La reforma hacia el Poder Judicial (PJ) presentada por AMLO y Morena desde febrero de este año ha sido de las que ha tenido más revuelo, y no es para menos. Esta modificación significa un cisma en uno de los terrenos más álgidos dentro de la estructura del sistema. Es, por una parte, lo que millones de votantes esperaban desde 2018; por otra, una sacudida inconmensurable al grupo de poder que ahora defiende con garras y dientes la forma en que han obtenido sus privilegios hasta ahora. ¿Qué se espera de esta reforma? ¿Qué se necesita para accionar y asegurarnos de que realmente esté al servicio de las y los trabajadores?
La clase dominante se defiende con uñas y dientes
El punto neurálgico de la propuesta reside en la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Actualmente, el Poder Judicial de la Federación cobija puestos vitalicios, procesos cerrados, sueldos por encima del salario presidencial y pensiones vitalicias para ministros, así como fideicomisos sin transparencia.
Al contrario de las mentiras de la oposición, la propuesta sí plantea una serie de requerimientos y procesos para llevar a cabo la elección popular, pero lo que les parece totalmente inadmisible y reprobable para ella, es la participación popular, en donde sus argumentos hacen gala del clasismo más despreciable.
Asimismo, la reforma ha tocado las fibras más sensibles y podridas de su actual estructura, y ha evidenciado las profundas conexiones entre la alta burguesía y el sistema judicial que sirve a sus intereses. No es fortuita la vehemencia con que el empresariado se ha lanzado a la defensa del Poder Judicial, con cuyos miembros han podido contar como aliados en la protección de sus privilegios durante décadas. Y es que, ilustrativamente, en el marco de este debate se encuentran casos como el recurso fiscal de Salinas Pliego para evitar pagar su deuda millonaria con el SAT, cuya admisión por parte de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, implica un alargamiento del proceso y amortigua el terreno para sujetos semejantes[1].
Para la clase trabajadora, el poder judicial siempre ha sido un defensor de los intereses más fieles de la clase dominante y también ha defendido los del imperialismo y del crimen organizado. Una muestra de ello fueron las declaraciones de Ken Salazar, embajador de EEUU en México, que afirmó que de aprobarse la reforma se pondría en riesgo la democracia y las relaciones entre ambos países ¿A qué se refirió con esto? La preocupación es clara, se obstaculizará una de las puertas grandes que el imperialismo y las transnacionales han usado históricamente para despojarnos de nuestros territorios y recursos.
De ahí la serie de amparos contra la Reforma Energética pero también sobre temas como la minería, el despojo del agua, por sólo mencionar algunos. Actualmente el PJ es uno de los centros de contención de la aplicación de una serie de reformas, han anulado en este sexenio setenta y cuatro, en el caso de la reforma energética, los procesos que ponen límites a los privados han sido detenidos bajo el pretexto de la libre competencia y la promoción de las energías verdes, cuando esto es totalmente falso. Los lobbies empresariales tienen un gran aliado en todo esto, y son los jueces de la SCJN, les preocupa también las reformas venideras como la de pueblos indígenas, la de pensiones, la prohibición del fracking, las minas a cielo abierto y el maíz transgénico y todo lo que afecte sus intereses.
Mentiras sin tapujos
Por otro lado, uno de los argumentos más escuchados para oponerse a la Reforma ha sido la supuesta búsqueda de protección hacia los derechos laborales de sus trabajadores, y la preocupación sobre el presunto despido de miles de empleados. No se puede sino reaccionar con ironía e indignación ante estas afirmaciones, pues son prueba de la doble moral que impera en la derecha y sus medios de comunicación, que nunca han velado por la seguridad laboral de la clase trabajadora; muy al contrario, históricamente han servido para lavar la cara a las arbitrariedades e injusticias cometidas para salvaguardar sus intereses (sírvase recordar el cierre de Luz y Fuerza en 2009 por decreto presidencial y la campaña mediática que criminalizó las protestas subsecuentes).
