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Acusadas de “delito de odio” por oponerse al odio: siete estudiantes denuncian un montaje represivo orquestado por Vox y tolerado por el aparato judicial
14 de abril de 2025, Pozuelo de Alarcón. Siete estudiantes, la mayoría militantes de Contracorriente y del Sindicato de Estudiantes, han sido citadas a declarar en los juzgados por participar en una protesta pacífica contra un acto de Iván Espinosa de los Monteros en la Universidad Complutense. La respuesta institucional ha sido la criminalización: se les acusa de desórdenes públicos, coacciones y, con absoluto cinismo, de delito de odio.
El exdirigente de Vox, cuyo historial público de declaraciones contra personas migrantes, mujeres, personas trans y contra la memoria democrática está ampliamente documentado, no solo intenta blanquear su ideología sino además victimizarse mediante la vía judicial. La protesta de las estudiantes logró que la universidad suspendiera el evento, pero eso no impidió que Espinosa se presentara en el campus, en lo que las encausadas describen como una provocación calculada.
Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, lo expresó con claridad: “Esto es un montaje político. Protestar contra el fascismo es un derecho, no un crimen.” Y añadió una denuncia que apunta directamente al corazón del problema: se está normalizando que ideas que atentan contra los derechos humanos se impongan bajo el pretexto de la “libertad de expresión”, mientras se reprime cualquier oposición organizada a ellas.
La paradoja resulta insoportable: se intenta encarcelar a quienes se manifiestan de forma pacífica contra la apología del franquismo, mientras se blinda institucionalmente el discurso del odio. El delito de odio se convierte así en un arma de doble filo, aplicada según convenga al poder judicial y a quienes lo manejan. El caso de las ‘7 de Somosaguas’ no es más que el último episodio de una estrategia de lawfare estudiantil con ecos de persecución ideológica.
Una causa política con respuesta colectiva
Lo sucedido en Somosaguas no es una excepción. Como denunció Natalia Lago, portavoz de Contracorriente, «esto no va solo de siete estudiantes, esto va de una ofensiva generalizada contra el movimiento estudiantil y obrero.» Y los ejemplos se acumulan: las seis de Zaragoza, las seis de La Suiza… nombres que ya simbolizan la creciente criminalización de la protesta social en el Estado español.
Más de 200 personas respaldaron a las encausadas el lunes pasado, incluyendo profesorado, delegaciones sindicales, familiares y colectivos sociales. El grito de “Si tocan a una, nos tocan a todas” resonó como un recordatorio de que la solidaridad es la única defensa real frente al autoritarismo judicial.
Uno de los testimonios más duros fue el de Bie Rodríguez, estudiante trans y militante de Contracorriente: «Recibo amenazas y acoso por ser quien soy. Y ahora se me acusa de delito de odio por señalar precisamente a quienes difunden ese odio.» ¿Hasta dónde se va a estirar la cuerda de la impunidad de los reaccionarios y la criminalización de quienes defienden los derechos humanos más básicos?
La huelga general educativa convocada para el próximo 28 de abril será una prueba de fuego. No solo para medir la capacidad de movilización del movimiento estudiantil, sino para poner en evidencia si los partidos que se dicen progresistas van a seguir permitiendo que las cloacas judiciales dicten la política represiva del Estado.
Mientras tanto, la campaña de apoyo a las 7 de Somosaguas continúa. Ya han reunido más de 5.000 firmas en pocos días, y se organizan ruedas de prensa, concentraciones y mesas informativas en diversas universidades. Puede seguirse y apoyarse su campaña a través de su web oficial, donde también es posible adherirse al manifiesto de apoyo y participar en las movilizaciones previstas.
La derecha quiere silenciar a toda una generación crítica. Pero lo que ha conseguido es multiplicar su voz.
