En la primera semana de febrero del presente año, estudiantes de Prepa 5 de la UNAM dieron a conocer que recibieron medidas precautorias (incluyendo la expulsión provisional) donde, sustentada en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la UNAM, se argumenta que lxs estudiantes han interrumpido en la salvaguarda del orden universitario, han impedido la realización de actividades académicas e incurrieron en actos contrarios a la moral universitaria.
Esta serie de medidas provisionales precautorias fueron hechas llegar a cinco estudiantes de la Prepa 5, sumándose además a las expulsiones realizadas en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM a finales de enero del presente año, donde expulsaron a cuatro estudiantes que estuvieron activxs durante el paro de actividades de la FAD del año pasado y a quienes no se les acusa de ningún delito, sino que se les incrimina por los mismos motivos que a lxs jóvenes de Prepa 5.
Esta serie de expulsiones se dan en un contexto político particular al interior de la universidad, pues se trata de una muestra del manejo al estilo mano dura a partir del ascenso de Lomelí Venegas como rector. A su vez, ratifica que existe una tendencia a la continuidad en la represión y criminalización en la UNAM, pues el Tribunal Universitario se moviliza más para juzgar a quienes levantan la voz entre la comunidad que a quienes realmente cometen actos reprochables, tales como el desvío de fondos en las facultades justificándose en la presencia de supuestas chinches, o la violencia machista que día con día se puede ver al interior de las facultades y escuelas.
Además, las medidas precautorias llegan en un momento de reflujo del movimiento estudiantil, donde el aislacionismo de las diferentes luchas y escuelas han dejado en estado de aparente indefensión a las y los activistas. Es necesario, en este sentido, retomar los mecanismos de conexión entre las escuelas y sus grupos de activistas, haciendo frentes que puedan dar una respuesta rápida y conjunta cuando se presenten situaciones de este tipo.
Desde el Sindicato de Estudiantes hacemos pública esta situación y hacemos un llamado generalizado a la comunidad universitaria para organizarnos y movilizarnos pues sabemos que es la única forma de detener la escalada de represión , pues si dejamos avanzar la expulsión injustificada y de índole política, nada nos asegura que las autoridades no sigan por el mismo camino en un futuro para acallar la protesta social al interior de la universidad.
¡Protestar no es delito!