La élite del Poder Judicial ha echado mano de todas las herramientas a su disposición para frenar la iniciativa, no únicamente el despliegue mediático. Una herramienta legítima de protesta, como es el paro de labores, se deforma cínicamente al servir como protección de privilegios particulares. Sobra decir que las condiciones en que las y los funcionarios en huelga sobrellevan la protesta desde el 21 de agosto dista mucho de las luchas de la clase trabajadora; la quincena (que no es poca) sigue llegando, mientras los casos en espera de justicia se acumulan y se alargan aún más procesos de por sí interminables y tortuosos para las víctimas.
Al observar la composición actual de los tribunales y juzgados federales, donde se encontraron poco menos de siete mil redes familiares[2], no cabe duda del nivel de corrupción que la SCJN se esfuerza por negar. La cuestión es muy clara: las inquietudes y miedos de quienes se verían desprotegidos con la reforma representan la realidad dura y cotidiana de aquellos que sufrimos las deficiencias de un sistema de justicia burgués y patriarcal.
Claro que no depositamos tampoco una confianza ciega en esta Reforma. Es necesaria, sí, pero no significa que a partir de ella se solucionen por completo problemas como la corrupción, ni que todo lo propuesto –como la problemática figura de jueces sin rostro, justificada ante casos de crimen organizado– sea incuestionable y certero. Sin embargo, es una herramienta que, sin ser en sí misma un fin, sí pone sobre la mesa la manera en que se imparte justicia en un país con más del 90% de impunidad, cuyo aparato judicial actualmente está ligado a los intereses de la clase dominante y está atravesado por el nepotismo y la corrupción. Se trata de un instrumento de involucramiento político democrático que permite a la clase trabajadora cuestionar un sistema que nunca le ha sido favorable.
Es interminable el número de sentencias injustas que el PJ ha dado a los luchadores sociales, o hacia trabajadores y jóvenes que su único delito ha sido ser pobres y que no pueden comprar la justicia, o la impunidad en crímenes hacia el pueblo como el caso de la guardería ABC, Atenco, el caso de Luis Echeverría y todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra sucia en nuestro país; mientras a sus amigos y compadres los dejan libres o en prisión domiciliaria, por ejemplo: el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna (en prisión pero no en México), y sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Jannet Miriam Martínez Sánchez; el exprocurador Jesús Murillo Karam, el expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa– vinculados al caso Ayotzinapa; el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin; el abogado de Carlos Salinas y amigo, Juan Collado; la exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles; los exgobernadores César Horacio Duarte, Roberto Borge Angulo y Francisco Javier Cabeza de Vaca; el del líder priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, etcétera, etcétera.”[3]
Organicémonos y ocupemos las calles
Esta reforma, como todas aquellas que sean progresistas, necesitan ser respaldadas y profundizadas a la izquierda con movilizaciones masivas; la batalla no se da únicamente en las cámaras, sino principalmente en las calles. Este gobierno ganó con una aprobación de 36 millones de votos, tendría que usar esa fuerza movilizada y convocar ampliamente a la ciudadanía para respaldar estas iniciativas y presionar a través del movimiento en la calle su aprobación y no mediante cabildeos y negociaciones políticas con personajes como Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, señalado por la periodista Lydia Cacho como uno de los "amigos" del pederasta convicto Jean Succar Kuri, además de ser baluartes de nepotismo y corrupción en Veracruz.
Sobre todo, al tener en cuenta la respuesta de la oposición, que sí ha hecho un llamado y ha desplegado todo su aparato para la defensa de sus intereses. En cambio, por parte de Morena se apela a la mayoría en el Senado y se intenta encauzar la decisión por la vía meramente institucional. Los días pasados hemos tenido un llamado de atención muy serio para Morena, es incorrecto desdeñar la conglomeración de la derecha, que, además, cuenta con el respaldo internacional de la clase dominante. Si abandonamos la calle, la derecha la ocupará y se envalentonará como lo hizo con la toma del Senado, dispuesta a todo.
En la toma del senado demostraron la “democracia” que defienden. Mientras en las cámaras el voto popular de una mayoría que los aplastó y mostró su rechazo contundente da fuerza a Morena, al grado de desaparecerlos como es caso del PRD, una minoría totalmente colérica y reaccionaria se impone e interrumpe las sesiones. Pero, en otros sexenios, cuando millones de trabajadores y jóvenes nos manifestamos contra sus contrareformas costó la vida de muchos compañeros, detenidos, desaparecidos y cientos molidos a golpes. Si dicen que no quieren vivir en una dictadura, expliquen ¿qué es lo que vivimos hace unos años cuando ellos gobernaban?
