Nacional

El pasado 4 de julio se desarrollaron elecciones en 14 estados; en 12 de ellos se disputaron las gubernaturas. Para Calderón y para el PAN dichas elecciones se presentaban como una posibilidad de recuperar algo del terreno perdido pues después del fraude lectoral del 2006 han ido de fracaso en fracaso electoral. Tan sólo entre las elecciones federales del 2006 y las del 2009, Calderón y el PAN ya habían perdido más de 5 millones 250 mil votos.

La bancarrota electoral del PAN se ha vuelto en una realdad estrujante para Calderón, misma que ha contribuido a debilitar su administración y a hacerla cada vez más dependiente del PRI. Por ejemplo, la composición de la Cámara de Diputados federal pasó de los 206 curules ganados en 2006 por el PAN a los apenas 143 logrados en las elecciones del 2009; el caso del PRI durante ese procesos fue el contrario, escalando de las 121 a las 237 diputaciones durante ese mismo periodo. El PRI, dada la dependencia de Calderón hacia este partido, ha vendido muy caro los favores al gobierno, subordinado su apoyo a su objetivo de posicionarse para su regreso a la Residencia de Los Pinos tras las elecciones del 2012. Ello ha acarreado una serie de choques internos en el PAN pues el ala del ex presidente Fox no está dispuesta a ceder la presidencia. Pero Calderón no ha tenido otro remedio: o acepta los términos impuestos por el PRI o simplemente no gobierna.

El problema es que para Calderón ese panorama se ha complicado aun más tras las elecciones del pasado 4 de julio, pues de las 12 gubernaturas en disputa nueve fueron ganadas por el PRI. Por su parte la alianza PAN y el PRD festejan que le hayan ganado a dicho partido tres estados (Oaxaca, Puebla y Sinaloa) sin embargo por su parte el PRI les arrebató al PAN Aguascalientes y Tlaxcala, además de Zacatecas al PRD.

Si bien las alianzas electorales con la izquierda se presentaron como una medida para tratar de revertir en algo la bancarrota electoral del PAN y otorgarle con ello mayor estabilidad a Calderón, el resultado ha sido el contrario (ya se comenta, por ejemplo, la posible salida de Gómez Mont de la Secretaría de Gobernación) pues Calderón se verá obligado a tolerar un control aun mayor por parte de un PRI el cual considerará como un recta final en su carrera por la silla presidencial los dos años restantes antes de las elecciones del 2012.

Por otra parte la fracasada estrategia que apoyaron Jesús Ortega y Camacho Solís para el DIA (PRD, PT y Convergencia) en auxilio del régimen, ha tenido un costo muy alto para la izquierda partidaria, en especial para el PRD, la cual a pesar de los casos de Puebla y Oaxaca no registró ningún avance trascendente en las pasadas elecciones y por el contrario perdió Zacatecas.

Los resultados del pasado 4 de julio parecieran ratificar la tendencia electoral que ha favorecido desde el 2007 a la fecha al PRI y sus aspiraciones de regresar a Los Pinos, sin embargo cuando miramos las cosas de manera detenida nos damos cuenta que en realidad la ecuación no es tan simple. En el 2006 las autoridades celebraron como un gran triunfo el que el abstencionismo haya sido del 41%, sin embargo este resultado no sólo no se ha repetido en los posteriores procesos electorales sino que además se ha agudizado teniendo como media el 50% en la asistencia las urnas. Y el caso del pasado 4 de julio no sólo no fue la excepción, sino que incluso expresó una tendencia aún más aguda pues en Tamaulipas, Chihuahua y Quintana Roo el abstencionismo fue del 74, 70 y 65% respectivamente. Casos contrarios fueron los de, por ejemplo, Puebla (43%) y Sinaloa (42%) donde la baja participación representó menores índices. La cuestión es que a pesar de estos últimos ejemplos, la tendencia abstencionista no se modificó sino que por el contrario arrojó resultados que indican una mayor profundización.

Muchos analistas atribuyen al pánico generado por las bandas de narcotraficantes el grado de abstencionismo registrado en Chihuahua y Tamaulipas; no hay que olvidar incluso que el candidato original del PRI a la gubernatura de éste último estado, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado unos días antes del 4 de julio. Si bien en parte eso es cierto, dicho argumento está lejos de agotar el análisis pues las motivaciones para no ir a votar por parte de un sector importante de las masas también expresa el desprestigio del sistema electoral y de los partidos que participan, así como la desesperanza ante el régimen por parte de millones.

Decir que las bandas del narco son los responsables de los altos índices de abstencionismo es tratar de ocultar el sol con un dedo y distraer la atención sobre un problema de mucho calado y preocupante para la burguesía: el sistema electoral, importantísima herramienta de legitimización del Estado burgués, cada vez está más en entre dicho ante las masas. Es cierto que en Chihuahua y Tamaulipas la actividad del narco es apabullante, teniendo ello un cierto impacto en la baja asistencia a las urnas en esta clase de casos ¿pero Sinaloa, donde se registró uno de los índices de abstencionismo más bajos, a caso no es la sede del poderoso cartel capitaneado por el Chapo Guzmán, uno de los mil hombres más ricos del mundo de acuerdo a la revista Forbes? Este último caso por sí mismo ya impone sobradas dudas sobre las tesis que tratan de explicar el alto índice de abstencionismo registrado el pasado 4 de julio teniendo al narco como el principal factor.

El sistema electoral está en franca crisis y por ello los resultados no representan ninguna garantía firme como para que los priístas se sientan confiados. De los 30 millones de mexicanos convocados a las urnas el pasado 4 de julio, sólo respondieron al llamado el 50% de ellos, de entre los cuales aproximadamente sólo 6 millones 380 mil otorgaron su voto al PRI; es decir, solamente la quinta parte del total del padrón electoral de los 14 estados que estuvieron en contienda. Esta ha sido la norma en las pasadas elecciones y sobre esta es la base en la que el PRI ha experimentando su recuperación electoral desde 2007 a la fecha. Dicho de otra manera, ¡el PRI está ganando las elecciones con la mayoría de la minoría que acude a las urnas! Dicha realidad, por consecuencia, no otorga ninguna clase de certidumbre sólida al PRI pues, pues el abstencionismo, el cual bajo las condiciones actuales tampoco se puede explicar solamente como producto del hecho de que los “sectores mas atrasados no votan”, también es una expresión del descredito del régimen entre las masas y por consecuencia de las fuertes tensione sociales que sacuden a estas.

Vivimos un ambiente muy volátil producto de la polarización social, en el cual se puede esperar toda clase da cambios brusco y repentinos. Lejos está de haberse dicho la última palabra respecto al posible retorno del PRI al poder; y lejos también está la posibilidad de que dicho retorno, en caso de suceder, no se desarrolle en un contexto de más choques y crisis al interior y entre los partido clásicos de la burguesía, el PAN y el PRI, así como de mayor efervescencia y polarización social, traduciéndose todo ello en mayor inestabilidad entre las clase y debilidad para el régimen.

Ese giro a la izquierda tendrá que incluir una ruptura total con los gobiernos emanados las alianzas electorales PAN-PRD en Puebla y en Oaxaca. En ambos casos se tratará de administraciones sumamente controladas por el PAN y las cuales no se atreverán a tomar ninguna medida mas allá de migajas para solucionar los problemas que laceran a estos que son dos de los estados con más pobres en todo México.

La Jornada del pasado 2 de junio, la campaña electoral fue apoyada por connotados priistas como los ex gobernadores de Oaxaca José Murat, Diódoro Carrasco y Heladio Ramírez. También lo apoyaron el senador Francisco Labastida y otro ex gobernador, Juan S. Millán. Lo que en el fondo pretenden estos priístas es tirar lastre (Ulises Ruiz, actual gobernador del estado y las implicaciones que habría tenido el triunfo electoral del candidato de éste último) para que en esencia todo continúen igual en Oaxaca.

Ese giro a la izquierda que se necesita para que el PRD y el DIA puedan movilizar masivamente a su base de apoyo hacia las urnas en el 2012 para cerrarle el paso al PRI, e incluso al PAN, no vendrá de parte del ala de derechas perredista que tiene bajo su control al partido, ni tampoco de Camacho Solís. Esta clase de dirigentes no son más que un instrumento al servicio de Calderón. Es por ello que para cerrarle el paso al PRI y luchar al mismo tiempo contra el PAN, la lucha también consiste en organizarnos para expulsar a los Ortega y Camacho Solís de la dirección de los partidos de izquierda para rescatar al PRD y al DIA y ponerlos bajo el control de los militantes de base y al servicio del los trabajadores.

