III. La bancarrota del campo: narcotráfico y Grupos de Autodefensa
Actualmente el movimiento de los Grupos de Autodefensa y de las Policías Comunitarias está ligado principalmente al campo. Desde pequeños propietarios hasta ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra y jornaleros agrícolas, conforman la base social de éstas expresiones radicales de organización y lucha no vista en décadas en México, misma que ha derivado en abiertos embriones de doble poder en vastas regiones de los estados de Michoacán y Guerrero.
Dada su actual extracción social, se concluye que el movimiento armado en su origen y en sus perspectivas no puede ser analizado al margen de la problemática del campo y la cuestión agraria en México.
La Revolución Mexicana de 1910-1920 fue el principal motor para cambios progresistas muy profundos que marcaron la vida de nuestro país durante décadas: la educación pública, los derechos laborales, las expropiaciones de las principales palancas de la producción y el trasporte así como la estatización del 50% de la economía y la industrialización, un sistema público de salud ejemplar, la masiva política de vivienda social, el monopolio del Estado sobre el mercado interno y las exportaciones e importaciones de alimentos , el reparto de la mitad del país entre millones de campesinos sin tierras seguido de subsidios significativos para el campo, etcétera.
Todas ellas fueron medidas que sacaron a nuestro país de la situación de barbarie y atraso en que se encontraba por aquellos años, gracias al papel cobarde y parasitario de la burguesía nacional atada económicamente al régimen porfirista y a las trasnacionales británicas, francesas y yanquis que durante las décadas previas a la revolución se adueñaron del país.
Por las conquistas logradas por el movimiento armado de 1910-1920 y sus efectos de ondas expansivas a lo largo de muchos años, la Revolución Mexicana puede ser considerada las más profunda y radical de toda América Latina, solamente superada por la Revolución Cubana de 1959. Así pues, durante varias décadas la burguesía se vio obligada a cohabitar con toda una serie de medidas contradictorias con la lógica de la concentración capitalista. Esta situación fue resultado de la tenacidad de la clase trabajadora y del campesinado pobre para defender las conquistas heredas por la revolución; pero por otra parte se explica gracias a que la etapa ascendente del capitalismo a nivel mundial así lo permitía. Sin embargo, en cuanto el contexto económico cambió, todos los logros del pasado se hicieron intolerables, abriéndose con ello un nuevo periodo en la lucha de clases, marcado entre otras cosas, por una táctica de desmantelamiento gradual pero sostenido de todas aquellas políticas que beneficiaban a la clase trabajadora y demás sectores oprimidos por el capitalismo.
Concentración de tierras y desmantelamiento del campo
Durante décadas, especialmente entre los años 60 y 70, las naciones latinoamericanas, incluido México, financiaron su
desarrollo industrial con préstamos provenientes de instituciones bancarias extranjeras, teniendo como consecuencia que para principios de los años 80 la deuda externa equivaliera al 50% del Producto Interno Bruto (PIB) regional a tasas anuales de interés del 20.4% Esta realidad se contradecía enormemente con la recesión internacional estallada a mediados de los 70 y que se prolongó a lo largo de la siguiente década, misma que provocó una crisis de liquidez en toda América Latina hundiéndola en el estancamiento económico. México, que durante ese periodos había sido favorecido por los préstamos dado sus jugosas rentas petroleras (el precio del barril pasó de 12.80 a 37 dólares entre 1976 y 1980 estimulado por el embargo de los países árabes contra los EEUU y Europa occidental) vio un cambio súbito en el panorama, cuando los precios de los hidrocarburos se empezaron a replegar; siendo en 1981 el precio del barril de 28.69 dólares, llegando a ubicarse en los 11.86 dólares en 1986. Ante ese panorama desfavorable y en el marco de la recesión mundial, una cuarta parte la deuda externa, que para ese entonces correspondía a Pemex, se transformó en un enorme lastre a tal grado que en agosto de 1982 el gobierno se vio obligado a declarar unilateralmente una moratoria de 90 días. Los bancos acreedores vieron en ello un serio síntoma de la incapacidad de los países latinoamericanos para cubrir sus obligaciones, por lo que reaccionaron reduciendo o de plano suspendieron los préstamos a los diferentes países de la región desencadenando lo que sería conocido como la crisis de la deuda externa.
Así, México experimentó un decrecimiento del PIB en 1982 del 0.5%, significando ello el final de un largo periodo de auge económico (por ejemplo entre 1972-1981 la economía crecería a un promedio anual del 5.5 %) para dar paso a una etapa marcada por el estancamiento: entre ese último año y 1996 el desarrollo del PIB sería de 1.5% anual. Ante las consecuencias de la crisis y dados los intereses del capital financiero que exigía garantías para que los beneficios del endeudamiento sobre México continuarán fluyendo, el gran capital definió toda una estrategia política y económica que tuviera como objetivo desmantelar las conquistas de la Revolución, eliminando todos los elementos atípicos y hostiles a la lógica capitalista, para con ello asegurar un funcionamiento de la economía que propiciara mejores condiciones para recuperar las tasas de beneficio para la burguesía y recrear en condiciones superiores el ciclo de acumulación capitalista. En el marco de esa estrategia se diseñaron toda una serie de políticas para trasformar el campo (la tierra, la producción, la comercialización…) en un negocio muy rentable para los empresarios.
Dado el anterior objetivo, el 6 de enero de 1992 se publicaría en el Diario Oficial de la Federación el decreto acordado por el poder legislativo en el que, a iniciativa del entonces presidente Salinas, se reformaba el artículo 27 de la Constitución, significando el punto final para una de las conquistas más progresistas y profundas de la revolución de 1910-1920: el reparto agrario.
Tras la contrarreforma al 27 constitucional se abrieron las puertas de par en par a un nuevo proceso de concentración de tierras, mismo que a principios del siglo XX propició el levantamiento en armas al campesinado pobre, siendo la División del Norte de Villa y el Ejército del Sur de Zapata, junto con el Plan de Ayala, las mejores y más legítimas expresiones de dicho movimiento.
Si bien el reparto agrario se transformó en mandato constitucional en 1917 a través del artículo 27, la distribución de tierras contó con dos importantes antecedentes: el Plan de Ayala de 1911 impulsado por Zapata y la primera Ley General Agraria decretada en 1915 por Francisco Villa; desde esos años y hasta 1992 se distribuyeron más de 100 millones de hectáreas, aproximadamente la mitad del territorio nacional, creándose 30 mil ejidos y comunidades, favoreciendo a 3.1 millones de jefes de familia. Con la contrarreforma de 1992 se eliminaron las facultades del Estado para la distribución de tierras y la nación dejaba de ser propietaria jurídica de las tierras sociales y la propiedad pasaba a los ejidatarios a los cuales se les trasfería el valor de estas como capital, para su uso, disfrute e incluso comercialización. Además, para romper el cerco impuesto por la reforma al artículo 27 realizada en 1946; en la cual se establecían las 100 hectáreas como extensión máxima para ser concentrada en manos de propietarios privados individuales, se creó la figura de las sociedades mercantiles, las cuales podían poner bajo su usufructo un máximo de 20 mil hectáreas.
Para 1992 sólo existían bajo propiedad privada suelos agrícolas con una extensión de 70 millones de hectáreas, dejándose al margen del mercado de tierras otros 195 millones de hectáreas, entonces, bajo el régimen de propiedad social. Estas tierras ejidales no podían ser vendidas ni embargadas, por ello la contrarreforma de ese mismo año creó la base jurídica para que todas esas tierras quedaran al alcance del mercado por medio de la privatización, el arrendamiento y las concesiones.
