Nacional

Cientos de miles de personas marchamos ayer en defensa de PEMEX y ante las reformas estructurales que el gobierno de EPN está impulsando en nuestro país, reformas que atentan en contra de los derechos de millones de familias obreras. 

El periódico Militante y el CEDEP estuvimos presentes como siempre con nuestro periódico, llamando a la unidad en la acción y explicando que hacen falta medidas contundentes para echar para atrás las reformas privatizadoras de EPN. 

Creemos que no es suficiente con exigir una consulta pública o referéndum, sino que es necesario detener toda actividad en fábricas, centros de trabajo, escuelas, puertos, carreteras y aeropuertos para demostrarle a EPN que el poder es nuestro y no de una bola de parásitos a los que no les importa vender el país. 

Además creemos que la unidad de todas las luchas sería una gran demostración de fuerza, AMLO debe llamar abiertamente a la militancia de Morena a unirse a la lucha que el magisterio democrático está impulsado en estos momentos. 
En momentos cruciales como el que estamos viviendo debemos ir más allá: Huelga General para derrocar al gobierno de EPN. 
Unidos y organizados...¡¡Venceremos!

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El reformismo pretende solucionar los problemas de los trabajadores sin eliminar la propiedad privada capitalista y parte de la utopía reaccionaria de que pueden ser conciliados los intereses de los burgueses con los del proletariado: los intereses de los empresarios sedientos de más ganancias con los de los trabajadores necesitados de un salario digno, por ejemplo.

Los empresarios tolerarán la política de los reformistas siempre y cuando en lo fundamental no signifique un peligro para sus intereses. Sin embargo la tolerancia se termina cuando la economía marcha mal, tal como ha sido el caso de México en los últimos años, y el capitalismo no puede tolerar ninguna reforma por pequeña que sea en favor de los trabajadores. Del mismo modo se hace imposible la tolerancia en una situación de especial polarización social (también, tal como ha sido el caso de nuestro país recientemente) en la que los trabajadores tratarán de empelar sus organizaciones de lucha para pelear por sus demandas a pesar de sus dirigentes reformistas. En esas condiciones la burguesía no sólo rechazará las reformas (incluso las pinceladas de reformas implementadas en nuestro país por los reformistas en los últimos años) sino que además le exigirá a los reformistas que se disciplinen de acuerdo a los intereses del capital en contra de los trabajadores.

Llegado ese momento veremos como todos aquellos reformistas que se han mantenido al margen del movimiento de masas y que por el contrario han establecido toda una seria de vínculos con la burguesía, girarán cada vez más a la derecha hasta de plano abiertamente jugar un papel reaccionario, diluyendo en la práctica, más allá de siglas, las diferencia entre izquierda y derecha política. Ese ha sido el caso de los chuchos y todos aquellos perredistas que se han puesto al servicio de Peña Nieto a través del Pacto por México y el de Miguel Ángel Mancera, actual titular del GDF.

Frente a la crisis y la política del Régimen de asfixiar al GDF recortándole el presupuesto, Mancera optó no por la movilización para obligar a Peña a aplicar una política diferente hacia las finanzas públicas de la ciudad de México, sino que se inclinó por la eliminación del 50% de los programas sociales; también prefirió ceder a las presiones de la burguesía y transformarse en una pieza clave para que el pasado 13 de septiembre Peña Nieto pudiera desatar las acciones represivas más importantes nos vistas en décadas en el DF. Mancera aceptó ese camino y no el de abiertamente ponerse al lado de la CNTE y llamar a la movilización a los millones de trabajadores que le dieron su voto en 2012 para defender al GDF frente a las amenazas de destitución de panistas y priístas.

De esa forma Mancera pretende presentarse como la cabeza de esa “izquierda moderna” y de “instituciones”; es decir, esa “izquierda” cómoda para los empresarios. Sin embargo con esa política, Mancera está provocando un importante nivel de confusión entre el proletariado capitalino y a la vez creando condiciones favorables para que el PRI recupere el DF. Cualquier expectativa de que Mancera pudiera corregir el rumbo ha sido resquebraja por su papel como uno de los principales artífices de la represión contra el CNTE, hecho que demuestra que tan profundos son los compromisos del actual titular del GDF con la burguesía y sus partidos.

Mancera tiene que dimitir y ser expulsado del PRD junto con los chuchos y demás traidores, pues no podemos permitir que el GDF sea transformado en una maquina represiva al servicio del Régimen ni que su política allane el camino al PRI para que recupere el gobierno del DF. Ambos resultados representan un serio peligro para el movimiento obrero en su conjunto. Dirigentes del PRD como Cárdenas, Encinas, entre otros, pero también AMLO y Morena, tienen que tomar cartas en el asunto y frenar de golpe todos los retrocesos impulsado por Mancera llamando a la movilización para que éste sea relevado y sustituido a la vez por alguien con vínculos probados con las luchas de los trabajadores.

Todos los dirigentes del movimiento obrero y de masas se tienen que ver reflejados en el espejo de Mancera y entender que ese puede ser su destino en caso de no rompen con los empresarios.  

El PRD en la encrucijada

El PRD se encuentra sumido en la crisis más aguda desde su fundación. La debilidad de la burguesía así como la radicalidad de sus ataques contra la clase trabajadora a puesto a la política reformista de todos los signos ante una disyuntiva fundamental: combatir al régimen apoyándose en la clase trabajadora, desencadenando un proceso revolucionario con enormes posibilidades de vencer, o por el contrario, ser cómplices del sostenimiento del régimen, desorganizando a la clase trabajadora y aplicando su programa. La política reformista, en general, vacila entre estas dos perspectivas. Los dirigentes reformistas aunque intentan guardar un equilibrio terminan siendo fuertemente presionados, unos hacia la derecha por parte de la burguesía y otros hacia la izquierda por parte de los trabajadores.

En el caso del PRD, las tendencias abiertamente burguesas dominan la dirección del partido y estas se han ido radicalizado a tal grado que han pasado a confrontar y reprimir directamente a la clase trabajadora y a la juventud que lucha por sus derechos. Esta política ha llevado al PRD a romper de forma cada vez más desafiante con su propia base social. Para los reaccionarios que hoy dirigen al PRD lo único que importa es que el partido sea “la segunda fuerza electoral”, como resultó ser en 2012. Estos miserables pretenden que a pesar de sus continuas tradiciones históricas, la clase trabajadora les siga votando por el origen combativo del partido y por el hecho de que no hay otra opción representativa de la izquierda.

Aquellos elementos que eran parte del movimiento de AMLO, que ocupaban algún puesto de dirección en el PRD y que decidieron no salirse del partido para conformar Morena, se encuentran atrapados en las contradicciones de su propia política. Estos sectores han aceptado o han decidido no combatir con firmeza las posiciones más reaccionarias como las alianzas con el PAN, la participación en el Pacto por México, o la aprobación de las reformas de Peña Nieto, por ejemplo la educativa. Si bien estos sectores han expresado parcialmente su repudio a este tipo de acciones y han clamado por otro perfil político para el PRD, se encuentra lejos, muy lejos de comportarse como auténticos dirigentes de izquierda. Su visión no rebasa los cálculos electorales y burocráticos, su conexión con la lucha de clases es mínima o nula. Si algo les mantiene en el imaginario colectivo de las viejas generaciones de la izquierda es su pasado más que su presente. El hecho de que desde el punto de vista de la lógica parlamentaria sean el único sector susceptible de las presiones de la clase trabajadora les concede todavía una importancia relativa, por débil e insuficiente que sea, este es el vínculo que aún tienen con la clase trabajadora. Este sector fue el que no votó la Reforma Educativa contra la CNTE, estas corrientes han pedido tímidamente la salida del PRD del Pacto por México, estos elementos se presentan como amigos de Morena.

Morena tiene que pedir a estos “amigos” suyos al interior del PRD una auténtica guerra contra los “chuchos”, una auténtica rebelión contra la política reaccionaria de su dirección. Todo militante honesto y verdaderamente de izquierda dentro del PRD debe combatir decididamente la política de la actual dirección y adoptar sin regateo todo su apoyo a la CNTE, las policías comunitarias y toda genuina expresión de lucha. No bastan los “guiños” hacia la izquierda, no basta una amistad calculada hacia AMLO y Morena, es necesaria una actitud revolucionaria si es que se pretende restablecer al PRD como una genuina herramienta de lucha. Todo lo demás es demagogia, vil oportunismo.

La actitud de Morena frente al PRD

Una vez que AMLO planteo la necesidad de construir a Morena como un partido de izquierda al margen del PRD, implícitamente Morena aceptó el desafío de demostrar en los hechos y ante la clase trabajadora que era una organización superior al PRD; en combatividad, en su carácter democrático interno, en su programa y en sus tácticas de lucha. Inmediatamente después de que la dirección lanzara esa directriz, se presentaron acontecimientos que inmediatamente pusieron a prueba a Morena, tales como la aprobación de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, el surgimiento de las Policías Comunitarias y la aprobación de la Reforma Educativa. Un balance honesto nos obliga aceptar que Morena ha jugado un papel marginal en estas luchas. El PRD, por su parte, jugó un papel entre nulo, vacilante y hasta reaccionario. Ambos se quedaron cortos a la hora de agrupar a los sectores más combativos de la clase trabajadora, a pesar de ello la lucha de la CNTE y de las comunitarias, se desarrolló y sigue siendo un fenómeno político de primera importancia.