A la derecha no se le discute, se le combate con la lucha en las calles y no en los parlamentos
¿Por qué la dirección de Morena no hace el llamado a la movilización? Temen investir de poder real a su base social. Como hemos explicado antes, una cosa es que discursivamente llamen a “la revolución de las conciencias” y a la organización (puramente electoral) y otra cosa es que lo hagan realmente. Temen una rebelión de su base social, por eso no la fortalecen, no la convocan y no le dan confianza en sus propias fuerzas, quiere mantenerla controlada y dirigida, porque sabe que la lucha puede escalar hacia la derecha interna, el descontento sobre el giro a la derecha podría organizarse y tomar por asalto el partido, más a unos días del Congreso Extraordinario.
Miles de activistas y militantes de la izquierda combativa estamos dispuestos a salir y llenar las calles las veces que sea necesario, incluso ese mismo día de la toma del senado. Si se hubiese hecho un llamado la respuesta habría sido contundente, para frenar a esta panda de reaccionarios y clasistas.
Pero la dirección de Morena no va a hacer este llamado, desde la base social, tenemos que retomar los círculos y la movilización independiente. Recordemos que Morena, por importante que parezca, es también sólo una etapa en la lucha de clases que se desarrolla en el país. Esta lucha surgió por la organización de base, tenemos que retomar esos métodos y las mejores tradiciones del movimiento, las asambleas barriales, las movilizaciones locales por las demandas pendientes, movilizarse para mandar el mensaje a la derecha que aquí estamos y también para decirle al gobierno que no permitiremos ni un retroceso, todo lo contrario.
Empujar la lucha hasta romper todas las barreras
Si bien la reforma ya está aprobada, no es fruto de las negociaciones políticas, esta es una victoria del pueblo, de nadie más. El pasado 2 de junio millones salieron a votar para esto y no para menos. Sin embargo, no se debe obviar que, dentro del sistema capitalista, la justicia refleja y perpetúa las relaciones de poder, así como las desigualdades económicas entre sus clases. Ninguna reforma garantiza una mejora en nuestras condiciones de vida dentro del orden económico actual si no nos movilizamos como clase organizada para asegurarnos de que realmente sirva a nuestros intereses.
Las y los comunistas revolucionarios no despreciamos las reformas, pero entendemos que ninguna transformación social profunda vendrá de una cámara o de un gobierno que acepte las reglas capitalistas. Tal y como explicó Marx en el Manifiesto Comunista, “el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. Debemos de continuar la organización y la lucha, porque no queremos un capitalismo “humanista” y “con acento social”, queremos un sistema económico sin explotación ni clases sociales.
Necesitamos un sindicalismo de combate, un feminismo de clase y revolucionario, y un movimiento que cuestione el sistema capitalista. Y esto sólo es posible con un programa que abogue por el socialismo y que defienda sin complejos la necesidad de tocar la propiedad capitalista, de expropiar a los grandes monopolios y a la banca. Este es el único camino realista para movilizar los colosales recursos de la sociedad controlados ahora por una minoría, y dedicarlos a resolver los acuciantes problemas de la inmensa mayoría.
[1] Enya Contreras, “Norma Piña admite recurso de Grupo Elektra que le evitaría pagar créditos fiscales” en El imparcial, 23/08/24. https://www.elimparcial.com/mexico/2024/08/23/deuda-de-ricardo-salinas-pliego-al-sat-norma-pina-admite-recurso-de-grupo-elektra-que-le-evitaria-pagar-creditos-fiscales/
[2] Gustavo García, “Nepotismo en la Judicatura: hallan 6 mil redes familiares” en La Jornada, 19/08/24.
https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/08/19/politica/nepotismo-en-la-judicatura-hallan-6-mil-redes-familiares-9382
[3] https://contralinea.com.mx/interno/semana/garcia-luna-lozoya-murillo-karam-robles-entre-los-beneficiados-del-poder-judicial/