El objetivo de la contrarreforma de 1992 al artículo 27 era transformar la tierra y los suelos agrícolas en una poderosa palanca de concentración capitalista La medida adoptada por Salinas tenía entre otros objetivos expropiar masivamente al campesinado pobre, estimulando la capitalización privada del campo para el impulso de la agroindustria, trasformando al minifundio en factor de menor peso en la producción de alimentos, no obstante, al paso del tiempo, el resultado fue marginal en lo correspondiente a suelos agrícolas. Si bien es cierto que la reforma agraria derivada de la Revolución significó un gigantesco avance para la agricultura respecto al pasado porfirista, (entre 1905 y 1910, el 0.2% de los propietarios controlaban el 87% de las tierras), los limites objetivos del impulso de esa política revolucionaria en el marco de la propiedad privada capitalista, no permitieron la colectivización de la tierra, derivando en la atomización del campo a través de cientos de miles de pequeñas fincas y parcelas (el 50% de propietarios de carácter social tenían una superficie menor a cinco hectáreas), obstáculo objetivo para la industrialización.
El Estado, al igual que lo hizo el Porfiriato en el siglo XIX a través de las Compañías Deslindadoras, pero esta vez por medio de las Sociedades Mercantiles surgidas de la contrarreforma de 1992, pretendió estimular el mercado de tierras que favoreciera la concentración de éstas para la agroindustria, sin embargo, el resultado fue escaso pues el Censo Agrícola 1991-2007 indica que la propiedad privada sobre la tierra durante esos años pasó de 70 millones a 73 millones de hectáreas; y por el lado de los arrendamientos, esas cifras crecieron durante el mismo lapso de 4.5 a 6.3 millones de hectáreas. La entrada en función del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, puso al agro mexicano a competir en condiciones especialmente desventajosas con las dos agriculturas más poderosas del mundo, la de Estados Unidos y la de Canadá, transformándose en un factor que dificultaría los objetivos del Estado.
Pero el éxito llegó por medio de otro frente, el del sector minero. Al eliminarse el carácter de la tierra social como propiedad de la nación y por tanto, al perderse las facultades del Estado sobre éstas, el ejido quedó bajo potestad de los ejidatarios quienes quedaron en libertad para decidir el destino de las tierras, creándose con ello las condiciones apropiadas para que a través del arrendamiento o la venta de la tierra, la industria minera, en su mayoría canadiense, lograra monopolizar para su explotación tan sólo en la última década, 39 millones 743 mil 690 hectáreas. Es decir, gracias a la contrarreforma agraria de 1992 la burguesía unicamente necesito el empuje de la industria minera a lo largo de la primera década del siglo XXI para revertir en aproximadamente el 40% el reparto agrario desarrollado a lo largo de casi todo el siglo XX, creando con ello todo una serie de complejas contradicciones tanto económicas, como políticas y sociales en el campo mexicano, totalmente irresolubles en el marco del capitalismo.
El TLC
La medida adoptada por la burguesía contra el artículo 27 estaría en consonancia con los recortes y ajustes a las políticas sociales dictadas por el gran capital tras la crisis de la deuda externa de 1982, mismas que para el campo significaron su abandono y desmantelamiento. Con las nuevas políticas la inversión pública hacia el agro pasaron del 12% en 1981 al 6% del PIB en 1989 (hoy día es apenas del 2%). Durante esos años los subsidios para el campo, mismos que en pesos acumulaban una cantidad equivalente al 1.8% del valor total de la economía del país, se desplomaron hasta el 0.5% en 1987; además se eliminaron todas aquellas instituciones que aseguraban el monopolio del Estado sobre el mercado de alimentos; la Compañía Exportadora e Importadora S.A creada en 1937 y la Compañía Nacional de Subsistencia Populares S.A. fundada en 1965. Entre otras medidas, también se eliminaron los precios de garantía impuestos unilateralmente por el Estado año tras año desde 1953 para asegurar que los campesino no se vieran obligados a comercializar las cosechas por debajo de los costos de producción.
Desarmado y en el abandono por parte del Estado, bajo condiciones jurídicas que posibilitaban un nuevo proceso de expropiación de tierras abierta o velada, el campo mexicano fue obligado a competir contra las agriculturas más poderosas del planeta por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Un ejemplo de las desproporciones entre las economías que suscribieron este tratado, son las estimaciones hechas en 2006 de acuerdo a las cuales mientras en EEUU los subsidios agrícolas ese año fueron de 150 dólares por hectárea en promedio, para el caso de México esa cantidad rondo apenas los 45 dólares.
Los efectos de tres décadas de ataques se han traducido en una situación totalmente desoladora para el campo mexicano, imposible de revertir bajo el capitalismo. A lo largo de todo ese periodo, según el Censo Agrícola 1991-2007, el número de unidades de producción pasó del millón 584 mil 817, al millón 400 mil (en Michoacán actualmente el 40% de las tierras ejidales se mantienen ociosas). Por otro lado el INEGI destaca que los suelos de labranza en 2008 tuvieron una extensión de 20 millones 502 mil 834 hectáreas, cantidad inferior a los más de 23 millones de hectáreas destinadas para esa misma labor en 1980. Además, para la producción de maíz (principal cosecha en México a la cual se dedican 3.2 millones de productores) se redujo el área de cultivo de un poco más de 8 millones a casi 7 millones de hectáreas entre 1994 y 2008. En cuanto al ganado mayor, la producción pasó de más de 48 millones de cabezas en 1981 a 31.7 millones en 2008. El ganado menor cayó de 35.5 millones en 1985 a 31.9 millones de cabezas en 2008.
Presionado por la competencia desleal y los subsidios de los EEUU, bajo el TLC el agro nacional experimentó una abrupta caída en los precios de sus productos (tan sólo el maíz mexicano perdió el 66% de su valor en el mercado) derivando en la ruina de cientos de miles de pequeños productores.
Así, de desempeñar un papel de mayor fuerza en la economía (en los años 40 la contribución al PIB por parte del agro era del 20% aproximadamente) el campo se trasformaría en una actividad marginal (actualmente su participación es de apenas el 4%) que derivaría en una miseria muy profunda para sus pobladores.
El campo mexicano con 30 millones de habitantes, aproximadamente tiene una población económicamente activa (PEA) de 10.7 millones, de los cuales 3.1 millones son productores con tierra (29.97%) y 6.6 millones son campesinos sin tierra.
En México la pobreza alcanza al 81% de la población campesina, de ahí que el 45% de las familias campesinas tengan familiares en EEUU y el 80% tenga al menos un integrante fuera de su comunidad de origen. Además el desempleo rural ronda el 20% de la PEA (la media nacional es del 50%) y existen un poco más de 2 millones de jornaleros viviendo y trabajando en condiciones de semiesclavitud similares a las de la hacienda porfirista.
La ruina del campesinado se ha transformado en el negocio más rentable. La bancarrota de agro nacional provocó que la importación de granos y otros productos del campo creciera del 10% en la década de los años 80, al 40% en la actualidad. En 20 años de aplicación del TLC, México ha tenido que gastar en el exterior 250 mil millones de dólares para cubrir la demanda del mercado interno de alimentos. El 75% de esa cantidad se ha empleado en importaciones agrícolas provenientes de EEUU. Así, multinacionales como Cargill (con el 70% del monopolio sobre la producción y comercialización de granos de maíz) o Pilgrims, aliadas con las mexicanas Minsa, Maseca y Bachoco, controlan tanto el mercado nacional de alimentos como el de importaciones. El monopolio que antes de los años 80 detentaba el Estado ahora ha parado en manos del gran capital.