Morena ha retomado el camino de la actividad en las calles en defensa de Pemex, ello le sitúa ante la perspectiva histórica de consolidarse como la principal organización política de la clase trabajadora. Morena debe tener una actitud totalmente fraterna con todos aquellos trabajadores y campesinos de base que aún sientan simpatías por el PRD, el sectarismo de ninguna manera es una alternativa. Sin embargo, dadas las actuales circunstancias, el peligro principal no lo constituye el sectarismo sino el oportunismo encubierto y descarado de cientos de “políticos profesionales”, “amigos de Morena” e “intelectuales”, provenientes o no del PRD que intentarán de mil y un formas encaramarse en la dirección de la lucha para desviarla, tal cual ocurrió en 2006 y 2012. El verdadero peligro lo representa el hecho de supeditar una lucha consecuente en defensa del petróleo a las presiones de elementos vacilantes, confusos y oportunistas. Los marxistas que militamos en Morena decimos ¡Si a la unidad para organizar una huelga general en defensa de Pemex! ¡Si a la unidad de Morena con la CNTE, Policías Comunitarias, sindicatos y organizaciones campesinas de izquierda! ¡Ninguna confianza en los arribistas y oportunistas de “renombre” que no aportan nada sino confusión a nuestro movimiento! ¡Si a la unidad de Morena con las bases del PRD y todos aquellos dirigentes perredistas que organicen prácticamente la lucha por la huelga general! ¡Ninguna confianza en los “chuchos” y demás oportunistas declarados!

El pasado 12 de agosto fue publicada la “Convocatoria para el nombramiento de Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2013-2017”. Así que luego de la campaña electoral legal (del 29 de agosto al 7 de septiembre), el 11 de septiembre se realizara la farsa jornada electoral, misma que será calificada el día 13 en sesión extraordinaria del Consejo Universitario (supuesta “máxima autoridad” de la institución), quien volverá a nombrar al candidato y actual rector interino, y le tomará protesta el 4 de octubre próximo.

Con la renuncia al cargo del rector anterior, Enrique Agüera Ibáñez, y su derrota en el pasado proceso electoral a la presidencia municipal de Puebla como candidato del PRI, hay quienes suponen que se dará un cambio en la política que se ha venido implementando en los últimos 22 años dentro de la BUAP. Sin embargo, no se puede ser ingenuo en pensar que las prácticas antidemocráticas, la violación a los derechos estudiantiles y laborales, así como la tendencia hacia la privatización de la universidad, vayan a terminarse con el nombramiento de una persona que ha sido partícipe de la misma política. El cargo de rector podrá cambiar de rostro y estilo de administrar, pero la misma política neoliberal-capitalista continuará aplicándose en la institución, en tanto los estudiantes y trabajadores sigamos careciendo de organización y una dirección combativa que luche decididamente por defender nuestros derechos y la universidad pública.

Elecciones antidemocráticas

José Doger Corte fue el último de los rectores elegidos en su primera gestión (1990-1993) mediante voto universal, directo y secreto de trabajadores y estudiantes. Pero, ya para su segunda gestión (1993-1997), fue nombrado mediante el voto ponderado, impuesto bajo su administración en la nueva Ley Orgánica de la BUAP promulgada en 1991 y reformada en 1998. Bajo esta legislación, en cada Unidad Académica todos los alumnos sufragan en una urna y el candidato ganador tendrá dos votos de ese sector; todos los trabajadores académicos sufragan en otra urna y el ganador tendrá dos votos de dicho sector; y el director de esa Unidad Académica tiene un voto no mandatado ni vinculado a ningún sector. Esto significa que en total hay cinco votos por cada Unidad Académica, independientemente de su matrícula escolar u oferta académica.

De acuerdo con ese nuevo “procedimiento para el nombramiento de rector”, se siguen dos etapas: la primera, “de auscultación para la nominación de candidaturas y la auscultación sectorial, a través de la votación sectorial respectiva”; y la segunda, de “la calificación del proceso de votación y el nombramiento del rector por parte del Consejo Universitario”. De manera tal que, los estudiantes y trabajadores universitarios no elegimos democráticamente, mediante voto universal, directo y secreto, al rector, sino que este es nombrado por los integrantes del CU, mayoritariamente cooptados por el mismo rector.

Como ha ocurrido en los procesos electorales universitarios de los últimos 20 años, en esta ocasión, supuestamente el aspirante nominado con más apoyo (de 42 mil 932 universitarios), fue el rector interino Alfonso Esparza Ortiz. Los otros dos aspirantes nominados fueron: Samuel Tovar Ruiz con el apoyo de 121 universitarios y Daniel Alcántara León con 117 firmas de catedráticos y estudiantes. El segundo, inexplicablemente, declinó a pocas horas de haber iniciado formalmente la campaña electoral, mientras que el tercero retiró su candidatura a cuatro días de finalizar la campaña.

¿Cómo fue nominado candidato el actual rector interino? La respuesta parece obvia, habiendo sido designado por el rector anterior para ocupar el cargo de interino. Pero veamos cómo Alfonso Esparza continúa con las mismas prácticas clientelares de sus tres antecesores, los cuales utilizaron a la universidad para promocionar su imagen y ser postulados a cargos de elección popular por parte del PRI. Ha chantajeado y prometido “la luna y las estrellas” a los profesores para que lo apoyen (definitividades y transformaciones de categoría). A los estudiantes, como buen priísta, nos envió una “carta” de bienvenida, un chaleco, un cuaderno y memoria USB, a cambio del voto.

Teóricamente se habla de fomentar la “democracia”, el pensamiento “crítico” y valores positivos en los estudiantes, pero prácticamente se realiza todo lo contrario. En una Preparatoria, por ejemplo, a los estudiantes se nos pretendió engañar y obligó a firmar una hoja apoyando la nominación de Esparza, algunos grupos fueron “acarreados” al registro de su candidatura y a sus actos de campaña en cada escuela. En el caso de los profesores Consejeros de Unidad Académica (integrantes de la supuesta máxima autoridad en la escuela), también se les entregó una carta (para ser firmada junto con todos los integrantes de su respectiva Academia) dirigida a la Comisión de Auscultación, donde se pronunciaban a favor de Alfonso Esparza como el “candidato idóneo”, “preocupado por mantener la autonomía universitaria y la figura de universidad pública”. Además de esto, a los profesores se les pidió demostrar su apoyo incondicional, dando dinero para financiar la propaganda electoral del rector-candidato. ¡O sea que ahora, los profesores para conservar su empleo mal pagado, deben no sólo seguir compitiendo y acumulando “puntos” a toda costa, para mejorar sus reducidos ingresos; sino que además deben hacer más méritos corrompiéndose, cooperando, acarreando a estudiantes y aplaudiendo en los actos de campaña del rector-candidato que seguirá violando sus derechos laborales y democráticos!

Violación de los derechos laborales

Aunque el pasado mes de agosto, el rector-candidato se haya visto obligado a dar estabilidad laboral a 689 docentes y 57 trabajadores administrativos que después de varios años de trabajo obtuvieron su definitividad, y a pesar de que haya prometido que esto se repetirá “año con año” y será de manera “transparente”, el reciente proceso para el otorgamiento de definitivades estuvo empañado y plagado de infinidad de irregularidades por el proceso electoral. Aun así, esta promesa ha creado ilusiones entre algunos profesores que llevan años siendo hora-clase y que legítimamente aspiran a tener estabilidad laboral. Lo cierto es que no se debe confiar en quienes quieren terminar de privatizar la universidad pública, vendiendo los derechos laborales a cambio de sumisión incondicional a las autoridades.

Si un profesor cuestiona algo, habla con alguien que no está alineado con el grupo directivo, no acepta las prácticas antidemocráticas ni a seguir trasladando el gasto universitario a nuestras familias; se le empieza a descalificar para justificar su no recontratación por “negarse a trabajar”, aun a pesar de que sea parte de la supuesta “máxima autoridad” de la escuela (el Consejo de Unidad). Y es que, una forma de tener controlados a los profesores Consejeros de Unidad Académica, para que sólo asistan a las reuniones (cuando llegan a ser convocadas), reciban indicaciones, las instrumenten a través de sus Academias, y voten a favor de todas las iniciativas presentadas por los directivos; se impone en esa instancia a los profesores contratados por tiempo determinado (hora-clase). De manera tal que si estos desean ser recontratados un año más, se ven obligados a inclinar la cabeza y guardar silencio; quienes intentan emitir una opinión, son acallados, obligados a renunciar o bien despedidos por “incompetentes”, “desleales” y “traidores”, según las autoridades.

Privatización de la Universidad

“Los estudiantes serán el centro de la universidad y de mi rectorado”, declaró en campaña el rector-candidato; nos pidió, que creamos en su proyecto de gobierno universitario, el cual será “incluyente, en donde todos participemos”. ¡Vaya inclusión de los estudiantes, cuando en agosto pasado fueron rechazados cerca de 28 mil jóvenes que aspiraban ingresar a la universidad, junto con 20 mil 100 que lograron ser aceptados luego de presentar el “examen de exclusión” para licenciatura y preparatoria!

