V. Las Policías Comunitarias y Ciudadanas de Guerrero, un ejemplo de lucha
Paralelamente al estallido de las Autodefensas en Michoacán y en otros estados del país las Policías Comunitarias y Ciudadanas han jugado un papel muy importante en la lucha del año 2013 expresando las contradicciones que existen entre el campesinado pobre, así como su disposición para luchar y vincularse con otros sectores del proletariado.
Junto al magisterio
La lucha contra la reforma educativa lanzada por Peña Nieto en el 2013 movilizó a miles de profesores por todo el país, los paros educativos, la toma de carreteras, casetas y oficinas gubernamentales se sucedieron constantemente por todo el país como parte de esta lucha. El nivel de movilización podría compararse sólo con aquel que se vivió en el año 1989 cuando los profesores lograron derrocar al viejo dirigente “charro” Carlos Jongitud Barrios. En muchos estados la lucha de la CNTE logró convertirse en el referente más importante para otros sectores del movimiento social. La lucha magisterial se convirtió en una lucha ya no sólo contra la reforma educativa sino contra todos los ataques del nuevo gobierno priista. En este sentido, la lucha en el Estado de Guerrero fue ejemplar.
La lucha del magisterio guerrerense se transformó en abril del 2013 cuando cerca de 100 mil personas se movilizaron por las calles de Chilpancingo, para al finalizar conformar el Movimiento Popular de Guerrero (MPG). En esta nueva organización se integraron la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomo –que agrupa más de 12 sindicatos, entre ellos el de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)– y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota, militantes de Morena, del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero y del Frente Único de Normales Públicas y, por supuesto, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg), entre otras organizaciones. Cada una de ellas había realizado sus luchas por separado y coyunturalmente habían actuado juntos, pero a partir de ese momento se unificaron en un solo cuerpo para hacerle frente a todas las contrarreformas que Peña Nieto estaba lanzando. Su objetivo era seguir desarrollando la lucha hasta conformar una asamblea popular con las características de la APPO, que en el 2006 protagonizó en el estado de Oaxaca uno de los estallidos revolucionarios más importantes del país.
El MPG no dejó títere con cabeza, sus críticas y movilizaciones fueron contra el gobierno local, contra la representación local del PRD, contra el gobierno federal, contra los caciques y contra todas aquellas formas de dominio político y explotación económica. El ambiente era realmente preocupante para la derecha priista, era totalmente posible que se repitiera una situación parecida a la de Oaxaca en el 2006. Los priistas demostraron su nerviosismo, protagonizando públicamente debates acalorados sobre la posición que adoptarían frente a esta nueva situación. No sólo era un movimiento masivo de campesinos e indígenas con mucha decisión para luchar sino que además la CRAC-PC representaba a un grupo de hombres armados participando en un movimiento social más amplio.
Sin embargo, este periodo de lucha representa apenas una muestra del ambiente de radicalización política que se ha desarrollado en Guerrero y que apunta a presentar escenarios de confrontación aún mayores.
Un periodo intenso de organización
Las distintas expresiones de organizaciones, indígenas o mestizas en Guerrero, contra la
delincuencia; han quedado ocultas bajo todos los acontecimientos que ocurrieron en el año 2013 en otros estados. Sin embargo, como veremos, constituyen una salida revolucionaria a la delincuencia y al mismo tiempo un puntal, bastante desarrollado, de una lucha contra la miseria y la explotación capitalista.
En Olinalá, Guerrero, mientras era sepultado un taxista que fue secuestrado y luego asesinado, en Octubre del 2012, la población se enteró que se estaba llevando a cabo otro secuestro más; lo que los llevó a pedir ayuda a la policía local, sin embargo, ésta como en otras ocasiones, no movió un solo dedo. La gente embravecida fue directamente a la guarida de los delincuentes pero no encontraron a nadie; quemaron una camioneta y una motocicleta que ahí encontraron. El movimiento empezó con mucha rabia y poca organización, a pesar de ello, logró articular una campaña de denuncias que incluía testimonios de 11 niñas de entre 11 y 17 años que habían sido violadas. Las autoridades oficiales mantuvieron su postura de cobertura y apoyo a la delincuencia, por ello fue que el pueblo cerró todas las entradas a la cabecera municipal con armas, algunas de ellas de grueso calibre, cubriendo sus rostros con máscaras. El pliego petitorio de este movimiento fue muy concreto: 1) Presencia del ejército y la marina, 2) Depuración de la policía ministerial, 3) Investigación de las autoridades y ciudadanos de Olinalá y 4) Conformación de una Policía Comunitaria. Cuando el ejército arribó, nueve días después, la población dejó los retenes y regreso a su vida normal.
De este acontecimiento surgió la Policía Ciudadana (PC) de Olinalá que como dice Nestora Salgado (una de las principales dirigentes, encarcelada en agosto del 2013) surge como un grupo de amigos. Posteriormente su incipiente policía sufre una transformación importante, se pusieron en contacto con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y pidieron su ingreso en ella.
Los requisitos de entrada en la CRAC-PC son muchos pero uno de los importantes es que todos los miembros de la Policía debían ser elegidos mediante asamblea y eso hicieron en Olinalá; Nestora y otros compañeros recorrieron el pueblo barrio por barrio, para que cada quien nombrara a sus policías. En marzo del 2013, la PC de Olinalá se integra con todos los derechos a la CRAC-PC.
El constante golpeteo de la delincuencia y la indiferencia de las autoridades oficiales ha sido el combustible para la formación de otras organizaciones que buscan solucionar por su propia mano los graves problemas de la región. La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) aglutina a pobladores de los municipios de Temalacatzingo, Cualac, Ahuacatzingo, Tlapa, Huamastitlan, misma que se formó también hacia finales del 2012 y fue en los primeros meses del año siguiente cuando lanzaron una campaña política explicando las razones de su organización. Ellos no se integraron a la CRAC pero mantienen una relación de apoyo e intercambio de experiencias.
En Huamuxtitlán, el secuestro de 17 personas el 2 de junio de 2012 reimpulsó el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán. El caso es complicado de verificar en sus detalles pero algunas personas dicen que el secuestro fue realizado por el cartel del narco de los Zetas para crear un ambiente de miedo que favoreciera al PRD en las elecciones que se realizarían entonces. Un año antes, el expriista Ángel Aguirre había triunfado como candidato del PRD en la gubernatura del estado y mantenía una batalla contra sus excompañeros; todo apunta a que Angél Aguirre fue directamente responsable, independientemente de su objetivo final. Dentro de sus antecedentes pesan el hecho de que fue gobernador de Guerrero entre 1996 y 1999 a la salida del oscuro Rubén Figueroa, por lo tanto estuvo vinculado cuando menos a las masacres de Aguas Blancas en 1995 y El Charco en 1998. La organización de la comunidad no se disolvió con el caso de los 17 secuestrados sino que se desarrolló aún más y acabaron integrándose a la CRAC en junio del 2013, quedando a su cargo la vigilancia de los pueblos de Xocihuehuetlán, Tlapa, Santa Cruz, La Bocana y Totolapa.
El proceso de organización para enfrentar a la delincuencia ha sido similar en otros pueblos y comunidades, pero difícil de rastrear en todos sus detalles. A pesar de ello, se puede afirmar que el ambiente general es de organización y movilización entre campesinos e indígenas, algunos poniendo en el centro el tema de la seguridad y otros ampliando sus demandas.
En todos los casos donde se han creado Policías Ciudadanas o Comunitarias han bajado los índices delictivos en por lo menos un 80%. En el camino, estas Policías han sufrido muchos ataques que provienen del Estado y sus grupos de represión como la marina y el ejército, sin embargo, las bandas delictivas no han dado una batalla frontal, de hecho han sido prácticamente erradicadas. El miedo que provocaban los grupos de delincuentes siempre hacía pensar que un enfrentamiento contra ellos sería algo parecido a una guerra civil, con batallas calle a calle, con secuestros masivos, con una alta cuota de sangre, en fin; sería algo increíblemente duro. No negamos que el movimiento ha sufrido golpes, pero la realidad es que en las más de las veces, como en el caso de Michoacán, las bandas de delincuentes no dan batallas frontales; se retiran quedando el pueblo organizado y armado.