Además, a pesar de ser limitada la inversión pública en el campo, la forma en que ésta ha sido impulsada por el Estado también ha funcionado como una palanca de concentración de riqueza pues han sido los empresarios del ramo los más beneficiados. Entre 2000 a 2012 el 10% de los productores con mayores posesiones de tierras concentraron entre el 50 y 80% del gasto gubernamental hacia el sector. En particular entre 2005 y 2010, los grandes empresarios del ramo incrementaron sus ingresos en un 165.5%.
Este marco de agudas contradicciones en el campo creó la base material para desarrollar una serie de fenómenos sociales que han marcado la vida del campesinado en un doble sentido: el reaccionario a través del narcotráfico y el revolucionario por medio de los Grupos de Autodefensa y las Policías Comunitarias.
La pobreza que abate al campo mexicano y la extremadamente baja rentabilidad de la producción agrícola crearon la base material favorable para el desarrollo del narcotráfico en las últimas dos décadas en nuestro país. Hasta los años 80 los cárteles mexicanos estaban confinados principalmente a las labores de trasiego de la droga producida en Colombia, desempeñando un papel secundario en el negocio de la producción de enervantes. Aunque poderosos, esa división del trabajo en el mercado mundial de las drogas le confería a las mafias nacionales una posición subordinada en relación a cárteles como el de Cali y el Medellín. Esa realidad se modificó sustancialmente en los últimos años hasta transformar a los capos mexicanos en los más poderosos de todo el Planeta.
La descapitalización del campo y la estrepitosa caída de los precios de los productos agrícolas provocaron la reorientación de los cultivos en una extensión de suelos agrícolas suficiente para que el narcotráfico mexicano lograra ya no sólo dedicarse al trasiego, sino además a la producción. Esa modificación en la división mundial del trabajo en el mercado de la droga, más la posición geográfica privilegiada de México respecto a EEUU, volvieron, por ejemplo, al cártel de Sinaloa, en una organización criminal que logró extender sus posiciones a cuando menos 50 países.
La OEA informó que en 2010, mientras en Colombia se destinaron entre 300 y 400 hectáreas para el cultivo de amapola; flor de la que se extrae la goma de opio para la fabricación de heroína; en México se cultivaron 14 mil hectáreas. Por otra parte, el Ejército Mexicano destacó que mientras entre 1990 y 2003 el número de hectáreas erradicas dedicadas al cultivo de la marihuana, evolucionó de las 5 mil 400 a las 34 mil, y para el período de 2006 a 2012 esa cantidad escaló hasta los 98 mil 354 hectáreas. Este panorama coloca a México como el tercer productor mundial de opio, solo por detrás de Afganistán y Myammar (Birmania), y ocupa el segundo puesto en la producción de marihuana disputándole el primer lugar a Marruecos.
La explicación sobre la reorientación en el tipo de cultivo por parte de los campesinos involucrados en la producción de drogas resulta muy sencilla: teniendo como ejemplo el caso del maíz, principal cultivo en nuestro país, podemos señalar que mientras el kilo de este grano se cotiza en el mercado en 43 centavos de dólar, un kilo de goma de opio que a su vez se transforma en 7 mil dosis de heroína, alcanza un valor en el mercado de EEUU de 70 mil dólares. El kilo de marihuana se cotiza en más de 300 dólares en el mercado nacional y entre mil y 13 mil dólares en las calles de EEUU. Lo anterior quiere decir que un productor, con el precio de dos kilos de marihuana (600 dólares aproximadamente) colocados en el mercado nacional obtendría ganancias superiores a las obtenidas por la producción de una tonelada de maíz (430 dólares). Cabe destacar, además, que en México el rendimiento de la producción de marihuana por hectárea es de 2.5 toneladas.
Depredación minera
La industria minera, en su mayoría canadiense, tan sólo en la década pasada pudo extraer oro, plata y otros minerales 
que en volumen superan a las extracciones mineras de la corona española en tres siglos de coloniaje. Por ejemplo, en 2011 las extracciones de oro sumaron más de 15 mil millones pesos. El caso de las mineras es emblemático en cuanto los planes de la burguesía para revertir las conquistas de la Revolución Mexicana, pues en su conjunto este sector ya ha logrado acaparar el 25% del territorio nacional, porcentaje significativamente superior al 18% que a finales del Porfiriato poseían esta clase de empresas junto a las transnacionales petroleras.
El vínculo entre la actividad minera y el surgimiento de los Grupos de Autodefensa no es accidental, si bien en algunos casos esta relación es indirecta no es posible señalar que ambos fenómenos estén disociados.
La actividad minera en nuestro país se ha trasformado en unos de los negocios más rentables, dada la presión que ha significado la importante demanda china por materias primas, variable que también ha contribuido al encarecimiento de los metales preciosos. En el mercado mundial México es el principal productor de plata, el tercero de bismuto, el quinto de plomo, el noveno de oro y el undécimo en cobre. De acuerdo a la Secretaría de Economía, México cuenta con 23 depósitos minerales gigantes, ocupando el doceavo lugar de los mayores productores en el mundo en 18 minerales. La Cámara Minera de México (Camimex) señala que el 70% del territorio nacional es apto para seguir localizando yacimientos minerales de clase mundial, razón por la cual el canadiense Instituto Fraser clasificó a nuestro país en primer lugar en el Índice Potencial Minero.
En la última década se incrementó el precio del oro en un 750%, el del hierro en 1000%, entre otros minerales; la onza de plata incremento su valor de 4 a 40 dólares en el mismo lapso. Siguiendo con el recuento, el valor total de la extracción de los diferentes minerales creció de los 5 mil 656 millones a los 14 mil 838 millones de dólares entre 2004 y 2010; y en 2011 el valor de las exportaciones del sector ascendió a los 22 mil 526 millones de dólares (45% más que en 2010). Por si fuera poco, las leyes fiscales obligan a la industria minera a pagar en impuestos solamente el 1.18% de sus regalías, de tal modo que entre 2005 y 2010, los ingresos de las empresas mineras extranjeras, ascendieron a 552 mil millones de pesos, y la recaudación fiscal por pago de derechos fue sólo de 6 mil 500 millones.
Todos esos factores combinados han trasformado en pocos años a México en el cuarto país con mayor inversión captada para el sector minero, detrás de Canadá, Australia y Estados Unidos. Además de las multinacionales, en el negocio de la minería han incursionado los tres burgueses más acaudalados del país: Carlos Slim, Alberto Bailléares y Germán Larrea.
El boom minero en México ha chocado directamente con los intereses de las comunidades agrarias, provocado profundas contradicciones, acrecentando los niveles de miseria, generando todo tipo de despojos, además de afectar miles de hectáreas haciéndolas inservibles para la producción agrícola. Por la depredación en todos los sentidos y la extraordinaria concentración de tierras, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la extracción de minerales ha provocado 25 conflictos catalogados como focos rojos por su magnitud. Por su parte el Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNDESA) reconoce la existencia en nuestro país de 200 conflictos ambientales entre comunidades campesinas y mineras.