Obviamente que la participación de los estudiantes es entendida como que deberemos seguir pagando por nuestro derecho a la educación. Quieren que sigamos pagando por servicios escolares como cursos, seminarios, cuotas de inscripción y reinscripción, renovación de credencial, liberación de bibliotecas, constancias, certificados y titulación, entre otros servicios escolares. En las preparatorias, por ejemplo, los alumnos que lograron ingresar, luego de haber pagado el curso o seminario de preparación para presentar el “examen de exclusión”, el propio examen y la inscripción; así como comprado libros, también se nos pide que, junto con nuestros padres, seamos “copartícipes” y aportemos una cuota para comprar persianas para los salones, papel higiénico y jabón para los baños, además de comprar y vender boletos del Sorteo-BUAP.

La política educativa es un eslabón de la política económica neoliberal que bajo la crisis capitalista se ha venido implementando en el mundo desde la década de los 70´s. En México, esta política neoliberal-capitalista ha sido aplicada por los gobiernos del PRI-AN desde hace 30 años. Ello ha significado una reducción en el gasto social, que incluye el financiamiento para la educación pública. Las autoridades universitarias, además del uso discrecional de los recursos para comprar conciencias y su enriquecimiento personal, con la necesidad de generar “recursos propios”, lo que han venido haciendo es trasladar el costo de la educación a nuestros padres trabajadores. En medio de la peor crisis económica capitalista mundial, que ya lleva cinco años y no tiene para cuándo recuperarse, a la clase trabajadora se le pide aceptar seguir siendo mayormente explotada: recibir salarios míseros, pagar más impuestos (no invertidos en gasto social) y, además, pagar por el derecho a la educación de sus hijos. Mientras tanto, los empresarios siguen incrementando sus ganancias, quieren la privatización de los energéticos (PEMEX y CFE) e imponer IVA a alimentos y medicinas.

El costo de la “excelencia”

Aunque demagógicamente Alfonso Esparza hable de inclusión de los estudiantes, no puede ni tiene la intención real de terminar con la tendencia hacia la privatización de la universidad pública. Por ejemplo, ante la petición de los alumnos de implementar un turno extra o construir más salones y así poder aceptar a más jóvenes, el rector-candidato declaró que no hay forma de tener más espacio y que no se puede “regresar al pasado donde los grupos estaban integrados por hasta 120 estudiantes, eso no es posible, además porque no abona a la calidad ni a la competitividad de los alumnos”. Por supuesto, es antipedagógico tener grupos académicos de tantos estudiantes, pero incluso actualmente hay escuelas de la BUAP donde los grupos están conformados hasta por ¡60 alumnos!. A pesar de eso, los recursos se invierten en salarios onerosos de los altos funcionarios y edificios espectaculares (como el Completo Universitario) para proyectar una supuesta imagen de excelencia; pero no se invierten en la construcción de más salones y plazas suficientes para maestros (con mejores condiciones laborales) que vayan reduciendo la masificación de los grupos, y se acepte a todos los jóvenes que aspiran ingresar a la universidad.

Efectivamente, en el pasado al que hace alusión y no pretende regresar Esparza, la universidad se había masificado. Lo que no explica, convenientemente a sus intereses de clase, es que eso se debía a la crisis por la que atravesaba la educación superior en México durante los años 60 y 70. Tal crisis, implicaba una marcada tendencia a favorecer el elitismo de la educación, restringiendo el financiamiento para las universidades públicas, así como su carácter crítico y popular (lo cual sigue ocurriendo). Esto contrastaba con un considerable incremento en la demanda de la juventud mexicana por acceder a la universidad, por lo que el proyecto alternativo que impulsó Luis Rivera Terrazas, como rector de la universidad (1970-1981), era lo que se llamó “Universidad Democrática, Crítica y Popular”. La democratización de la universidad significaba la libertad de discusión, crítica y organización de los estudiantes, maestros y trabajadores, así como la lucha contra toda forma de autoritarismo (dentro y fuera de la universidad). El carácter popular se manifestaba en mantener sus puertas abiertas y dar oportunidad de estudiar a decenas de miles de jóvenes que de otra manera se les negaría su derecho a la educación media superior y superior. También se expresaba en el apoyo a las luchas de la clase trabajadora por la transformación social.

Para la clase dominante, que quiere terminar de privatizar la universidad pública, y quienes en el discurso se autodenominan de izquierda, pero que han llegado a ocupar un cargo directivo en la universidad, aquellos años fueron de “descontrol”, “luchas callejeras” y “decadencia académica de la institución”. Ahora dicen que todo eso acabo. Que la universidad empezó a recuperar su prestigio con la llegada a la rectoría de los priístas: José Doger Corte (1990-1997), Enrique Doger Guerrero (1997-2005), Enrique Agüera Ibañez (2005-2013) y, actualmente, Alfonso Esparza Ortiz (2013-2017). Se enorgullecen de una “universidad de excelencia”, porque tiene una planta de maestros cuyo 80% está formada por profesionales con maestría o doctorado, instalaciones de primera tanto para la academia como para la práctica del deporte, bibliotecas, gimnasio, estadio, en fin, supuestamente cuenta con instalaciones propias de “una institución de educación superior de primera clase”.

Lo que no dicen, es que bajo la administración de estos nefastos personajes, la corrupción y el nepotismo son el pan nuestro de cada día; a los estudiantes se nos quitó nuestro derecho a elegir democráticamente (mediante voto universal, directo y secreto) a las autoridades universitarias; la libertad de expresión y organización se reprime permanentemente; y a los profesores se les niega su derecho a la estabilidad laboral, pues al menos el 50% (del total) de maestros, están contratados por tiempo determinado (hora-clase). Este ha sido el costo de la supuesta “universidad de excelencia”.

La represión hacia quienes intentan levantar la voz ha llegado incluso al asesinato de universitarios. El caso más reciente sucedió el pasado 2 de julio, cuando fue asesinado Oscar Samuel Malpica Uribe, quien fuera el último de los rectores democráticos de la Universidad (antes de ser tomada por los neoliberales priístas) y que estaba por revelar una red corrupción entre altos funcionarios de la institución. Sobre este crimen político, por alguna razón, Alfonso Esparza ha guardado absoluto silencio; sólo ha dicho que su prioridad es “la seguridad” y que se está esforzando por instalar (más) “cámaras de vigilancia” (para los universitarios).

El temor a la represión y la falta de organización entre los estudiantes, así como el riesgo de perder el empleo por parte de la mayoría de profesores críticos (no definitivos); la perdida de la memoria histórica y las tradiciones de lucha, junto con la falta de una dirección combativa al frente de las organizaciones de los trabajadores universitarios, han facilitado a la derecha en el poder, venir privatizando la universidad pública. La corrupción, el clientelismo, la antidemocracia, todos estos vicios y lacras del capitalismo reproducidas también en las universidades, se acabarán sólo si los estudiantes más conscientes recuperamos las tradiciones y métodos de lucha de la clase trabajadora, construyendo una organización permanente e independiente (económica y políticamente) de las mismas autoridades y el gobierno; si los trabajadores, también más conscientes, utilizan sus organizaciones sindicales para defender sus derechos laborales ante las autoridades; y si luchamos juntos (estudiantes y trabajadores) por la democratización de la universidad y la transformación social.

Los trabajadores que participan en los sindicatos “verdes” (SITBUAP y ASPABUAP) deben expulsar a los dirigentes charros que viven de sus cuotas sindicales y sólo organizan fiestas el día del maestro y cada fin de año. Quienes participan en el sindicato de izquierda (SUNTUAP) no reconocido por las autoridades, deben fortalecer su organización, ser los más consecuentes en la defensa de los derechos de todos los trabajadores universitarios y ganar la confianza de los trabajadores que aún no están sindicalizados para que se incorporen a la lucha.

Únete al Comité Estudiantil en Defensa de la Educación Pública (CEDEP) y luchemos junto con los trabajadores por:

• ¡Universidad Pública, Gratuita, Democrática, Científica, Crítica y Popular!

• ¡Eliminación de cuotas y pago de servicios escolares!

• ¡Eliminación del examen de exclusión y pase automático a la universidad!

• ¡Voto universal, directo y secreto para la elección de las autoridades universitarias!

• ¡Libertad de crítica y organización de los estudiantes, independientemente de las autoridades!

• ¡Ni un despido más, definitividad a los quince 15 días de trabajo!

• ¡Salario mínimo de 18 mil pesos al mes!

• ¡Mayor financiamiento público a las universidades!

• ¡Expropiación de los monopolios, transnacionales y bancos, sin indemnización y bajo control democrático de los trabajadores!

¡Morena tiene que radicalizar la lucha contra las reformas de Peña Nieto!

El regreso del PRI al poder se ha traducido en una verdadera tragedia para la clase trabajadora. Peña Nieto representa un gobierno que solamente está al servicio de los intereses de los grandes empresarios tanto nacionales como extranjeros, a costa del empobrecimiento y pauperización de la gran mayoría del pueblo mexicano. La llamada Reforma Energética impulsada por el gobierno federal, pretende entregar los recursos nacionales a empresas extranjeras y es uno de los más grandes atracos hacia el pueblo de México. La nacionalización del petróleo fue una de las conquistas más importantes de la Revolución Mexicana. Los trabajadores, jóvenes y campesinos pobres que nos agrupamos en Morena, debemos defender esta conquista de la misma forma en que lo hicieron nuestros abuelos: con una lucha firme y consecuente.