La CRAC-PC
Las Policías Comunitarias y Ciudadanas en Guerrero tienen como referente de organización y lucha a la CRAC-PC. Esta organización surgió en octubre de 1995 y tiene como origen a los pueblos indígenas mixtecos y tlapanecos, pero actualmente no la conforman exclusivamente indígenas. Su organización aglutina a cerca de 130 comunidades en 13 municipios. No se trata de una organización que se encierre en sus propios problemas y comunidades, ellos han trabajado de cerca con el EZLN y otros pueblos indígenas en la defensa de los derechos y cultura indígenas además de la defensa de los recursos naturales. Es una organización indígena y campesina de izquierda.
Su sistema de justicia es realmente avanzado, los miembros de la Policía Comunitaria se eligen por asamblea, no reciben un solo peso de salario, no pueden renunciar al cargo a menos que la misma asamblea así lo decida. Cuando alguien comete un delito la Policía Comunitaria lo encarcela y su juicio se realiza de manera pública, la sentencia tiene como principio el trabajo comunitario. Dependiendo del tamaño y la calidad de la infracción se le imponen al sancionado jornadas de trabajo para realizar obras de carácter social. En todo el proceso de juicio y “reeducación” deben estar presentes los familiares, de esta forma se les hace responsables de ayudar al infractor y cuidarlo. De hecho, en el proceso de “reeducación” se busca responder a la pregunta de qué permitió este delito. Aquí no se trata de “castigar” sino de reeducar a todos a partir de que cometen algún delito. La idea rectora es que la comunidad en general, la familia y el infractor en particular razonen y apoyen en la solución. La manera en que trabajan les ha granjeado un respeto muy grande, los miembros de la Policía Comunitaria no pueden agredir ni burlarse de un infractor, estos deben tener un trato respetuoso en todo momento. Si esta regla la rompe algún policía comunitario también va a proceso de reeducación.
Aquí no hay grandes e inmensos libros con leyes escritas, no hay abogados a los que haya que pagar para “revisar” el caso, no hay grandes muros, celdas frías, no hay una gran infraestructura material que pagar y mantener; no hay extorción en contra, ni entre los internos. Aquí nadie cobra cuota para que el infractor pueda comer, ver a su familia, o dormir en un lugar digno mientras recibe sentencia. Después de unas pocas reglas muy concretas todo lo demás queda a juicio de las comunidades que se basan en toda su experiencia y tradiciones para resolver los casos.
La fuerza e importancia de la CRAC reside en su método para enfrentar el delito, cuestión que les ha permitido ganar mucho peso moral. El hecho de que estén sujetos a las decisiones de sus respectivas asambleas les otorga un gran respaldo político y social. El uso de armas es muy secundario, de hecho, portan armas en muy mal estado y de bajo calibre.
Una vez más, no debemos idealizar a la CRAC, no se trata de un sistema perfecto y sin contradicciones, sobre todo porque realizar esta tarea en el marco de un capitalismo en descomposición es bastante complejo. Pero debemos reconocer que es el sistema más avanzado de justicia y seguridad que hay en el país.
Ataques y mineras contra la CRAC
Para el gobierno federal y estatal la CRAC significa un grave peligro, por un lado se han
convertido en el eje de las Policías Ciudadanas y Comunitarias de otros grupos indígenas y mestizos, se han vinculado a la lucha magisterial y juvenil, y por si fuera poco es una de las principales organizaciones opositoras a los proyectos mineros.
En Guerrero la minería ha sido tradicionalmente poco explotada, pero la situación ha dado un giro dramático en los últimos 15 años. Ahora se sabe que Guerrero tiene una gran riqueza mineral que abarca cerca del 40% de su territorio, en la región de la Montaña se han detectado yacimientos aún más grandes que los de Campo Morado, en la región de Tierra Caliente, que se consideraba hasta ahora los más grandes en América. En Mezcala está uno de los yacimientos de oro más importantes del país. Por todo ello en la región de la Costa Grande hay alrededor de 700 concesiones válidas por 50 años. Para los indígenas esto significa la destrucción total de sus comunidades y para la población en general; explotación y hambre.
Por esta razón desde el 2010 el conflicto entre el gobierno estatal, como punta de las agresiones contra la CRAC, se ha fortalecido. Desde que inició el gobierno de Ángel Aguirre se han promovido las fracturas en la CRAC, los medios de comunicación los han presentado como grupos afines al gobernador, y se ha lanzado una política de encarcelamientos y asesinatos.
La UPOEG es el grupo de indígenas dominados realmente por Ángel Aguirre, a ellos han otorgado millones de pesos para armamento y los intenta preparar como paramilitares contra la CRAC y otros grupos indígenas y de izquierda. A partir de provocaciones ya se ha logrado que compañeras, como Nestora Salgado, dirigente de la CRAC en Olinalá, estén presas en un penal de alta seguridad. En este momento la situación de la CRAC al mismo tiempo que se fortalece sufre de grandes presiones que amenazan con destruirla.
Lo que demuestra el caso de la CRAC-PC y las Policías Ciudadanas en Guerrero es que resulta totalmente posible erradicar la descomposición capitalista convertida en narcotráfico, asaltos y demás miserias. El requisito es organizarse calle a calle y comunidad por comunidad.
Pero también lo que demuestra es que una vez logrado esto se crea un poder político, económico y militar, que hunde sus raíces en el proletariado y el campesinado pobre, que tiende a sustituir al Estado burgués en todas las tareas, tal cual un Soviet al estilo de la Revolución Rusa. El conflicto entre uno y otro es inevitable porque representan intereses contrapuestos. Por tanto la lucha contra la inseguridad es empujada a una lucha contra todo el sistema capitalista.
VI. ¿Paramilitares o movimiento social llamado Autodefensas?
Para un conjunto de articulistas, muchos de ellos promovidos tanto por los medios de comunicación “democráticos” como por los más reaccionarios como Televisa, las Autodefensas son grupos paramilitares creados por Peña Nieto y sus dirigentes son infiltrados del narco o del mismo priismo. En su lógica no hay duda de esta realidad aparentemente irrebatible.
Si como ellos afirman, las Autodefensas no son más que grupos paramilitares, entonces la posición de los sindicatos, partidos de izquierda y en general las organizaciones sociales, debe ser la de rechazarlas rotundamente. Y no sólo eso, estas organizaciones deberían llamar a que el gobierno de Peña Nieto las extermine, bien por la vía legal, económica o militar. Cualquier otra alternativa sería caer en el engaño y la táctica de EPN, según afirman.
¿Qué pasaría si estos articulistas se equivocan? Para ellos no pasaría de ser una mancha grande o pequeña en su currículum, pero para alguien que está dentro del movimiento significaría algo mucho más trascendente. Por ello, clarificar estos argumentos es de gran importancia.
El desfiladero
Muchos articulistas del periódico La Jornada son reconocidos en el movimiento de izquierda y particularmente Jaime Avilés dentro de Morena. Su columna ha dejado de ser publicada en ese periódico pero es importante comentar su artículo: “DESFILADERO Para entender Michoacán”, publicado en otros medios (1). Su texto cierra con una conclusión que previamente va tejiendo en el interior del artículo: “Las Autodefensas, por más que nos duela y cueste aceptarlo, trabajan, a sabiendas o no, para el enemigo”. Con esta conclusión, comete un error grave.
