Villahermosa, Tabasco. El viernes 3 de octubre del presente año, 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y 60 elementos de la Policía Federal Preventiva desalojaron con lujo de violencia a decenas de familias de la comunidad de Los Aztlanes del municipio de Centro, tras fracasar el diálogo con el gobernador Andrés Granier Melo sobre las afectaciones que traería consigo la apertura de un canal sobre la carretera que conduce a los rancherías de los Aztlanes.
Luego de una estéril lucha por salvar no sólo su patrimonio que por años han logrado-algunos, porque en las comunidades de los Aztlanes habitan unas tres mil personas de las más pobres de la entidad-, finalmente fueron sometidas: la maquinaria entró y al medio comenzaron los trabajos para lograr abrir el canal que tendrá 150 metros de longitud y uno de profundidad.
Los vecinos y propietarios que se vieron afectados, en la ranchería González, se mostraron inconformes y desde muy temprano-cinco de la mañana-unos 100 habitantes de los Aztlanes, decidieron bloquear el paso de las maquinarias.
En el transcurso de la mañana, se presentó el subsecretario de gobierno, Juan Molina Becerra para tratar de convencerlos, junto con el subsecretario de Asuntos Políticos, Aquiles Domínguez.
Los inconformes argumentaron que era injusto sacrificar a sus comunidades con tal de “salvar” al centro de la ciudad de Villahermosa, incluyendo las colonias Las Gaviotas, pues dijeron que esta obra inundaría a ocho comunidades de la zona rural y aseguraron que apenas se habían enterado un día antes del desalojo, a través del gobernador.
Por otro lado los habitantes argumentaron que la apertura del canal traería fuertes pérdidas en sus pertenencias, animales de traspatio y ganado. A las 11 de la mañana, los antimotines empezaron a detener a los más “rijosos”. La lucha más fuerte fue cuando una mujer se amarró en una de las máquinas conocidas como mano de chango, para evitar que esta entrara hacia el punto señalado. Hombres y niños se encargaron de hileras humanas. En su lucha, donde unieron pobres y ricos, pues en esta zona existen ganaderos, soltaron varias cabezas de ganado lo que hizo que por unos instantes, los antimotines se replegaran, en tanto que otros caían al suelo.
Elementos de Seguridad Pública Estatal y de la Policía Federal Preventiva, detuvieron a cinco personas, entre ellas al dueño del predio José María Olvera, dueño de los terrenos donde se abrió el canal para desviar las aguas del río Grijalva, tirándolas hacia esas zonas, para conectarla a la laguna Don Julián.
En entrevista con algunos medios no gubernamentales, el gobernador Andrés Granier afirmó que quienes impedían la apertura de la zanja “eran unos ebrios”.
La versión gubernamental
Ante la amenaza de inundación que se cierne sobre el Centro Histórico y de las populosas colonias Las Gaviotas, el Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno del Estado y el ayuntamiento de Centro, anunciaron una noche antes el inicio de la evacuación de más de tres mil personas de ocho localidades rurales, previo a la apertura de una ventana sobre el camino a la ranchería Aztlán, en la comunidad de El Tintillo, en el tramo que está comprendido a la altura de las lagunas Don Julián y Los Micos.
Durante la reunión celebrada en Palacio de Gobierno una noche antes tras el anuncio del desalojo, en la que estuvo encabezado por el subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, el gobernador Andrés Granier Melo y el presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz, se informó que para salvaguardar la vida y la integridad física de los tabasqueños, se tomó la decisión de abrir una ventana en el bordo-camino a Aztlán en la comunidad de El Tintillo.
La arbitrariedad
El presidente del Colegio de Abogados Tabasqueños (CAT), Sergio Antonio Reyes Ramos, aseguró que el gobierno del estado actúo con arbitrariedad al desalojar a los habitantes de los Aztlanes que se oponen a las obras de desvío del río Grijalva.
La urgencia no justificó la arbitrariedad con la que se actúo, cuando hay procedimientos para hacer las cosas correctamente. “Si se sigue actuando así de facto, este no va a hacer un estado donde se respeten las leyes”, dijo el abogado. Reyes Ramos acusó que el gobernador está inventado delitos como el robo de costales con arenas, el cual no existe en el Código Penal de Tabasco. Manifestó que desviar aguas ajenas sí es un delito, y en este caso el que está incurriendo en un delito es el propio gobierno del estado. “Las leyes ahí están y no se han modificado”, agregó.