Permitir que se apruebe esta reforma significaría perder la palanca más fuerte de desarrollo económico y social de nuestro país: PEMEX. Una vez más los capitalistas pretenden socavar los aspectos más progresistas de la Constitución mexicana, con el único fin de que compañías extranjeras se beneficien con los recursos de toda la nación. Por lo tanto, es una tarea fundamental para Morena y todas las organizaciones de izquierda emprender la batalla en defensa de PEMEX hasta echar abajo este intento privatizador. Los militantes de Morena, desde su fundación, hemos asumido el llamado del compañero Andrés Manuel para defender a PEMEX con toda nuestra energía.

Así nos lo señaló en su discurso del pasado 9 de septiembre de 2012 en el Zócalo capitalino: “Con Morena defenderemos a los que sufren de injusticias, a los más pobres y a los más necesitados, protegeremos a los débiles y cuidaremos el patrimonio nacional, herencia de las futuras generaciones, y hay algo en especial que evitaremos con todas nuestras fuerzas: la privatización del petróleo; nos opondremos a la reforma al artículo 27 constitucional, con la intención de entregar el petróleo a particulares…”

Debemos tomar estas palabras con las dos manos e impulsar una lucha totalmente consecuente contra los ataques de la derecha, ello sólo lo conseguiremos unificando al movimiento y profundizando la movilización en las calles. Toda la autoridad política del compañero López Obrador debe servir para animar, organizar e impulsar la lucha. No podemos permitir que una vez más la resolución de nuestras demandas se quede solamente en el terreno legal, en manos de los mismos tribunales que controla la derecha. Ya vimos como en la lucha contra el fraude electoral del 2006 y 2012, la vía legal resultó totalmente insuficiente e inservible para lograr la victoria de nuestro movimiento.

Después de la imposición de Peña Nieto, le defensa del voto se acoto solamente a presentar pruebas al TRIFE, sin ningún tipo de movilización o acción contundente, cuando había miles de jóvenes y trabajadores en las calles dispuestos a derrotar la imposición del candidato del PRI. Esta forma de defender la elección resulto terrible para el movimiento, ya que no solo se consolido el fraude electoral, con las consecuencias que esto trajo para los trabajadores, sino que incluso el tribunal, salió con la burla de multar a la coalición de partidos que postularon a AMLO por “exceso de gastos de campaña”, exonerando al PRI por el mismo delito. Qué todas las instituciones del Estado están podridas y al servicio de la mafia en el poder, se ha comprobado una vez más. Esta experiencia nos lleva a la conclusión de que necesariamente la lucha por la defensa de Pemex debe ser a un nivel superior de lo hecho hasta el día de hoy.

En este momento existen otros movimientos que nos están marcando el camino; en primer lugar los compañeros de la CNTE, que a través de la movilización lograron por primera vez desde la llegada de Peña Nieto al poder, hacer retroceder al gobierno en una de las leyes secundarias de la reforma educativa, la referente al Servicio Profesional Docente. Esta no es una cuestión menor, ya que desde que el PRI regreso a los Pinos, prácticamente todas las reformas impulsadas desde el gobierno habían pasado sin ninguna oposición. Esta es la primera vez que el gobierno tuvo que retroceder y fue gracias a una fuerte movilización por parte de los maestros.

Otro ejemplo fundamental para Morena es la lucha de miles de campesinos; hombres y mujeres hercios que han conformado grupos de autodefensa y Policías Comunitarias para defenderse de las más terribles vejaciones que el narcotráfico, los caciques, la policía y el ejército han cometido contra sus hijas, su patrimonio, sus empleos y sus comunidades. Ellos nos han demostrado que es posible derrotar a la derecha, en todas sus expresiones, incluso la más violenta como lo es el narcotráfico. No hay enemigo invencible para un pueblo organizado, incluso aunque estos pueblos sean comunidades pequeñas y geográficamente aisladas, son fuertes porque se basan en sus propias fuerzas para resolver sus demandas, son fuertes porque se han convencido de que las instituciones del Estado son parte del problema y no de la solución. Por si fuera poco, las policías comunitarias más organizadas, dando una significativa muestra de su elevado nivel de conciencia se han manifestándose contra la reforma energética y la consecuente privatización de Pemex.

Los mismos medios de comunicación que durante años han difamado a Andrés Manuel y a nuestro movimiento, ahora se volcán de forma rabiosa e hipócrita contra nuestros hermanos de clase, campesinos y profesores. Televisa y Tv Azteca tratan de estigmatizarlos como “salvajes”, “ignorantes”, “vagos”, con el único fin de dividirnos. Los militantes de Morena que también hemos sido víctimas de esta campaña de desprestigio, tenemos que ser un factor para contrarrestarla, conformando brigadas conjuntas de información en defensa del petróleo, de la educación pública y de los grupos de autodefensa.

Estamos en un punto crucial de la historia de México, ante la posible privatización de Pemex, por lo que Morena y sus dirigentes tienen toda la responsabilidad de impulsar una lucha consecuente. Estamos seguros de que AMLO llamara a la movilización y demás acciones combativas, pero para que éstas puedan materializarse, pasando de las palabras a los hechos, toda la base de Morena tenemos que impulsarlas activamente desde nuestros comités, en el día a día y con la participación activa y democrática de todos los militantes. Los marxistas de Militante que formamos parte de Morena ahora más que nunca insistimos en una cuestión: la movilización en las calles es el arma más eficaz de los trabajadores ¡Tenemos que unificarla y profundizarla ya!

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a todos los militantes de Morena que estén de acuerdo con estas ideas a discutirlas e impulsarlas dentro de sus comités, poniendo énfasis en la necesidad de llevar la movilización a un nivel superior al del pasado. Esta es una gran oportunidad para que Morena se consolide como el partido combativo y consecuente que necesitamos los trabajadores. Las bases tenemos en ello una gran responsabilidad. Es nuestro deber defender una postura combativa y a la altura de las circunstancias históricas dentro de nuestros comités.

En defensa de PEMEX, manifestamos:

1.- Solo la movilización puede derrotar la Reforma Energética. Morena debe encabezar esta lucha. Sus dirigentes deben organizar y movilizar a los cientos de miles de afiliados y comités de base de todo el país. Morena es fuerte y debe luchar consecuentemente.

2.-La desarticulación de las luchas favorece a la derecha. Morena tiene que adoptar una táctica de lucha unificada a nivel nacional, las pequeñas acciones aisladas, desorganizan y desgastan al movimiento. Morena tiene que impulsar la creación de un Frente Único contra las reformas de Peña Nieto, donde se establezca un plan de lucha y movilizaciones conjuntas entre Morena, CNTE, Policías Comunitarias y grupos de autodefensa, #YoSoy132 y la juventud en general, SME, UNT, y demás sindicatos. Morena debe tener la actitud más compañera con los trabajadores de base que aún simpatizan y se agrupan en el PRD, llamándolos a actuar de forma unificada por un fin común: la defensa de PEMEX. Ninguna confianza a los dirigentes perredistas que han demostrado sobradamente su papel como agentes de la burguesía. Cualquier acuerdo con la dirección del PRD debe ser con el fin de empujar a las bases de ese partido a la lucha más consecuente.

3.-Morena debe hacer un llamado a la formación de comités en defensa de Pemex y contra las reformas de Peña Nieto en cada fábrica, escuela, pueblo, colonia, centro laboral, sindicato, etc. En ellos deben tener cabida toda la base de la izquierda. Los afiliados de Morena dentro de estos comités deben plantear la necesidad de organizar una huelga general de 24 horas contra la aprobación de la reforma energética. La huelga general es una de las herramientas de lucha más eficientes que históricamente ha tenido la clase trabajadora, ya que sin el permiso de los trabajadores nada funciona y nada se puede producir. La huelga general pone sobre la mesa la cuestión de quien tiene realmente el poder en la sociedad y nos hace conscientes de ello, además de que con ella prácticamente se pondría al régimen de rodillas ante la fuerza organizada y unificada de la clase trabajadora.

4.-Tenemos que construir a Morena como un partido consecuente de izquierda, democrático y revolucionario, sólo de esta manera lograremos atraer a la juventud proletaria.

5.- Para que PEMEX sirva genuinamente a los intereses de la clase trabajadora, defendemos:

a) Cancelación inmediata de la deuda de Pemex.

b) Desconocimiento sin indemnización de los contratos parasitarios con Pemex.

c) Expropiación sin indemnización de la maquinaria, edificios e infraestructura de las empresas contratistas de Pemex y la contratación de base de sus empleados por la paraestatal.

d) Por la democratización e independencia respecto del gobierno del sindicato de Pemex.

e) Por un Pemex bajo control democrático de los propios trabajadores y contra la privatización de la paraestatal.

f) Impulsar un fuerte desarrollo en tecnología, así como la construcción de refinerías y petroquímicas, con la participación de las universidades públicas del país.

g) Por la reducción inmediata del costo de las gasolinas, diesel y gas.

Estas son las propuestas de los marxistas que participamos en Morena. Te invitamos a que propongas este plan de lucha en tu comité y te pongas en contacto con nosotros para que juntos podamos seguir contrayendo a Morena como el partido combativo que la clase trabajadora necesita.