El pasado 29 de mayo, luego de tres días de paro laboral, los obreros de Johnson Controls obligaron a la patronal a dar un bono de aproximadamente mil 300 pesos a cada trabajador por concepto de utilidades y permitir la conformación de una nueva agrupación sindical afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del país, tal como lo exigían los obreros que desconocieron al líder sindical charro que tenía el Contrato Colectivo de Trabajo afiliado a la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM).

Rostro salvaje del capitalismo

“En México trabajar para una empresa transnacional, significa para los trabajadores aguantar el acoso psicológico, malos tratos y violaciones a los derechos humanos laborales, que ejercen también la CROM titular del Contrato Colectivo de Trabajo”. Con estas palabras, una obrera iniciaba su denuncia por la violación a los derechos laborales en Johnson Controls.

Johnson Controls es una empresa estadounidense que fabrica asientos para automóviles y se encuentra situada en el parque industrial Bralemex (a un costado de la autopista México-Puebla); siendo proveedora de la armadora alemana Volkswaguen (VW), genera más de 850 empleos directos, donde se puede ver claramente el rostro salvaje del capitalismo. A las mujeres trabajadoras embarazadas, por ejemplo, no les respetan los documentos emitidos por el Seguro Social que justifican su ausencia; las distinguen con una bata verde, pero no para darles un trato adecuado, sino para esconderlas cuando hay visitas y éstas no se den cuenta que ellas hacen trabajos pesados, no aptos para su estado.

Muchos otros trabajadores son contratados por una empresa llamada One Digit (mediante el esquema Outsoursing o contratación por terceros), quien no les otorga prestaciones y les paga un salario menor al de los trabajadores contratados directamente por Johnson Controls. En julio del 2007 fueron despedidos varios de ellos que pidieron les mostraran el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y denunciaron que son objeto de espionaje; que trabajan 12 horas diarias, despiden personal de planta para ser relevados por trabajadores eventuales que firman contratos cada tres meses y así no logran la antigüedad.

Proceso molecular de la conciencia

Las tensiones y malestar en los trabajadores por las malas condiciones laborales se fueron acumulando y decidieron realizar un paro indefinido de labores a partir del 26 de mayo del año en curso, exigiendo un pago mayor de utilidades al que la empresa les había ofrecido de 104 pesos; el reconocimiento de un nuevo sindicato, pues el existente no protegía sus intereses y fue desconocido; el respeto a la jornada de ocho horas, pago de horas extras y derecho a la seguridad social.

Luego de tres días de paro laboral, la empresa se vio obligada a aceptar la mayoría de las demandas de los obreros, incluyendo, las de quienes firmaban contratos temporales cada tres meses. Ahora, con el reconocimiento de su nuevo sindicato, los trabajadores buscarán mejorar el CCT incluyendo: revisiones salariales y contractuales cada año, jornada no mayor a ocho horas, pago de horas extras, acceso pleno a la seguridad social, más días de vacaciones, higiene en el comedor, transporte para los trabajadores, capacitación profesional y bonos de productividad y de desgaste físico. Sin duda, los obreros de Johnson Controls demostraron el descontento acumulado de los trabajadores poblanos contra la degradación de sus niveles de vida, así como, también, que la mejor defensa es el ataque, pues la única manera de arrebatarle a la burguesía una mayor parte de la plusvalía que generamos los trabajadores es a través de la organización y la lucha combativa.

Defender las conquistas laborales y luchar por el socialismo

Los marxistas siempre apoyamos la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones inmediatas y la defensa de todas las conquistas laborales que el conjunto de la clase trabajadora le ha arrancado a la burguesía. Las conquistas laborales, por mínimas que sean, representan un paso adelante en la dignificación de la vida de la clase trabajadora que le permitan estar en condiciones para luchar por el derrocamiento de la burguesía y su sistema capitalista fracasado. Para esto, debemos recuperar nuestras organizaciones tradicionales (sindicatos y partidos de izquierda) y luchar por una dirección combativa al frente de ellas que se oponga categóricamente a la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo que la burguesía y su gobierno pretenden imponer.

Organicémonos y luchemos, también, contra la corrupción, amiguismo y persecución sindical, así como por una vida democrática al interior de nuestros sindicatos; por un salario mínimo de 9 mil pesos; jornada de 30 horas sin reducción salarial; derechos sindicales y laborales para los trabajadores eventuales, obtención de la base a los l5 días de trabajo y seguridad social, entre muchas otras demandas inmediatas. Pero, al mismo tiempo, debemos vincular y unificar la lucha por estas demandas con las de todos los sectores oprimidos y explotados de la clase trabajadora y plantearnos la transformación socialista de la sociedad. Sólo bajo el socialismo, la clase trabajadora, única creadora y progresiva de la sociedad, podrá ser dueña de la riqueza que produce mediante su fuerza de trabajo y mejorar sustancialmente las condiciones de vida del conjunto de la población. 

¡Viva la lucha de los obreros de Johnson Controls!

¡Por un sindicalismo de clase, democrático y combativo!

¡Por una huelga general de 24 horas para derrocar a Calderón!

¿Qué camino seguir ante la crisis económica y los ataques de los capitalistas? ¿Cuál debe ser el papel que tienen que desempeñar los sindicatos y los partidos de izquierda ante todos ello? ¿Cómo arrebatar al PRD de las garras de la derecha encabezada por Jesús Ortega para ponerlo al servicio de los trabajadores? ¿Realmente qué intereses de fondo defienden y qué objetivos políticos persiguen las alianzas electorales del DIA (PRD, PT y Convergencia) con el PAN? ¿Cuál debe ser la política de AMLO a propósito de todo ellos? ¿Cómo impedir que Calderón en alianza con Jesús Ortega y Manuel Camacho, cumplan su acometido de impedir que AMLO sea nuevamente candidato a la presidencia en el 2012? ¿En ese contexto de qué manera nos debemos organizar los trabajadores para luchar por nuestros intereses y qué clase de programa debemos defender?

Todas estas preguntas y otras más responde Ismael Castro, compañero de la Tendencia Marxista Militante, en la conferencia desarrollada el pasado 30 de julio en el Círculo de estudios Margarita Suzán, localizado en la Casa de Cultura Jaime Sabines de San Ángel. Invitamos a nuestros lectores a ver los videos de dicha conferencia y conocer la contribución de nuestro camarada Ismael, respondiendo a una serie de puntos candentes para la actualidad de la lucha de clases en nuestro país y de cara a los acontecimientos que se desarrollaran con miras al procesos electoral del 2012.

Agradecemos a los compañeros del Círculo de estudios Margarita Suzán su invitación y la oportunidad bridada a Militante para que pudiera exponer su punto de vista sobre tan cruciales temas.

Primera parte:

http://www.youtube.com/watch?v=ux1j5klVM6A&feature=related

Segunda parte:

http://www.youtube.com/watch?v=AavfRld-F5Y&feature=related

Tercera parte:

http://www.youtube.com/watch?v=o39JCsprhnw&feature=related

Cuarta parte:

http://www.youtube.com/watch?v=o39JCsprhnw&feature=related

Quinta parte:

http://www.youtube.com/watch?v=z8rHaky0Hgk&feature=related

El pasado 20 de abril asistimos al estallido de la plataforma petrolera de aguas profundas Deepwater Horizon, a 80 km de la costa de Luisiana, Estados Unidos. Esto desató lo que es, sin duda, el mayor desastre ambiental de la historia del Golfo de México. Esta plataforma petrolera, en manos de British Petroleum (BP) ha generado un derrame petrolero prácticamente incuantificable; pero el derrame aún sigue.

Aunque hoy en día BP asegura que el derrame no es superior a 50 mil barriles diarios (800 mil litros), documentos encubiertos de la trasnacional sostienen que el derrame es de 100 mil barriles diarios (1.59 millones de litros). Actualmente la mancha de petróleo ya está en costas de México, Cuba y EU. Esto es un brutal golpe para la economía, pues el Golfo de México contribuye con el 15.65 por ciento del total del volumen pescado en Estados Unidos, y con el 40 por ciento en México. Y todo esto tomando en cuenta que la mayor parte del petróleo que se está escapando de la fuga (ubicada a alrededor de 5 mil metros de profundidad) se diluye en su mayor parte en el agua de mar, provocando que solamente el 10% del petróleo fugado llegue a la superficie y, por tanto, sea visible.