El creador de las Autodefensas
Las Autodefensas de Michoacán, afirma Avilés, son producto de un plan creado desde las altas esferas del gobierno federal “(…) como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto visitó en varias ocasiones al que entonces era presidente de Colombia, el conocido exterminador llamado Álvaro Uribe, que para combatir a las guerrillas asociadas a los cárteles del narcotráfico creó un gigantesco ejército de paramilitares (…) Uno de los militares que tuvo a su cargo la creación y el desarrollo de esos grupos de hombres fuertemente armados (…) fue el general Óscar Naranjo (…) Naranjo se convirtió a finales de 2012 en “asesor externo” de Peña Nieto y, por lo visto, trabajó con gran rapidez porque, en febrero de 2013, en medio de un gran sigilo, el doctor Mireles al frente de muchos hombres muy bien armados tomó Tepalcatepec, donde reside desde que volvió a México en 2007, el año en que Felipe Calderón desplegó su política genocida por todo nuestro (ex) país.”
Para Avilés, la presencia de Naranjo en México es la prueba fundamental de que las Autodefensas son producto de un plan priista. Esa supuesta prueba, de darla por válida, podría aplicarse prácticamente para cualquier otro caso, resultando igualmente falsas sus conclusiones. En lugar de ello, lo que Avilés y otros muchos “analistas” deberían hacer es tomar en cuenta las condiciones políticas, económicas, históricas de un pueblo que podrían dar como resultado estallidos sociales con características peculiares. En cualquier caso la presencia de alguien, por más represor que sea, no comprueba nada, tan sólo nos da posibles pistas, pero no más.
Si como se dice, Naranjo está detrás de las Autodefensas, como un profesional de la represión, entonces debió crear su plan bajo suma confidencialidad, pero no, él se presentó públicamente junto a Peña. De hecho, ni siquiera necesitaba venir obligadamente a México para llevar a cabo su plan. Luego, debió cambiar el nombre de sus grupos, en lugar de presentarlas como “Autodefensas” debió usar un nombre más ligado al movimiento social en nuestro país, así hubiera sido más difícil reconocer el vínculo entre la supuesta táctica paramilitar en México y Colombia, esto tendría beneficios directos en el logro de sus objetivos. Pero sobretodo, debió prepara un plan donde sus dirigentes actuaran de tal forma que no desgastaran políticamente y tan ampliamente al gobierno que supuestamente buscan beneficiar. Nada de esto hizo Naranjo. Entonces, ¿se equivocó? ¿Subestimó la inteligencia de cualquier persona? Resulta imposible pensar que un plan, como se entiende; tan importante, hecho por una persona con tanta experiencia haya sido creado y ejecutado con tanto desaseo, de tal forma que, de hecho, terminó arrojando resultados totalmente contrarios a su objetivo. En lugar de fortalecer al régimen priista, lo ha debilitado y puesto en un riesgo considerable.
Las condiciones políticas, económicas y sociales son la base que ha creado el estallido de las Autodefensas, esto ya lo hemos explicado al inicio del documento. Lo importante aquí es que Avilés no toma en cuenta todas estas condiciones, simplemente las descarta y afirma que las Autodefensas son producto de un plan macabro.
Otro perfil del tema es la experiencia Colombiana. En ese país el paramilitarismo comenzó como una táctica del Estado y la oligarquía para frenar el movimiento guerrillero, sindical, estudiantil y de la izquierda en general. Éste se convirtió en un gran dolor de cabeza para los propios planes de quienes los impulsaron. El paramilitarismo acabó devorando gran cantidad de recursos económicos con resultados muy pobres y cuestionables para los capitalistas. El vínculo entre los distintos niveles de gobierno y los paramilitares fue muy claro, al grado que provocó un desgaste político importante para el Estado burgués colombiano. La sangre que hicieron correr los paramilitares fue fundamentalmente de dirigentes sociales, pero también, aunque en menor medida, de personajes vinculados al mismo Estado burgués. Todos estos elementos llevaron a que incluso se generaran confrontaciones entre las altas esferas del gobierno; en determinado momento un sector pensaba que era mejor desaparecer a los paramilitares para seguir otras tácticas más efectivas, otro sector planteaba mantenerlos. La solución no era tan fácil de adoptar porque los paramilitares tenían su propia opinión y fuerza respecto a su realización. Oscar Naranjo conoce muy bien el caso y debió comentarlo con Peña Nieto.
De hecho, si cabe hacer una comparación, es más bien entre los paramilitares colombianos y los cárteles de la droga en México. Ambos son grupos con fuertes vínculos con la clase dominante y el Estado, orientados hacia la represión en contra de la clase trabajadora, que han adquirido tal fuerza e influencia que son capaces de revelarse e independizarse, de alguno de los sectores de la propia clase burguesa que originalmente los cobijó.
Una pregunta clave es para qué necesitaría el régimen crear un cuerpo especial de paramilitares ¿para combatir a los trabajadores? Ya esa función la llevan a cabalidad las bandas de narcotraficantes. ¿Para combatir a algún cartel del narcotráfico en particular? Para eso ya tienen a todo tipo de cuerpos policiacos y especialmente para eso están las agencias represivas norteamericanas: DEA, FBI y el propio ejército gringo, para administrar el negocio del narco. Prueba de quién realmente tiene las riendas del negocio, ha sido la captura del “Chapo”. El aspecto que se empeñan en no reconocer, el grueso de los “analistas y académicos”, es que las Autodefensas son una reacción ante esa política de represión masiva que de hecho existe en nuestro país desde por lo menos el inicio del gobierno de Calderón.
Por ello lanzar paramilitares en México a una gran escala y, presumiblemente, como la punta de lanza contra el movimiento social, sería para Peña Nieto una aventura muy riesgosa. El primer y más obvio resultado sería una cuota de sangre mucho mayor a la que vimos durante el gobierno de Calderón. El resultado de ello sería mayor descontento entre la población y un desgaste político para Peña Nieto, en general; fortalecería todas las condiciones que han llevado al estallido de las Autodefensas y otros movimientos sociales. Las Autodefensas como cobertura de un supuesto paramilitarismo sólo lo llevarían exactamente al mismo punto al cual Peña Nieto no quiere llegar.
Avilés es un articulista con gran olfato y experiencia. ¿Por qué en este caso, tratándose de un tema tan importante, recurre a suposiciones tan vagas? ¿Por qué no toma en cuenta las condiciones políticas, económicas y sociales de Michoacán y otros estados para explorar la posibilidad de que éstas empujen al movimiento a expresarse bajo esta forma? ¿Por qué no desarrolla sus ideas y con ello responde a preguntas básicas que surgen inmediatamente al querer tachar a las Autodefensas como paramilitares? Abordaremos en las líneas que siguen otros aspectos de la argumentación de Avilés, pero hasta aquí nuestra conclusión es que se equivoca: las Autodefensas no son grupos paramilitares.
El doctor Mireles
La acusación que Avilés deja caer sobre el doctor Mireles nos parece muy delicada, él afirma
que este dirigente es el lugarteniente de Peña Nieto dentro de las Autodefensas.
El accidente aéreo que sufrió el doctor, nos dice Avilés, “hizo visibles” sus nexos con Peña Nieto porque “lo obligó a encubrirlo con mentiras absurdas (“venía de Guadalajara”)”, Según él mismo, otros elementos del accidente comprueban el vínculo “¿Por qué si Mireles regresaba a su casa, desde Guadalajara (según la PGR), no voló en línea recta hacia Tepalcatepec? O dicho de otro modo: ¿por qué, si venía de Guadalajara, se fue casi hasta el otro lado de Michoacán? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta: el sábado 4 de enero Mireles no estuvo en Guadalajara, donde nada tenía qué hacer, sino en Parácuaro, donde coordinó la toma del palacio municipal al frente de cientos de hombres armados alrededor de las dos de la tarde. Una vez que la situación quedó bajo control de las Autodefensas locales, apoyadas por una eufórica ciudadanía que al fin, después de muchos años, se sentía a salvo de los Templarios, Mireles despegó de Parácuaro hacia La Huacana, para rodear el territorio de Apatzingán por el este, con la idea de continuar hacia el sur, antes de recorrer el tramo final de la ruta hacia el noroeste, es decir, hacia Tepalcatepec, pero la PGR dijo que volvía de Guadalajara, para librarlo de toda culpa por la toma de Parácuaro y poder brindarle atención médica y protección inmediata, después de su accidente (…)”.