En Guerrero, cuarto productor de oro y quinto de plata en el país, y una de las dos entidades donde los grupos de campesinos armados tienen más arraigo y desarrollo, el gobierno concesionó tan solo entre 2005 y 2010, 200 mil hectáreas a las empresas mineras en la región de la montaña, cantidad equivalente a la tercera parte de esa zona del estado sureño. De acuerdo a informes de la UNDESA, en 2011 se otorgaron otras 22 concesiones, la mitad coincidiendo con territorios bajo el control de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policías Comunitarias (CRAC-PC). El Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg) ha denunciado reiteradamente la relación que existe entre el terror sembrado por las bandas de narcos, el desplazamiento de miles de familias a otras regiones más seguras y la instalación de minas en las zonas que han quedado despobladas o semidespobladas. Esta táctica empleada por los consorcios mineros apoyados por los cárteles de la droga, es la misma que se ha empleado en muchos otros puntos del país.
La respuesta del campesinado ante el avance de las minas ha sido armarse para defender sus tierras, integrándose al Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia de la Costa Chica y Montaña de Guerrero para intentar agrupar a todas las comunidades de la entidad afectadas.
En Michoacán, entidad con el primer lugar nacional en la producción de hierro y cuyo territorio está concesionado en un 15% a las empresas mineras, la situación ha sido similar. En este estado además de la depredación provocada por la burguesía minera legalmente establecida, el boom del hierro estimuló a los Caballeros Templarios a participar directamente en la explotación y la exportación de dicho material a China, obteniendo ganancias anuales hasta de 40 millones de dólares. Los capos de la droga en Jalisco, Colima y Coahuila también ha optado por incursionar en el negocio de la explotación del subsuelo por medio de cientos de pequeñas minas, a través del despojo de ranchos a familias campesinas, al igual que lo hacen sus pares en Michoacán.
El surgimiento de los Grupos de Autodefensa en Michoacán ya está suponiendo un freno para la rapiña de la industria minera, siendo un ejemplo el caso de San Miguel Aquila En ese poblado, cuyas tierras fueron ocupadas por la mina Las Encinas, de capital italo-argentino, los inversores habían pagado a los campesinos a lo largo de dos décadas mil 500 pesos por el usufructo de cada hectárea; sin embargo, conscientes de las extraordinarias ganancias que sus tierras le estaban dejando a la trasnacional, los comuneros reclamaron el incremento de dicho pago. Por su parte los empresarios reiteradamente rechazaron dicha petición, misma que no fue cumplida sino hasta que los campesinos bloquearon los accesos a la mina impidiendo la producción a lo largo de tres meses; tras ello la empresa cedió y desde entonces la aportación de la mina para los pobladores se elevó hasta los 18 mil pesos. Es por ello que no es casual que uno de los intentos más serios, pero a la vez fracasado, por parte del Estado para desarmar a un Grupo de Autodefensa haya sido en San Miguel Aquila en agosto de 2013.
Otro ejemplo que ilustra la relación entre el desarrollo de Grupos de Autodefensa y la explotación minera es el de Chiapas con el surgimiento en febrero de 2013 del Batallón de Autodefensa Civil integrado por comunidades de 12 municipios de la Sierra Madre de Chiapas. El día que este grupo salió a la luz pública fue muy categórico al exponer sus objetivos: no permitir la explotación de minas en la región y luchar por la cancelación de concesiones en la Sierra Madre.
Intereses de clase
El capitalismo ha creado la base material necesaria para la proliferación del narco a consecuencia de la descomposición social que lacera a nuestro país, pero también al crear condiciones económicas favorables para su reproducción, tanto en el campo con la producción de enervantes y en las ciudades por medio del lavado de dinero. Los capos mexicanos de la droga son los más poderosos del mundo debido a su cercanía con el mercado más importante de drogas, EEUU, pero también gracias a la pauperización de cientos de miles de jóvenes que se han vuelto una fuente inagotable de mano de obra para los diferentes cárteles. Igualmente los ha fortalecido su complicidad con el Estado, así como su capacidad para aprovechar la dinámica propia del capitalismo.
Los negocios del narco en nuestro país generan ingresos calculados en 40 mil millones de dólares anuales; hablamos de cantidades que por su volumen resulta simplemente imposible movilizar sin el apoyo de las instituciones financieras nacionales y de EEUU. Gracias a ello los capos mexicanos participan de la especulación accionaria en la bolsa de valores y en la del mercado de divisas, adquieren bonos de deuda, son inversionistas en el mercado inmobiliario y del turismo, además de poseer cientos de empresas en el sector servicios. De esa forma el capital financiero ha puesto a su servicio a los capos mexicanos y del mundo entero, extendiendo su espectro para la obtención de beneficios a través de mercados considerados ilegales por el propio capitalismo tales como el de la droga, el tráfico de seres humanos y de armas, la trata de blancas, la extracción y el secuestro, etcétera. Prueba de lo anterior es el informe de la Oficina sobre drogas y crimen de las Naciones Unidas (Office on Drugs and Crime) en el que se destaca que en 2009 los principales bancos del mundo, desesperados por dinero líquido para tratar de amortiguar los efectos de la crisis, absorbieron la mayor parte de los 352 mil millones de dólares generados por el mercado mundial de las drogas.
Pero los capos también se han beneficiado a través de la explotación de mano de obra y no sólo en el caso de las minas como ya se mencionamos antes, sino también en sus fincas agrícolas, como sucede en Sonora y Sinaloa.
Por consecuencia, ilegales o no, los diferentes negocios de los cárteles de la droga requieren para su reproducción en esencia las mismas leyes que dominan a la economía capitalista. Los capos no sólo viven como burgueses sino que además se reproducen como burgueses gracias al capital financiero e incluso a través de la extracción de plusvalía: el capitalismo desempeña un papel preponderante en la génesis del narcotráfico y en su reproducción. El narco no es otra cosa más que una palanca, ilegal tal vez, pero al fin palanca, para la concentración de capital. Resulta del todo lógico entender la complicidad del Estado con los cárteles más prósperos.
El narcotráfico es una empresa que posee intereses de clase antagónicos a los de la clase trabajadora y del campesinado pobre. Reconocer esa realidad resulta clave al momento de plantearse la táctica y el programa necesarios para combatir a ese flagelo desde la óptica de los trabajadores del campo y de la ciudad.
IV. Los Grupos de Autodefensa en Michoacán
La necesidad de vivir con dignidad
Los Grupos de Autodefensa surgieron el 24 de febrero del 2013 en tres comunidades de la Tierra Caliente de 
Michoacán: La Ruana, Tepalcatepec y Buenavista. El objetivo de estos grupos era poner fin al régimen dictatorial que durante doce años y particularmente durante los últimos cuatro, fueron imponiendo el cártel de Los Caballeros Templarios en gran parte del estado de Michoacán. La inspiración para el alzamiento de los Grupos de Autodefensa fue la organización de los campesinos indígenas de la región de la meseta purépecha, que a partir de 2011 comenzaron a organizarse, armarse y auto gobernarse, para detener la devastación de su pueblo ante los crímenes del narco.
El negocio del narcotráfico en Michoacán, como cualquier otro negocio burgués en ascenso, fue diversificándose; pasaron de la siembra, comercio y procesamiento de las drogas a los negocios formales, incluso internacionales; en el campo de la minería, la tala, la producción de aguacate. Los éxitos económicos de los narcotraficantes iban a la par con el despojo de miles de hectáreas a comunidades enteras, a campesinos pobres, a pequeños y medianos empresarios que no eran parte del negocio de las drogas. La Empresa, como originalmente se llamaba el cártel, seguía en ascenso y decidieron incursionar en el área de las extorsiones; primero a los comercios: mil pesos por cada res que vendieran los ganaderos; cuatro pesos por cada kilo de tortillas que vendieran los tortilleros. Después los impuestos se extendieron a toda la población: veinte pesos todos los lunes por cada niño y joven que asistiera a la escuela, desde el kínder hasta la preparatoria; cada propietario de algún automóvil tenían que pagar una tarifa de quinientos pesos mensuales; comenzaron el censo de casas, el cobro sería por cada metro que midiera la fachada.