En los primeros días de la crisis, Barack Obama afirmó que "(BP) es la responsable final, por ley, de pagar los costos de las operaciones de reacción y limpieza, pero estamos completamente preparados para cumplir con nuestras responsabilidades con todas las comunidades afectadas". En este contexto, BP ha lanzado una serie de campañas para intentar frenar el derrame de petróleo, pero sin éxito. Primero, intentaron quemar o neutralizar las manchas de petróleo en un esfuerzo conjunto entre BP y la marina norteamericana. El problema con esta medida es que implica un tremendo riesgo y, en cualquier caso, esta acción solamente apunta a un porcentaje mínimo del petróleo perdido, el petróleo superficial. Posteriormente, se intento cubrir la fuga con una especie de cúpula para evitar que se prolongara, pero este intento terminó también en un rotundo fracaso. Por último, se intentó cubrir el derrame con un tubo de 54 centímetros pero esto llevó a otro terrible fracaso.

A esto cabe añadir el llamado “embudo” que BP instaló. En estricto sentido, este mecanismo busca recuperar el petróleo y no reparar la fuga. Actualmente, BP se jacta de recuperar 10 mil barriles diarios del sitio de la fuga con este método. Es increíble, debería darle vergüenza a BP aceptar esto. Sus esfuerzos están enfocados a recuperar 10 mil barriles diarios y mientras ¡90 mil barriles más contaminan el Golfo de México cada día!

Esto no es nada raro, las finanzas de BP se encuentran en la ruina. La cotización de BP en la Bolsa de Londres cayó a su punto más bajo en casi 14 años. Tras cerrar con una pérdida de 6.35 por ciento, la compañía acumula una disminución de casi 50 por ciento de su valor en bolsa desde que comenzó la fuga. Esta pérdida es lógica teniendo en cuenta que BP ha gastado más de 2 mil 350 millones de dólares en la lucha contra el derrame de crudo en el Golfo de México.

Es claro que la crisis del derrame petrolero ha rebasado por mucho a BP, el propio delegado de la compañía ha declarado: "no cabe duda de que no poseíamos los instrumentos que hubiéramos necesitado en nuestra caja de herramientas". Se han visto forzados a aceptar que no estaban capacitados para enfrentar una crisis de tal magnitud. Aunque muchos han comparado esta crisis con el derrame del buque petrolero de Exxon en Alaska en 1989, el delegado de BP señala que la proporción de la crisis actual es por mucho superior debido a que el derrame se dio en aguas profundas.

Hoy en día, las cabezas de BP y sus filiales han sido empujados a declarar uno contra otro ante tribunales norteamericanos. Pero el propio gobierno está metido hasta el fondo en el problema. El Servicio de Administración de Minerales de Estados Unidos (MMS por sus siglas en Inglés), el órgano responsable de regular la industria, reformó a gusto de los empresarios los procesos regulatorios de los estándares de seguridad para la industria, que ordenan por ejemplo apagadores acústicos automáticos de control remoto para evitar derrames. Este vínculo no es nuevo, BP es casualmente el concesionario de uno de los yacimientos petroleros más importantes de Irak.

Es claro que esta crisis tiene responsables, los inescrupulosos empresarios petroleros que están dispuestos a arriesgar el ambiente para poder mantener sus tasas de ganancia. Todo esto con la complicidad del gobierno norteamericano. La crisis del petróleo no parece tener un fin próximo, y menos cuando la mayor barrera es la negligencia y ambición de las petroleras.

Hoy es el Golfo de México, antes fue el Prestige en las costas españolas; los empresarios asesinan día a día a planeta. La conservación del ambiente, y con ello el resguardo de la garantía de futuro para las próximas generaciones, es una razón más que planta la necesidad de la lucha por el socialismo contra la depredación capitalista del planeta.

La ley SB 1070 aprobada recientemente en Arizona, Estados Unidos, por la mayoría de legisladores republicanos y por la gobernadora Jan Brewer, ha sido ampliamente rechazada por diversos sectores de la sociedad estadounidense y latinoamericana. Si no es vetada, dicha ley entrará en vigor el mes de agosto, fecha en la que todo migrante indocumentado en Arizona será calificado de “criminal” y castigado con seis meses de prisión, 2 mil 500 dólares de multa y a la deportación a su país natal. El miedo, la desesperación y la rabia de miles de migrantes se han combinado con movilizaciones y organización que cada vez son más fuertes y retan a quienes tratan de consumar este ataque histórico a la clase trabajadora.

El 23 de abril se promulgó la ley SB 1070, conocida también como la Ley Arizona misma que impide a los indocumentados solicitar trabajo, califica como criminales a todos aquellos que den empleo, refugio o apoyo de cualquier tipo a indocumentados; obliga a todos los empleados públicos a verificar la situación migratoria de cualquier persona que “parezca” inmigrante ilegal, permite a la policía detener sin orden de arresto y sin averiguación previa a personas  sospechosas de ser indocumentadas y castiga a quien “promueva” el ingreso de indocumentados a dicho estado. Los funcionarios del gobierno  que no cumplan con estas tareas también serán sancionados. Los indocumentados inmediatamente serán apresados para cumplir un encarcelamiento de seis mese y deberán pagar una multa de 2 mil 500 dólares para posteriormente ser deportados a sus países de origen.

La ley es tan reaccionaria que incluso los extranjeros legales pueden ser encarcelados por el simple hecho de no portar sus acreditaciones al momento de ser requeridas. Los policías y funcionarios que por error no encarcelen o denuncien a un posible indocumentado, pueden ser acusados de complicidad y por tanto sancionados. Esta situación ha llevado a que cuerpos policiacos en Arizona se manifiesten en contra de dicha ley, incluso algunos funcionarios públicos estadounidense están promoviendo recursos legales personales contra la SB 1070.   

¿Por qué en Arizona?

Muchos analistas plantean que la SB 1070 se promulgó con el objetivo de reposicionar electoralmente a los republicanos y en particular a sus principales promotores: el senador John McCain y la gobernadora Jan Brewer. Por supuesto que hay grupos fascistas que ven aquí reflejada su ideología y por ello darán su voto a los republicanos en las próximas elecciones, sin embargo las raíces de la SB 1070 son más profundas y las encontramos en la crisis económica que ha golpeado severamente a todo Estados Unidos y en particular al estado de Arizona.

Del año 1998 al 2006 la economía de Arizona creció 5.6% en promedio anual. Gracias a ello el empleo se desarrolló y atrajo a miles de migrante indocumentados, en ese mismo periodo la tasa de indocumentados creció en 70%. Pero esos buenos tiempos quedaron atrás y no volverán en el corto plazo, en el año 2007 la economía del estado creció un 1% y para el 2008 registró una caída de 0.6%, al año siguiente la caída debió ser porque toda la economía estadounidense cayó 2.4% en conjunto. El estallido de la burbuja especulativa en el sector inmobiliario sumió a Arizona en una situación sumamente complicada, hoy día este estado junto con California y Florida concentran el 46% de los juicios hipotecarios de todo Estados Unidos. La industria por su parte registra un incremento del 77%  en la tasa de empresas en quiebra. Y por si fuera poco, para el año 2011 se calcula que enfrentará un déficit público de 3 mil 200 millones de dólares. Las finanzas públicas y privadas en Arizona están pendiendo de un hilo, cualquier recaída de la crisis económica nacional puede hacer saltar las cosas en mil pedazos.

La crisis sobre la espalda de los migrantes

Toda la clase trabajadora estadounidense está pagando los costos de la crisis económica, pero los migrantes están sacando la peor parte. En el 2006 la cifra de desempleados en Arizona era de 3.9%, para el 2008 subió a 7.6% y ahora en el mes de marzo de 2010 la cifra estatal de desempleados llega a 9.6%, sin embargo en algunos condados como Yuma llegan hasta el 28%. En los dos años pasados el salario de los trabajadores agrícolas ha caído hasta un 50% a nivel nacional, en Arizona este dato es importante porque el 80% de los trabajadores del campo son migrantes indocumentados.