Aquel accidente aéreo está lleno de incógnitas sin responder como el tema de la ruta del avión, las declaraciones del gobierno y otras. Pero el punto fundamental es que Avilés afirma que el vínculo Mireles-Peña Nieto se comprueba porque con las mentiras y declaraciones del gobierno se libraba a Mireles de “toda culpa por la toma de Parácuaro”. Si Mireles tomó Parácuaro eso le otorgaría mayor peso político y se afianzaría como dirigente honesto de las Autodefensas, sería conveniente para los planes de Peña Nieto suponiendo que Mireles fuese su lugarteniente. Aceptando la idea de Avilés entonces no hay razón para librar a Mireles de “toda culpa por la toma de Parácuaro”.
El apoyo médico y la “cobertura” política “venía de Guadalajara” podrían explicarse por cuestiones muy básicas y evidentes. Si uno de los dirigentes más importantes de las Autodefensas moría por las graves heridas del accidente aéreo, Peña Nieto quedaría como responsable, se le acusaría de un asesinato político. La muerte de Mireles sería un problema directo para el gobierno priista, por tanto hicieron todo lo posible para salvarle la vida.
De hecho, el gobierno de Peña Nieto asumió una posición similar en cuanto López Obrador sufrió un paro cardiaco, en diciembre del 2013. De inmediato militares resguardaron el hospital donde estaba internado, enviaron a elementos del aparato de inteligencia del estado y pusieron a su disposición todos los recursos económicos y médicos que fueran necesarios. Nadie se atrevió a pensar que por ello existiera una relación turbia entre Peña y AMLO, ya que una vez más se trataba de evitar que el gobierno fuera responsabilizado del deceso evitable de un dirigente por demás reconocido. Más aún, el gobierno aceptó que cuidaban de AMLO por considerarlo “un factor de estabilidad en el país” (2). De las opiniones del gobierno hacia su persona, nadie se atrevió a cuestionar a AMLO. Queda claro que siguieron la misma táctica con Mireles, hicieron, y seguirán haciendo intentos para cooptarlo y asimilarlo a la estrategia del gobierno, como ocurre con cualquier otro dirigente reconocido, utilizando incluso sus propias confusiones y debilidades políticas. Por otro lado propias de un dirigente natural del proletariado que lamentablemente no cuenta con una concepción científica de la lucha de clases, sino que establece su política fundamentalmente a partir de su experiencia práctica más inmediata.
Retomando los argumentos de Avilés, la “cobertura política” que el gobierno brindó a Mireles, realmente no fue tan amplia, sólo se remite a la declaración oficial “venía de Guadalajara”. Esto puede explicarse por la vía de las declaraciones constantes y sin fundamento que el gobierno realiza para hacer suponer a la opinión pública que controla la situación, o bien porque, como lo declaró el mismo doctor, la avioneta realmente venía de Guadalajara ya que era un taxi aéreo. Las declaraciones del gobierno sobre el accidente y el apoyo médico tampoco prueban ningún vínculo entre Peña Nieto y Mireles.
Más especulaciones sobre Mireles
Al igual que muchos medios de comunicación, Avilés afirma que Mireles estuvo preso por cargos de narcotráfico. Mireles ha negado rotundamente esta acusación, aunque aceptó haber sido detenido en diferentes ocasiones, concretamente señaló que la primera vez fue a los 12 años “por estar jugando al billar” y en otra ocasión por ejercer la profesión médica sin las licencias correspondientes en EUA (3). Más allá de las palabras, tanto de Mireles como de Avilés, lo cierto es que nadie ha presentado copias de documentos que prueben esas acusaciones y que serían muy fáciles de obtener, particularmente para los periodistas.
Esta acusación de Avilés se basa en un artículo publicado por el periódico Reforma, pero ante lo delicado del caso, de los constantes rumores y de la acusación en particular lo adecuado sería no fiarse de lo que alguien escribió en un periódico que por otro lado no se distingue por sus simpatías con los movimientos sociales. ¿Avilés corroboró la veracidad de lo dicho en aquel artículo? Parece que no, él sólo dice que “El columnista de Reforma, Roberto Zamarripa, reveló el pasado lunes 13 de enero que el carismático doctor estuvo preso en Michoacán precisamente por narcotráfico en 1989.” Es un error grave tomar con ligereza las “revelaciones” de un articulista sobre una lucha a la cual la derecha trata de darle carpetazo con el “fulminante”: “Mireles estuvo preso por narcotráfico”. Otros periodistas que se ha dado a la tarea de seguir la biografía de Mireles, han sido incapaces de encontrar más pruebas que el dicho de Reforma respecto a su supuesto vínculo con el negocio del narco, por el contrario han encontrado pruebas de que su militancia política y sus denuncias contra el narco no son nuevas (5). Queda claro que hasta la fecha nadie ha comprobado que efectivamente Mireles fue narcotraficante.
Pero supongamos, sin conceder, que alguno de los dirigentes sea agente del narco o de Peña Nieto, lo que no se podría negar es que en ese caso sería la cabeza visible de un movimiento con un respaldo social considerable. Nos enfrentaríamos a una situación similar a la de sindicatos que tienen unas bases honestas pero auténticos criminales como dirigentes (por ejemplo, Romero Deschamps) que actúan totalmente en favor de los gobiernos de derecha. En este caso los marxistas siempre hacemos una diferencia entre la dirección y la base. La dirección puede ser muy corrupta, pero los sindicatos son totalmente necesarios para los trabajadores, de esta forma la tarea no es destruir al sindicato sino luchar porque la dirección responda a las necesidades de los trabajadores. Este es un punto fundamental, hipotéticamente se podría decir que algún dirigente de las Autodefensas es un agente de Peña Nieto o que alguno de ellos ha tenido un cierto vínculo con el narco en algún momento de su vida, incluso a pesar de un hecho de esa naturaleza; de ello no podría desprenderse la conclusión de que el conjunto del movimiento; que toda la gente que participa y respalda a las Autodefensas, sean simplemente personas controladas por el priismo o ciertos grupos del narco.
Pero al final de todo hay una realidad importante, quien hizo surgir las Autodefensas, el dirigente podríamos decir más importante es Hipólito Mora, quien ahora está preso acusado de más de 30 delitos. La afirmación hecha por Avilés, de que las Autodefensas; todas y desde su nacimiento, son paramilitares dirigidos por Mireles; entra totalmente en contradicción con este hecho.
Apoyar la idea del supuesto pasado criminal de Hipólito Mora y Mireles no es otra cosa más que contribuir consciente o inconscientemente con la táctica del Estado que pretende criminalizar al movimiento de Autodefensas para descabezarlo, desprestigiarlo y hacerle perder apoyo social, para de esta manera arrodillarlos o incluso exterminarlos.
Armados hasta los dientes
No negamos las buenas intensiones de Jaime Avilés pero creemos que hay que analizar sus ideas con cuidado. En otra parte del artículo dice que “En la actualidad, voceros de las tropas paramilitares de Naranjo en Michoacán, acaudilladas por Mireles y otros líderes locales, aseguran que suman ya 25 mil hombres y mujeres. En su gran mayoría –todas las fotos lo dicen– cuentan con fusiles de asalto AK-47 y R.15, camionetas último modelo, pintadas de negro y balizadas con números de serie y distintivos del Concejo de Autodefensas, así como potentes aparatos de comunicación, además de una red de informantes que interactúan en Twitter mediante la cuenta @ValorMichoacan”. Otros articulistas también desconfían de las Autodefensas por el hecho de cargar armas de grueso calibre para uso exclusivo del ejército. Según ellos, esto “comprueba” el carácter paramilitar de las Autodefensas y el vínculo de los dirigentes con Peña Nieto.