Sus inversiones en el terreno de la política también crecieron, financiaron durante las elecciones del 2009 y 2011 a un número incalculable de candidatos, sin distinción de partidos pero particularmente del PRI. Los que rechazaban la generosa oferta se les obligaba a retirarse de la contienda bajo amenaza de muerte. Así, fortalecieron su posición dentro del aparato del estado y la policía. La misma hermana del entonces presidente Calderón, candidata del PAN a la gubernatura, denunció el vínculo estrecho entre los ahora Caballeros Templarios y el gobernador electo Fausto Vallejo.
El negocio y los métodos del narcotráfico se fusionaron completamente con el conjunto de los negocios burgueses, el estado y la policía. Los burgueses que dominan la economía y el estado en Michoacán, tienen en el narcotráfico una de sus fuentes de ganancia más importantes. Al mismo tiempo, los métodos del narco: violencia y asesinatos masivos, les sirven de palanca para hacer avanzar al conjunto de sus intereses económicos y políticos. Ese entramado de intereses volvió en un infierno indescriptible la vida en Michoacán, particularmente para los trabajadores y campesinos pobres, pero incluso también alcanzó a un sector de la pequeña burguesía más acomodada.
No había más camino para la mayoría de la población: tenían que organizarse y acabar con el terror. El doctor Mireles, dirigente más visible del movimiento, explica así las últimas razones que detonaron el levantamiento: “El problema realmente no explotó por la cuestión de las tarifas del ganado, porque si a un ganadero le pedían mil pesos por cada vaca que vendiera, el ganadero al que le compraba la vaca le decía, mira, sabes qué, son mil pesos extras que hay que pagarles al crimen organizado. El tortillero nunca perdió un centavo, porque por los cuatro pesos por kilo que le pedían, nada más se lo subía a cada persona que le compraba el kilo de tortillas. Los carniceros igual, le subían los quince pesos que los gatilleros (sicarios) les pedían, ellos nunca perdieron… el problema detonante fueron las violaciones y agresiones contra las mujeres, porque así como le llegaban a la gente pobre de los ranchos, le llegaban a los ganaderos más ricos de Tepeji” (1).
El carácter de clase de las Autodefensas
La necesidad de frenar la situación de opresión y violencia del narcotráfico estaba totalmente extendida entre el sector proletario de los pueblos: trabajadores, campesinos pobres que poseen tierras, y jornaleros. Sin embargo, esta necesidad también la compartían los elementos pequeño burgueses de la población; comerciantes, ganaderos y agricultores.
La región de la Tierra Caliente de Michoacán es conocida porque en ella se concentra el 85% de la producción nacional de aguacate y de otros frutos como el limón, que aporta el 23% de la producción nacional. En el primer caso, se trata de una industria que produjo tan sólo por exportaciones 500 millones de dólares en 2012 (2). La industria del aguacate aporta el 50% del PIB primario del estado de Michoacán. En el caso de la industria del limón se calcula que genera 45 millones de pesos diariamente, unos mil 350 millones al mes (3). Las extorsiones para los propietarios de grandes cultivos eran de 50 a 60 mil pesos mensuales; incluso los Caballeros Templarios controlaban los precios de todo el negocio, determinaban el ritmo de la cosecha, siembra y comercialización de los productos. También se apropiaron de las empacadoras, donde obligadamente llevan sus productos pequeños, medianos y grandes productores.
En el caso de Tepalcatepec, Mireles reconoce que la vanguardia en cuanto a la organización de un grupo de autodefensa la tenían los ganaderos de la región. De manera clandestina comenzaron a entrar en contacto los sectores proletarios de los pueblos con los pequeños empresarios, que por decisión rechazaron entrar al negocio del narco, para establecer una organización única, los Grupos de Autodefensa. Y es que no tenían otra alternativa, aunque el sector de los empresarios hubiera preferido utilizar su capacidad económica para establecer una policía privada para sus negocios, era claro que de ninguna manera podrían hacer frente al ejército del que disponen los narcotraficantes, abiertamente respaldados por el gobierno y la policía. Era necesario que el movimiento adquiriera un carácter masivo, con características insurreccionales por parte de la población hacia el Estado, para que pudiera tener alguna posibilidad de vencer. En el caso de La Ruana, el movimiento comenzó a dirigirlo un pequeño propietario, Hipólita Mora, apelando directamente al grueso de la población, proletarios en su mayoría, a organizarse e insurreccionarse contra los narcotraficantes y las autoridades de su municipio. La fusión de los elementos pequeño burgueses acomodados, que pueden incluso llegar a tener ganancias de algunos millones de pesos al año, y los sectores más pobres de los pueblos se realizó de forma natural. El puente entre estos dos polos, donde los contrastes son más que evidentes, lo conforman campesinos pobres que sin embargo también son propietarios de algunas hectáreas, modestos comerciantes y sectores más estables de la clase trabajadora como médicos y profesores, que tienen ingresos muy por encima del campesino promedio.
Lo que demuestra la situación en Michoacán, es que la dinámica de la economía capitalista y de su régimen político requiere de los métodos de opresión más violentos, los más dictatoriales contra el grueso de la población y estos son los del narcotráfico. La situación ha demostrado que los sectores más decisivos de la clase dominante a nivel nacional, están totalmente enrolados en la dinámica del narco. Recordemos las camionetas de Televisa que transportaban droga en Centroamérica, la fotografía filtrada de Peña Nieto con un socio del cartel de Sinaloa, al ex vocero presidencial de Calderón, Nahúm Acosta, que fue encarcelado por cargos de espionaje, al servicio del cartel de los Beltrán Leyva. Los vínculos de la burguesía y del Estado con el narcotráfico son inocultables, firmes y mucho más necesarios que en cualquier otro momento. En Michoacán, quien domina, son los empresarios ligados al narco y han desterrado de su círculo al resto de pequeños empresarios que desearían vivir de sus negocios sin meterse en mayores complicaciones. Como lo expresaría Estanislao Beltrán, vocero de las Autodefensas durante un periodo: “Yo soy productor de limón tengo 70 hectáreas, pero estoy cortando poco, corto cinco u ocho toneladas por cada día, multiplicado por 20, 21 pesos, no tenemos necesidad de andar en ninguna situación mala, ni andar en el narcotráfico” (4).
No resulta raro que para estos empresarios, que han vivido en carne propia los ataques del narco, que han asumido los métodos de lucha de la clase trabajadora, que han tenido que desafiar y romper con el Estado, las demandas del movimiento se limiten al aspecto de la seguridad. “Lo único que queremos es trabajar en paz”, es una frase común entre ellos. No obstante, el sector más proletario del movimiento siente todos los días el hambre, la pobreza, que es la puerta de entrada por donde llegan los narcos a reclutar miembros para sus filas. Ellos intuyen que no basta con la seguridad pública, se requieren empleos bien pagados, viviendas dignas, hospitales y escuelas para acabar con el problema del narcotráfico y todos sus efectos. El sector proletario que además es mayoritario debe ampliar sus demandas con un contenido clasista. Resulta imposible que los pequeños y medianos empresarios que no participan en el negocio de las drogas vivan en paz si a su alrededor no hay más que pobreza extrema.
