

Balance de la guerra capitalista

La guerra económica, política y militar entre capitalistas, ha dejado a millones de trabajadores en la pobreza. El saldo durante el sexenio de Calderón es de 12 millones de nuevos pobres; la cifra global de pobreza alcanza los 98 millones, el 81.6% de la población del país (7). El resto oficialmente “no pobre” está muy lejos de tener una vida digna, la pequeña burguesía también se ha visto mermada. Entre los “no pobres” se destacan y separan los ricos (hace años López Obrador hablaba de las 60 familias que controlan el país): los dueños de la banca, la tierra, la industria, el narcotráfico y el Estado. Las pugnas internas de éste último , su afán de doblegar al proletariado, su falsa guerra contra el narcotráfico dejó un saldo, entre 2006 y 2012, de más de cien mil asesinatos; el gobierno reconoce que por lo menos 70 mil se asocian directamente con la “guerra contra el narco” ; más de 20 mil desaparecidos; más de 140 mil desplazados. Sólo en la región de Tierra Caliente en Guerrero se contabilizan 5 mil niños huérfanos producto de la violencia del narco. Conforme las cifras que intentan cuantificar la barbarie se alejan de las oficinas y se acercan más a los barrios pobres, crecen hasta hacerse inconmensurables.

Durante estos años, toda una serie de conquistas en el ámbito social, económico y político, han quedado totalmente anuladas. En vastas porciones del país la ley que vale es la de los narcotraficantes, coludidos y amparados por los grandes capitalistas, por los caciques de la política que controlan el Estado. Al principio fueron sometidos a la lógica de la ley impuesta por el narcotráfico los pueblos más remotos, luego los municipios de cierta importancia, luego las ciudades y por último los centros económicos y políticos más importantes del país; como Monterrey, Guadalajara y el Estado de México. El ambiente opresivo, de impunidad, de guerra unilateral contra los trabajadores es totalmente propicio para que el sistema capitalista avance, arrebatando conquistas laborales, privatizando empresas, saqueando las arcas del Estado y en última instancia, haciendo por demás complicada la participación política, consciente y revolucionaria de los sectores más oprimidos por el capitalismo; con los cuales se ha ensañado.

La propaganda oficial ha tratado de vender la idea de que hay muertes que valen la pena: la de los narcotraficantes. Presentan a los sectores explotados más bajos, al lúmpen, anulados de cualquier rasgo de humanidad a lo largo de toda su existencia, como los trofeos de la guerra. Marcela Turati, periodista que ha documentado el calvario de las víctimas del negocio, refleja de la siguiente manera el estatus social promedio de los narcotraficantes asesinados y de las personas comunes que “desafortunadamente” fueron víctimas de una bala perdida, de una “confusión” o de un “exceso” de los narcos, de los militares o de ambos:

“Los muertos de la guerra… tienen rostro de joven de 24 a 35 años, de sexo masculino, habitante de la frontera norteña. Estaba casado, si no es que vivía en unión libre. Era padre. No tuvo más que la educación básica. Siempre fue pobre. Murió de forma violenta. Si tuviera que describirse en uno solo, este sería el perfil que compartirían la mayoría de los asesinados del sexenio. Un retrato idéntico al de su homicida, que sólo varía en la edad: era cinco años más joven. Víctima y victimario son reflejos del mismo espejo” (8).

En última instancia, quien sobre todo necesitaba ponerle un freno a esta masacre, era la clase trabajadora, para ello se ha visto obligada a desafiar los métodos represivos acordados desde la Casa Blanca. El grueso de los dirigentes de izquierda, intelectuales “progresistas”, “sesudos” analistas: todos los que han renegado de la necesidad de la revolución social, afirmaban que era imposible derrotar al monstruo del narcotráfico y en cierto sentido lo era, hasta que campesinos, jóvenes, trabajadores y algunos de los sectores de la clase media se organizaron y lo hicieron realidad.

Fuentes

1. México. 101 199 homicidios dolosos en el sexenio de Calderón.(2012-11-27). El Diario. Consultado en http://www.eldiariony.com/homicidios-dolosos-Mexico-101,199-sexenio-Calderon

2. Fazio C.(19 de septiembre 2011). Cordero, la Aspan y 2012. La Jornada. México. Consultar http://www.jornada.unam.mx/2011/09/19/opinion/033a1pol

3. Ágora, Tres naciones, una voz, No 3, Vol 4, EUA,2011. Consultado http://agorarevista.com/es/articles/rmim/features/first-glance/2011/07/01/feature-pr-08

4. B de M: en dos sexenios panistas el crimen lavó mas de 46.5 mil mdd. (2011-11-29). Jornada Consultar http://www.jornada.unam.mx/2011/11/29/economia/025n1eco

5. Flores N. (2012- 07-12). Cárteles lavan 3 billones en el sexenio de Calderón. Contralínea. Consultar http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/07/29/carteles-lavan-3-billones-en-sexenio-de-calderon/

6. Notimex (2012-11-12) HSBC acepta pagar monto histórico por lavado de dinero. El Economista. Consultar http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2012/12/11/hsbc-acepta-pagar-multa-historica-lavado-dinero

7. Pérez M. González S. (2013-07-29) . Bolvinik: el número de pobres creció en 12 millones con Calderón La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2013/07/29/sociedad/037n2soc

8.Turati M. (2012-12-29). Narcoguerra: los rostros de víctimas y victimarios. Proceso. Recuperado http://www.proceso.com.mx/?p=329023v

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