Hoy muchos defensores de la SB 1070 califican a los migrantes como una carga “injusta” para las finanzas locales, sin embargo lo que callan es que todos esos migrantes han tenido que soportar salarios muy bajos: en el 2003 el salario promedio estatal era de aproximadamente 29 mil dólares al año, pero un trabajador indocumentado ganaba en ese mismo año 13 mil dólares anuales. El calvario es todavía mayor, en el año pasado y en todo EEUU 400 mil familias hispanas perdieron su hogar por embargo bancario y se calcula que a finales de este año 1.3 millones de éstas acabaran en la calle por la misma razón. Los migrantes indocumentado radicados en Arizona y que están en riesgo de embargo no podrán hacer uso de recursos legales para renegociar su deuda o para beneficiarse de los programas de apoyo, la ley SB 1070 lo prohíbe. 

Los migrantes también luchan

La vida de un trabajador que ha migrado “ilegalmente” a Estados Unidos es particularmente dolorosa. Duele en lo más profundo del pecho tener que migrar para obtener el derecho más básico que debemos tener los trabajadores: empleo, sólo eso, empleo. Las movilizaciones que se han desatado durante los últimos meses han sido históricas y no reclaman únicamente una reforma migratoria favorable; no, lo que además reclamamos los migrantes es esa parte de nuestra vida que nos ha sido arrebatada por el desempleo, el hambre y la marginación.

En el mes de abril medio millón de trabajadores se manifestaron Washington, luego en Arizona ha habido una y otra vez marchas y campañas en contra de la SB 1070: estudiantes, amas de casa, trabajadores de la construcción, un mar de gente ha levantado sus voces. El 1º de Mayo, 70 ciudades estadounidenses tuvieron grandiosas concentraciones, en todas ellas se escucharon consignas a veces contra el mismo Obama, a veces contra los republicanos, a veces con un claro contenido de clase y a veces muy confusas. Sin embargo ha quedado claro que los migrantes son millones  con una gran fuerza y con grandes simpatías entre los trabajadores estadounidenses, esta lucha puede tomar dimensiones nacionales contagiando a todos los trabajadores que han venido soportando sobre su espalda la crisis económica.

La reforma que exigimos

Durante su campaña presidencial, Obama planteó que impulsaría una reforma migratoria integral, ese discurso fue clave para ganar la simpatía de miles de trabajadores latinoamericanos que votaron por él. Una y otra vez el actual presidente ha refrendado aquella promesa, incluso recientemente planteó que antes de terminar el presente año la reforma estaría lista. Lo cierto es que a la fecha  no ha dado ni un sólo paso real en esa dirección. Hasta ahora todo han sido palabras. Y peor aún es que Obama sólo ha rechazado de palabra a la ley “antimigrantes”.

Los indocumentados no somos delincuentes sino trabajadores y exigimos que se nos otorgue la residencia estadounidense, el derecho a transitar libremente por todo el territorio estadounidense, el pleno acceso al trabajo y a los servicios públicos de salud, vivienda, educación y cultura. Exigimos que se eliminen las “redadas”.

La táctica para triunfar

Desde por lo menos el año 2005 las movilizaciones de los migrantes han venido en ascenso, ahora han entrado en una nueva etapa y claramente se nota el fortalecimiento del movimiento. Una tarea fundamental de esta lucha es evitar toda división, la lucha actual debe unir a todos los migrantes sean de la nacionalidad que sean, pero además es fundamental unificar a los trabajadores estadounidenses, ellos también están sufriendo en carne propia la crisis económica y las próximas medidas serán contra las conquistas que ellos aun tienen. El nivel de lucha se debe incrementar y debemos pasar de las movilizaciones a la convocatoria de una acción contundente en todo el territorio estadounidense, es decir necesitamos convocar a una huelga de 24 horas. Los marxistas agrupados en el periódico Militante proponemos que además esta Huelga General sea convocada en toda Latinoamérica. Si trabajamos rápido, audaz y firmemente la respuesta de toda la clase trabajadora será contundente, la SB 1070 será derrotada y una reforma migratoria será realidad.

En última instancia el fenómeno de la  mano de obra inmigrante es una expresión de la bancarrota del capitalismo el cual ha condenado al atraso a regiones enteras del planeta las cuales, ante la falta de alternativas, expulsan a millones de seres humanos hacia otras naciones en búsqueda de una vida mejor. Ya en los países receptores los inmigrantes son sometidos a las peores condiciones laborales, además de ser perseguidos para lograr por este medio abaratar aun más sus salarios, ejemplo de ello es la ley SB 1070 de Arizona, generando ello magnificas ganancias para los empresarios. Es por ello que la solución de fondo a toda esta problemática es la de luchar por la expropiación de los capitalistas y la instauración del Socialismo. Sólo de esta manera se podrá evitar que millones de seres humanos se trasladen a otros países a ganarse la vida y que sean tratados con dignidad todos aquellos que decidan inmigrar a una nación ajena a la suya.

El pasado 1° de mayo miles de trabajadores se dieron cita en la protesta anual por la conmemoración del día del trabajo. En casi todos los Estados de la República los trabajadores se movilizaron para demandar al gobierno el cese a los ataques en contra de la clase trabajadora y demás sectores oprimidos de este país.

El contexto en el que se enmarcó esta movilización fue de hartazgo de la clase trabajadora ante elementos como las contrarreformas laborales, el aumento desmedido a los productos de la canasta básica, los ataques a los sindicatos y al movimiento social, el pírrico aumento salarial y la política de ajustes que el gobierno ha impulsado para cargar sobre la espalda de los trabajadores los efectos de la crisis económica mundial de la cual México no está exento ni se ha librado.

La salvaje política de la burguesía en contra de la clase trabajadora ha hecho que también amplios sectores de los trabajadores hayan salido a las calles a levantar sus demandas. De tal forma, previo al 1° de mayo pudimos observar la radicalización de la huelga de los trabajadores mineros así como la resistencia de los trabajadores del SME en un proceso de lucha que se extiende ya por 7 meses.

El caso de los mineros

Los mineros de Cananea, Sonora, se encuentran en huelga desde mediados del año 2007. Sus demandas han sido por conseguir salarios justos y medidas de seguridad en el trabajo, entre otras cosas.

A esa huelga se sumaron los casos de la minera Sombrerete, en Zacatecas y de Taxco, Guerrero. En todos los casos el Estado mexicano y Grupo México, propietarios de las mineras, han impulsado una campaña de ataques y calumnias en contra de los trabajadores.

A pesar de que el 11 de febrero un tribunal colegiado en materia laboral dictaminó el fin de las relaciones obrero-patronales, con lo que quedaba sin efecto la huelga estallada en la minera Cananea, los mineros no dieron paso atrás en sus demandas. Ante las amenazas de Grupo México y del gobierno los mineros declararon: “no nos moverán del socavón, y si Grupo México pretende quitarnos el contrato colectivo nos quedaremos con la mina.”

Lo cierto es que, a pesar de su bravuconería, ni Grupo México ni el gobierno se ha atrevido a desalojar a los trabajadores debido a que se saben débiles ante los trabajadores.

El SME

A este lamentable acontecimiento de abuso de autoridad en contra de los trabajadores mineros se suma el de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, uno de los gremios sindicales más poderosos y combativos de este país.

El decreto de extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, llevado adelante en octubre de 2009 por el gobierno derechista, dejó sin empleo a más de 65 mil trabajadores de esta compañía.

Durante todo el proceso de lucha los ataques hacia los trabajadores han sido severos. La campaña mediática de calumnias, el acoso hacia los dirigentes y miembros del SME y la tipificación de criminales que el gobierno se ha encargado de imponerles a los trabajadores no han sido suficientes para lograr que los electricistas abandonen la lucha.

En una más de las actividades de resistencia que han llevado adelante los trabajadores, se enmarca la huelga de hambre iniciada desde el pasado 24 de abril. A más de un mes los resultados son escandalosos: 17 trabajadores han sido hospitalizados, 67 más prosiguen con la protesta; en promedio cada ayunante ha perdido 8 kg y en total los trabajadores que han participado en la huelga de hambre suman 600 kg de peso perdido.

Por su parte, el Gobierno Federal ha demostrado su total indiferencia ante este hecho y ha instado a los trabajadores, en palabras del Subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, a “no poner en peligro su vida” dado que “las acciones desesperadas no son la ruta para la solución de los conflictos laborales”.

Cuando el pueblo se levanta….

Ambos casos, el de los trabajadores mineros y el del SME han marcado un parteaguas en la lucha de clases en nuestro país dadas las implicaciones que están teniendo para millones de trabajadores que están viendo en ellos un ejemplo de lucha.

