El pasado 7 de febrero fueron llevados ante el Tribunal Universitario (un órgano que, por cierto, se encuentra formalmente extinto a partir del 14 de mayo de 1990[1], según podemos ver en Goche, 2013) cinco estudiantes de la Prepa 5 de la UNAM, quienes anteriormente se les había privado de su derecho a ingresar al plantel como “medida precautoria”. El resultado era más que esperado: el Tribunal resolvió la expulsión inmediata de los activistas bajo cargos que no se sustentaron ni de los cuales existen pruebas, como a continuación se verá.
A los estudiantes se les acusaba de diversos cargos relacionados con la destrucción de patrimonio universitario relacionado con los hechos ocurridos el día 30 de noviembre de 2023, cuando estudiantes de la Prepa 5 y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM acudieron a una manifestación (cabe aclarar que la convocatoria no fue firmada ni atribuida a ninguna organización estudiantil). Claramente se trató de una trampa tendida por las autoridades, quienes haciendo uso de infiltrados entre los grupos estudiantiles, planearon que la marcha del 30 de noviembre (la cual tenía como ruta de los Bigotes de CU hacia la Rectoría) desembocara en una acción irracional donde se incitaba a que los jóvenes rompieran inmobiliario de la universidad.
¿Como sabemos que se trató de una provocación? Porque los cuerpos de seguridad de la universidad habían colocado personal que, en diferentes puntos de la marcha, se encargaran de tomar fotos y videos a los asistentes, de manera que después pudiera existir material para incriminar a un grupo de jóvenes asistentes previamente seleccionados. Ese día no sólamente fueron monitoreados y fotografiados los estudiantes de Prepa 5, sino que realizaron lo mismo con estudiantes de la FAD para posteriormente expulsarlos.
No es casualidad, en este sentido, que los expulsados hayan sido estudiantes activistas que anteriormente lograron ponerse al frente de diversas asambleas estudiantiles que con justa razón y derecho denunciaban las prácticas corruptas e incómodas que las autoridades universitarias llevan a cabo. Ejemplo de esto podemos encontrarlo cuando los estudiantes de Prepa 5 decidieron realizar un paro en 2022 por la investidura del actual director de ese plantel, Jaime Cortés Vite, quien tiene una denuncia abierta por acoso sexual a una alumna de Prepa 7 cuando trabajaba allí. [2]
Así, las recientes expulsiones no han tenido otro carácter que el de deshacerse de estudiantes críticos, que cuestionan y levantan la voz. De hecho, varios de estos expulsados son estudiantes que tienen promedio de excelencia, según pudimos corroborar en una entrevista con los ellxs y sus familiares.
No es una casualidad que los directores de ambas escuelas de las que ha habido expulsiones, sean quienes tienen señalamientos directos de agresiones sexuales. Por lo que además de haber un móvil político, hay un móvil personal, para desarticular al movimiento estudiantil.
Por si fuera poco, las pruebas presentadas ante el Tribunal Universitario no dan cuenta de ningún tipo de participación por parte de los estudiantes expulsados en los hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2023. Mostraron fotografías de baja resolución donde insinuaban algún parecido entre los tenis de los estudiantes al momento de iniciar la marcha y al momento de llegar a Rectoría, elementos que no son suficientes para atribuir que los señalados realizaron destrozos en el edificio de Rectoría. Al menos uno de los expulsados señala no haber asistido a esa marcha. Claramente se han violado los derechos humanos de lxs estudiantes ¡no lo vamos a permitir!
¿Qué sigue ahora?
Las aguas se han calentado al interior de Prepa 5. Hace menos de dos semanas la dirección del plantel determinó rescindir el contrato de dos trabajadoras del plantel afiliadas al STUNAM. Sin siquiera llevar adelante un juicio justo, la dirección encabezada por Jaime Cortés Vite determinó apartarlas de su espacio laboral. Como puede esperarse, esto encendió las alarmas al interior del sindicato, pues ya no se trata únicamente de expulsiones a estudiantes activistas, sino también a trabajadores del plantel.
El uso desproporcionado del recurso de expulsión ha traído, con justa razón, un temor por parte de la dirección ante la posible organización de la comunidad para, de una vez por todas, poner un alto a las injusticias. El pasado jueves 14 de marzo, ante la tentativa de organización de la comunidad para realizar una asamblea y posible paro, la Prepa 5 amaneció plagada de personal de seguridad enviado desde rectoría, quienes patrullaban las instalaciones y sus afueras para impedir que se llevara a cabo cualquier intento de organización por parte de la comunidad a modo de amedrentamiento.
Ello nos pone en evidencia que la organización de la comunidad es aquél elemento que tanto temor causa a las autoridades, pues buscan evitarlo por todos los medios posibles. Es justamente por ello que debemos levantar la bandera democrática de la organización estudiantil para revertir las expulsiones de los estudiantes activistas, pues protestar y organizarse nunca ha sido un delito.
Anteriormente, en los movimientos estudiantiles de 1999 y 2014, han existido expulsiones con un carácter evidentemente político. Sin embargo, la lucha organizada por parte de la comunidad universitaria ha permitido que las y los expulsados se reintegren a sus escuelas, pues bien sabemos que una resolución del Tribunal Universitario puede en cualquier momento ser revertida.
Solo organizadxs y con un programa político claro conquistaremos la reincorporación de nuestros compañeros.
[1] Goche, F. (2013, June 30). Tribunal Universitario sanciona a más de 3 mil 600. Contralínea. https://contralinea.com.mx/portada/tribunal-universitario-sanciona-mas-de-3-mil-600/
[2] https://desdedondeestamos.com/Usuario/Detallado&id=18546