El pasado 13 de agosto, como buen cínico al apelar a la figura del Presidente Cárdenas para justificar su política privatizadora, el espurio Peña presentó su contrarreforma energética, misma con la que se modificaría los artículos 27 y 28 Constitucional para abrir de par en par las puertas al gran capital en la exploración, explotación, manejo de reservas, transformación industrial (refinación y petroquímica), almacenamiento y transporte del petróleo y de esa forma desplazar a Pemex de la cadena productiva de los hidrocarburos. Además seria desmembrada la CFE al quedar el sector privado en libertad total para la generación de electricidad.

De ser aprobada dicha contrarreforma las consecuencias serán desastrosas para las condiciones de vida del pueblo trabajadora al caer los ingresos del Estado ante la pérdida de una parte significativa de las utilidades de Pemex, pues para compensar el descalabro, la alternativa de Peña sería eliminar el régimen de exención de IVA para alimentos, medicamentos y útiles escolares, recortar más aún los gastos para la educación pública, la salud, servicios públicos, apoyos para el campo, entro otras medidas.

Jugoso negocio

Las contrarreformas petroleras implementadas por Salinas y todos los gobiernos posteriores han significado, por un lado, una cada vez mayor abandono y deterioro de Pemex, y por otro, una más marcada participación del gran capital sobre el petróleo mexicano por medio de toda una serie de fórmulas legaloides que han dado como saldo una amplio abanico de diferentes tipos de contratos para con la paraestatal, mismo que se han traducido en ganancias multimillonarias para los inversionistas. El ejemplo más reciente es la adjudicación por medio de esa clase de contratos del 48% del complejo petroquímico de Pajaritos, instalado en Coatzacoalcos, Veracruz, por parte de la empresa Mexichem. La medida, misma que sería dada a conocer el pasado 31 de julio por medio del Diario Oficial de la Federación, significa en la práctica el crear las condiciones óptimas para que Mexichem en adelante monopolice la producción nacional de cloruro de vinilo, principal insumo para fabricar PVC, y de paso aniquilar a Pemex como competidor en ese mercado al ser despojado de su planta productora.

A pesar del deterioro, Pemex continúa siendo una empresa bastante rentable. La paraestatal y el petróleo mexicano representan un jugoso botín para el capital trasnacional y sus socios nacionales: de acuerdo a la revista Forbes, en 2012 Pemex se ubicó en el número 34 de entre las empresas con más ingresos en el mundo (en promedio 125 mil 300 millones de dólares anuales); además ocupa el onceavo lugar entre las diferentes empresas petroleras más importantes. Por lo demás, de acuerdo a Pemex, las reservas mexicanas total de petróleo son del 44 mil millones de barriles, cantidad a la que habrá que sumar las reservas prospectivas (50 mil millones de barriles) y 60 mil millones de barriles de recursos no convencionales. Estas cifras ponen a México entre las reservas petroleras más grandes del mundo.

Esa cantidad de reservas y esos millones son los que animan a Peña y a la burguesía a tratar de imponer esta vez una contrarreforma energética que haga palidecer a todas las que se han presentado desde principios de los años 90 a la fecha.

Debemos luchar de manera unificada

Los trabajadores de Pemex en Coatzacoalcos movilizándose y protestando contra la venta de la mitad de Pajaritos, ello el pasado 8 de agosto, ya han dado una primera muestra sobre el camino a seguir; lo petroleros se oponen a la medida y al eventual despido de mil 200 trabajadores que laboral en el complejo petroquímico. Los trabajadores de otras latitudes debemos hacer nuestra la lucha de los petroleros y exigir no sólo que Peña retire su contrarreforma, sino que además se cancelen todas las medidas implementadas contra Pemex y todo el sector energético (por ejemplo debemos demandar la rehabilitación de Luz y Fuerza del Centro bajo control obrero) por parte de los gobierno del PRI y del PAN y que sólo han derivado en jugosas ganancias para la burguesía a cambio de más pobreza en México.

Para frenar a Peña junto con el PRI y el PAN es necesario actuar a la altura de las circunstancias, en 2008 la contrarreforma energética de Calderón pudo ser derrotada no obstante eso no sucedió. Vivimos una época en el que, dada la bancarrota actual del capitalismo mundial, el Estado y la burguesía requieren a toda costa atacar los derechos de los trabajadores tan profundo como puedan como condición para incrementar sus beneficios. Ante esa realidad es necesario señalar que, por consecuencia, la defensa de Pemex exige llevar a la lucha a un plano superior al de experiencias pasadas. De entrada es vital que los sindicatos, Morena, el ala de izquierdas del PRD, junto a demás organizaciones de los trabajadores, el campesinado pobre y la juventud, organicen un solo frente de lucha para que golpeemos todos juntos el mismo día y a la misma hora.

Con el objetivo de unificar la lucha es importante que ese frente asuma junto a la defensa de Pemex, las demandas de los diferentes sectores en lucha, tales como por un salario digno junto a un empleo estable y democracia sindical (¡Fuera Romero Deschamps del sindicato de Pemex!); por más subsidios para el campesinado pobre, contra el coyotaje y la especulación con los productos agrícolas; por el respetos las policías comunitarias y la libertad de los comuneros presos; por la expropiación de los latifundios y por poner un freno a las empresas mineras que invaden tierras y monopolizan el 25% del territorio nacional; en defensa de la educación pública y por el derecho a los estudios universitarios, etcétera.

Para ello es vital que dicho frente llame a formar comités de acción en cada fábrica, ejido, comunidad, colonia y centro de estudios, para organizar la lucha e impulsar acciones para paralizar al país. La realización de una huelga general de 24 horas es el camino para demostrar nuestra fuerza y provocar una escalada en la lucha que efectivamente pueda estar en condiciones para derrotar la política privatizadora y antiobrera de Peña.

El espirito del decreto expropiatorio del Lázaro Cárdenas del 18 de marzo de 1938 era el de impulsar la soberanía nacional y propiciar un desarrollo de México de forma independiente, sin embargo a 75 años de ese hecho historio nuestro país es menos soberano y más atrasado; ello se debe a los miles de poderoso lazos que poseen las potencias capitalistas para a través del mercado y la inversión, arrodillar a naciones como la nuestra y ponerlas a su servicio. Bajo el capitalismo ninguna nación atrasada jamás podrá ser soberna y nunca podrá salir del atraso, es por ello que la única alternativa posible es romper con la propiedad privada sobre las fábricas, la banca y las tierras, y ponerlas bajo el control democrático de los trabajadores en el marco de una economía planificada socialista.

Luchemos por:

- Cancelación inmediata de la deuda de PEMEX.

- Desconocimiento sin indemnización de los contratos parasitarios con PEMEX.

- Expropiación sin indemnización de la maquinaria, edificios e infraestructura de las empresas contratistas de PEMEX y la contratación de base de sus empleados por la paraestatal.

- Ni un solo despido más en PEMEX.

- Por la democratización e independencia respecto del gobierno del sindicato de PEMEX

- Por una PEMEX bajo el control directo y democrático de los trabajadores.

- En defensa del petróleo y contra la privatización de Pemex.

El pasado 14 de agosto por la mañana más de 700 elementos del ejército, la marina y del Grupo de Operaciones Especiales de la policía del Estado de Michoacán, irrumpieron en el municipio de San Miguel Aquila para detener y desarmar al grupo de autodefensa de dicha localidad. El saldo fue de 45 detenidos a quienes se les decomisaron 70 armas de fuego. De acuerdo a la versión oficial la acción de las fuerzas represivas obedeció a una serie de órdenes de aprehensión dictadas por la justicia mexicana contra cinco integrantes del grupo de autodefensa, entre ellos contra su dirigente Agustín Villanueva Ramírez; a todos ellos se les acusa de delitos comunes. Además, con la intención de justificar el operativo, tras las acciones represivas el gobernador interino de Michoacán, el priísta Jesús Reyna, ha señalado reiteradamente que en dicha comunidad no existía un movimiento de autodefensa sino un grupo armado que le disputa por ese medio a otros comuneros las regalías por la concesión de tierras para las minas de hierro de la empresa Ternium; en entrevista de Radio el gobernador señalaría que “el problema que se generó deviene de una división de la comunidad indígena en San Miguel Aquila por el pago de regalías”. Paralelamente un comunicado oficial del gobierno de dicha entidad destacaría que “Los 45 integrantes de un grupo de autodefensa detenidos el miércoles en Aquila no protegían los intereses de la comunidad, sino los propios en medio de una disputa interna por las regalías derivadas de la explotación de una mina local”.

Tras las detenciones, cinco integrantes de este grupo de autodefensa fueron liberados; otros cinco, los que tenían órdenes de aprehensión, fueron recluidos en un penal de la ciudad de Morelia y el resto han sido trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México acusados de delitos de crimen organizado y portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército.

Tras la intervención del Estado, el día 15 fue restituido el alcalde priísta de Aquila, Juan Hernández Ramírez y el ejército ha tomado la población para mantenerse en esta de manera indefinida, tal como lo señaló el secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena.