Embriones de doble poder
El movimiento de las Autodefensas es un movimiento de masas, donde participa la mayoría o un sector muy
significativo de las comunidades donde tienen presencia; pueblos y ciudades pequeñas. Las Autodefensas no son un movimiento guerrillero, donde participe una minoría armada, al margen de los intereses y la organización de los trabajadores. Por el contrario, son una expresión organizada de los pueblos en defensa de sus derechos, comenzando por su derecho a la vida misma. A pesar de la participación de sectores pequeño burgueses -que además de integrarse a las acciones prácticas han financiado la lucha- el grueso del movimiento lo conforman los sectores más proletarios y más empobrecidos de la población. El carácter armado del mismo, es una necesidad impuesta por los métodos de opresión establecidos por las bandas de narcotraficantes, la policía y el ejército, que en los hechos han suprimido la posibilidad de realizar cualquier otro tipo de manifestación de descontento. La única manera en que el pueblo podía defender sus derechos era organizándose, insurreccionándose, rompiendo con la legalidad burguesa y expulsando a los narcotraficantes de sus comunidades con las armas en las manos.
Las Autodefensas se han basado en la participación consciente y masiva de la población. El patrón que han seguido desde su fundación es que a partir de la organización del grupo más resuelto de la comunidad se establece una organización clandestina, la cual promueve la participación de cada vez más personas, estudia las posiciones de los narcos, sus movimientos y puntos de apoyo. Establecen contactos con pueblos vecinos, para hacer público y masivo el movimiento de forma simultánea. Cuando esto no es posible, los miembros de las Autodefensas en otros pueblos contribuyen con el alzamiento ahí donde la organización y adhesión al movimiento ha alcanzado la fuerza suficiente para mostrarse públicamente y volverse masivo. De hecho, las Autodefensas se consideran consolidadas únicamente ahí donde a partir de su aparición consiguen la participación masiva del pueblo, el cual se establece en una especie de asamblea permanente,que discute democráticamente y toma las decisiones fundamentales del movimiento. Todo el pueblo participa en las labores de vigilancia y defensa de la comunidad. Hay comisiones para realizar rondines, montar guardia en trincheras y puestos de vigilancia, realizar servicios médicos y de ambulancia, etcétera.
Cada pueblo nombra a sus representantes ante el Consejo General de Autodefensas, los cuales se caracterizan por ser los elementos más consecuentes y con mayores capacidades para dirigir la lucha. No existen profesionales del movimiento, cada cual debe financiar su participación a partir de sus oficios y profesiones habituales. Los recursos para financiar la lucha son recabados entre el conjunto de la población, la asamblea elije un tesorero. La enorme cantidad de migrantes michoacanos en Estados Unidos también se han dado a la tarea de proveer de recursos económicos al movimiento, además de que le han dado una importante cobertura política y proyección pública en ese país.
El programa político de las Comunitarias formalmente se reduce a terminar con la opresión de los narcotraficantes en los pueblos: extorsiones, robos, secuestros, asesinatos, producción y venta de drogas. En realidad sus acciones equivalen a tomar el control político de sus comunidades, ocupando la figura del Estado, sobre todo en cuanto a la seguridad pública se refiere. En la medida en que son las asambleas democráticas del pueblo las que toman las decisiones, las funciones de Estado, son más parecidas a las funciones de un Estado Obrero, donde no es una minoría de políticos profesionales los que ejercen la administración de la comunidad, sino el pueblo en su conjunto, donde naturalmente el elemento proletario es mayoritario y por ende, es el que marca el carácter de clase de las decisiones que se toman.
La existencia misma de las Autodefensas representa un desafío a la maquinaria del Estado burgués; plantea el problema de quién y al servicio de quién gobierna. Por un lado está el pueblo organizado, tratando de resolver las necesidades de la mayoría de la población. Por el otro lado está una minoría de políticos al servicio de los intereses capitalistas más dominantes, en este caso, los capitalistas están totalmente fusionados a los narcotraficantes. El hecho de que el Estado burgués tenga que medir fuerzas con el pueblo armado, viéndose impotente para mantener sus mecanismos de dominación, representa una escuela revolucionaria enorme para el conjunto de la clase trabajadora. Las Autodefensas han demostrado que el Estado burgués es parte sustancial de los problemas que aquejan a la clase trabajadora, y no parte de la solución. Si bien, la demanda de seguridad pública no puede ser resuelta por el Estado, producto de su compenetración con el narco, lo mismo ocurre con otro tipo de demandas, particularmente con el desarrollo del nivel de vida de los trabajadores: el empleo y los salarios.
Las Autodefensas no sólo han desnudado el carácter reaccionario del Estado y sus vínculos con el narcotráfico, sino que plantean la forma de superarlo; organizando al pueblo, llevándolo a tomar el control del Estado. Su punto débil reside en que si bien en algunos casos se ha puesto al servicio de la comunidad y bajo la administración de ésta, cierto número de fincas agrícolas arrebatadas a los narcotraficantes, aún no se plantea como una política a seguir la expropiación consciente de las propiedades de los capos de la droga y sus cómplices. La expropiación de los cárteles y sus cómplices no sólo le permitiría a los grupos de autodefensa impulsar medidas de carácter social y económico y contrarrestar en cierta medida la base material que alimenta al narcotráfico: en el terreno de la producción y también a través de ofrecerle una alternativa distinta a miles de jóvenes pauperizados que ven en esa actividad criminal una alternativa. Aún con la situación de doble poder inacabado y a escala local, sus acciones prácticas los coloca como los enemigos número uno de la burguesía y el Estado a nivel nacional. No puede ser de otra manera, no hay tregua posible en este terreno. El único camino es extender el movimiento y complementarlo políticamente con un conjunto de demandas sociales.
El avance de las Autodefensas
Las Autodefensas no han dejado de avanzar. Después de la organización de seis pequeños pueblos purépechas, todos ubicados en una misma zona del estado.
El movimiento inició como tal en la zona de la Tierra Caliente, colindante con Jalisco y Colima. Los pueblos donde comenzó el movimiento a pesar de ser pequeños, tienen una gran importancia en cuanto a la producción de frutas. Para el 24 de febrero del 2013, estaba planeado el alzamiento simultáneo en cinco poblados, incluida la ciudad de Apatzingán, una de las más importantes de Michoacán, con una población de más de 123 mil habitantes. Sin embargo, el movimiento fue descubierto y reprimido en Apatzingán y Coalcomán por lo que ahí se frustró el alzamiento.
Para el mes de abril el movimiento ya había logrado consolidarse donde inició, en La Ruana, Tepalcatepec y Buenavista, superando los ataques y el cerco impuesto por Los Templarios a estas comunidades. Mireles describe, en una entrevista del periódico La Jornada, que diariamente había tres intentos de retomar Tepalcatepec por parte del narco, apoyado por las policías del estado. En cada uno de ellos, el saldo había sido positivo para las Autodefensas. En los pueblos insurreccionados de inmediato cambió la vida de sus habitantes, Mireles lo describe así: “Antes del 24 de febrero había siete u ocho personas ejecutadas por semana en Tepalcatepec, eso durante 12 años seguidos. Pero ahora sólo hemos tenido seis muertos en combate en nueve meses, pero defendiendo su vida y la de los suyos” (5).
A este primer avance le sucedieron otros, en la misma zona de la Tierra Caliente; en el mes de abril en Chinicuila, en mayo en Coalcomán, Aquila y Aguililla. El avance en éste último pueblo era significativo ya que históricamente ha sido uno de los bastiones del narcotráfico, ya en 1947 se habían decomisado 14 toneladas de mariguana. El avance de las Policías Comunitarias pronto se topó con la diversidad de negocios de Los Caballeros Templarios, estos últimos controlaban la explotación de hierro y oro, en Aguililla.