El EZLN también porta armas de alto calibre, eso se puede ver claramente en varias fotos y videos, el mismo subcomandante marcos parece tener como arma preferida un fusil AR-15. Aclararemos que ni todo el EZLN ni todos los Autodefensas portan armas de este tipo. El mismo EZLN también usaba aparatos de comunicación que para aquellos tiempos eran bastante avanzados y caros, y claro está el EZLN también tenía una red de informantes vía internet. Tanto el EZLN como las Autodefensas tienen, excepto las camionetas último modelo, armas y herramientas de lucha similares, sin embargo nadie se atrevería a decir que por ello el movimiento indígena es producto del gobierno o del narcotráfico. El punto no es qué armas usan, sino cómo las controlan y cuáles son sus objetivos. El punto central es determinar si las Autodefensas son un movimiento social o un grupo de paramilitares. Avilés ya no puede ver esta pregunta porque para él, el tema está resuelto.
Avilés y otros periodistas nos sugieren una pregunta: ¿Cómo llegaron esas armas poderosas a manos de las Autodefensas? La respuesta es, en esta lógica, porque el gobierno se las entregó. Hay una realidad con la que convivimos todos los días, y es que la corrupción del ejército, marina, policías municipales, que a su vez está cubierta por altos funcionarios permite la compra venta de una gran variedad de armas a la población civil. Obtener esas armas no encierra ninguna dificultad, no se necesita un operativo especial. Un ejemplo contundente es lo que ocurre en el DF “Desde el 24 de diciembre del 2012, fecha en el que se puso en marcha este programa (Por tu familia, desarme voluntario), hasta el 31 de mayo del presente año(2013) se lograron canjear (recoger) 3 mil 987 armas cortas, mil 294 armas largas, 356 granadas, una bomba, un cargador, dos proyectiles, dando un total de 5 mil 641 armas de fuego, así como 44 mil 495 cartuchos, (http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/). Al mes de septiembre del mismo 2013 el gobierno del DF reportó que la cantidad de armas que colectó llegó a 7 mil 332 y 53 mil 588 cartuchos aunque no especificó todos los detalles. Eso ocurre en una ciudad donde los niveles de violencia no son los de Sinaloa o los de Michoacán, donde el tráfico de armas está mucho más controlado y son resultado de una campaña que, es posible suponer, no fue atendida por toda la gente que tiene armas. Finalmente el mismo Mireles e Hipólito Mora han explicado en diversas entrevistas que las armas las han adquirido del narco que en su huida y en sus casas de seguridad, dejan mucho material útil o que incluso las compran a gente que llega a vendérselas.
Jaime Avilés está totalmente equivocado, parte de premisas falsas, mezcla rumores con suposiciones ligeras para finalizar con la idea de que las Autodefensas son paramilitares de Peña Nieto. Este es un error total de un periodista muy respetado por algunos círculos de izquierda. Más adelante tenemos que abordar el tema de las infiltraciones, degeneraciones, auténticos paramilitares y otros aspectos que están en el debate.
El método usado comúnmente
Hasta ahora el carácter supuestamente paramilitar de las Autodefensas se basa en suposiciones e informaciones a medias. El artículo publicado en el portal sinembargo.com nos muestra otro ejemplo. Eruviel Tirado, investigador de la Ibero dice que “Las Autodefensas de Michoacán podrían ser un “experimento” del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y un semillero de nuevos grupos paramilitares” esto está vinculado con el uso de “armas de alto calibre (…) Es una variación del esquema de guerra sucia que se creó en los años 60 y 70; crear grupos paramilitares que no tienen una base legal y que realizan un trabajo sucio. (…) Una hipótesis es que el gobierno actual está experimentando con los grupos de autodefensa para ver si le funcionan como una estrategia contra el narco (…) Peña Nieto continuó con la estrategia de seguridad del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, pero con un añadido: los grupos contrainsurgentes”. (15 enero 2014)
En esencia ya hemos respondido a todas estas acusaciones, lo que hacemos ahora es presentar un nuevo ejemplo de cómo se mezclan suposiciones y afirmaciones para construir un discurso que acaba afirmando, sin asomo de duda, que las Autodefensas son paramilitares. En el contexto de tantos rumores sobre las Autodefensas, se debe adoptar una actitud de rechazo a todo este tipo de argumentación, sobre todo porque puede llevar a que el movimiento social en su conjunto acabe totalmente confundido y adopte una posición política incorrecta sobre las Autodefensas.
El paramilitarismo en México
En Chiapas y en otros estados de la república los grupos paramilitares existen y han actuado de la manera más impune durante décadas, el ataque a la comunidad de las abejas en Acteal dejó como saldo la muerte de 45 personas entre hombres, mujeres embarazadas y niños. Las bases de apoyo zapatista, otros grupos indígenas y movimientos sociales han sufrido cruelmente la acción de los paramilitares, la matanza de Aguas Blancas (1995) dejó un saldo de 17 campesinos asesinados. Los paramilitares no son cosa del pasado siguen actuando libremente como en el caso de San Juan Copala, Oaxaca.
No negamos la gravedad, ni la intensidad de los actos que grupos paramilitares realizan en distintas regiones del país. Tampoco negamos que en el contexto de las Autodefensas en Michoacán y en otros Estados de la República puedan surgir grupos que cubiertos por este ambiente se hagan pasar por Autodefensas cuando en realidad su función es a favor del gobierno priista. Sin embargo, el paramilitarismo no constituye en este momento la herramienta fundamental y general de represión contra el movimiento a nivel nacional.
Esto está comprobado por la acción de los gobiernos pasados que han fortalecido los grupos de represión regulares: ejército, marina, policías estatales, etc. Por otra parte han endurecido el marco legal contra el movimiento social mediante distintas reformas a las leyes correspondientes. Y en concordancia con lo anterior ha incrementado el presupuesto para estos trabajos. De hecho esto explica que durante los gobierno de Fox y Calderón los grupos regulares sobre todo marina y ejército, al lado de los grupos del narco, son los responsables de la gran represión y política de terror hacia el movimiento.
En el movimiento social a nivel nacional hay el temor de que el nuevo gobierno del PRI desate un ambiente negro de represión, ya hemos visto encarcelamientos y provocaciones que no habíamos visto en el pasado. Pero hay que evitar todo tipo de análisis histérico porque eso nos impediría ver las auténticas intensiones del priismo. "En ese sentido hay que romper con la desconfianza infundada que provoca ver en el estallido de cualquier movimiento la confirmación del paramilitarismo. El estado es un grupo de hombres armados en defensa de la propiedad privada, pero los medios concretos para que esos hombres se mantengan dominando la sociedad no son a priori los del paramilitarismo, existen muchas alternativas que se definen por las condiciones generales del momento y no por los caprichos de tal o cual funcionario.
Los paramilitares, como muchos otros métodos no están descartados, pero, por ahora, no es lo que más beneficios le ofrecen a EPN, por tanto se mantendrán pero como una táctica muy local y débil en comparación con los cuerpos regulares.
La justicia del pueblo en armas
El dato duro que a muchos intelectuales y periodistas ha confundido y que luego los ha llevado a plantear con más fuerza la idea de que las Autodefensas son paramilitares es el hecho de que las Autodefensas cuentan con miembros que aceptan haber formado parte de los grupos del narcotráfico. Hay entrevistas en video realizadas en las mismas barricadas donde se expone esta realidad.