El gobierno federal y la burguesía han lanzado millonarias campañas en contra de los órganos de lucha de los trabajadores. Su apuesta es a desaparecer los gremios sindicales democráticos de los trabajadores y de ahí su salvaje reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Los marxistas reconocemos que los trabajadores del SME han dado importantes luchas por la defensa de sus puestos de trabajo y aplaudimos sus iniciativas, sin embargo también creemos que la huelga de hambre no es un buen método para presionar al gobierno por el simple hecho de que a ellos no les importa en lo más mínimo tener a trabajadores muriéndose de hambre, muestra de ello son las históricas cifras de pobreza extrema que en nuestro país existen.

Es un hecho que el gobierno se encuentra ante un proceso de convulsión social que en cualquier momento puede salir de sus manos y la lucha de los mineros y de los electricistas le resulta demasiado incómoda.

Ante la debilidad del gobierno los trabajadores debemos ser lo suficientemente hábiles para plantarle la cara al gobierno y poner orden. Somos los trabajadores los que tenemos las riendas del país y eso no debemos olvidarlo. Debemos luchar por la unificación de todas las luchas de los trabajadores y con ello por el impulso de una Huelga General que detenga la embestida de la burguesía.

Así como el 1° de mayo pudimos ver una unidad de la clase trabajadora en las consignas en contra del gobierno, debemos también luchar por una unidad de la clase trabajadora y con ello por tomar las riendas del país.

Vivimos tiempos de profunda crisis en todos sentidos. No hay un solo rubro, no existe un solo país, un solo sector de la sociedad, una sola institución que no refleje la decadencia del capitalismo. La raíz está en que el modo de producción capitalista es incapaz de desarrollar las fuerzas productivas, es decir, destruye mucho más fuerzas productivas que las que genera. Al capitalismo le sucede lo mismo que a un organismo senil en el que mueren más células que las que nacen e inevitablemente la muerte se asoma. Pero el capitalismo no caerá por sí solo y en la medida que no es derribado aún, entonces el capitalismo pudre a la sociedad y a la naturaleza cada vez más y más. En esto radica la raíz de todo lo que vemos todos los días, por eso las cosas hermosas de la vida se van perdiendo o son cada vez más inaccesibles.

Guerras, destrucción, desempleo, corrupción, fraudes, tragedias ecológicas, narco, muerte, hambre, enfermedad, son los síntomas de un sistema caduco y lacerante para miles de millones de almas en toda la faz de la tierra. En México, asistimos a una expresión nacional de esta crisis sistémica. El panismo se ha desgastado rápidamente tras más de siete décadas de priismo que le dio a la clase dominante una relativa estabilidad. Calderón ha desatado fuerzas que ahora no puede ni podrá conjurar, la supuesta guerra contra el narco es controlada por el narco, así que el objetivo inicial de Calderón de encontrar relativo respaldo político de determinados sectores, se ha convertido en su contrario, ha puesto en la superficie la realidad de este país, la podredumbre de un régimen que sólo ofrece que las cosas estén cada vez peor; 22 mil muertos en cuatro años hablan por sí mismos de esto.

Sectores de la clase dominante expresan su pesimismo y desmoralización, hay incertidumbre en el futuro. Es ilustrativo el caso de Rogelio Sada Zambrano, un empresario regiomontano, perteneciente al puñado de los barones del dinero de este país, fundador y vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial y ex director del grupo Vitro. En La Jornada del 13 de junio de 2010, podemos leer una declaración de Sada Zambrano:

“Mi desesperación es no encontrar el camino. Mi lucha por el sufragio efectivo no produjo ningún efecto favorable para México…Veo un México anquilosado, con una burocracia corrupta, inepta, y una penetración impresionante de la corrupción al sector privado”. Y con la moral por los suelos añade: “Mi grado de decepción es tal que estoy considerando seriamente abandonar el PAN”. Y para rematar: “Todas las modificaciones hechas por Felipe Calderón son para dorar la píldora, son superficiales, no van al fondo”.

Es en este escenario que se suscita el “secuestro” de Diego Fernández de Ceballos, en las últimas décadas uno de los principales personajes políticos de la burguesía; de hecho, el caso Ceballos es una expresión de la crisis del capitalismo mexicano, en particular de las divisiones en el seno de la clase dominante; no se trata de “la delincuencia organizada pidiendo millones de dólares por su vida”, eso es lo que pretenden que se crea; pero lo cierto que se trata de un capítulo semejante al del asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, por ejemplo, donde un sector de la clase dominante ajusticia o somete a otro que le resulta un estorbo, es el efecto de una espiral descendente donde se intenta usar al caos para intentar resolver al caos.

Es fácil deducir el nivel de influencia, poder y riqueza de Fernández de Ceballos; es fácil también caer en el terreno de la especulación respecto a su “secuestro”. Hay decenas de hipótesis que no vamos a señalar, pero que van desde un litigo millonario con un grupo de empresas de Cancún, hasta la especulación de que Ceballos está mediando entre Calderón y el narco. Nos referimos al “secuestro” entrecomillado porque consideramos que se trata de un hecho pactado entre un sector del narco y un sector de la burguesía. Se trata de un ajuste de cuentas que no resuelve nada de fondo pero sí genera más incertidumbre y desequilibrio, se trata de un evento que evidencia las profundas divisiones en el seno de la clase dominante. En concreto la ausencia de Ceballos ha favorecido el reacomodo del calderonismo en el consejo nacional del PAN y ha servido para descalificar a opositores de por sí desgastados como Manuel Espino. En el mejor de los casos, que un sector de la burguesía se quite de en medio al estorbo Ceballos podrá generarles un relativo equilibrio temporal, como fue el caso del empoderamiento de Salinas – Slim, antes, durante y después del sexenio de Zedillo.

Así como el suceso Colosio –que fue eso, un “accidente” que expresaba una profunda crisis del régimen– se vio trascendido por cambios y transformaciones en el terreno de la lucha de clases –por ejemplo con el surgimiento del EZLN en 1994, o la caída del PRI en el año 2000–, este hecho colateral de la crisis capitalista, el caso Ceballos, será un referente relativo de cómo la espiral descendente de la clase dominante llevará, en cada vez mayor magnitud a una inevitable agudización de la lucha de clases.

Como explica Lenin de forma especialmente clara y contundente: “Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase”. Detrás del “secuestro” hay “intereses” de clase. Intereses encontrados de una misma clase llevada al borde del abismo y sumergida en sus profundas contradicciones que sólo pueden ser resueltas por la fuerza histórica de la clase obrera.

La clase obrera, el campesinado pobre y los pobres urbanos han dejado muestras claras de su voluntad y capacidad de lucha, sin embargo el factor de las direcciones de el PRD y los sindicatos son un obstáculo objetivo que el movimiento obrero tendrá que vencer organizadamente, aprendiendo –a base de los grandes acontecimientos– las principales lecciones de la lucha de clases, haciendo suyos el programa, los métodos y las tradiciones históricamente probadas del marxismo.

Como habíamos previsto y anunciado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá antes que termine junio sobre la libertad de nuestros 12 compañeros.

Es por ello que:

1. Llamamos a realizar una concentración este miércoles 23 de junio frente a la Suprema Corte de Justicia a las 10 hrs. Invitamos a todas y todos a apoyar este mitin.

2. El martes 29 de junio llevaremos a cabo un día de acción global por la libertad de los 12 presos políticos de Atenco. En varias partes del mundo y del país se preparan protestas, movilizaciones y acciones de difusión en demanda de la libertad. Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a sumarse a este día de acciones coordinadas, registrando cualquier acción civil y pacífica a través de nuestra página.

3. Ese día realizaremos una movilización –la última, previa a la decisión- en Ciudad de México, del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte de Justicia a las 16:00 hrs. Será nuestra última acción antes de esperar la resolución de la Corte. Llamamos a todas las organizaciones, colectivos, movimientos y redes, a todas y todos los activistas, a las miles de personas sin organización que han participado en la lucha por la libertad a sumarse a dicha movilización. Les pedimos puedan difundir por todos sus medios la realización de esta movilización decisiva. En la concentración de 23 de junio tendremos propaganda para todas y todos aquellos que deseen fortalecer la convocatoria a la movilización del 29 de junio.

4. Invitamos a todas las organizaciones sociales, civiles, eclesiales, de mujeres, estudiantiles, indígenas, de trabajadores a firmar el pronunciamiento que más abajo anexamos. El cierre de la recolección de firmas de organizaciones será este jueves 24 a las 12 de la noche a través del correo que abajo se indica.