No es sino hasta el 20 de mayo que el gobierno federal organiza un operativo contra las Autodefensas. El ejército del narcotráfico, mucho mejor pertrechado, habituado al uso de armas y contando con todo el aparato del Estado había fracasado en sus intentos de ahogar en sangre a los pueblos insurreccionados. Era hora de enviar directamente al Ejército a desarmar a las Autodefensas, para que entonces sí los narcos pudieran acometer la masacre. De forma heroica las Autodefensas se mantienen firmes y evitan el desarme y detención de sus miembros. El ejército se ve obligado a establecer compromisos de colaboración con las Autodefensas que no dejan de avanzar. En estas acciones conjuntas, el Ejército y la Policía Federal muestran una vez más de qué lado se encuentran las fuerzas del Estado, ya no sólo de Michoacán sino del conjunto de la Federación. De forma velada y totalmente abierta dejan a las Comunitarias totalmente expuestas a los ataques del narco. Con todo y todo las Autodefensas siguen consolidándose ahí donde se encuentran y en octubre intentan por segunda vez la entrada en Apatzingán, ya en una lógica franca de expansión hacia lo que es uno de los puntos nodales del poder de los Templarios. El saldo es de un avance parcial, estableciéndose los primero núcleos, células y acciones contra los narcos en esta ciudad.
Para finales del año, el gobernador del estado, Fausto Vallejo, aceptó que las Autodefensas tenían presencia en 47 municipios de un total de 113 que conforman la entidad. Los voceros de las Autodefensas hablaban de presencia en 72 comunidades, ubicadas en 32 municipios, ya no sólo de la Tierra Caliente, sino prácticamente de todo el Estado e incluso de poblaciones de Jalisco y Colima. En algunos de esos municipios la policía de los ayuntamientos ha sido desarmada. Al menos existen seis casos documentados donde el presidente municipal ha sido desconocido o de plano expulsado de la comunidad. Mireles declaraba a mediados de año que ante un repique de campanas, podían reunirse hasta tres mil Autodefensas armados. Para finales del año los voceros ya hablan de una fuerza de 10 mil hombres armados, los mismos que dijo tener a su disposición “La Tuta”, uno de los máximos líderes Templarios en una entrevista para Mundo Fox en diciembre del 2013.
Igualmente reveladoras son las declaraciones del padre Goyo, de la iglesia de Apatzingán, donde en una entrevista con la revista Proceso, plantea que existen 45 mil personas dispuestas a levantarse contra el gobierno y los Templarios. Tras esas declaraciones de inmediato se solicitó su presencia en el Vaticano (6).
Tras haber sido cuestionado en tres ocasiones por el presidente del Foro Económico Mundial en Davos, Suíza, el 22 de enero del 2014, Peña Nieto regresó al país con un nuevo plan para deshacerse de las Autodefensas. Entre otras plantea su asimilación a la policía municipal, su desarme y la inversión de 45 mil millones de pesos para “desarrollar al estado de Michoacán”. Nuevamente estas medidas no son sino elementos mediáticos para lograr el objetivo fundamental; restablecer el control del narcotráfico asociado a la burocracia del Estado, en todo el territorio de Michoacán. Fracasan de nuevo y las Autodefensas continúan su heroico avance, planteándose de manera cada vez más firme establecer el movimiento en la capital del estado, Morelia.
Su avance, sigue poniéndolos frente a la necesidad de adoptar una posición más consciente frente al conjunto de necesidades económicas de la población y ejercer de manera más plena el control del Estado, con base en las asambleas populares. El 16 de enero las Autodefensas devuelven a sus dueños originales 25 huertas en el municipio de Tancítaro, con una extensión de 265 hectáreas, de las que habían sido despojados por los Templarios, cinco años atrás. También, han sido expulsados seis presidentes municipales de sus funciones y de sus pueblos, por sus vínculos con el narco.
La táctica del estado para acabar con las Autodefensas
Conforme se ha desarrollado el movimiento, se ha ido demostrando hasta dónde el Estado, al mando de Peña Nieto, es
incapaz de romper sus lazos con el negocio del narcotráfico. A pesar del avance del movimiento y de la peligrosidad que representa para la burguesía el hecho de que las Autodefensas se puedan extender hacia otros estados del país, la clase dominante prefieren apostar a que podrán poner fin a las Autodefensas, antes que cercenar el negocio.
La táctica del Estado en esencia es la misma desde que comenzó el movimiento: cooptar a los grupos de Autodefensa, dividirlos, comprar a sus dirigentes o meterlos en la cárcel, arrebatarles respaldo social por medio de programas sociales y en última instancia aniquilarlos físicamente si es que no le queda otro camino, con el fuego conjunto de los narcos y el aparato del Estado. Al mismo tiempo que reprimen, no dejan de llegar a “acuerdos” con el movimiento, que más tardan en anunciarse que en romperse, dada la extrema incompatibilidad del pueblo en armas y la maquinaria del Estado burgués. Estos acuerdos tienen el objetivo de ganar tiempo, distraer y confundir a los dirigentes. No escatiman en crear divisiones entre los representantes de las Autodefensas, tratando de explotar los intereses particulares de los medianos propietarios, entre los cuales han tratado de regenerar cierto nivel de ilusión en que las cosas pueden volver a ser como en los viejos tiempos. La táctica del gobierno de Peña Nieto es la de golpear con el garrote, prometiendo la llegada de una zanahoria inexistente. Incluso el anuncio de la inversión para Michoacán es una burla total. Como explicaba el presidente del Colegio de Economistas de Michoacán, el grueso de ese monto ya estaba presupuestado, a lo sumo se le han agregado 1 200 millones de pesos, el 2.6 % de lo anunciado por Peña. Y como colofón, la denuncia de Mireles, en el sentido de que en la medida en que esos recursos lleguen por intermedio del gobierno estatal, en realidad irán a parar a manos de los Templarios, que controlan el estado de forma descarada.
Se ha documentado, por ejemplo, que del presupuesto mensual de cada municipio para obra pública, se le entrega a los Templarios en promedio entre el 10% y 15% de los recursos. Llegando, en el caso de Morelia, a ser este porcentaje del 30% (7).
Otro ejemplo de la verdadera actitud del gobierno, es el juicio que la Sedena inició contra un mando del Ejército, traído a Michoacán el 15 de mayo del 2013 para hacer cambios en la policía estatal. En cuanto este general brigadier, acreditado en diferentes especialidades en EUA, comenzó a realizar movimientos por demás lógicos; como incrementar el número de efectivos a las labores de vigilancia en la ciudad , se le despidió y se inició un juicio montado en su contra por abuso de autoridad (8).
Los periodistas honestos ya no encuentran como destacar los vínculos consanguíneos y de compadrazgo entre el gobernador y su secretario de gobierno, Jesús Reyna, con los más reconocidos líderes del cartel de los Caballeros Templarios; respecto a éste último, se señala que es concuño de La Tuta. Incluso se ha señalado su asistencia al velorio del fundador del cartel de los Caballeros Templarios: “Ahora que murió el papá de Nazario (El Chayo, líder templario) ahí estuvo en el sepelio. La gente de Apatzingán lo vio en el velorio. Ahí estuvo Jesús Reyna con la crema y nata de Los Caballeros Templarios” (9).
La desfachatez con la que el Estado está embarrado hasta el cuello con los intereses del narco, no hace sino darle mayor legitimidad al movimiento. Esta mayor legitimidad y autoridad política y moral de las Autodefensas, también va acompañada de mayor responsabilidad en cuanto a dónde conducir el movimiento.