Existe un reportaje realizado por Noticieros Televisa que intenta denunciar el carácter ilegal de las Autodefensas, que sin embargo nos brinda datos para comprender el caso. En el municipio de los Reyes están encarcelados, bajo vigilancia de las Autodefensas, 70 punteros; vigilantes en el argot del narco. De ellos sólo 10 fueron directamente apresados por las Autodefensas, el resto se presentó voluntariamente. Lo que declaran los punteros, es que sus jefes superiores los están responsabilizando por el surgimiento de las Autodefensas, razón por la cual los quieren asesinar, de hecho dicen saber de casos donde la amenaza si se cumplió y les cortaron la cabeza. Para estos que ocupan los rangos bajos el problema es grave porque sus jefes tienen todos sus datos, los de su familia, saben donde trabajan y los reconocen físicamente. Los acontecimientos los han puesto entre la espada y la pared, el ejército para justificar su acción esta apresando a muchos de ellos, pero al ir a la cárcel también pueden ser asesinados por sus mismos jefes que tienen presencia en los penales. Por tanto lo único que les queda es, en este caso, entregarse a las Autodefensas. Estos jóvenes son la carne de cañón del narcotráfico, sus salarios en realidad no son tan altos. En otro video (vimeo.com/86454229) un joven acepta haber ganado por la tarea de puntero la cantidad de mil 800 pesos a la quincena. Esto les impide escapar con su familia hacia otro lugar más seguro y evitar todo lo anterior.
El caso de los rangos bajos del narcotráfico es punto clave del análisis sobre las Autodefensas. Desgraciadamente los datos sobre ellos se hacen públicos de manera accidental por los medios de comunicación. Representa un punto esencial analizar cómo llegaron a ser miembros del narco para poder comprender qué papel pueden jugar en las Autodefensas. Por ejemplo, es fundamental tomar en cuenta que muchos de estos jóvenes actuaron bajo la lógica de “si no puedes contra el enemigo únetele”, sus familias eran extorsionadas y hasta asesinadas, por ello, en busca de cobijo ingresaron a las filas de sus propios verdugos. Hay jóvenes que crecieron a la sombra del resentimiento por el asesinato de sus familiares, sus mentes siempre han estado fijas en ingresar a un cártel para lograr la venganza. Otros crecieron en un ambiente en donde estudiar y convertirse en doctor o ingeniero es una aspiración inexistente, trabajar como obrero con jornadas que van más allá de las 10 horas y por salarios de dos mil pesos al mes, es algo tan estúpido como aceptar la esclavitud, ellos crecen pensando en convertirse en hombres con pistola, “troca”, poder, mujeres y mucho dinero. No es nuestra intensión quitarle la gravedad a los actos de estos jóvenes o sectores bajos del narco, pero es una realidad que está ahí y el movimiento no puede soslayarla.
Estos rangos bajos no pueden escapar y deben elegir entre mantenerse en el narco y aceptar la cárcel lo cual es casi una sentencia de muerte en las condiciones actuales o ingresar a las Autodefensas; un movimiento que quizá les dé una alternativa diferente. Pero es claro que por esta vía también se pueden infiltrar narcotraficantes que con toda la intención busquen posicionarse para luego actuar desde dentro de las Autodefensas. Lo que nosotros queremos exponer son las condiciones a las que se enfrenta y que de hecho se enfrentará cualquier movimiento que se desarrolle en un ambiente como el de Michoacán u otros estados.
Por otra parte ¿qué posición deberían tomar las Autodefensas al respecto? No los pueden mantener encarcelados permanentemente, para ello se requiere de una infraestructura humana y material que al calor de los acontecimientos no pueden crear las Autodefensas. No los pueden dejar libres porque entonces, desde el punto de vista de las Autodefensas, regresarían a los grupos del narco y delatarían datos sensibles. No los pueden entregar a las autoridades, con plena confianza, porque sería lo mismo que el punto anterior.
Tomemos en cuenta que el desarrollo del narco ha sido tal que hay miles de personas que nunca han estado vinculadas al narco de manera directa pero sí de manera indirecta ; hay miles de personas que tienen un primo, un hermano, algún amigo que sí trabajó con el narcotráfico. Otras personas se relacionaron con el narco realizando tareas normales: les vendían productos, les pintaban sus casas, etc. En estas condiciones si las Autodefensas “ajustician” a un narcotraficante capturado o proceden contra ellos sin criterio entonces se generaría una dinámica increíblemente complicada.
La desconfianza y el temor se desbordaría entre toda la gente pues nadie podría estar a salvo de posibles acusaciones de vínculos con el narco y mucho menos de recibir un juicio con todos los derechos. Por ello, las Autodefensas de un pueblo podrían enfurecerse al ver que en algún otro pueblo sus familiares fueron ajusticiados con o sin razón. Esta sería una receta acabada para que las Autodefensas se destruyeran las unas a las otras en una oleada de venganzas internas. Una provocación del Estado podría generar este ambiente y quizá es lo que está detrás del conflicto entre Hipólito Mora y el Americano.
Ni intelectuales, ni periodistas han logrado destacar este asunto, que en el narco también hay rangos bajos que no pueden escapar de sus lugares de origen. Tampoco comprenden que las Autodefensas no pueden, con el chistar de sus dedos, desaparecer a estos rangos bajos. Con esto descartamos totalmente que a priori la presencia de personas vinculadas al narco dentro de las Autodefensas responda a que éstas son paramilitares, su presencia responde a las condiciones en la que se desarrolla el movimiento. Al mismo tiempo esta realidad impuesta parece destruir, y es lo que confunde a muchos periodistas e intelectuales, los objetivos de la lucha. La situación es más compleja porque estas condiciones también permiten la infiltración de auténticos agentes del narco en espera de actuar contra las Autodefensas.
No hay que idealizar a las Autodefensas ni por supuesto satanizarlas, sin embargo, sí es válido y necesario hacernos las siguientes preguntas ¿Hay gente que ha colaborado con el narcotráfico en este movimiento? Sí, pero con todas las acotaciones y en el contexto expuesto anteriormente. ¿Constituyen un riesgo? Sí. ¿Se puede evitar? Con una política correcta sí.
La necesidad de la democracia proletaria
En esencia los elementos que pasan a formar parte de los cárteles de la droga son elementos desclasados que han perdido todo vínculo y lealtad de clase; desafortunadamente para ellos el costo es muy alto en cuanto el viento no sopla más a su favor, en esa medida, para salvar el pellejo ahora que los grupos de autodefensa han saltado a la escena, muchos prefieren entregarse dócilmente antes que ser aplastados por la fortaleza del pueblo alzado en armas; para algunos de ellos incluso su apuesta es pasar a formar parte de las Autodefensas.
La asimilación para las Autodefensas de individuos que trabajaron para los cárteles de la droga es un factor que vulnera al movimiento armado pues crea condiciones para que el Estado intensifique su campaña de desprestigio y desinformación, pero además origina una base de apoyo interna para los provocadores e infiltrados con el objetivo de dinamitar al movimiento desde adentro, dado que el desclasamiento del que han sido presas esos sujetos les trasformaría en irresistible cualquier oferta económica para traicionar a las Autodefensas. ¿Entonces que hacer frente a todo ello? La primera medida tendría que ser depurar de esa clase de elementos a las Autodefensas, sin embargo ¿qué hacer con ellos sabiendo de la exacerbada corrupción que se vive en las cárceles del Estado y de su sistema judicial en su conjunto, desde policías hasta jueces? Liberarlos implicaría dejarlos en condiciones de reintegrarse a los cárteles de la droga; además se estaría mandando un mensaje en el sentido de que algún integrante de los cárteles de la droga al sentir el agua en el cuello por el avance de las Autodefensas podría rendirse e incluso pasar a formar parte de éstas o de plano dejársele en libertad.