5. Por último, hace unas semanas iniciamos la recolección de firmas de la ciudadanía. Entregaremos este miércoles 23 las firmas a la Suprema Corte de Justicia. Pedimos a todas y todos aquellos que recolectaron firmas físicamente puedan entregarlas este martes en el centro de acopio que se indica en los formatos (hasta las 6pm) o bien llevarlas este miércoles 23 entre 10 y 11 de la mañana al mitin de la Suprema Corte de Justicia.

6. El lunes 28 se realizará el foro “ATENCO ANTE LA RESOLUCION DE LA CORTE; EL CASO DE LOS 12 PRESOS a las 19 hrs. En Casa Lamm con diversos ponentes.

Llegó la hora compañeras y compañeros. Es el momento decisivo por el cual se ha mantenido una larga resistencia y lucha por la libertad por más de cuatro años.

Llegó el momento definitivo. Sabemos que contamos con ustedes en la lucha por la libertad y la justicia.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

Comité Libertad y Justicia para Atenco

www.atencolibertadyjusticia.com

Acusado de vínculos con el narcotráfico, el pasado 25 de mayo fue detenido y encarcelado el empresario Greg Sánchez, candidato a gobernador de la alianza Todos por Quintana Roo (PRD, PT, Convergencia). Así, tras habérsele dictado auto de formal prisión el 1 de junio, el candidato de dicha coalición perdería sus derechos políticos, cuestión que forzó a dicha alianza de partidos a finalmente nombrar este 14 de junio a Gerardo Mora, quien fuera coordinador de la campaña de Greg Sánchez, como candidato para sustituir a éste último y contender en las elecciones del próximo 4 de junio.

Independientemente de la inocencia o no de Greg Sánchez no cabe duda de que las acciones legales de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el candidato de la alianza Todos por Quintana Roo forman parte de una provocación, fríamente calculada por parte del gobierno de Calderón, con claros objetivos políticos. Son varias las aristas y tantas las casualidades que al momento de considerarlas salta a la vista el hecho de que el golpe contra el PRD (partido que, de entre los que forman la alianza quintanarooense, ha sido blanco de todos los ataques lanzados por los medios informativos a partir de esta problemática) ha sido montado con todo el objetivo de favorecer al PRI no sólo con miras a las elecciones en dicho Estado del sureste mexicano sino incluso en otros aspectos de la vida de dicho partido. De paso, con el asunto Greg Sánchez, Calderón se hace un favor a sí mismo.

Con dedicatoria para el PRI y para Peña Nieto

Las alianzas electorales entre los partidos de izquierda y el PAN, orquestadas por Jesús Ortega, Camacho Solís y los dirigentes del PT y Convergencia, junto con Cesar Nava, fueron diseñadas con la intención de lanzarle un chaleco salvavidas a dichos partidos de derecha ante sus reiterados descalabros electorales: el PAN perdió aproximadamente 6 millones de votos entre las elecciones fraudulentas del 2006 y las intermedias del 2009. Con esta medida, diseñada para detener la caída libre electoral del PAN, además dichos dirigentes pretendían brindarle un tanque de oxigeno a Calderón que suavizara la crisis en la que está hundido su gobierno.

Sin embargo dichas alianzas para contender contra el PRI se trasformaron en su contrario al provocar una reacción colérica por parte de éste partido, provocando inmediatamente fuertes choques entre las dirigencias de los dos partidos de derecha, traduciéndose en una crisis que llevó al nivel mas bajo las relaciones entre Calderón y los priístas. Un efecto de dicha crisis fue la renuncia pública en febrero pasado del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a su militancia en el PAN. Dicho funcionario, que meses antes y de cara a la reforma fiscal había gestionado con serias dificultades el apoyo de los priístas para la iniciativa de Calderón, ahora se veía desarmado para poder negociar con el añejo partido de la revolución institucional.

Así pues, lo que se pretendía como una medida para darle estabilidad al régimen se tradujo en una nueva crisis y más inestabilidad que a la fecha está teniendo un serio costo para Calderón. Ejemplo de ello es que la tan sonada reforma política, que tenía como objetivo restar en algo la dependencia de la presidencia de la República hacia el Congreso de la Unión para impulsar reformas, ha quedado en el olvido y ha sido mandada a la congeladora. Y ahora este mismo peligro se cierne sobre la contrarreforma laboral presentada por el PAN en marzo pasado y para la cual aún no se presenta el más mínimo avance en las cámaras.

Con 143 diputados del PAN en la actual legislatura, Calderón necesita el voto de los 237 diputados priístas para obtener mayoría y poder impulsar las contrarreformas. La dependencia del gobierno hacia el PRI es mucha y Calderón busca desesperadamente congraciarse con dicho partido. En los hechos, frente a esta realidad, es obvio que el ataque de la PGR contra el candidato de la alianza Todos por Quintana Roo es parte de un montaje desesperado de Calderón por tratar de recuperar el apoyo del PRI al prácticamente aniquilar las posibilidades electorales de dicha alianza, despejándole el camino al candidato priísta a la gubernatura. Y los resultados ya saltan a la vista; mientras que el 10 de mayo, tan sólo unos días antes de la detención de Greg Sánchez, las encuestas le daban al candidato del PRI una preferencias electorales del 46.1%, seguido del aliancista con un 22.4%y por la candidata panista con un 13.1%, ya en una encuesta reciente de este mes de junio los porcentajes se presentaron de la siguiente forma: 51.1% para el PRI, 18.1% para el PAN y 17.2% para la alianza PRD-PT-Convergencia.

Pero las cosas no paran ahí. Casualmente la detención de Greg Sánchez se dio en un momento en el que toda la atención pública tenía puestos los ojos en el escándalo que estalló en el gobierno del Estado de México dados los resultados de la investigación hecha por la Procuraduría General de Justicia (PGJEM) sobre la trágica muerte de la niña Paulette Gebara Farah. Tras un espectáculo mediático que se extendió por varias semanas, primero se especuló sobre un supuesto rapto de la niña y después, tras la localización del cuerpo en su propia habitación, la posibilidad del asesinato a cargo de alguno de sus padres. El titular de la PGJEM, Alberto Bazbaz, haría público el desenlace de las investigaciones hechas por la corporación a su cargo; de acuerdo a la PGJEM la niña Paulette habría muerto de manera accidental, dictaminó dicha dependencia el pasado 21 de mayo. El resultado de la investigación no satisfizo a nadie, poniendo inmediatamente en el ojo del huracán a Peña Nieto, gobernador del Estado de México, viendo éste empañada como nunca su imagen e impactando negativamente sus aspiraciones presidenciales por parte del PRI para el 2012.

Dada la magnitud del escándalo y la forma en que estaba afectando éste a Peña Nieto, el cual cuenta con importante apoyo dentro del PRI, Alberto Bazbaz renunció a su cargo el día 25 de mayo, casualmente el mismo día en que fue detenido Greg Sánchez por la policía federal. La detención del candidato aliancista por Quintana Roo inmediatamente atrajo todos los reflectores de los medios informativos, sepultando inmediatamente el escándalo de Paulette y aliviando la presión sobre Peña Nieto.

…y de paso un auto favor: silencio sepulcral sobre el secuestro de Diego Fernández

Otra casualidad que fundamenta la maniobra de Calderón es el caso del rapto del connotado panista Diego Fernández de Cevallos, pieza política clave del grupo de poder del ex presidente Carlos Salinas y mismo al cual está ligado Peña Nieto. Tras el secuestro del panista el pasado 1 de mayo, la presidencia de la República se esforzó por silenciar a los medios y mantener un férreo hermetismo en torno a dicho acontecimiento.

El secuestro de Fernández de Cevallos nuevamente evidenció la extrema debilidad de Calderón y el fracaso de su política contra la inseguridad. El que esta vez un acontecimiento de esa naturaleza afectara a un miembro de casa y connotado representante del régimen le daba una especial relevancia al problema de la seguridad, significando ello puntos de menos para un gobierno que se agarró de un clavo ardiente en la búsqueda de legitimidad para la lucha contra el crimen organizado y en la cual ha ido de fracaso en fracaso. Por ello era importante hacer todo lo posible para evitar que la noticia del secuestro sonara los menos posible; incluso hasta se les impuso el silencio a prácticamente todos los panistas.