Grupos de autodefensa

Las acciones contra el grupo de autodefensa de Aquila se enmarcan en la estrategia general del Estado para reprimir el desarrollo de esta clase de movimientos en Michoacán, estado en el que hasta mayo pasado ya se registraban grupos de autodefensa en Cherán, Buenavista, Irapichu, Zitácuaro, Nurío y Tepalcatepec. Con dicho fin, pero bajo el pretexto del combate a las mafias del narcotráfico, es por el que Peña Nieto trasladó cinco mil elementos del ejército a Michoacán el pasado 20 de mayo; días antes ya habían sido traslados a dicha entidad mil efectivos de la Policía Federal.

Con la forma en que se ha actuado contra la población de indígenas nahuas de San Miguel Aquila, el Estado mexicano está mandado un serio mensaje intimidatorio contra el movimiento de grupos de autodefensa armados, mismo que a estas alturas se extiende a decenas de comunidades y poblados de diferentes latitudes del país en estados tales como Sonora, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Tabasco, San Luis Potosí y Puebla (La Jornada del campo 18052013).

Al igual que lo ha sido en el resto del país y en los demás casos, en Michoacán el grupo de autodefensa de Aquila surgió como una medida desesperada ante el acoso constante de las bandas del narco y los constantes abusos impunes de estos contra los pobladores: extorsiones, secuestros, raptos y robos de hijas y esposas, despojo de propiedades (casas, ranchos, vehículos…) asesinatos, pagos de derecho de piso y un largo etcétera, han sido la constante para cientos de miles de familias mexicanas que viven acosadas todos los días por aproximadamente 80 bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio nacional. Ante ello el Estado, fuertemente coludido con los principales cárteles mexicanos de la droga, ha sido totalmente incapaz para frenar a esas hordas de delincuentes, dejando en la orfandad total a vastas regiones del país mismas que prácticamente han quedado bajo el dominio de los narcotraficantes y sus sicarios.

Fastidiados de dicha realidad y ante la incapacidad total del Estado, en 2010 los comuneros del municipio de Cherán, Michoacán, optaron por tomar el asunto en sus manos organizándose de forma política, asumiendo el control total de su comunidad, desplazando al gobierno municipal y asumiendo las funciones de éste, entre ellas la de conformar un grupo de autodefensa de entre sus pobladores que asumiera todas las tareas de seguridad. Tras esa iniciativa sólo se necesitaron muy pocas semanas para que el pueblo de Cherán erradicara la delincuencia y todos los abusos a que eran sometidos por los narcotraficantes. Desde entonces a la fecha en Cherán no pone un sólo pie ningún sicario ni tampoco ningún cártel de la droga.

Basado en el ejemplo de los campesinos comuneros de Cherán, otras comunidades michoacanas, incluida Aquila, optaron por el mismo camino. En Aquila los campesinos fastidiados de las extorsiones a cargo de la banda de narcos y sicarios de los Caballeros Templarios, lanzaron su grupo de autodefensa armado el 24 de julio pasado; ese mismo día, en medio de un mitin político en la plaza central de la cabecera municipal, los comuneros tomaron el edificio sede del ayuntamiento por tres horas, desarmaron a la policía municipal y, tras también ser retenido, expulsaron al presidente municipal junto con todo el gobierno del ayuntamiento. En adelante no sólo la seguridad sino la administración de los principales asuntos de Aquila quedarían bajo las manos de sus pobladores.

Doble poder: el poder del pueblo vs el poder del Estado capitalista

La intervención de las fuerzas represivas del Estado en Aquila deja varias lecciones que son muy útiles de tomar en cuenta, la primera de ellas es la de que el despliegue de más de 700 efectivos contra el grupo de autodefensa de esta localidad demuestra que la prioridad de Peña Nieto no es la persecución contra los narcotraficantes, sino contra sectores de la población, en este caso del campesinado, que han optado por organizarse y desplazar al Estado capitalista para ser ellos quienes tomen las riendas de sus vidas y se encarguen directamente de la solución de sus principales problemas.

En la práctica los grupos de autodefensa representan la voluntad armada de sectores oprimidos, mismos que al momento de organizarse para solucionar sus problemas lo hacen a un grado tal que ello se traduce en la destitución de las autoridades locales (en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista y el Aguililla, Michoacán, también ha sido expulsados los alcaldes) y en la creación de una situación de doble poder, significando todo ello un serio cuestionamiento para la viabilidad del Estado capitalista, sus leyes y para la propia democracia burguesa. En esencia el ataque contra la comunidad indígena de Aquila, una de las más pobres de Michoacán, tenía como objetivo desarmar a su grupo de autodefensa para eliminar la situación de doble poder que se vivía ahí desde julio pasado y restituir en toda la línea el orden del Estado burgués, pues como explicamos más arriba ahora el ejército patrulla las calles de los diferentes poblados de ese municipio y el presidente municipal priísta ha sido restituido en su cargo por medio de la fuerza.

Por ejemplo un fuerte obstáculo que podría haber enfrentado en su momento el orden capitalista en Aquila es de verse obligado a tratar ya no con sus propios representantes al frente del Estado (bajo la situación de doble poder que se vivía en esa localidad ya no jugaban ningún papel las autoridades federales, estatales y municipales) sino directamente con la representación democrática del pueblo armado y organizado. Bajo ese panorama empresas como Ternium verían afectados sus privilegios e intereses pues en adelante tendrían que enfrentar serios problemas para seguir explotando a su antojo el subsuelo de Aquila y a los trabajadores de sus minas, todos ellos al mismo tiempo habitantes de la región.

Ternium, de capital argentino, opera en México toda la cadena de producción de acero, desde la extracción de hierro, la fabricación del metal y la elaboración de productos terminados. Por ello, además de su acerera en Nuevo León, también es propietaria de diferentes empresas mineras, entre ellas de Las Encinas con minas en Colima, Jalisco y Michoacán. Los activos en México de Ternium se elevan a los 66 mil 638 millones de pesos y tiene 10 mil 66 trabajadores a su servicio; en 2012 dicha empresa facturó ventas por 68 mil 603 millones de pesos. Considerando todo ello y previendo dificultades a futuro, lo más seguro es que los intereses de los empresarios de Ternium también estén detrás de las acciones represivas contra el pueblo de Aquila perfiladas para restituir en dicho ayuntamiento el “estado de derecho” burgués y a sus instituciones a través del Estado.

Para la burguesía recuperar el orden del Estado capitalista es vital por la necesidad de éste para el desempeño de sus negocios y para facilitar la explotación de los trabajadores de la ciudad y del campo, pero también lo es para impedir que el ejemplo de Aquila y de otras comunidades en condiciones similares se continué extendiendo por la geografía michoacana y el resto del país. De cara a los intereses del capital y su Estado, es necesario extirpar como a un tumor canceroso todo ejemplo que demuestre que los explotados y oprimidos pueden hacerse cargo de sus asuntos y solucionar sus propios problemas sin la necesidad de la burguesía y sus instituciones, es decir sin la necesidad del régimen burgués.

El pueblo en armas

Pero otra razón del Estado para desarmar a los grupos de autodefensa es su temor a que este fenómeno se siga extendiendo a tal grado que se transforme además de un ejemplo a seguir para el resto de la población, en una fuerza verdaderamente desafiante que ponga en más que serios aprietos a sus diferentes cuerpos represivos y que, más aún, en un momento dado adquiera mayor madurez política volviéndose más confiados de sus propias fuerzas y también más conscientes sobre su papel como una seria fuerza beligerante contra el orden económico y político del capitalismo.

Tras la incursión del ejército en Aquila, dejando en la orfandad e indefensión a sus casi 21 mil habitantes frente a los Caballeros Templarios, el Estado ha demostrado que está más dispuesto a tolerar a las bandas de narcotraficantes que a los grupos de autodefensa y la situaciones de doble poder impuesto por el pueblo en armas. El temor del Estado mexicano también encuentra sus fundamentos en las declaraciones manifestadas en la conferencia de prensa desarrollada en la Ciudad de México al mismo tiempo que el ejército tomaba Aquila y en la que un grupo de empresarios michoacanos manifestaba sus preocupaciones sobre la posibilidad de que en Michoacán haya un estallido social.

Continuando con la preparación de una situación de fuerza con el objetivo de continuar desarmando grupos de autodefensa, el gobierno está trasladando más solados, marinos y policías estatales a la región de Tierra Caliente en la parte que le corresponde a Michoacán y misma que se extiende desde Tepalcatepec con límites de Jalisco hasta San Lucas en la frontera con Guerrero; se trata de una noticia dada a conocer el día de hoy por el periódico Cambio de Michoacán, mismo que destaca que dicha información no ha sido reconocida por fuentes oficiales.

Por su parte los grupos de autodefensa del resto de Michoacán respondieron reuniendo a sus representantes en Tepalcatepec un día después de las acciones represivas contra el pueblo de Aquila; si bien hasta el momento de redactar este artículo aún no hay nada público por parte de la prensa sobre el resultado final de dicha reunión, misma en la que participaron, convocados por los organizadores, representantes del ejército y de los gobiernos estatales y federales, Cambio de Michoacán ya ha informado algunos avances en los que se puede apreciar que la posición de los diferentes grupos de autodefensa es la de no permitir bajo ninguna circunstancia que se les desarme. A éste propósito literalmente el mencionado diario señala que “…las guardias comunitarias acordaron defenderse realizando acciones para paralizar toda la región de Tierra Caliente y con ello detener las acciones del Ejército Mexicano.” Con ese desplazamiento de soldados, dado que la costa michoacana, es decir Tierra Caliente durante años ha sido usada como una de las principales rutas de trasiego de droga hacia los Estados Unidos, droga que entra a México por el puerto de Lázaro Cárdenas, pareciera que otro objetivo del ejército es “limpiar” a la región de grupos de autodefensa para liberar esa ruta para la mafia del narco.