Todos esos factores representan un reto para ser resuelto por los Grupos de Autodefensa y la solución está en dar el siguiente paso. El surgimiento de los Grupos de Autodefensa y de las Policías Comunitarias representan una doble ruptura con el sistema judicial, la legalidad burguesa y del Estado; primero porque en el ámbito de sus poblados y comunidades estos grupos han desplazado al Estado en cuanto a las tareas de procuración de seguridad y de orden; segundo, porque para poder hacerlo han tenido que tomar las armas arrebatándole el monopolio al Estado sobre éstas, cuestión que está penado legal y judicialmente. Por consecuencia, y no sólo como una respuesta al problema de los integrantes de los cárteles de la droga detenidos por las Autodefensas, sino como una necesidad para empujar al movimiento hacia el frente, es necesario que las comunidades alzadas en armas y que tienen bajo su control a sus localidades, organicen su propio sistema judicial en el que se defina la clase de sanción dependiendo el grado de responsabilidad y los mecanismo para que los integrantes del narco sean juzgados. Por supuesto que no es lo mismo un sicario o un “halcón” cuyo papel simplemente se limitaba a avisar a los narcos sobre los movimientos de la policía y sospechosos en su comunidad, pero aun así no podemos perder de vista que estos soplones formaban parte de un engranaje -y ellos eran conscientes de esa realidad- para posibilitar el funcionamiento de los narcotraficantes no sólo para el manejo de la droga, sino también para extorsionar, asesinar inocentes, despojar a las familias, secuestrar, violar, y toda esa clase de atrocidades que forzaron el surgimiento de los Grupos de Autodefensa.
La respuesta a los integrantes de los cárteles de la droga caídos en desgracia sin importar que sean los de menor rango, no es el sentimentalismo dándoles cabida en las filas de las Autodefensas, pues esa política terminaría creando una base más que favorable para la traición y para que el Estado actúe más fácilmente a través de infiltrados; pero tampoco la respuesta es la justicia burguesa. La única opción posible y firme es un sistema judicial definido y controlado democráticamente por el pueblo alzado en armas, medida que necesariamente tiene que ser auxiliada por una política que extienda al movimiento de las Policías Comunitarias y de los Grupos de Autodefensa más allá de los confines de las regiones que ya tienen bajo control, articulándose bajo una sola coordinación a nivel nacional e impulsando un programa de lucha que los vincule con los trabajadores de las grandes ciudades.
Romper el cerco, desarrollar el programa
Si el movimiento de las Autodefensas se aísla del resto del movimiento social, cosa que depende totalmente del desarrollo de su programa y de su táctica, entonces se van a generar las condiciones para que el narco y el gobierno de Peña Nieto destruyan desde adentro a las Autodefensas gracias a las debilidades que, entre otras, sin duda constituye el aceptar a los ex colaboradores del narco y las infiltraciones que seguramente están realizando agentes de los cárteles.
Las Autodefensas tienen la urgente tarea de poner un énfasis en el fortalecimiento de las asambleas de cada pueblo, para que desde ahí y sólo desde ahí se definan las acciones a emprender. En la medida que estas Autodefensas, como grupos armados y por muy buenas intensiones que tengan sus actuales dirigentes, adquieran independencia de acción frente a las asambleas de los pueblos se abrirán las puertas para su degeneración política. El programa que las Autodefensas proclaman es fundamentalmente la encarcelación de los grandes capos del narco en Michoacán o en sus estados de origen, esto es muy limitado porque el narco no es la fuente de los problemas sino el resultado de un capitalismo en descomposición. Las Autodefensas deben hacer eco de las demandas más sentidas de los trabajadores y campesinos pobres, sólo así podrán atraer el respaldo masivo que necesitan para limpiar a sus estados de tanta miseria.
El resto del movimiento social también tiene una tarea importante. Desde los sindicatos, partidos de izquierda como Morena y organizaciones estudiantiles se debe lanzar un plan de movilizaciones que les de respaldo político a las Autodefensas, impulsándolas en el sentido de reafirmar sus elementos más progresistas y revolucionarios, colaborando de esta manera en que sus contradicciones internas no las lleven al colapso o a la degeneración. Este apoyo puede ser determinante tal cual ocurrió con el alzamiento zapatista en 1994.
La única alternativa para solucionar este tema y de hecho para lograr el objetivo de destruir al narco, es elevando la lucha hasta convertirla en una lucha anticapitalista, contra el gobierno de Peña Nieto que vincule a todo el movimiento social y cuyas acciones armadas estén bajo la dirección democrática del conjunto del movimiento.
Fuentes
1. (http://radioamlo.org/noticias-destacadas/para-entender-michoacan/).
1. http://www.24-horas.mx/seguridad-de-amlo-un-asunto-de-estado/
2. http://mexico.cnn.com/nacional/2014/01/21/mireles-afirma-que-su-expediente-criminal-es-una-forma-de-denostarlo
3. http://www.milenio.com/policia/Rubido-Autodefensas-vinculo-narco_0_244175612.html
4. Ibid (nota 2)
VII. Por un programa revolucionario
Para imponer su voluntad, los cárteles de la droga asesinan, torturan, y raptan. También,
como si se tratara de una especie de nueva versión del derecho de pernada, los narcotraficantes se apropian de las mujeres, hijas y esposas, en todos aquellos poblados que tienen bajo su control, y en no pocos casos, tras ser abusadas sexualmente por días o semanas, muchas de ellas son asesinadas. En regiones completas del país, la anterior es la realidad cotidiana de miles de familias obreras y campesinas.
Durante años el Estado, corroído y corrompido hasta el tuétano por el dinero del narco, formalmente se ha dado a la tarea de aplicar la ley sobre estos delincuentes, pero los resultados han sido escasos ya que si bien a estas fechas han sido detenidos más de 70 altos mandos de los diferentes cárteles, el “Chapo” Guzmán entre ellos, en lo fundamental el negocio de la droga sigue intacto. Sin embargo, el costo del poder de los narcotraficantes sobre la sociedad y el de la supuesta “guerra” que el Estado ha lanzado contra estos, ha sido verdaderamente altos para la clase trabajadora: de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de la Defensa de los EEUU, entre 2006 y 2014 han sido asesinadas 150 mil personas en el marco de la pseudo lucha del Estado contra los cárteles de la droga, cantidad por mucho superior a los 58 mil soldados yanquis que murieron en Vietnam o a los 100 mil muertos que dejó la guerra de Bosnia (1992-1995). Por su parte Human Rights Watch en su informe titulado Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada, alude a los 25 mil desaparecidos que el propio gobierno contabilizaba ya en 2012, cantidad que se conocería a través de un documento filtrado. Los desaparecidos en México superan a los 10 mil seres humanos que en Argentina corrieron esa misma suerte durante el tiempo que duró la junta militar. Por otro lado según cálculos de Fidel López García, consultor de la ONU, el número de desplazados ya alcanza los 1.6 millones de personas, cifra que se encuentra al borde de los 1.8 millones de desplazados por la guerra de Bosnia.
Los narcotraficantes y el Estado son los causantes de este drama, por consecuencia los trabajadores, en especial los del medio rural que es donde esta problemática se ha manifestado con mayor crudeza, han tenido que tomar la situación en sus manos organizándose para a través de las armas enfrentar a un auténtico poder económico y represivo.
El surgimiento del Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán en febrero del 2013, supuso un significativo paso al frente por parte del campesinado pobre y los pequeños propietarios que decidieron tomar en sus manos y a través de las armas, la tarea de poner punto final al calvario al que han sido sometidos por los cárteles de la droga. Lo mismo se puede decir de la ofensiva lanzada desde marzo de ese mismo año por parte de las Policías Comunitarias de Guerrero.
En apenas un año ambas organizaciones han logrado un significativo repliegue del narco en sus respectivas entidades, resultado que no ha sido logrado por el Estado a lo largo de casi una década de lucha contra esta clase de delincuencia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce la existencia de organizaciones de autodefensa y Policías Comunitarias en 11 de las 32 entidades federativas que conforman el territorio nacional; esa misma instancia señala que estos grupos tienen posiciones en 106 municipios del país, mismos que equivalen al 5.11% del territorio nacional, concentrándose en un 77% en Michoacán, Guerrero y Chiapas.