Pero la búsqueda del silencio no sólo obedece al problema del desprestigio del gobierno de Calderón por su fracaso ante la inseguridad, también tiene que ver con el hecho de que el rapto de Fernández de Cevallos se presenta como algo obscuro y del que se sospecha que es obra de las pugnas en las más altas esferas del poder. El secuestro de Diego Fernández tiene una serie de similitudes con el rapto acontecido en diciembre de 1997 contra la figura del exsecretario de gobernación, el priísta Gutiérrez Barrios, éste último figura con mucha influencia al interior del PRI y del gobierno, además de tener un fuerte distanciamiento con el presidente Zedillo; mientras que por su parte Fernández de Cevallos también posee fuerte influencia al interior del PAN y en el propio gobierno (el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, pertenece al grupo político de Fernández de Cevallos y de Salinas) además de estar distanciado de Calderón. También en ambos casos los respectivos gobiernos impusieron un silencio sepulcral.

Siendo ello así, nuevamente en este caso también la captura de Greg Sánchez se transformó en un manto negro que cubrió el caso de Fernández de Cevallos, minimizando de esta manera, por ejemplo, el que la PGR haya anunciado tres días antes que se retiraba de las pesquisas sobre el secuestro. A un mes del secuestro del panista no se sabe nada de él ni se menciona ninguna sola palabra en los medios acerca de este rapto.

Mas casualidades…

La pregunta es por qué el PAN, convencido de que las alianzas con el PRD son la fórmula mágica para derrotar al PRI en las diferentes contiendas electorales del 4 de julio próximas, no se condujo de esa manera para el caso de Quintana Roo, Estado en el que presentó a su propio candidato a la gubernatura. Pareciera que ello fue obra de la falta de acuerdo entre ambos partidos para postular un candidato común, sin embargo no hay que olvidar que originalmente el PAN quitanarroense pugnó por Greg Sánchez como candidato en alianza con el PRD, sin embargo de última hora, el 28 de abril, llegó la directriz del panismo nacional para no proceder postulando al hoy excandidato en prisión. Ello sin mediar ninguna clase de explicación sobre la marcha hacia atrás emprendida por el panismo.

Además hay que tomar en cuenta que a pesar de ello el PAN y el PRD postularon a candidatos comunes a seis alcaldías y ocho distritos locales. Entre las candidaturas destaca la de Julián Ricalde Magaña, hermano de la candidata panista a la gubernatura de Quintana Roo Alicia Ricalde Magaña, para el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún). Las alianzas que sí se concertaron a estos niveles también demuestran que no fue un desacuerdo entre ambos partidos lo que impidió la candidatura común de Greg Sánchez, sino la directriz del PAN nacional el cual ya sabía de antemano que la PGR procedería sobre el candidato de Todos por Quintana Roo.

La justicia de Calderón y las elecciones

La detención y encarcelamiento de Greg Sánchez se logró tras una orden de arresto emitida por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Federales con sede en Tepic, Nayarit, Carlos Alberto Elorza. Cabe destacar que dicha orden fue gestionada y obtenida por la PGR tras haber sido rechazada el pasado 7 de mayo por el Juez Sexto de Distrito del Estado de México, Roberto Hoyos Aponte, quien consideró que dicha dependencia no podía acreditar la existencia de los delitos contra la salud ni de lavado de dinero por parte del candidato aliancista. Siguiendo con las casualidades resulta necesario destacar que Carlos Alberto Elorza es el mismo juez que emitió las órdenes de captura que derivaron en lo que se ha dado a conocer como el michoacanazo.

El michoacanazo fue desarrollado el 26 de junio del 2009 a cargo de la PGR y en él la policía federal arrestó a 34 personas, entre altos funcionarios del gobierno de Michoacán y presidentes municipales de esta misma entidad, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Este hecho se perpetró a escasos nueve días de que se desarrollarán las elecciones intermedias en las que además se elegirían diputados federales, el 5 de julio de ese mismo año.

Considerando la proximidad entre ambas fechas y tomando en cuenta que Michoacán es un estado gobernado por el PRD, resulta demasiado fácil concluir que el michoacanazo fue un acto artero de Calderón y el PAN con claros tintes electorales con el fin de golpear y dañar severamente al partido del sol azteca. Y esta conclusión ha sido demostrada por los resultados: a la fecha ya han sido liberados 20 de los 27 funcionarios del gobierno michoacano, mismos a los que no se les pudo comprobar ninguna clase de delito.

Otro ejemplo que demuestra el uso faccioso de la justicia por parte de Calderón, pero en un sentido inverso al de Greg Sánchez y al del michoacanazo, es el del candidato panista a la gubernatura de Aguascalientes, Martín Orozco. Para dicho candidato se dictó un auto de formal prisión por fraude contra el ayuntamiento de la ciudad de Aguscalientes cuando este fungió como alcalde de la capital hidrocálida entre los años 2005-2007, sin embargó a éste se le otorgó un amparo y mantuvo sus derechos políticos pudiendo mantener su candidatura. En Aguascalientes, entidad en la que no contienden en alianza el PAN y el PRD, Martín Orozco, a diferencia de Greg Sánchez, continúa su campaña por la gubernatura del Estado sin ningún obstáculo legal de frente.

Otra razón más para romper con el PAN

A todas luces es evidente que las provocaciones legaloides de Calderón y el PAN (el michoacanazo y Greg Sánchez) tienen como objetivo golpear al PRD y forman parte de la campaña por destruir a dicho partido.

Como una forma de lavarse las manos, el gobierno de Calderón señala que desde enero pasado informó a la dirección nacional del PRD que la PGR le seguía la huella a Greg Sánchez, cuestión que no fue negada por el dirigente nacional del perredismo Jesús Ortega.

Conociendo la trayectoria de Jesús Ortega resulta fácil señalar que ante el aviso de la PGR, éste negoció con el gobierno de Calderón para obtener el compromiso de que no se procedería legalmente contra el ahora excandidato Todos por Quintana Roo. Ortega pensó que se trataba de un acuerdo justo dado sus innumerables favores y serviles servicios de éste y el conjunto del ala de derecha del PRD para con el régimen. Seguramente el gobierno se comprometió a no proceder, sin embargo desde el principio las cosas ya estaban decididas: el caso Greg Sánchez se presentaba como una magnifica oportunidad de Calderón para continuar con la campaña que tiene como objetivo destruir al PRD y como una opción para tratar de congratularse con los priístas.

Para Calderón eso era más importante que cualquier clase de compromiso a favor del traidor Jesús Ortega. De hecho, si esto no fuera así, no se podrían entender el comunicado oficial del Comité Ejecutivo Nacional del PAN emitido el 30 de mayo en el que defiende y justifica la detención por parte de la PGR contra Greg Sánchez.

Si hay un hecho más que aberrante es el de que ante la extrema notoriedad de que Calderón y el PAN han empleado dolosamente el caso de Greg Sánchez para golpear al PRD de manera despiadada, Ortega y la dirección perredista se mantengan en toda la disposición de mantener las alianzas electorales con el panismo. Tal realidad refleja el nivel extremo de servilismo y arrodillamiento ante el régimen por parte de Jesús Ortega y el ala de derechas del PRD, pero también ratifica una idea para la que no hay ninguna clase de duda: la tarea más importante de los Chuchos es destruir al PRD desde adentro.

Los Chuchos en su afán por colaborar con el gobierno se han transformado en los principales y más efectivos aliados de la burguesía y su proyecto de destruir al PRD. Las alianzas electorales con el PAN son a contra natura, pues representan una contradicción directa con las aspiraciones de la inmensa masa desposeída y explotada que trata de utilizar al PRD para transformar su dura realidad de desempleo, hambre y pobreza. Esta razón por sí sola es suficiente para romper con toda clase de alianzas con el PAN y cualquier otro partido de derecha; sin embargo eso no le interesa a Jesús Ortega y sus secuaces ni tampoco les importa que el PRD esté siendo blanco sistemático de los ataques de la derecha y de la burguesía, como lo han sido el michoacanazo, el caso de Greg Sánchez y muchos más.

Jesús Ortega y su pandilla no romperán con el PAN y por el contrario se mantendrán fieles a su política de colaboración con el régimen, por consecuencia los únicos que pueden llevar a fondo una política de cero colaboraciones con la burguesía, sus partidos y su gobierno, somos los militantes y simpatizantes de base del PRD. Debemos organizarnos en comités de base e impulsar métodos y políticas que rescaten la democracia interna del partido, que los vinculen programáticamente de manera más clara y definida con las demandas de los trabajadores del campo y de la ciudad para transformarlo además en un partido de lucha y movilización dejando atrás su perfil electorero.