Fortalecer la lucha

Aún falta que se desarrollen más acontecimientos para saber el desenlace de lo que ahora ya puede caracterizarse como una crisis política en Michoacán. No obstante dada la problemática que padecen en las comunidades, mismas en las cuales dejar las armas sería quedar totalmente indefensas frente a los narcotraficantes y sus bandas de sicarios, mismos que regresarían para vengarse y hacer una carnicería masacrando a decenas de familias y demostrar de esa forma quién manda, el desarme no se presenta como una alternativa viable, máxime si se es consciente de que los cárteles de la droga actúan con total impunidad a pesar de la presencia de las fuerzas del Estado y no pocas veces coludidos con estas.

Además el ejemplo de Aquila les ha enseñado a los demás grupos de autodefensa que el Estado al lanzarse contra ellos los intentará criminalizar para encarcelarlos.

Por otro lado la organización y autodefensa, misma que en no pocos casos ha derivado en acciones como la expropiación de ranchos y otras propiedades a los narcos para ponerlos al servicio del pueblo, les ha devuelto a esas poblaciones seguridad y toda la dignidad perdida bajo el látigo de los cárteles de la droga y los corruptos cuerpos del orden del Estado que también asesinan, roban, violan mujeres, desaparecen a personas de la misma manera que lo hacen los narcotraficantes. La autodefensa y la organización de los pueblos les ha permitido a todos ellos por fin ser dueños de sus vidas y recuperar la esperanza de que con sus propias acciones las cosas pueden mejorar en el terreno material como en el social gracias a la sustitución del poder del Estado por el poder del pueblo en armas.

Todas esas son razones muy poderosas para no permitir el desarme de los grupos de autodefensa y para proteger el poder del pueblo en todas esas comunidades; y al parecer los comuneros y demás trabajadores y campesinos que han optado por la autodefensa armada en Michoacán son conscientes de ello. Es por eso que si Peña Nieto se empeña en desarmar a los campesinos de la costa y otras regiones de Michoacán y de paso hacerle el trabajo sucio a los cárteles de la droga, no se descarta una posible respuesta de los grupos de autodefensa a la altura de las circunstancias. Todos estos argumentos también son válidos para el caso de Guerrero, estado donde los grupos de autodefensa han alcanzado un grado de desarrollo especialmente extraordinario.

El torpe títere de Peña subestima al pueblo michoacano y sus enormes tradiciones revolucionarias; una arremetida violenta contra los grupos de autodefensa podría ser ferozmente respondida por estos y estimulará un accionar más enérgico de parte del magisterio democrático del estado, los estudiantes normalistas y removerá las entrañas de los obreros acereros de Lázaro Cárdenas y sus tradiciones huelguísticas (obreros que derrotaron a la policía militarizada defendiendo su huelga de 2006 en una sangrienta confrontación desigual de balas contra palos y piedras que arrojó como saldo dos trabajadores muertos) pudiendo derivar todo ello en un repunte de la lucha de clases no visto en Michoacán en décadas.

El escenario es de lucha en Michoacán y los grupos de autodefensa pueden triunfar a condición de que conscientemente adopten una política que les permita agruparse de forma democrática por medio de una coordinación estatal de lucha y también de alcance nacional. Un paso urgente a dar en estos momentos es romper con la atomización y dispersión de los grupos de autodefensa y las comunidades armadas, por medio de la conformación de instancias regionales, estatales y nacionales integradas por representantes democráticamente electos y en las que se coordine la lucha de forma unificada. ¡Ni una lucha aislada más!

También es necesario que se adopte una política en la que las reivindicaciones por el derecho a la seguridad, a la tranquilidad y en contra de los cárteles de la droga se vinculen a los derechos del campesinado pobre por mejores condiciones de vida, de educación, salud y servicios; por una política que haga cosa del pasado a todos esos parásitos que viven del coyotaje lucrando con el trabajo de los productores agrícolas.

Del mismo modo, el campo como condición para sacar de la miseria al campesinado tiene que ser industrializado, a la vez de ser eliminados los latifundios abiertos o velados; por ello el programa de lucha de las comunidades alzadas en armas debe considerar la expropiación de los finqueros y de la banca, condiciones estas últimas para industrializar la producción agrícola y colectivizar las tierras.

También, y con especial atención, se debe adoptar un programa que contemple demandas propias de los trabajadores de la ciudad y la industria. El campesinado pobre es el aliado natural de la clase obrera industrial y es necesario buscar caminos que hermanen a ambas clases en el terreno de la lucha política contra su enemigo en común, la burguesía y su Estado. Por ello es necesario exigir también el derecho a un empleo estable con un salario digno acompañados de todos los demás derechos laborales, sindicales y políticos de la clase obrera.

Un programa de unidad del movimiento obrero con el del campesinado, los indígenas y demás sectores oprimidos por el capitalismo, su Estado junto a sus demás aberraciones como las bandas de narcotraficantes, con llamados a acciones unificadas tales como la huelga general y el bloqueo de carretas en el campo y mítines frente a las alcaldías y sedes de los gobiernos estatales y federales, por ejemplo, todos golpeando juntos el mismo día y a la misma hora, son la garantía para impedir la represión contra los grupos de autodefensa. El triunfo de las poblaciones alzadas en armas en Michoacán, Guerrero y demás estados de la República tiene mejores garantías bajo la condición de una política programática y de lucha que se vincule con la clase trabajadora.

Debemos luchar por el respeto a los grupos de autodefensa, la restitución del grupo de autodefensa de Aquila y la liberación inmediata de la totalidad de los presos políticos de dicha comunidad así como de otros integrantes de grupos de autodefensa de otras localidades que también han sido encarcelados. Para lograr ese fin debemos impulsar llamados a la unidad del movimiento obrero y del campesinado pobre y sus organizaciones. Morena, el ala de izquierdas del PRD y los sindicatos tienen que llamar a acciones concretas para exigir la restitución del grupo de autodefensa de Aquila y la libertad inmediata e incondicional de todos sus integrantes.

¡Por el socialismo!

El narco, el nefasto papel del Estado, la miseria que lacera a los trabajadores del campo y de las ciudades es obra del capitalismo. El capitalismo y sus aberraciones (por ejemplo los cárteles de la droga) nos niegan todos los días el derecho a una vida digna, por eso, como precondición para decir un ¡hasta aquí! a todo el infierno en la tierra al que se nos obliga a vivir (sufrir) a la sociedad actual es la de expropiar la banca, las fábricas, los latifundios para ponerlos bajo el control democrático de los trabajadores de la ciudad y el campo; y además, junto con ello, sustituir al ejército y a las policías profesionales por el pueblo en armas contra todos los cárteles de la droga, los explotadores capitalistas y su Estado corrupto. Es decir transformado la experiencia de Aquila y la del resto de comunidades alzadas en armas, sitios en los cuales la voluntad del pueblo organizado es ley, en la lógica que marque los derroteros de la vida cotidiana de la clase obrera y del campesinado pobre del resto del país bajo una sociedad socialista; sociedad única capaz de transformar en pasado a la barbarie capitalista y sus productos más decadentes, tales como los narcotraficantes.

Debemos luchar por el respeto de los grupos de autodefensa

Por un ¡Aquila libre!

¡Libertad inmediata de los presos políticos de Aquila!

¡Por la unidad del movimiento obrero y el del campesinado pobre!

¡Que vivan los grupos de autodefensa!

¡Únete a Militante y lucha por el socialismo!

Peña Nieto ha presentado su Reforma Energética y tal como lo esperábamos no es otra cosa que la continuidad del proyecto de privatización de la paraestatal tal como los anteriores gobiernos panistas lo intentaron en los años pasados.

El principal objetivo de la burguesía de nuestro país no es buscar una mejoría para PEMEX, como intentan hacernos creer, sino desmantelarla para que inversionistas privados se vean beneficiados mientras que el Estado mexicano asume las pérdidas, trasladando los costos de esta política a la clase trabajadora. Esto empeora si agregamos que el Estado pondrá en jaque todo el presupuesto público destinado a rubros tan importantes como la educación, la salud, el empleo y la vivienda, de avanzar dicha reforma se trataría del mayor atraco en la historia del país.

Tal como lo señalábamos en anteriores artículos, el petróleo mexicano representa un negocio bastante jugoso para la burguesía, tan sólo para hacernos una idea de su potencial basta recordar que las exportaciones se tradujeron en ingresos de divisas para el país por un monto de 213,976 ,247 millones de dólares entre 2006 y 2011.

Existe un peligro inminente sobre la paraestatal y debemos estar muy conscientes de ello. No se trata de aceptar la inminente privatización y después luchar por subirle los impuestos a los inversionistas privados para recuperar las ganancias de PEMEX, tal y como algunos “teóricos” de “izquierda” han ido pregonando por ahí, sino de dar una batalla por defender el patrimonio de millones de mexicanos.