La situación límite a la que ha llevado el capitalismo al campo mexicano se ha visto catapultada por el flagelo de las mafias de la droga, poniendo a cientos de miles de productores rurales en una dura disyuntiva: se arman y se defienden o literalmente son aplastados. La conformación de grupos de autodefensa, como un fenómeno generalizado, ha significado un abierto desafío al Estado en tanto que no solamente le han arrebatado el monopolio de las armas, y no sólo por el hecho de que están demostrando con hechos que con organización pueden ser derrotados enemigos tan poderos como los cárteles de la droga, sino porque además han tomado el control de cientos de comunidades en sus manos; desconociendo o de plano destituyendo a las autoridades formales para dotar de poder al pueblo organizado en armas a través de los consejos comunales, creando claros embriones de doble poder.
En lo anterior radica la fuerza de los grupos de autodefensa y de ello emana su esencia revolucionaria, por eso el Estado ha adoptado como política su desarme ya sea por medios pacíficos (por ejemplo el acuerdo firmado en Michoacán el 27 de enero de 2014 para tratar de cooptarlos gradualmente) o a través de medidas de fuerza; acciones en las que se enmarca la detención y encarcelamiento el 11 de marzo de Hipólito Mora, líder fundador del actual movimiento armado, acusado de coparticipación en un asesinato.
Dado que los grupos de autodefensa representan una amenaza para la propiedad privada y a consecuencia de que a ojos de la burguesía, son considerados como un mal ejemplo sobre el camino a seguir para la clase trabajadora, el Estado los considera más peligrosos que los narcotraficantes; de ahí que tras el fallido intento de desmovilizarlos, ahora Peña Nieto está tratando de descabezarlos pues además de Hipólito Mora existe una lista de cinco de los principales dirigentes, entre ellos el doctor Mireles, con supuestos cargos criminales en México y en los EEUU.
Los grupos de autodefensa surgidos en diferentes puntos del país son obra de decenas de años de despojos, injusticias, abandono, corrupción, impunidad, todo ello exacerbado por el látigo de los cárteles de la droga. Esa es la realidad de Michoacán y Guerrero, donde los trabajadores han demostrado que las tradiciones de la Revolución Mexicana de 1910 están muy presentes y que pueden resurgir de un momento a otro; pero también es la realidad de Oaxaca, Morelos, Chiapas y de prácticamente todo el país. Por consecuencia no es descartable que el movimiento se extienda a otros estados o que se radicalice en otros puntos del país donde ya existen esta clase de grupos.
Considerando lo anterior y partiendo de todos aquellos factores que le han dado vida a los grupos de autodefensas, es necesario señalar que la táctica y el programa que les puede asegurar la victoria sobre sus enemigos de clase, necesariamente pasa por el cuestionamiento de la propiedad privada capitalista.
Los grupos de autodefensa pueden triunfar a condición de que conscientemente adopten una política que les permita agruparse de forma democrática por medio de una coordinación estatal de lucha y también de alcance nacional. Un paso urgente a dar en estos momentos es romper con la atomización y dispersión de las comunidades armadas, por medio de la conformación de una estructura de organización a nivel regional, estatal y nacional, integradas por representantes democráticamente electos y en las que se coordine la lucha de forma unificada. ¡Ni una lucha aislada más!
También es necesario que se adopte una política en la que las reivindicaciones por el derecho a la seguridad, a la tranquilidad y en contra de los cárteles de la droga se vinculen a los derechos del campesinado pobre por mejores condiciones de vida, de educación, salud y servicios; por una política que haga cosa del pasado a todos esos parásitos que viven del coyotaje lucrando con el trabajo de los productores agrícolas.
El desarme de los grupos de autodefensa sería un suicidio pues sus integrantes quedarían a expensas de los sicarios del narco, por ello la respuesta ante esa clase de exigencias de la burguesía y su gobierno debe ser un ¡No! rotundo y por el contrario se tienen que tomar medidas para armar y organizar a más comunidades para defenderse de los capos de la droga y de la represión del Estado.
El conjunto de la izquierda debe manifestarse sin ambagues contra la represión de los grupos de campesinos armados: ¡Por la libertad inmediata e incondicional de Hipólito Mora y demás integrantes de los grupos de autodefensa y Policías Comunitarias presos! ¡Por la confiscación de todos los bienes de los narcotraficantes y sus cómplices, para ser puestos bajo el control democrático de los trabajadores de la ciudad y del campo!
Del mismo modo, como condición para sacar de la miseria al campesinado, el campo tiene que ser industrializado, a la vez que se eliminan los latifundios abiertos o velados. El programa de lucha de las comunidades alzadas en armas debe considerar la expropiación de los finqueros y de la banca, ya que son condiciones necesarias para industrializar la producción agrícola e impulsar la colectivización de las tierras; como un factor de incremento de la productividad y de la riqueza para el conjunto del campesinado.
También, y con especial atención, se debe adoptar un programa que contemple demandas propias de los trabajadores de la ciudad y la industria. El campesinado pobre es el aliado natural de la clase obrera industrial y es necesario buscar caminos que hermanen ambas clases en el terreno de la lucha política contra su enemigo en común, la burguesía y su Estado. Por ello es necesario exigir para el campesinado y los jornaleros, el derecho a un empleo estable, con un salario digno acompañado de todos los derechos laborales, sindicales y políticos de la clase obrera.
Todas las organizaciones de izquierda tiene la obligación de jugar un papel activo respecto a la lucha de los campesinos y trabajadores organizados en las Autodefensas o Policías Comunitarias. El problema de la violencia contra los trabajadores es cada vez más acuciante en las grandes ciudades, donde organizaciones sindicales y partidistas de izquierda, desarrollan su actividad. Es un grave error por parte de este tipo de organizaciones negarse a reconocer y combatir la violencia masiva que asfixia la vida de millones de trabajadores. Peor aún es que dirigentes de izquierda den la espalda a las Autodefensas y Policías Comunitarias, pretextando sus contradicciones internas y programa inacabado. Por el contrario, la mejor forma en que estas organizaciones avancen en su conciencia política y métodos de organización, es con la extensión de la lucha a las grandes ciudades, incorporando a importantes contingentes de proletarios urbanos a la lucha del campesinado pobre.
Aquellos dirigentes que se niegan a la unidad con los campesinos armados en lucha, alegando la posibilidad de que degeneren en grupos paramilitares; al servicio del Estado y los grandes capitalistas, no hacen otra cosa más que abonar a esta posibilidad, la cual sobre todo promueve e impulsa el Estado por todos los medios. El gobierno en primer lugar busca estigmatizar, para después aislar, infiltrar, asesinar y degenerar un movimiento heroico que intenta acabar con un régimen que ha vuelto un infierno la vida de millones de familias pobres. Que la táctica del gobierno no fructifique no sólo es responsabilidad de los dirigentes de las Autodefensas y Comunitarias, es responsabilidad del conjunto de las organizaciones de izquierda.
Un programa de unidad del movimiento obrero con el del campesinado, los indígenas y demás sectores oprimidos por el capitalismo y sus aberraciones como las bandas de narcotraficantes, con llamados a acciones unificadas tales como la huelga general y el bloqueo de carreteras en el campo y mítines frente a las alcaldías y sedes de los gobiernos estatales y federales, por ejemplo, todos golpeando juntos el mismo día y a la misma hora, son la garantía para impedir la represión contra los grupos de autodefensa. El triunfo de las poblaciones alzadas en armas en Michoacán, Guerrero y demás estados de la República tiene mejores garantías bajo la condición de adoptar un programa y una táctica de lucha que los vincule con el conjunto de la clase trabajadora.
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