Por consecuencia, para lograr todo ello necesariamente se impone la tarea de luchar para expulsar del PRD a Jesús Ortega, los Chuchos y todo aquel que apoye una política de colaboración con Calderón y la burguesía. Los militantes y simpatizantes de base tenemos que asumir esa clase de retos para rescatar al PRD de las garras de la derecha, pero ese mismo reto tiene que ser asumido firmemente también por López Obrador y el ala de izquierda del partido. AMLO y todos estos dirigentes tienen la responsabilidad de organizar y convocar a un movimiento que tenga como objetivo rescatar al PRD para transformarlo en una herramienta de lucha.

Compañero joven y trabajador, únete a Militante y lucha por un PRD democrático, combativo y con un programa socialista.

EL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA DA A CONOCER SU POSICION SOBRE LO OCURRIDO HOY CON LA CARAVANA HUMANITARIA “BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA”

A las organizaciones sociales, civiles, políticas, académicas, indígenas, solidarias y hermanas que conforman esta caravana llamada “Bety Cariño y Jyri Jaakkola”

A los medios de comunicación nacionales e internacionales

A las organizaciones defensoras de derechos humanos

A las organizaciones y colectivos internacionales solidarios

A la Otra Campaña

El día de hoy, 8 de junio la caravana humanitaria “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” se vio obligada a no ingresar a San Juan Copala y dejar las más de 30 toneladas de ayuda humanitaria y víveres que se pretendían entregar porque los gobiernos estatal y federal en complicidad con ese grupo de criminales que mantiene el cerco paramilitar sobre San Juan Copala tendieron un nuevo cerco para impedir que la misión cumpliera su objetivo.

El gobierno estatal a través de su policía estatal y de la Procuradora de Justicia local, tendieron un cerco “gubernamental” para proteger a la UBISORT y para impedir que esta caravana ingresara a San Juan Copala a entregar el agua y los alimentos que lograron reunirse durante estas semanas, el nuevo cerco que se impuso a Copala ahora tiene la presencia abierta y pública de policías estatales y federales, quien en vez de garantizar la seguridad de esta misión y de tener una presencia en La Sabana para asegurar el libre tránsito y la no agresión, decidieron proteger a los asesinos argumentando que “no había condiciones”, “que se habían escuchado disparos” y en el caso de la Procuradora estatal que se “tenía que hablar con UBISORT e invitarlos a la Caravana” para sólo así garantizar el paso hacia San Juan.

De acuerdo a información interna de nuestras comunidades que tuvimos a lo largo del trayecto, un grupo numeroso de mujeres y niños de la comunidad de La Sabana pertenecientes o simpatizantes a UBISORT estaban bloqueando la carretera que baja hacia San Juan Copala, con la clara intención de provocar algún tipo de agresión de parte de la caravana o de sus integrantes, después de este bloqueo de mujeres y niños, se encontraba el otro bloqueo de piedras de gran tamaño resguardadas por hombres armados, quizá los mismos hombres armados que asesinaron a nuestros compañeros Bety Cariño y Jyri Jaakkola y por los que hoy se pretendió romper el cerco paramilitar.

La decisión de la coordinación de la Caravana integrada por compañeros que son autoridades de nuestro Municipio Autónomo, fue el de avanzar hasta poco más allá de la comunidad de Agua Fria Copala, y analizar la condiciones de seguridad de ahí en adelante, pues desde Juxtlahuaca la policía estatal y la Procuradora de justicia del estado habían manifestado que ellos no se hacían responsables si algo pasaba y que era responsabilidad de la caravana y de sus convocantes.

La presencia de la policía federal pensamos que era para garantizar nuestra seguridad, pero no fue así, fue para disuadirnos de entrar y para decirnos que habían escuchado disparos y que lo mejor era no entrar.

Esos disparos que escucharon los policías federales, son los disparos que se escuchan diario y durante todo el día en San Juan Copala, son disparos que mantienen asolada la comunidad y que han logrado que familias completas abandonen nuestra comunidad y que se hayan negado a entrar doctores, maestros, y vendedores de productos, imponiendo un estado de sitio por la vía de las armas y la violencia.

Algunas personas y organizaciones se sentirán decepcionadas o enojadas con lo que paso el día de hoy, nosotros estamos llenos de coraje y de indignación, pero ese coraje que está en nuestro corazón por habernos impedido llegar a San Juan Copala nos alimenta nuestra mente para seguir adelante, el cerco paramilitar se tiene que romper, hoy no se pudo pero seguiremos intentando, hoy no tuvimos una derrota, sólo decidimos no exponer más vidas a manos de esos asesinos impunes y seguir buscando las formas para que los habitantes de San Juan Copala puedan seguir resistiendo por más tiempo esta cobarde agresión, esperamos que entiendan y respeten esta decisión por dolorosa o extraña que les parezca.

Ha quedado claro que ni el gobierno estatal ni el gobierno federal tienen la capacidad y la voluntad para controlar y castigar a ese grupo criminal y paramilitar, lo que sucede en la región no le interesa a ninguno de los 2 gobiernos, ni detienen ni castigan a los asesinos y ahora hasta los protegen con un cerco policiaco y pretenden que las autoridades del municipio autónomo y los integrantes de la caravana dialoguen con ellos y “les pidan permiso” para cruzar por el territorio que controlan con armas y amenazas.

Si el gobierno estatal y el federal no pueden garantizarles la comida y los medicamentos a los habitantes de San Juan Copala, la sociedad civil  con apoyo de la comunidad internacional tendrá que buscar mecanismos para lograrlo y las instancias internacionales jugarán un papel muy importante ante la ausencia total de Estado en todos sus niveles de gobierno.

La caravana está integrada por personas de las más distintas ideologías políticas, y por personas que en otras condiciones nunca habrían podido caminar juntas, esta capacidad de convivencia y respeto mostrada en la caravana es para nosotros un éxito, pues sólo pudo ser generada por la humanidad y el cariño hacia nuestros hermanos y hermanas triquis que se encuentran privados de sus derechos fundamentales y en riesgo de ser asesinados en cualquier momento. Gracias a todas y todos.

Después de todo esto, el Municipio Autónomo de San Juan Copala manifiesta su voz a través de este boletín y señala:

1.       Los alimentos y víveres que se iban a entregar en esta caravana serán resguardados en Huajuapan de León hasta encontrar la mejor forma para ingresarlos y entregarlos a las familias de San Juan Copala.

2.       A partir de día de mañana autoridades de nuestro Municipio Autónomo buscaran formalmente al Comité Internacional de la Cruz Roja así como a los distintas instancias de la Organización de las Naciones Unidas en México, para solicitarles su intervención en el envío y recepción de las casi 35 toneladas de ayuda que se concentró para esta Caravana.

3.       Presionaremos y exigiremos que la Procuraduría General de la República de resultados inmediatos sobre la investigación de los hechos del 27 de abril, pues con su inactividad están siendo cómplices de los asesinos paramilitares.

4.       De no poder entregar en las semanas próximas la ayuda humanitaria concentrada el día de hoy, convocaremos a una Nueva Caravana Humanitaria integrada solamente por mujeres de todo el país y del mundo solidario, como un gesto de solidaridad y respaldo a nuestras compañeras que sobreviven a las condiciones inhumanas impuestas en San Juan Copala.

 5.       Exigimos la desmovilización y el desarme inmediato del grupo paramilitar UBISORT protegido por el Gobierno de Ulises Ruíz Ortíz y por políticos ligados al PRI estatal.

 6.       Invitamos a las organizaciones civiles y sociales nacionales e internacionales solidarias con nuestra causa a mantenerse pendientes de las acciones y comunicaciones que emita el Municipio Autónomo de San Juan Copala para romper el cerco paramilitar y alcanzar la justicia para nuestro pueblo.

Esta caravana regresa el día de mañana a la ciudad de México, para informar a todas las organizaciones y compañeros y compañeras solidarias que se sumaron para que esta caravana pudiera realizarse, los esperamos en el Zócalo de la ciudad de México a las 3 de la tarde para recibirnos.

 El cerco se tiene que romper, poco a poco se va desgastando, los gobiernos no pueden mantener más a los asesinos paramilitares en la impunidad, San Juan Copala tiene que regresar a la normalidad y exigir que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados.

MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA

CASIMIRO MARTINEZ AGUILAR