Mientras tanto el Estado no pierde de vista su objetivo fundamental. Su última acción ha sido la aprensión de uno de los fundadores del movimiento, Hipólito Mora. Esta detención fue el resultado del asesinato en muy dudosas circunstancias de dos miembros de las Autodefensas de su comunidad, La Ruana, con los que previamente había tenido diferencias importantes y al parecer hostilidades declaradas. Lo que es un hecho indiscutible es que todas las agencias de seguridad mexicanas y norteamericanas, trabajan día y noche, para fracturar al movimiento, explotando todas sus debilidades y dificultades naturales a la hora de dirigir un movimiento que está llegando al hueso del sistema.
Se ha señalado que las diferencias entre Hipólito y Rafael Sánchez Moreno, apodado ‘El Pollo’, ambos fundadores y miembros reconocidos del movimiento se produjo en torno a la incorporación o no en las Autodefensas de ex miembros del cartel de los Templarios en calidad de “perdonados”. Este aspecto del debate, refleja la importancia de extender el carácter proletario del movimiento, dotándolo de demandas que tiendan a solucionar la base del problema del narcotráfico, que es la pobreza embrutecedora y deshumanizadora en la que se encuentra el grueso de la población. Ya comienzan a salir en la prensa titulares como “Un hijo Templario y otro Autodefensa”, relatos donde se indica que un Autodefensa fue atacado por su sobrino, que es parte del cártel.
Es innegable que particularmente los sectores más bajos del narcotráfico, están compuestos por elementos lúmpenes provenientes del proletariado, que han visto en este negocio no únicamente una forma de salir de su condición desesperada, hay quién incluso a encontrado un falso “sentido de vida” perteneciendo a estos grupos. Dejando de lado que en regiones como Michoacán, Guerrero, Sinaloa o Chihuahua, no es necesario que una persona en lo individual entre en contacto con el narco, sino que éste está presente en todos los aspectos de la vida social, dominándolo prácticamente todo. Este tipo de circunstancias plantea retos importantes al movimiento de las Autodefensas, como establecer una política sobre estos elementos desclasados, que han jugado un papel periférico o circunstancial en las bandas del narco y que incluso, pueden ser asimilados por su comunidad si es que ésta así lo determina. Evidentemente, problematizar ese aspecto, no implica de ninguna manera torcer las cosas hasta el grado de incorporar a estos elementos en las tareas de seguridad, entregándoles armas o colocándolos en posiciones claves, lo cual sería un error garrafal.
Muchos de los problemas que enfrenta el movimiento únicamente encontrarán una solución en la medida en que se acentúe el carácter proletario del movimiento y se tomen medidas que tiendan a cortar la raíz que nutre al narco de nuevos elementos: la pobreza. Todo movimiento revolucionario exitoso, ha tenido que combinar la actitud más firme en cuanto a los aspectos concretos de la lucha, con una actitud contundente en cuanto a cambiar el régimen social establecido. Las Autodefensas no pueden rebajar su perfil de combate sin tregua ni miramientos contra todo aquel que colabora de una u otra manera con el narco, apuntando sus baterías sobre todo a la cima de éste negocio.
Las filas del narco pueden verse afectadas por las deserciones y verse mermados sus potenciales refuerzos, no sólo dentro de Michoacán, en la medida en que sean expropiados completamente sus más altos jefes. Sin embargo, es muy importante que los grupos de Autodefensa le cierren las puertas a los desertores de las filas del narcotráfico, primero, porque la entrada de este tipo de elementos al movimiento podría afectar el apoyo entre un sector de la población que ha vistos seriamente afectadas sus vidas por esa lacras; segundo, porque crearía condiciones favorables para alimentar la percepción que pretende crear el Estado, de que los grupos de autodefensa son el instrumento de algún cártel de la droga, idea que tiene como objetivo aislar políticamente a los Grupos de Autodefensa; tercero, porque se trata de elementos lúmpenes que no tienen ni la más mínima conciencia ni lealtad de clase, siendo por consecuencia presa fácil de la política del Estado que pretenderá reventar al movimiento desde adentro.
El movimiento tiene que ser depurado de esa clase de elementos pues es un hecho que se venderán por un plano de lentejas a los enemigos, provenientes tanto del Estado como de los propios cárteles de la droga; entre más elementos de esta naturaleza penetren la estructura de los Grupos de Autodefensa, aunque no se les dé ninguna clase de cargo medianamente importante, el peligro de la traición crecerá y las posibilidades de que el movimiento sea derrotado a partir de sus propias contradicciones se hará mayor. Ni imaginar qué podría pasar con un grupo de decenas de hombres armados, todos ellos exmiembros de los Caballeros Templarios pero ahora bajo las siglas de los Grupos de Autodefensas, pacientemente organizados y pagados por un grupo de provocadores del Estado infiltrados en el movimiento. En realidad, ese escenario es del todo posible si las Autodefensas no depuran sus filas y expulsan del movimiento a todos los exnarcos que pudieran existir.
El instinto de clase del movimiento, su carácter masivo y democrático, así como la calidad moral de los dirigentes de las Autodefensas, reconocidos por sus pueblos, han jugado un papel destacado en que el movimiento avance sin caer en las distorsiones que promueve sin cesar el aparato del Estado y que el movimiento mismo plantea. No obstante, esos elementos en el mediano y largo plazo mostrarán un agotamiento si es que no se les complementa con un programa de reivindicaciones sociales que impliquen una mejora sustancial en las condiciones de vida del proletariado y el campesinado pobre. Tiene toda la razón Mireles cuando afirma: “Queremos exterminar al crimen organizado de nuestro estado, llámese como se llame, esté en el nivel en el que se encuentre. No queremos criminales con charola, con una curul, con un poder gubernamental en el estado”. Contra ellos, contra el régimen económico y político de la burguesía toda la fuerza y organización del movimiento. No enfrascar las fuerzas en el inevitable enfrentamiento físico, avanzar hacia la emancipación económica del grueso de la población trabajadora.
Fuentes:
1.La Jornada. El pueblo que venció al crimen organizado.[en línea].24 de julio 2013. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8M79tqOcgaY
2.Inifap busca especie mejorada de aguacate para mejorar la producción. (2013-08-16). La Opinión de Michoacán. Consultar en http://www.laopiniondemichoacan.com.mx/hemeroteca2009_/agosto2013/noticias/06/22.html
3. Olmos J.G. (2013-05-25). Peña Nieto, tras los pasos de Calderón. Proceso. Recuperado http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=343005&rl=wh
http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=366158&rl=wh
4.García Tinoco M. Recuperan el control de tianguis limonero en Michoacán.(2014-02-12).Excelsior especial. Consultar http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/12/943382
5. Olmos. J.G. (2013-11-23). Sólo el pueblo puede defender al pueblo .Proceso. Recuperado. http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=358707&rl=wh
6.Olmos J.G. (2014-01-18)La nueva estrategia: más de los mismo. Proceso. Recuperado http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=362686&rl=wh
7. Olmos J. G. (2013-05 25). Peña Nieto tras los pasos de Calderón. Proceso. Recuperado http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=343005&rl=wh
8. Veledíaz J. (2014-01-18). La génesis del desastre militar. Proceso 1942.
9.La Redación. (2013-11-02). Trampa mortal en Morelia. Proceso. Recuperado http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=356950&rl=wh
Consigue la siguiente entrega el próximo Lunes. Ya a la venta con tu vendedor habitual del periódico Militante. ¡Adquiérelo!