La clase trabajadora debe de adoptar la lucha por la defensa de PEMEX como propia. Tanto Morena, el ala de izquierda del PRD, así como los sindicatos y la clase trabajadora en general debemos salir a las calles a dejar en claro al gobierno de EPN que PEMEX no se vende. López Obrador, que ha llamado a una concentración el próximo 8 de septiembre en el zócalo, debe extender ese llamado a los sindicatos, a los trabajadores y al pueblo en general. Debe llamar a la unidad en la acción y debe enarbolar las demandas de la clase trabajadora. La defensa de PEMEX no es un asunto menor es por ello que debemos pasar al plano de la huelga general para derrotar los planes privatizadores de Peña Nieto, la burguesía y el imperialismo.

La lucha que debemos de dar debe ser firme y sin cortapisas, de ninguna manera pueda haber titubeos por parte de la dirección del movimiento. EPN se apoyará en cualquier debilidad de los dirigentes del movimiento para avanzar en su intento de privatización, es por eso que debemos actuar como si esta fuera la mayor de todas nuestras batallas. No defendemos sólo a PEMEX, defendemos el 40% de las finanzas públicas, es decir defendemos la educación, la salud, el empleo, la vivienda y el bienestar social. No defendemos sólo a PEMEX, defendemos un futuro digno para nosotros y para nuestros hijos.

Luchemos por:

• Cancelación inmediata de la deuda de PEMEX.

• Desconocimiento sin indemnización de los contratos parasitarios con PEMEX.

• Expropiación sin indemnización de la maquinaria, edificios e infraestructura de las empresas contratistas de PEMEX y la contratación de base de sus empleados por la paraestatal.

• Ni un solo despido más en PEMEX.

• Por la democratización e independencia respecto del gobierno del sindicato de PEMEX

• Por una PEMEX bajo el control directo y democrático de los trabajadores.

Compañero trabajador, joven estudiante, campesino pobre, súmate a los compañeros de la Tendencia Marxista Militante este 8 de septiembre y acompáñanos en la tradicional carpa roja de Militante para difundir estas ideas. Apoya ese día a Militante distribuyendo su propaganda revolucionaria. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.

La huelga general del pasado 27 de junio en Portugal, la cuarta en dos años, tuvo un seguimiento masivo y volvió a poner de relieve la fuerza y combatividad de la clase obrera portuguesa. Esta huelga supone un importante paso adelante dentro del proceso de movilización creciente que se vive en el país desde hace varios meses, con grandes manifestaciones como la convocada por los sindicatos el pasado 25 de mayo, constantes movilizaciones sectoriales sobre todo en el ámbito público (huelgas de Correos y de conductores de Metro), y la aplastante huelga del profesorado portugués durante los exámenes de selectividad el 17 de junio que, con un seguimiento superior al 90%, obligó al gobierno a retrasar la entrada en vigor de una nueva ley que posibilitará el despido de funcionarios.

El ambiente de apoyo a la huelga convocada por la CGTP para el 27 de junio fue tan amplio que incluso los dirigentes de la UGTP, la segunda central del país, se vieron obligados a secundarla. La huelga paralizó el transporte público, los servicios de limpieza y las escuelas, afectando también de forma considerable al funcionamiento de los gobiernos locales, en tanto que los centros de salud y hospitales sólo atendieron urgencias. En el sector privado, la industria se vio muy afectada, alcanzando cifras cercanas al 100% de seguimiento en muchos centros de trabajo. La jornada terminó además con masivas manifestaciones a lo largo de todo el país poniendo de manifiesto el profundo rechazo de los trabajadores hacia las políticas del gobierno.

Una economía que se hunde

En abril de 2011 Portugal recibió un rescate de 78.000 millones de euros que tuvo como contrapartida la aplicación de una serie de planes de austeridad, el último de los cuales, anunciado en mayo, está en el origen de esta última convocatoria de huelga. Entre otras medidas dicho plan introduce un retraso de un año en la edad de jubilación, recorta el sistema de pensiones, reduce 30.000 funcionarios y sube de 35 a 40 las horas semanales de trabajo en la administración pública. Todas estas políticas aplicadas por el gobierno portugués no sólo no han conseguido el objetivo de reducir el gasto presupuestario y el déficit sino que han contribuido a deprimir todavía más una economía que ya llevaba casi una década estancada. En contra de las previsiones del gobierno luso tras pedir el rescate, señalando que en dos años la situación económica se estabilizaría y empezaría a mejorar, la realidad es que la deuda pública se sitúa por encima del 120% del PIB y el déficit se incrementó el año pasado del 4,4% al 6,4% anual, esperándose este año que alcance el 6,6% con un bono a 10 años cuyos intereses han llegado a alcanzar en los últimos días un 8%, al tiempo que la economía se seguirá contrayendo un 2,3% este año, y el paro alcanza ya al 18% de la población (43% para menores de 25 años), la tercera mayor tasa en Europa tras el Estado español y Grecia.

Un gobierno desacreditado y débil

Con la situación empeorando día tras día el primer ministro Passos Coelho es incapaz de plantear ninguna alternativa más allá de sugerir a los parados que emigren a Angola o Brasil, como recomendó recientemente a los profesores desempleados. No es de extrañar que sea el político menos valorado de Portugal y que haya estallado una grave crisis en el gobierno de la derecha, que se ha ido gestando en las últimas semanas. 
Varios ministros se han manifestado, demagógicamente, contra las nuevas medidas de recorte con el fin de tratar de salvar su maltrecha autoridad, y en mayo se produjo un cruce de declaraciones entre Paulo Portas, ministro de Asuntos Exteriores y líder del CDS-PP —el otro partido de la coalición de gobierno—, y Passos Coelho, del PSD, a causa de los ajustes previstos en el sistema de jubilaciones. La situación llevó al presidente de la república, Aníbal Cavaco Silva, a convocar el Consejo de Estado para tratar de reconducir la situación.

Sin embargo, en un contexto de ascenso de la movilización y de recrudecimiento de la crisis económica no se ha podido evitar una nueva y grave crisis de gobierno tras la dimisión, el 1 de julio, de su hombre fuerte, el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, abanderado de la austeridad a ultranza. La designación del sustitutito desencadenó la segunda dimisión, la de Portas, con lo que la coalición de gobierno quedaba en el aire, dando pie a un nuevo brote de pánico financiero que recorrió todo el sur de Europa.
Finalmente, parece que van a llegar a algún tipo de componenda para tratar de evitar la caída del gobierno, pero lo cierto es que ese escenario,tarde o temprano, no está en absoluto descartado y puede abrir una situación prerrevolucionaria.

Se puede cambiar la situación. Otro Abril es posible

Realmente, el gobierno de Coelho es un cadáver político, sin ningún tipo de apoyo social. Además de sus crisis interna, también el consenso implícito sobre los recortes que hasta ahora mantenía con el Partido Socialista (PS), principal partido de la oposición, empieza a fracturarse ante la presión creciente que tanto el PS como el sindicato UGTP están sufriendo desde sus bases. La presión social para poner fin al gobierno de la troika es tan abrumadora que el portavoz del PS se ha sumado a la petición de elecciones anticipadas.
Las encuestas auguran un desplome brutal de los partidos de la derecha. Correctamente, la CGTP, ha convocado una manifestación para el sábado 6 de julio, con la exigencia de dimisión del gobierno, disolución del parlamento y convocatoria de elecciones anticipadas. El secretario general del PCP, Jerómino de Sousa, ha declarado que es necesaria la formación de un gobierno de izquierdas con un programa de izquierdas. 
Efectivamente, es perfectamente posible derribar a este gobierno reaccionario y poner en su lugar otro que fuera capaz de llevar a cabo una verdadera política de izquierdas en defensa de los jóvenes y trabajadores portugueses. Junto a la movilización contundente el punto más importante para las organizaciones de masas de la izquierda lusa es la defensa de un verdadero programa socialista, en el que se incluya la nacionalización de las palancas fundamentales de la economía, empezando por el sector financiero.
La clase obrera portuguesa, día a día, está recuperando las tradiciones y el recuerdo de Abril de 1974, no por romanticismo sino por la idea de que aquel fue el momento más progresista e importante de la historia de Portugal, y la primera ocasión en la que el pueblo portugués pudo tomar el futuro en sus propias manos. Son las enormes conquistas sociales arrancadas a la burguesía portuguesa en aquel proceso revolucionario las que ahora esa misma burguesía trata de eliminar. Los trabajadores portugueses no se lo van a poner fácil. Un nuevo Abril es posible.

Tributo a un revolucionario

"Fuera del movimiento obrero no hay nada"

El 9 de julio se cumple el centenario del nacimiento de Ted Grant, uno de los pensadores marxistas más importantes y brillantes del siglo XX. Ted murió hace siete años y nos dejó un legado inmenso, una obra política imprescindible para todo aquel que quiera comprender los acontecimientos más importantes del siglo pasado: desde la revolución y la contrarrevolución en los años treinta y la Segunda Guerra Mundial, pasando por el boom económico de la posguerra, el avance, desarrollo y caída del estalinismo en Europa del Este, la revolución china o la revolución colonial. Pero su pensamiento jamás estuvo deslindado de su actividad militante, de la lucha consciente por construir el partido. Ted Grant, como los grandes marxistas, fue por encima de todo un revolucionario.