El pasado 22 de agosto, un grupo de mujeres se manifestaba pacíficamente en el centro de León, Guanajuato, por un caso de violencia sexual cometido por la policía municipal en contra de una joven. El contingente fue reprimido por la policía, quienes realizaron al menos 23 detenciones arbitrarias y que cobardemente fabricaron delitos como agresión y vandalismo para justificar las detenciones. Si a Armando Cabada y Javier Corral les zumban los oídos es porque, como buenos panistas, arremetieron de la misma manera contra feministas en Cd. Juárez que se manifestaron en solidaridad por lo de León.
La histórica movilización del 8M de este año en México es la mayor demostración del hartazgo contra la violencia machista. Refleja la necesidad de cambio de millones de oprimidas que están convencidas de la necesidad de erradicar la cultura patriarcal, las violaciones, desapariciones y feminicidios ―los cuales quedan impunes y se mandan el mensaje a los agresores de que pueden seguir cometiéndolos―. Cultura, por cierto, de la cual el capitalismo ha sacado tanta ventaja para someternos y explotarnos.
La práctica del ECOSIG (Esfuerzo para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género), también conocida como “terapia de conversión sexual” ha sido una práctica que ha estado presente desde el siglo XIX por parte de la derecha y grupos conservadores en toda la estructura capitalista, con el fin de alinear a todas las personas al modelo heteronormativo y la familia tradicional. Recordemos que la OMS eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales en 1973 y la Transexualidad en 2018.
El viernes 14 de agosto una joven de dieciséis años denunció una violación múltiple en un hotel en la ciudad costera de Eilat, al sur de Israel. Todo sucedió mientras la menor estaba de vacaciones en la localidad y se topó con un grupo de hombres. La víctima terminó en una cama del hotel sin poder moverse durante horas y fue violada mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol por alrededor de treinta hombres, quienes hacían cola en la puerta de la habitación para ir entrando de uno en uno y así abusar de ella.
En 28 estados de la República se criminaliza el aborto, el pasado mes de julio en el Estado de Veracruz se tuvo la posibilidad de votar un proyecto que obligaba a reformar el Código Penal para legislar a favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Finalmente, la reforma fue desestimada por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, sumando así un elemento más a la ofensiva reaccionara auspiciada por la derecha.
El pasado 06 de julio, se instaló afuera de Palacio Nacional un plantón de familiares de víctimas de feminicidio, apoyadas por diversas colectivas. Familias que no se cansarán de buscar justicia por las hijas arrebatadas en este país feminicida.
La implantación de esta contrarreforma en el sistema educativo se viene orquestando desde que el pasado 29 de enero el diputado conservador Carlos Leal del partido Encuentro Social defendió lo que se conoce como Pin Parental para la Reforma Educativa de Nuevo León. La nueva medida tendría como consecuencia que: “La autoridad educativa dará a conocer de manera previa a sus impartición los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones.”
Desde Libres y Combativas queremos mostrar total solidaridad con las compañeras que han hecho estas denuncias y nos mostramos totalmente en contra de las agresiones que han sufrido. Este tipo de ataques no los podemos tolerar dentro de nuestros centros de estudio y vida cotidiana y mucho menos dentro del movimiento feminista combativo. Las acciones y discursos usados contra las compañeras trans por parte de estas organizaciones feministas transfóbicas no son más que los mismos argumentos usados por la derecha y ultraderecha conservadora contra la comunidad trans, que no sólo ha sido discriminada y asesinada, sino que sigue sufriendo lo peor de este sistema como la falta de educación, empleo o salud.
El pasado 14 de abril finalizó la toma en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, después de poco más de cinco meses. El 30 de abril las Mujeres Organizadas operan la misma decisión en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estas tomas han sido referentes importantes en el movimiento feminista universitario por eso consideramos transcendental hacer un balance a fondo con el objetivo de abonar al fortalecimiento y avance de la lucha de las mujeres no sólo en la Universidad sino en el conjunto de la sociedad.
Las y los trabajadores administrativos de base de los Recintos Culturales perteneciente a la Coordinación de Difusión Cultural en diversas ocasiones hemos denunciado formalmente desde hace meses al Administrador de la Unidad Cinematográfica Hugo Olivares Jacuinde, por violencia de género pues hace burla sobre lo que puede y debe o no hacer una mujer y comentarios machistas, acoso sexual hacia muchas trabajadoras, quienes hicieron sus respectivas denuncias formales en el jurídico de la UNAM, ya que llegó a ser insistente en que lo “acompañaran a un hotel”, condicionó un permiso de salida, diciendo a una compañera “que podía salir sólo si ella aceptaba darle un beso donde él quisiera”. Y condicionó el tiempo extraordinario a cambio de que no sean denunciadas las violaciones a los derechos y posteriormente a que dichas denuncias fueran retiradas del jurídico.
Un paro histórico
El impacto del paro histórico de este 9 de marzo de 2020, ha sido mayor del que se esperaba, considerando que los cálculos se hacían sobre el supuesto de que todas las mujeres pararían y habrían una pérdida de 37 mil millones de pesos, la realidad fue que participó alrededor del 30% de las trabajadoras en una manifestación sin precedentes, ocasionando la pérdida de 34, 571 millones de pesos, paralizando la educación básica, el 60% de los servicios bancarios, y secretarías y servicios como son las cámaras del Congreso de la Unión, los juzgados, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y otras dependencias de gobierno.